En el mes de octubre de 2018 se conoció el documento de Presidencia de la República denominado “La Paz, la Estabilización y Consolidación son de todos. Política de Iván Duque, Presidente de la República, para la estabilización. 2018-2022”, que es, por decirlo así, el corte de cuentas que hace el actual gobierno a lo que va de la implementación y la expresión de sus compromisos políticos a futuro en relación con los mismos.
En la primera parte, el corte de cuentas, que como todos los ejercicios de este tipo son válidos y también discutibles, se señalan unos aspectos que considero importantes: 1) se plantea la debilidad y desarticulación institucional en la implementación del Acuerdo Final en cuatro niveles, el interagencial, el intersectorial, el relacionado con la articulación Nación-territorio y el normativo; 2) se plantea la presencia de multiplicidad y desarticulación de instrumentos de planeación y gestión, con diversas metodologías, a vía de ejemplo se mencionan, además del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de turno, el Plan Marco de Implementación (PMI), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Integrales Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), en todos ellos con débiles herramientas y techos presupuestales.
Posteriormente hacen una valoración de la implementación de cada uno de los puntos de Acuerdo. Al respecto quisiera destacar dos aspectos, uno el número de personas de la comunidad FARC acreditadas para el proceso de reincorporación y normalización, 13.049 personas, de las cuales a 12.475 se les había desembolsado la Asignación única de Normalización –dos millones de pesos por persona, por una sola vez- y con la mayoría, 9.746 personas, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) a 31 de agosto de 2018 tenía contacto, pero deja claro el documento que no se trata que el resto estén reincidiendo, sino que o siguen detenidos, o han viajado a estudiar al exterior (Cuba), o están actividades en Espacios Territoriales pero no quieren ser registradas o han fallecido; dos, la dispersión de recursos de la cooperación internacional, existiendo cuatro fondos, el Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial, el Fondo de la Unión Europea para el Posconflicto y el Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, todo lo cual lleva a no articulación, ni focalización y a bajos niveles de ejecución.
Lo anterior, considero que no es un ‘ataque’ al anterior Gobierno, ni un elemento para entrar en polémicas, es una valoración que hace el actual Gobierno, que se puede o no compartir en todo o en parte, pero que muestra un deseo del nuevo Gobierno de formular unos compromisos precisos acerca de la implementación, lo cual creo que debe valorarse positivamente.
Efectivamente, la segunda parte del documento, se inicia con una frase que tiene un gran compromiso: “El Presidente Iván Duque cumplirá con lo pactado. Por ello, las variables de acto legislativo que se han propuesto serán hacia futuro y no afectarán a ninguno de los involucrados en este proceso… La implementación del Acuerdo se hará respetando y reconociendo las políticas inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural”.
Posteriormente se plantean los cambios institucionales y de responsabilidad administrativa con los cuales el Gobierno Duque pretende cumplir con la implementación; allí vale la pena destacar la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, que será el ente articulador más importante entre lo nacional y lo territorial y entre las ramas del poder público. Igualmente vale la pena destacar que la Coordinación de las políticas relevantes, tendrá una mesa de dirección estratégica que involucra las políticas públicas de paz, drogas, seguridad y protección de líderes y que será presidida por el Presidente de la República o por la Vicepresidenta.
Igualmente, es importante destacar que en dos de los temas de implementación donde las cosas están más lentas, el Catastro Rural Multipropósito y la cobertura de la Jurisdicción Agraria para que sea completa, se plantea el compromiso de presentar los proyectos de ley, en el primer caso en la primera legislatura de 2019 y en el segundo, en el segundo semestre de 2019. También se propone una Hoja de Ruta Unificada de Planeación para la Estabilización para articular el PMI, los PDET, el PNIS y los PNS.
No me cabe duda que este documento de Presidencia de la República clarifica el compromiso del actual Gobierno con la implementación del Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC y en ese sentido traslada la discusión a otras dimensiones, una, la capacidad que se tenga en el Congreso de la República por parte de las bancadas amigas del Gobierno y de la Paz, de sacar adelante estas iniciativas y dos, la capacidad de gestión en la implementación y lo adecuado de los cambios institucionales que se proponen para lograr estos objetivos, incluyendo, como lo señala el documento, la necesidad de articular los recursos provenientes de diversas fuentes de financiación, la focalización de los mismos y el acompañamiento técnico en la formulación y ejecución de los proyectos.
Todo lo anterior nos muestra que hay decisión del actual Gobierno de cumplir lo acordado en término de implementación, aun cuando el tema como tal no tenga la centralidad que logró en el Gobierno anterior, por razones obvias.
Lo que sin duda, no deja muchas pistas nuevas este documento es en lo relacionado con las conversaciones con el ELN y otras organizaciones al margen de la legalidad, por cuanto lo que señala el documento es que bajo la responsabilidad del Alto Consejero para la Legalidad, anteriormente Alto Comisionado para la Paz, “…será aquella que evalúe la posibilidad de negociación y diálogo con otros grupos al margen de la ley.” Y es de conocimiento público que las condiciones planteadas por el actual Gobierno, en relación con el ELN, son liberación y terminación del secuestro, no hay posibilidad de ceses del fuego bilaterales, sino que debe haber una decisión unilateral del grupo armado de cesar los hechos de violencia. Por consiguiente en ese frente, todo dependerá es de gestiones y decisiones políticas, que ojalá se produzcan más temprano que tarde, por el bien de todos los colombianos y especialmente de quienes viven en territorios donde la zozobra del conflicto sigue siendo parte de la cotidianidad.
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Alejo Vargas Velásquez: Profesor Titular Universidad Nacional
Foto obtenida de: CNN en Español
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