La buena noticia ha sido el inicio del revolcón de la energía eólica con el montaje del pequeño parque Guajira 1 que ya ensambló 10 torres con aerogeneradores en la zona Media Luna ubicada en el corregimiento del Cabo de la Vela.
Según informa la empresa Isagen, ese parque tiene una capacidad inicial de 20MW e incluye la construcción de la subestación que reunirá lo producido por cada torre y lo enviará por la línea que tiene El Cerrejón hasta Cuestecitas y de allí al sistema nacional de interconexión eléctrica. En el proyecto inicial se incluyeron otras 4 torres que se montaran este año para completar 32 MW de capacidad.
Guajira 1, a pesar de ser un miniparque y de haber sido inaugurado meses antes de estar en funcionamiento, cobra más significado si se tiene en cuenta que están en proceso otros 36 parques para ser instalados en los próximos años con no menos de 1500 torres y una capacidad de 5754 MW.
Esos parques están programados para estar en operación en 2025 pero veinte de ellos tienen graves atrasos en consultas y en interconexión. A corto plazo entre 2022 y 2025 están garantizados 16 parques, con 2300 MW, que van a evacuar 1300 MW gracias a las torres de la colectora 1 contratada al Grupo de Energía Bogotá y los otros ya aprobados se conectarán directamente a la estación de Cuestecitas. Los demás, que están previstos hasta 2030, tendrán que esperar la construcción de las colectoras 2 y 3 que están apenas en proceso de contratación.
Visto en perspectiva, Guajira 1 es la punta de un iceberg que puede llegar a tener 60 parques y 3.000 torres antes del año 2050 con más de 20.000 MW que equivalen a la capacidad de ocho hidroeléctricas como hidroituango. Emocionado con esa perspectiva el presidente Iván Duque dijo que La Guajira puede generar 43.000 MW y más sumando a los parques eólicos las posibles granjas solares.
Con tanta promesa de energía limpia todo debería ser fiesta y por ello extraña que suscite tantos reclamos de las comunidades indígenas que se sienten atropelladas en sus derechos y algunas excluidas de las consultas y convenios de uso de su territorio para la construcción de las torres, de redes subterráneas y aéreas, instalaciones varias y caminos para el tránsito de los nuevos ocupantes.
De proyecto indígena a empresa multinacional:
Las comunidades del Cabo de la Vela y de toda la Guajira recuerdan que lo que nació como un proyecto de propiedad Wayuu y de una pequeña empresa de ingenieros terminó como un parque de una multinacional enclavado en territorio de propiedad colectiva indígena.
Ese proyecto se llamaba Jouktai cuando se inició por iniciativa de la empresa Wayuu ESP constituida por los municipios de Uribia, Manaure, el resguardo indígena de la Media y Alta Guajira (Manaure) y cinco accionistas privados. La asociación Waya Wayuu y la ONIC estuvieron en la gestación del proyecto desde 2002.
Pero lo que era un modelo participativo, con accionistas en igualdad de condiciones, terminó al cabo del tiempo como propiedad exclusiva de la multinacional canadiense Isagen. Los accionistas privados cofundadores de Wayuu Esp promovieron primero una asociación parcial con Isagen y a la postre le vendieron todo el proyecto dejando de lado la intención inicial de mostrar las bondades de un modelo de sociedad con copropiedad indígena. Lo vendieron con todo y consulta previa a medias, sin que a la fecha se sepa como hicieron para que los municipios y comunidades del territorio Wayuu renunciaran a sus derechos. (González y Barney, 2019)
Estos detalles poco le han importado a Isagen que se ha preocupado sólo por tener los conceptos jurídicos adecuados, el visto bueno de Corpoguajira y demás autoridades al traspaso del negocio, incluida la supuesta vigencia de las consultas, protocolos de compensaciones, estudios de impacto ambiental, estudios sobre relacionamiento intercultural y etc.
Toda esta historia de audacia y frustración debería servir para reconocer que ha faltado una política pública que, entre otras cosas, valore modelos democráticos con participación de las comunidades y asociaciones dueñas del territorio.
Wayyu ESP intentó un modelo mixto de triple asociación entre el Estado representado por dos municipios, con comunidades indígenas y empresarios privados, pero no contó con un apoyo estatal al estilo del que ofrecen algunos países a la “energía comunitaria”, como ocurre en Dinamarca, Estados Unidos, Suiza o Canadá.
Nace un parque tipo enclave y muere el de EPM:
El gobierno, por medio de las autoridades ambientales, no autorizó la renovación del parque Jepírachi que la Empresa Pública de Medellín puso en funcionamiento en el año 2004 en la zona de Medialuna que es parte del Cabo de la Vela. Allí funcionaron 15 aerogeneradores de 1,3 MW cada uno de lo que por 18 años fue el único parque eólico en Colombia.
A la EPM le sirvió Jepírachi de escuela para desarrollar un parque más grande en Chile y son muchas las lecciones que dejó para todos sobre buenas iniciativas y malas prácticas. Las autoridades del caso alegaron que las nuevas torres de por lo menos 80 metros y aspas de 45 metros, o de menor tamaño, serían una interferencia para las aeronaves que van hacia el vecino aeropuerto que usa Cerrejón en Puerto Bolívar. Lo que no se dijo fue que se prefería autorizar en la misma zona el parque de Isagen que está a sólo 800 metros del que ha querido renovar EPM.
Si las 15 torres de Jepírachi se hubieran remplazado por aerogeneradores de 4 MW se tendría un parque, ese si el primero, con más de 60 MW.
Esta historia muestra la necesidad de apreciar la experiencia de las empresas públicas en la generación de energía y en especial en la eólica. EPM tiene proyectada la inversión en otro parque eólico en La Guajira con más de 400MW que de no frustrarse sería uno de los más grandes en el país. Y es de esperar que, con las lecciones aprendidas, EPM acuerde un modelo de negocio realmente participativo con las comunidades que muestre la posibilidad de la asociación comunidad – empresa respetando los derechos de los pueblos y dueños del territorio.
¿Las protestas de las comunidades al vacío?
¡Señor presidente! este parque fue construido en contravía de los derechos fundamentales al consentimiento previo libre e informado de mi comunidad y la de mis dos tíos maternos, fue construido encima de nuestros sitios sagrados, encima de nuestras vidas y de nuestra dignidad”. Dice la carta que Denys Velásquez Uriana le dirigió el 18 de enero de 2022 al presidente Iván Duque Márquez. Ella es una autoridad tradicional y para que no quede duda de la legitimidad de su reclamo ha estado acompañada de sus tíos maternos que son autoridad ancestral indiscutible de esa comunidad y que no están de acuerdo con los arreglos que ha hecho la empresa con el apoyo del gobierno.
Lo que ha dicho Denys Velásquez recoge inquietudes de muchas de las 856 comunidades que han sido identificadas para realizar consultas y protocolos de compromisos económicos, sociales, territoriales, ambientales y culturales. Y también retoma los reclamos de otras tantas que van a ser impactadas por la transformación en parques, granjas solares y fábricas de hidrogeno azul, de toda península y en particular del resguardo de la Media y Alta Guajira.
La carta al presidente comienza por exigir el reconocimiento de que los parques en proceso están en propiedad privada colectiva wayuu y que por lo tanto debe haber un proceso de conjunto y no dividiendo comunidad contra comunidad en medio de un secretismo sobre todos los documentos técnicos, estudios de impacto ambiental, estudios económicos y demás documentos que deben ser entregados a las comunidades en español y en wayunai como ordena la ley y la constitución.
El concepto de territorio colectivo de un resguardo es el punto de partida para reclamar una relación que reconozca el impacto a todas las comunidades wayyu:
“Esto indica que las comunidades indígenas que hacen parte de este inmenso resguardo, al ser de propiedad colectiva de acuerdo al artículo 21 del decreto 2164 de 1995, todas serían objeto de las afectaciones e impactos ocasionados por los diferentes proyectos mineros extractivistas que se realicen en este amplio resguardo”.
El gobierno y las empresas a las cuales le está entregando a bajo precio un territorio ajeno, han escogido el tortuoso camino de negociar con cada comunidad, sin un contrato marco para la protocolización, sin coordinar los estudios de impacto por zonas interrelacionadas de subsistemas homogéneos en donde se proyectan vías, torres de energía de alta tensión y otras obras de infraestructura que afectan al conjunto de la población, las aguas y a su economía semi nómade basada en el pastoreo del más grande hato ganadero del país, conformado por 800.000 caprinos.
Lo que perciben las comunidades, incluidas las que guardan silencio en sus pequeños acuerdos con las empresas, es que están siendo llevados a una trampa:
“… engaño y manipulación que ha traído graves consecuencias para nosotros los wayuú, quienes por nuestro alto grado de vulnerabilidad somos presas fáciles de las empresas extractivistas que ingresan a nuestros territorios con protocolos falsos de compensaciones que solo reponen a medias algunos daños materiales y morales pero que no pagan la totalidad de los daños ambientales y culturales” (Velásquez, 2022)
Contra este engaño acompañado de secretismo, contrario al derecho a la consulta previa, libre e informada, se han pronunciado muchas autoridades y organizaciones, incluidos los jóvenes que llegaron el año pasado en huelga de hambre hasta Bogotá y hablaron en el Senado de la República pidiendo, en primer lugar, que se les entregara toda la información y se sancionara a quienes han impedido que se coloque en internet para libre acceso.
Las comunidades, como dice el mensaje al presidente Duque, reclaman que se respete el derecho al consentimiento previo libre e informado que ha sido vulnerado desde que se iniciaron los procesos en 2012. Es un hecho notorio que en las subastas el gobierno ha cerrado contratos y negocios de compraventa de la energía de parques en los cuales no ha culminado el proceso de consulta previa y con el supuesto de haber terminado la construcción de la colectora 1 a cargo del Grupo Energía de Bogotá que tiene la obligada y difícil tarea de consultar con 212 comunidades ya identificadas y otros centenares que están en el área de impacto, para no hablar de las que están ubicadas en el trazado ya hecho para las redes subterráneas y aéreas de conexión desde cada parque a la colectora o directamente a la estación de Cuestecitas.
Para hacer el evento de inauguración del parque Guajira 1, el 21 de enero de 2022, los delegados del gobierno se comprometieron con las familias inconformes a revisar la consulta que se consideró protocolizada desde 2018 con los anteriores dueños de la empresa Wayuu ESP. Ya han intentado arreglos informales por debajo de la mesa que sólo aplazan la solución de los problemas de fondo.
Todos estos asuntos y reclamos los llevaron voceros de comunidades inconformes al presidente de la República el 21 de enero cuando llegó a inaugurar el parque Guajira 1 pero no les dieron la palabra. En realidad, no le dieron voz a ningún indígena por temor a deslucir la fiesta. Desde lejos los wayuu se tuvieron que limitar a gritar “queremos agua” “Queremos luz eléctrica”, recordando que les toca competir por agua con las megaobras y que de los millones de kilowatios de los aerogeneradores no les quedará ni para prender un bombillo en el territorio.
Como toda respuesta a esos gritos un viceministro les dijo que el gobierno ya tenia pensado instalar paneles solares en las rancherías, que serían financiados con el 1% que por ley las empresas, una vez en funcionamiento, deberán transferir al municipio para obras en las comunidades. Se le olvidó al viceministro que ese 1% de las ventas brutas, incluido en 2019 como una línea en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, fue un mico aprobado a media noche, que reemplazó sin explicación alguna a otra línea que estipulaba el 4%, todo hecho bajo cuerda y sin respetar la consulta previa.
El gobierno y las empresas deberían tomar nota de los reclamos que se han hecho visibles al momento de visitar las obras del primer parque montado en este ciclo para reordenar todo el proceso que ya anuncia paros, bloqueos, renegociaciones a cada paso de los 36 parques que vienen en camino y de los centenares de kilómetros de redes y caminos que competan al complejo industrial eólico.
Desde el lado del pueblo Wayuu están buscando fórmulas para evitar el fraccionamiento y las confrontaciones inter comunidades por las migajas que llaman compensaciones. Se habla incluso de una Constituyente Wayuu que defina posiciones comunes sobre este y otros temas urgentes para la pervivencia de un pueblo que hoy esta en cuestión.
Los niveles de violencia están en ascenso con la llegada de grupos armados al territorio y ya hay voces desde afuera que están llamando a militarizar todo el territorio con el argumento de proteger miles de torres y a sus operadores.
Así habló el Ministro de Defensa anunciando los nuevos planes de seguridad:
“Será nuestra Fuerza Pública la que innove con un nuevo plan de control territorial, con bases militares, con bases de Policía, con movilidad, con aeronaves no tripuladas, con vigilancia satelital y comunicación para proteger toda el área extensa de La Guajira”. (El tiempo, 6/12/2021)
La experiencia en Colombia y en otros países, como ocurrió en Oaxaca- México con los parques eólicos en territorio indígena, ha sido que se ocupan los territorios colectivos para los megaproyectos y se impone un régimen militar con argumentos de defensa del interés nacional. A la postre esa vía autoritaria lleva a más conflictos e incertidumbres no sólo para los pueblos sino también para las empresas. Como dijo el filósofo Pambelé, no se debe olvidar que es mejor un buen arreglo a tiempo que un mal pleito eterno.
Referencias
Camilo González Posso y Joanna Barney, noviembre de 2019. El Viento del este llega con revoluciones. Multinacionales y transición con energía eólica en territorio Wayuú. Indepaz
Diario del Norte, 20 de enero de 2022. Comunidades wayuú piden a Iván Duque abstenerse de inaugurar parque eólico Guajira I.
Denys Velásquez Uriana al presidente Iván Duque Marqués, carta al presidente de la República Iván Duque Marqués, 18 de enero de 2022.
El Tiempo, 6 de diciembre de 2021. Polémica por plan militar en La Guajira. https://www.eltiempo.com/colombia/otras–ciudades/polemica–por–plan–para–militarizarparques–eolicos–en–la–guajira–637255
Camilo González Posso, Indepaz
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