“Con esta alianza de mayorías que tiene (esta administración) tan impresionante lo que se espera es que haya menos debates y sobre todo acuerdos”. Alejandra Barrios, MOE, ET, 8/09/22, 1.4.
¿Un principio de Bloque Histórico?
“La corrupta alianza con Petro de los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del partido e insulta sus principios.” Expresidente conservador Andrés Pastrana, en ET, 8/09/22, p.1.4.
El 7 de septiembre pasado quedó claro para el país nacional de qué modo, conforme al Estatuto de la oposición, Ley 1909 de julio 2018, está constituido el país político en Colombia.[1] Esto se concluye al examinar la composición del Congreso con base en la presencia de los partidos y movimientos políticos allí representados.
El siguiente es el mapa del Congreso, más relevante cuando se presentó el proyecto gubernamental de reforma política que coordina Alfonso Prada. El gobierno que presiden Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tiene un respaldo sin precedentes para arrancar una actividad legislativa que, al fin, viene cargada de reformas sustanciales en favor de las grandes mayorías del país.
El respaldo mayoritario del gobierno lo componen el Pacto Histórico, 47 Congresistas (C); Partido Liberal, 47C; Conservador, 42C; La U, 25C; Centro Esperanza- Alianza Verde, 23C; Comunes, 10C; Indígenas, 3C. Es decir, un total de 197 congresistas, esto es 67 por ciento del total de senadores y representantes electos. Aquellos son el apoyo del proyecto gobernante, antes de empezar las deliberaciones.
Se declararon independientes los siguientes partidos: Cambio Radical, 30C; Mira-Colombia Justa Libres, 5C; Independientes (sin partido) 2C; Nuevo Liberalismo, 1 C. Y en la oposición estas son las agrupaciones: Centro Democrático, 28C; Liga de Gobernantes Anticorrupción,
LGA, 2C; Independientes sin partido, 2C, los representantes Érika Sánchez y Juan Manuel Cortés, que fueron separados de la LGA. Estos independientes, originalmente, fueron apoyados por Verde Oxígeno, y son Humberto de la Calle, y Daniel Carvalho, que fueron posteriormente expulsados por la dirección nacional del partido.
Adicional con la distribución indicada hay 28 congresistas más, quienes hacen parte de las 16 curules de paz electas, afros y alianzas minoritarias. Con estas cuentas a la vista, el Frente Amplio propuesto por Petro y el Pacto Histórico obtiene un respaldo del 67 % (197) de los congresistas/parlamentarios electos en marzo de 2022. Al que se pueden unir 9, de los 16 representantes electos por las curules de paz.[2]
Es bien importante recordar que esa impresionante confluencia de fuerzas, a raíz de la exigencia de declaratoria que establece la ley, de ninguna manera obliga a que las fuerzas congresionales articuladas a favor del gobierno entrante tengan que apoyar sus proyectos.
En cuanto a procedimiento, sí hay un trato con los aliados del gobierno, con quienes se realizan reuniones previas con el propósito de acordar textos de los proyectos de ley, así como de reforma constitucional que empiezan a tramitarse, para que puedan tener tiempos adecuados para su futura aprobación, y no queden bloqueados por no adecuarse a los términos de ley.
En el examen de las fuerzas y sus alineamientos en el “partidor” político, luego del triunfo presidencial de las fuerzas de oposición que se juntaron en el proyecto del Pacto Histórico (PH), es posible plantear, acudiendo al repertorio de categorías del análisis gramsciano, y responder de modo provisorio, a la pregunta de si estamos en presencia de un Bloque Histórico en ciernes.
Es un resultado, entre otras, de la desagregación coyuntural, o la desmembración estructural del anterior bloque histórico que presidía el partido Centro Democrático, ahora convertido, y reducido a fuerza de oposición, con un total de 28 congresistas electos, a los que se sumaron la fórmula presidencial de la Liga de Gobernantes, que por ser segunda en la elección presidencial tiene derecho a un senador y a un representante, más dos independientes (sin partido).
Ahora bien, al hacer el examen de la distribución de las relaciones de fuerzas congresionales con el fin de perfilar la configuración del nuevo bloque histórico clave para impulsar y pactar la cascada de reformas en busca de la igualdad social y el desmonte de privilegios, para dar nueva vida al moribundo Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991, es importante tener en cuenta, primero, cuál sería el nuevo bloque de poder que es la clave de bóveda del edificio del bloque histórico.
Segundo, definir cuál es la dirección de la sociedad política colombiana – el estado en su sentido estrecho, o “estado de gobierno”-, en atención a las denominaciones tomadas de Gramsci en sus notas de los Cuadernos de la cárcel (1929-1933).
La nueva dirección nacida del resultado electoral de este año está constituida por el ejecutivo que integran Gustavo Petro y Francia Márquez, más los ministros de la Coalición Frente Amplio, y la mayoría en el poder Legislativo que sumada más de la mitad de las curules de paz tendría más del 70% de los congresistas electos.
Esta composición del nuevo bloque histórico en formación postelectoral lo integran las siguientes fuerzas político ideológicas: el PH e Indígenas, de signo progresista, más los partidos liberal y conservador más La U, de talante neoliberal, a la que se suman la mayoría de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, el centro socialdemócrata; y Comunes, y 9 representantes de las curules de paz, que gravitan en el campo de la izquierda electoral.
Del bloque histórico que fue dominante hasta el gobierno de Iván Duque, la reacción política desprende en el ciclo electoral dos alas tácticas para impedir el triunfo del binomio del proyecto político social del Pacto Histórico, y al ser derrotadas, le “miden el aceite” al programa de reformas de la administración neoprogresista.[3]
Una es la reacción en la que asocian a la fuerza principal, el Centro Democrático, y su liderazgo, Álvaro Uribe y Federico Gutierrez, el partido electoral Liga de Gobernantes, con Rodolfo Hernández, – el candidato presidencial derrotado y su fórmula vicepresidencial -, más dos independientes, que paradójicamente se autodefinieron como parte de la oposición al gobierno del Pacto Histórico.
La otra es la tendencia de derecha desarrollista, que autodefine como independiente, y cuya fuerza principal es Cambio Radical, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras como su mentor político, a la que se suman Mira, Independientes, expulsados de Oxígeno Verde, el partido de la candidata Ingrid Betancourt, el Nuevo Liberalismo de los herederos del líder asesinado, Luis Carlos Galán Sarmiento.
Por último, hay un grupo heterogéneo de 28 congresistas, siendo mayoría los 16 representantes elegidos por las curules de Paz, y quienes podrían sumarse, de acuerdo a los temarios, a cualquiera de los 3 agrupamientos ya enlistados.
La encrucijada de la reforma agraria y la paz total
“esta iniciativa busca fortalecer la institucionalidad colombiana, para que comprenda y resuelva de manera eficiente los problemas presentados en nuestro campo en torno a la tierra y el territorio, garantizando así los mínimos vitales de las comunidades y los grupos culturales y étnicos que la habitan.” Proyecto de reforma de jurisdicción agraria y rural del gobierno nacional. ET, 1709/22, 1.2.
“Una cosa son los campesinos que están solicitando tierras porque no las tienen, y otra es la delincuencia organizada que se está aprovechando de la situación.” Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, ET 9/09/22, p. 1.6.
Hay un tema básico, y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen…” Cecilia López, ministra de agricultura, ET, 30/08/22, p. 1.8.
El nuevo proyecto civil contra hegemónico liderado por el progresismo de nuevo tipo que representa de modo contradictorio Gustavo Petro, vocero de la multitud urbana en desobediencia, y la pobrería semirrural, rural, y la primera línea ciudadana representada por Francia Márquez, quiere hacer el tránsito del Pacto Histórico con sus aliados, y compañeros de viaje a la construcción de un nuevo bloque histórico que reemplaza al bloque dominante, reaccionario y de derecha, derrotado electoralmente en 2022.
Porque bajo esta coyuntura estratégica es urgente resolver la crisis de hegemonía que se abría localmente, con asiento en las regiones del suroriente y occidente colombianos en 1998/99, a raíz de los triunfos de la insurgencia subalterna comandada por las Farc-Ep en las regiones más deprimidas de la ruralidad, agravada por la recesión económica que puso en riesgo el patrón de la acumulación neoliberal.
El proyecto político de la oposición histórica de más de medio siglo de resistencias plurales, que debuta en los primeros cien días del gobierno Petro/Márquez tiene una fuerza parlamentaria performática de 197 congresistas, mientras que los reductos del bloque histórico antes dominante, y ahora desarticulado por la crisis de representación sufrida, suma en la nueva resistencia a la oposición reaccionaria, 32C, más los independientes, 38C, que recogen los principales matices de la derecha civilista tiene una débil, pero importante, fuerza de 70 parlamentarios, conectada con buena parte de los liderazgos económicos principales del país.
Este bloque de oposición en formación se apertrechan, por ahora, en las casamatas de la sociedad civil, colonizada por el sentido común dominante de factura neoliberal que ha “liberado” el consumismo y el crédito, que cooptan y endeudan a los estratos medios urbanos, que a la vez exigen someter por las armas a la rebelión agraria que lleva más de medio siglo en reclamo de un acuerdo de reforma agraria integral que recupere millones de has de terrenos baldíos en poder ilegal, y por interpuesta persona, de los grandes capitalistas, beneficiarios principales del proyecto modernizador, la última revolución pasiva del capital nacional, lanzada por la sangrienta apertura neoliberal impuesta por el contrarreformador neoliberal César Gaviria y su sanedrín constitucionalista, Cepedín y De la Calle, que contó con los “buenos oficios” en la sombra de dos de los tres presidentes de la asamblea constituyente.[4]
Esta reacción tiene un triple liderazgo político conformado por Álvaro Uribe, Rodolfo Hernández y Federico Gutierrez, y un poder de hecho, en lo económico que lidera el grupo Sarmiento Angulo, el GEA, y sus aliados transnacionales. Esta fortaleza corporativa tiene tensiones internas con el grupo Gilinski, que la agrietan, cuando este adversario quiere modernizar la gestión corporativa de las grandes empresas industriales, controlar el sector de comunicaciones y servicios, y que mira con interés la posibilidad de aliarse con el reformismo del Pacto Histórico y su capitalismo liberal reformista en lo social.
El proyecto reformista del Pacto Histórico, pasado un mes de estar gobernando, en materia de tierras, sustitución de cultivos ilícitos y paz regional recibe los primeros mandobles de las comunidades agrarias pobres, campesinas, indígenas y afros.
La punta del iceberg es el norte del Cauca, donde existe una recuperación/invasión de tierras, según la contradictoria existencia de la realidad social de una reforma agraria integral aplazada desde los tiempos de la revolución en marcha, para no retroceder en el tiempo a los escritos de Alejandro López que abrían el siglo XX. O a las imágenes literarias volcadas con destreza narrativa sinpar por nuestro único premio nobel de literatura.
Los gremios del sector agrario e industrial en la zona concernida, el Cauca, inventarían desde el año 2014, que hay 71 predios en litigio, con acciones de hecho, por parte de las comunidades reclamantes y demandantes. De modo principal estas propiedades están en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.
En el nuevo tiempo de gobierno del Pacto Histórico, PH, hay el ingreso a predios en el Valle, Cesar y Huila, que nos retrotraen al tiempo de la fracasada reforma agraria del desarrollista Carlos Lleras Restrepo, y las grandes movilizaciones agrarias de la Asociación de Usuarios Campesinos, y los mandatos derivados de su frustrada auto-organización, a sangre y fuego, y como resultado de debates y rencillas internas a propósito de cómo concebir la ruta de la revolución democrática tantas veces interrumpida en Colombia. Hay un cúmulo de literatura que se puede revisar y la recuerda.[5]
El resultado de estas acciones de hecho y reivindicativas forzaron a la presencia de la nueva ministra de agricultura Cecilia López, quien se hizo presente en los predios del Cauca. Además, ella hizo un llamado perentorio, en el mes de agosto, a parar la ocupación de tierras que no ha sido atendido por las comunidades movilizadas que, por lo demás, exigen el cumplimiento de lo pactado en anteriores gobiernos.
Igualmente, la vicepresidenta, vocera electoral de las pobrerías y las comunidades étnicas, de modo principal, pero no exclusivo, intervino al respecto, diciendo: “Debe haber un diálogo nacional que hagamos todos los colombianos en función de que la tierra esté en función de garantizar la vida.”
Al hacer este pronunciamiento, Francia Márquez, puso el dedo en la llaga varias veces centenaria, la inmensa desigualdad social y económica existente, construida y reforzada por las expropiaciones, despojo, a la vez que ocupación de baldíos de propiedad de la nación, cuando menos desde que Colombia es una nación independiente.
Por supuesto, esta realidad choca con la lectura del presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien no está a gusto con la fórmula de gravar las tierras improductivas, cuando hay más de 34 millones de has aptas para la producción, buena parte de ellas con oscuros títulos de propiedad.
Bedoya tercia diciendo que, no hay una definición de qué es tierra productiva, y afirma que “Todas estas imprecisiones lo que generan es una sensación de inseguridad jurídica.” Con respecto a qué, a la legal titularidad y goce de la propiedad privada de la tierra.
Sobre el particular la Corte Constitucional, después de varios años, con ponencia del presidente de la misma, Antonio José Lizarazo ofreció unos parámetros y unas prioridades para proceder con la situación de hecho de los baldíos, y quienes son los poseedores de buena fe, de inmensas porciones del territorio nacionales inexplotadas, ociosas, o mal explotadas.
En síntesis, estamos en presencia del talón de Aquiles del neoprogresismo que encarna la coalición de Petro, y su variopinto equipo de gobierno, la cuestión agraria, y un acuerdo fundamental, el Agrario, que quedó punteado en los Acuerdos de paz hechos con la exguerrilla de las Farc- Ep, que contemplaron la reforma agraria integral en los puntos uno y cuatro.
Ahora delante del proyecto de reforma política se calibrará como es que se materializa en hechos y políticas públicas lo debatido, lo prometido y exigido, por las multitudes subalternas rurales y urbanas, que tienen la atención fija en el problema de la tierra y la reforma tributaria, que harán posible que la denominada paz total no sea un embeleco, o un significante vacío atrapalotodo.
De ese modo, podremos pensar si estamos avanzando cuando menos al desarrollo de una paz subalterna, y no, en una reedición trasnochada y fatal de la paz neoliberal de Santos, incumplida y torpeada inmisericordemente por el bloque dominante derrotado en la elección presidencial de 2022, pero, sin duda no vencido.
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[1]Jorge Eliécer Gaitán en su aspiración presidencial de 1945/46 caracterizó la realidad política del medio siglo, en sus conversatorios y arengas, como dividido en términos de país nacional, conformado por la mayoría popular que él interpelaba; y en el otro extremo electoral ubicó el país político, su adversario principal, representado en la campaña de 1946 por los candidatos oficiales del bipartidismo, Gabriel Turbay, liberal, y Mariano Ospina Pérez, conservador.
[2] Estas curules fueron pactadas en los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, Bogotá y Cartagena, y bloqueadas por la bancada mayoritaria del bloque de poder controlado por el partido de gobierno, en la administración liderada por Iván Duque y el partido Centro Democrático.
[3] El bloque histórico dominante se refiere al proyecto político construido a partir de la seguidilla de victorias militares de la insurgencia subalterna de las Farc-Ep que arranca en el gobierno del liberal Ernesto Samper Pizano, pactante de un acuerdo electoral secreto con el cartel del Valle, y que cierra filas con el gobierno conservador de Andrés Pastrana, triunfador en la contienda electoral contra Horacio Serpa.
Bajo la intervención de un centinela, y aliado regional, el hegemón estadounidense dirigido por el presidente Bill Clinton con quien se acuerda el Plan Colombia, con el que se blinda con las armas la apertura neoliberal de la Constitución de 1991, amenazada por la recesión de 1998/99. Se propone como fórmula táctica, de nuevo, la negociación de la paz en los cincos municipios del Caguán, con la principal insurgencia subalterna. Pastrana y su ministro de defensa Rodrigo Lloreda consiguen impedir que la ofensiva guerrillera capitalice políticamente, con sus victorias militares obtenidas en el campo, una contra hegemonía que junte campo y apoyos urbanos en las principales ciudades.
Fortalecidas las FFAA colombianas rompen las negociaciones de paz, y abonan el terreno para que Álvaro Uribe y la reacción sean la clave de bóveda de la dominación burgués terrateniente al servicio del régimen de acumulación neoliberal bajo el comando del capital financiero. Se hace tránsito a la política pública de guerra. La divisa es la guerra social total contra la insurgencia campesina subalterna que amenaza la propiedad rural terrateniente, los megaproyectos agroindustriales y el extactivismo transnacional pactado.
[4] Incluido el presidente de la tercera fuerza, Antonio Navarro Wolf, como lo registró Gustavo Petro, en su libro de presentación electoral, elaborado con el apoyo de Hollman Morris, Una Vida, muchas vidas.
[5] Para el siglo que se extiende entre 1850-1950, no pocos recomiendan el trabajo de Catherine Legrand. Colonización y Protesta campesina en Colombia 1850-1950. Publicado por la Universidad Nacional. Bogotá, 1988. Republicado por la Universidad de los Andes en 2016.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PHD, Profesor asociado, director Grupo Presidencialismo y Participación, Ciencia Política, Universidad Nacional.
Foto tomada de: RCN Radio
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