- Un gobierno en cuerpo ajeno. No le aportó durante los 4 años, ninguna iniciativa de su autoría que pueda ser reconocida como una contribución a la construcción de la sociedad y las instituciones nacionales. En círculos de las elites nacionales e internacionales se le llego a denominar como es SUBPRESIDENTE, dando a entender que fue elegido y gobernó atento a la aprobación de su mentor (el expresidente Álvaro Uribe), los gremios económicos, la Banca Internacional (BID), y de los sectores más radicales y retardatarios del partido “Centro Democrático”. El principal logro de su gobierno, y con el cual espera pasar a la historia, lo constituye que, durante sus 4 años, “fue leal y fiel a la voluntad de su mentor”.
- Volvió trizas el proceso de paz. Se gastó el primer año de gobierno intentando acabar o reformar la “Justicia Especial para la Paz” en lo cual fracaso. La comunidad internacional que le apostó al proceso de paz, pudo evidenciar que su gobierno de manera sistemática se dedicó a desconocer y atacar los acuerdos de paz, hasta llevar el país nuevamente por el cauce de la confrontación militar. Hay quienes plantean que las denominadas disidencias de las FARC, ya están cercanas a los 4.000 hombres en armas y hacen presencia por lo menos en una cuarta parte del territorio nacional.
- Volvió trizas la institucionalidad democrática. En contravía del ordenamiento constitucional y de las modernas doctrinas que inspiran a las sociedades democráticas, el gobierno de Iván Duque y su partido han hecho trizas el ordenamiento institucional, produciendo el mayor nivel de desinstitucionalización y la perdida de la credibilidad y de legitimidad que va más allá del periodo del actual gobierno. Analizaremos y sustentaremos esta delicada afirmación.
Uno de los pilares en los que descansa la legitimidad de los modernos estados democráticos, en oposición a los Estados monárquicos, radica en la división de poderes del Estado, y en el ejercicio del control ciudadano e institucional sobre quienes ejercen la denominada función pública.
Cooptar el Poder Legislativo.
Este gobierno, sin contar con mayorías parlamentarias, logró construir una coalición que le dio la mínima gobernabilidad para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y las leyes anuales de presupuesto, que garantizan el funcionamiento de la institucionalidad; junto con un acuerdo para lograr su estabilidad, impidiendo la aplicación de mociones de censura contra sus ministros, o procesamientos de sus aliados en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Su principal logro en el congreso, fue construir mayorías para regalarles 8 billones de pesos anuales en exenciones tributarias a los más poderosos y ricos de Colombia. Sin embargo, cuando intento modificar los acuerdos de paz, eliminando las funciones de la Justicia Especial para la Paz, las mayorías no las logró.
Además de contar con una coalición que le brinda las condiciones necesarias para obtener su gobernabilidad, la pandemia le hizo el favor de “disolver” el congreso que estuvo completamente ausente de sus funciones de control político, dejando actual al gobierno con total autonomía para ejecutar los cuantiosos recursos de la emergencia sanitaria y económica. Los perjudicados con la virtualidad, fue la oposición, que lidera normalmente los debates de control político. No es una sorpresa que el Congreso sea cooptado por los gobiernos, a través de la denominada gobernabilidad o mermelada. Ese pecado ha sido común a los diferentes gobiernos, incluido el de la Yidis-política y la de don Teodolindo, para cambiar las reglas democráticas y habilitar una reelección presidencial.
Cooptar el poder judicial.
Lo que nunca se había visto, es que el ejecutivo, capturara el cargo más importante de la justicia, pues es el encargado de liderar la lucha contra el crimen, mediante la investigación y la acusación de la criminalidad. Primero con el fiscal Néstor Humberto Martínez, superministro de la Presidencia y luego con el “amiguis” de la universidad del presidente, Francisco Barbosa.
El señor Néstor Humberto Martínez, además de nombrar al Fiscal anticorrupción, más corrupto de la historia, que ha confesado que su misión fue defender a los amigos del gobierno, y montarle procesos falsos a sus enemigos; su principal tarea fue “dinamitar el proceso de paz” a través de las acusaciones de narcotráfico contra los excomandantes de las FARC que habían firmado el proceso de paz.
El señor Francisco Barbosa, por su parte, se ha dedicado a generar procesos contra los opositores del gobierno y sus posibles competidores electorales para el 2022, y tiene como función principal, exonerar de todos los procesos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus hermanos, sus socios y sus aliados. Es una fiscalía puesta al servicio de un partido político, que persigue a sus contradictores y a la oposición, y a quienes protesten contra el gobierno.
También vienen trabajando, moviendo todas las influencias y los recursos del gobierno para la elección de magistrados de las altas cortes, buscando elegir magistrados incondicionales al proyecto político del Centro Democrático y sus intereses. El propósito es tener mayorías en la Corte Suprema de Justicia que es la que tiene la competencia para investigar a los congresistas, y en la Corte Constitucional que se encarga de la garantía de los derechos a través de la revisión de las tutelas y el control de constitucionalidad de las leyes y de los decretos del gobierno.
Los Órganos de Control.
Tanto la Contraloría General de la República, como la Procuraduría General de la Nación, tienen como propósito, la primera vigilar y sancionar la inadecuada o fraudulenta destinación de los recursos públicos, y la segunda, vigilar y castigar las conductas de los servidores públicos que se aparten de la constitución y la ley.
¿Qué pasa cuando el señor Carlos Felipe Córdoba, es elegido con el musculo político del gobierno del presidente Iván Duque y del Centro Democrático? ¿Será que tiene la autonomía y la independencia que requiere el ejercicio del cargo? No, en la práctica, no habrá control sobre el uso de los recursos públicos en este gobierno, contribuyendo a incrementar la ya abultada y grosera corrupción que padecemos en nuestro país.
¿Qué pasa cuando la señora Margarita Cabello Blanco, es elegida con el músculo político del gobierno del presidente Iván Duque y del Centro Democrático? ¿Será que también tiene la autonomía y la independencia que requiere el ejercicio del cargo? No, en la práctica, los amigos del gobierno no serán investigados por el ejercicio abusivo o fraudulento del poder público, contribuyendo otra vez a la impunidad, al abuso de poder y a la desinstitucionalización.
A propósito de la alternancia en el poder.
Con el control prácticamente absoluto de los diferentes poderes del Estado, por parte del proyecto político del Centro Democrático, pretenden tener la fuerza para obtener el quinto periodo presidencial, luego de 2 de Álvaro Uribe Vélez, 1 de Juan Manuel Santos, y 1 de Iván Duque, para consolidar un proyecto AUTORITARIO que pretende sumirnos en la guerra y la confrontación armada, para poder mantener sus privilegios y negocios ilegales (captura de rentas públicas, coca, minería, deforestación, contrabando), con total impunidad para la clase emergente ligada a ese proyecto político en las diferentes regiones.
En la eventualidad que, en el 2022, los colombianos elijamos un presidente diferente al “que diga Uribe”, el Centro Democrático ya tiene el control de los demás poderes para ejercerle la oposición e impedirle que pueda gobernar dentro de un espíritu de pluralidad, inclusión y garantía de los derechos de las mayorías empobrecidas. No están dispuestos a perder sus privilegios, por ello capturaron todos los poderes, para desde ellos garantizarlos.
A manera de Conclusión.
Podríamos concluir que la suma de estas conductas abusivas, porque esas prácticas constituyen una clara tipificación del “abuso de poder” para cooptar y/o capturar a los otros poderes públicos, ha permitido configurar un clima de total impunidad, autoritarismo, violaciones masivas a los derechos de los ciudadanos por parte de la fuerza pública, dando como resultado la falta de credibilidad y confianza en las instituciones democráticas, que los jóvenes entiende que actúan en contra de sus posibilidades de futuro y más elementales derechos.
La reforma tributaria fue apenas el Florero de Llorente, que detonó un espíritu de frustración y enfado colectivo de los jóvenes que, a través de la protesta social, pretenden elevar sus voces para que no los sacrifique, reclaman algunas oportunidades que les permitan salir a delante, en el nuevo país que nos deja esta pandemia, donde retrocedimos 20 años en términos del progreso social.
Sólo al presidente Iván Duque, con su desconexión con el país real, se le ocurre ponerle impuestos a los más pobres y a la clase media, cuando los jóvenes ven en un mundo globalizado que los gobiernos de los demás países, salieron a apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a reactivar las economías, aquí en Colombia se pretende castigar a los más pobres, para garantizar los privilegios y beneficios que el actual gobierno les otorgó a los más ricos.
El presidente es el único responsable de incendiar el país, ahora pretende desconocer a los jóvenes como interlocutores válidos del gobierno, al parecer le apuesta a mantener un conflicto social latente en el tiempo, sobre el cual pretenden montar la campaña electoral del Centro Democrático para el 2022. Ojalá los jóvenes, sean más inteligentes y no le hagan el juego, transformen esa inconformidad en acción política educativa y produzcan una movilización que aglutine a los diversos sectores de la sociedad, en defensa y materialización de sus derechos y oportunidades. Es importante que los jóvenes entiendan que ellos están llamados a transformar a Colombia, para ello deben transformar la política, y eso se logra participando en las decisiones de lo público. La protesta es muy importante, pero no es suficiente.
Miguel Antonio Galvis, Consultor social y político independiente.
Foto tomada: https://www.elcolombiano.com/
Excelente artículo