Con el plagio, la disidencia de las FARC demuestra que continúa siendo fuerte en la región y mantiene el control territorial y poblacional de la misma.
El extenso territorio del Guaviare se ha convertido en el espejo en el cual se reflejan, no las imágenes, sino las realidades del país, particularmente las que surgen de las sombras claro-oscuras de los Acuerdos Gobierno – FARC.
En esa selvática zona tiene su centro de operaciones el Frente primero de las FARC, el cual se apartó de los Acuerdos de paz. Recordemos que el 2 de octubre de 2016, también en Barranquillita, se presentó un hostigamiento cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un puesto de votación en las elecciones por el plebiscito sobre el Acuerdo de paz, hechos atribuidos en su momento a ese Frente. Allí también operó el Bloque Oriental de las FARC y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, los que se disputaron el control del territorio y del negocio del narcotráfico.
Al Bloque Oriental de las FARC se atribuye la muerte de cuatro indígenas de la comunidad Nukak Makú y dos campesinos de la región, ocurrida el 14 de julio de 2008 en Barranquillita, Miraflores, Guaviare.
A pesar de su inmensa extensión, 42.327 kilómetros cuadrados[2], está conformado apenas por cuatro municipios: San José, su capital; Calamar, El Retorno y Miraflores. Su población, mayoritariamente es el resultado de los grandes desplazamientos ocurridos en los años 1920 – 1950 de los colonos que llegaron con la ambición que despertaba la explotación del caucho y la madera; en la década de 1960 quienes llegaron, lo hicieron huyendo de la violencia política que engendraron los partidos liberal y conservador; y en la década de 1980 por aquellos que arribaron deslumbrados por el auge de los cultivos de coca y las ganancias exorbitantes del narcotráfico.
De acuerdo con el Censo 2005, el departamento tenía una población censada de 56.758 habitantes y, ajustada a 30 de junio de 2005, de 95.551 habitantes, de los cuales 53.994 residían en San José, 19.063 en El Retorno, 11.311 en Miraflores y 11.183 en Calamar. Del total de población, 44.905 habitaban las cabeceras de los municipios y 11.853 en el resto del territorio.
Según esas cifras, su densidad de población era de 2 habitantes por kilómetro cuadrado pero debe tenerse en cuenta que cerca del 79% vivía en los centros urbanos y el 21% en zonas rurales, circunstancia que varía drásticamente la densidad poblacional a cifra cercana a 0,29[3] y permite observar y entender que la mayor parte del territorio se convirtiera en “tierra de nadie”.
Según los estimativos del DANE para 2017, la población de Guaviare es de 114.207 habitantes, distribuidos así: 66.679 en San José, 23.756 en El Retorno, 15.107 en Miraflores y 8.665 en Calamar. Se observa una disminución de la población en Calamar, municipio que limita con los departamentos de Meta y Caquetá. Del total poblacional, 68.181 residen en las cabeceras municipales, es decir el 59,69% y 46.026, es decir el 40,31% en el resto o áreas rurales. Las anteriores cifras arrojan una densidad poblacional de 2,69 habitantes por km2 tomando la población total y de 1,15 habitantes por km2 tomando la población rural y área tentativa de 40.000 kilómetros2, suponiendo que el área de las cabeceras sea de 2.327 km2.
En medio de las selvas, pueblos y caseríos del Guaviare, diseminados en esa vasta como exuberante geografía, confluyen narcotráfico, minería ilegal, guerrilla, paramilitarismo, abandono del Estado y por supuesto gente laboriosa, campesinos e indígenas que luchan pasivamente contra los actores armados ilegales, y la desidia de los gobernantes y del poder central que los han dejado a su suerte.
El comportamiento de los habitantes del departamento, en las pasadas elecciones del 2 de octubre de 2016, que definían el respaldo a los Acuerdos del Gobierno y las FARC fue así: votaron 21.894 personas de las 56.447 habilitadas, es decir que la abstención fue del 61,22%. Por el SÍ votó el 52,86% (11.132 votos) y por el NO votó el 47,13% (9.924 votos). En San José, la capital, triunfó apretadamente el NO con 7.955 votos frente a 7.157 del NO, la abstención fue del 58%. En los demás municipios triunfó el SÍ: Calamar 1.079 frente a 417 por el NO y una abstención del 72%. En El Retorno el SÍ obtuvo 2.048 votos, el NO 1.410 y una abstención del 61%. En Miraflores el SÍ consiguió 848 votos y el NO 142 con una abstención del 76%.
La problemática del Guaviare también se ha visto marcada desde cuando alcanzó la categoría de departamento y sus gobernadores empezaron a ser elegidos por voto popular. Los mandatarios Nevio Echeverry Cadavid (2001 – 2003), José Alberto Pérez (2004 – 2007) y Oscar de Jesús López Cadavid (2008 – 2011) han sido señalados de haber tenido nexos con el paramilitarismo. En marzo de 2010, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, exintegrante de las AUC, aseveró en una versión ante la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, que los gobernadores mencionados llegaron a esos cargos gracias a la injerencia de los grupos paramilitares y que Echeverry Cadavid fue auspiciador de los primeros grupos paramilitares en Paratebueno, donde tiene una hacienda. El 19 de enero de 2011, López Cadavid, primo de Echeverry Cadavid fue condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por concierto para promover grupos armados al margen de la ley.
A pesar de los señalamientos contra Echeverry Cadavid, la justicia no ha actuado de manera diligente y vergonzosa como paradójicamente, resultó nuevamente elegido para el período 2016-2019. Además, los primos López Cadavid y Echeverry Cadavid fueron incluidos en la lista Clinton por sus presuntos nexos con el narcotráfico y con “El Loco Barrera” y alias “Cuchillo”.
El convulsionado panorama del Guaviare sirve de guía de lo que ha de pasar con la implementación de los acuerdos en las regiones y con la consolidación de una verdadera paz territorial. El narcotráfico constituye uno de los factores que más inciden en la desestabilización del país y de la sociedad colombiana, en tanto continúe siendo un negocio que genera ganancias tan descomunales. A pesar de los avances en la desmovilización y desarme de las estructuras de las FARC, el Gobierno colombiano no ha sido capaz de implementar una estrategia o simplemente no tiene la capacidad de cubrir y atender los territorios que anteriormente ocupara esa guerrilla; vemos entonces que extensas regiones continúan desamparadas del Estado y sus pobladores quedan a merced de nuevos “poderes”. La sustitución de cultivos de uso ilícito, contemplada en los Acuerdos, se está convirtiendo en un pulso entre el Gobierno y quienes se benefician del narcotráfico, en el cual los campesinos y pequeños cultivadores quedan en medio; precisamente en el Guaviare, la disidencia de las FARC se opone a la sustitución; pero también en otras zonas, como Putumayo, Chocó, Urabá, Tumaco, lo hacen los renacientes grupos paramilitares u otros agentes generadores de conflicto.
Uno de los puntos críticos de esta situación es la poca claridad que existe sobre dónde y cuándo se sustituirá de manera voluntaria con los pobladores y dónde se hará utilizando la fuerza. Y el otro, considerar que otorgando subsidios de 36 millones de pesos durante dos años, a las familias cultivadoras, se resuelve el asunto; además del presupuesto, cerca de 1,8 billones para beneficiar inicialmente a 50.000 familias, se requiere la presencia del Estado en todos los territorios con opciones diversas para todos los ciudadanos.
De la manera como las diferentes dependencias del Gobierno encargadas de implementar los acuerdos y la sustitución de cultivos de uso ilícito, dependerá que este punto no se convierta en el germen de un nuevo conflicto social.
José Hilario López Rincón
9 de mayo de 2017
NOTAS
[1] United Nations Office on Drugs and Crime
[2] El área de República Dominicana es de 48.762 km2 y la de El Salvador es de 21.481 km2.
[3] Tomando como área territorial tentativa 40.000 km2 y la población rural.