Para nadie es un secreto que las personas viven un conjunto de conflictos ―sociales, ambientales, políticos y armados― en sus territorios. La ausencia del Estado ha sido crítica y criticada. Los problemas por el agua, falta de conectividad en general, bajo acceso a la justicia, altos niveles de impunidad, congestión judicial, falta de oportunidades reales para ascender socialmente y reproducción de economías ilícitas amalgamadas con otros circuitos económicos en consonancia con la presencia de actores armados u organizaciones multicrimen, son parte de dichos conflictos que el plan puso en el centro de la discusión y que pretende enfrentar con el fin de construir nuevas relaciones sociales y bienestar, en otras palabras, sentar las bases para avanzar hacia una sociedad en paz.
Tampoco es un secreto que hay territorios que han estado históricamente excluidos y marginados pero que además están atrapados entre dinámicas propias de la economía ilegal y la guerra, que son indisociables. En tal sentido, la apuesta del gobierno es la Paz Total, que es un eje transversal en el PND y no se reduce a un acuerdo con grupos armados ilegales, pues reconoce que este hecho por importante que sea, no representa, ni garantiza plenamente la Paz, ya que entre 2001 y 2021 más de 76.000 personas dejaron las armas, pero la violencia no ha disminuido; tal vez todo contrario, por ejemplo, sólo en 2021 ingresaron al Registro Único de Víctimas (RUV) 156.086 personas, es decir, un poco más del doble de los que dejaron las armas.
En esta misma línea se encuentran los esfuerzos infructuosos para enfrentar el narcotráfico como fuente de financiación de los grupos armados. El haber hecho trizas el Acuerdo de Paz llevó a una pobre implementación del Punto 4 del Acuerdo del Teatro Colón: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, lo que ha permitido la reproducción de la economía de drogas ilícitas, agudizando el conflicto armado interno. Entre 2020 y 2021, gobierno del presidente Duque, aumentaron las hectáreas con cultivos de coca en 181 municipios, representando un aumento de 43%.
Esta realidad fue lo que llevó entonces a que PND buscara promover unas transformaciones en los territorios. Dichas transformaciones no sufrieron cambios durante el debate en el Congreso, lo que quiere decir que la estructura que mantuvo y representa un logro importante, en virtud a que pudo haber sido puesta en cuestión. El hecho de haber mantenido las bases del PND con sus diagnósticos y estructura significa que entonces hay consenso sobre el reconocimiento de una serie de conflictos y sus impactos sociales, económicos y políticos. Esto no es un asunto trivial, pues tan sólo hace 4 años y desde inicios de este siglo XXI la tesis era que había que superar el conflicto porque detrás de él estaba la Paz y el progreso económico. Por está vía hizo carrera una política de seguridad superpuesta a la política social, donde sobresalieron “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “vive Colombia, viaja por ella”. Fueron ideas de una política que puso en primera línea la “seguridad” olvidando la política social.
En el actual PND, si bien se mantiene el marco de una política de seguridad dentro de lo establecido constitucionalmente, lo novedoso es que la política social, incluso la económica, recuperan su protagonismo y posición para lograr acelerar programas que hagan realidad la movilidad social, la reducción de la pobreza y disminuyan los riesgos de caer en ella.
Por eso el PND apuesta por reunir en un mismo sistema de transferencias (art 65) “el conjunto de políticas, programas, planes, proyectos y actores, orientados a la entrega de transferencias monetarias y transferencias en especie.” Es una forma de ordenar la política de transferencias monetarias y en especie porque estaban atomizadas y con serios problemas de focalización, pues algunas estaban llegando a quienes no necesitaban. También reconoce un serio problema que tiene el gobierno al tratar de llegar con programas sobre actividades que no están contempladas, especialmente las que realizan personas en el marco de lo que el gobierno denomina Economía Popular.
Para darle sustento a lo anterior, el PND incorpora la creación del registro universal de ingresos (art 70) “con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.”
Finalmente, sobre la base de avanzar en el reconocimiento de predios y permitir la identificación plena de los mismos como insumo para el desarrollo de políticas, el PND se compromete a avanzar en el catastro multipropósito. La meta es pasar de 9,5% de avance que tiene hoy a 70% durante este gobierno, sin duda un gran desafío que en caso de lograrse representará un avance para el ordenamiento territorial, las finanzas públicas y el mercado inmobiliario.
Jorge Coronel López, Economista, Mg. en Economía, Columnista Diario Portafolio
Foto tomada de: https://www.senado.gov.co/
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