La agenda pactada con el ELN
En el llamado “Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno y el ELN” se señala que el objetivo final es “ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política, ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las víctimas y avanzar hacia la reconciliación mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la paz estable y duradera”. El acuerdo consta de seis puntos a negociar, a saber:
1 – Participación de la sociedad en la construcción de la paz
Considerada el eje principal del proceso de paz, se plantea a partir de propuestas e iniciativas sobre los temas de la agenda. Estas podrán presentarse en el transcurso del proceso y pretenden ser un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista orientado a construir una visión común de paz.
2 – Democracia para la paz
Tiene como punto de partida un debate para examinar las decisiones de la sociedad relacionadas con los problemas sociales que la afectan. Además, se plantea revisar el marco normativo para la manifestación pública y la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos cometidos en el ejercicio de la movilización social.
3 – Transformaciones para la paz
Las propuestas a desarrollar en este punto se sustentarán en los resultados de la discusión del punto dos. Así mismo, se crearán programas para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en busca de la equidad. Además, se adelantarán planes alternativos con enfoque territorial.
4 – Víctimas
Se plantea que la construcción de una paz estable y duradera solo es posible a partir del reconocimiento de los derechos de las víctimas con base en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y no olvido. Bajo esta premisa se trabajará en el perdón y la reconciliación.
5 – Fin del conflicto
En este punto se busca propiciar un escenario adecuado para el tránsito del ELN a la “política legal”. En consecuencia se trabajará en definir la situación jurídica de los miembros del grupo guerrillero, las garantías de seguridad para la vida civil y para ejercer política así como el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. También se incluye en este punto el cese del fuego bilateral, la entrega de armas y los actos humanitarios destinados a construir confianza como el desminado y la entrega de información sobre desaparecidos.
6 – Implementación de lo acordado
Finalmente, se menciona la definición de un plan general de ejecución que contará con un cronograma. Se plantea igualmente la existencia de mecanismos de control, seguimiento y verificación en los que participarán la sociedad civil, el Gobierno, los miembros del ELN y la comunidad internacional. La ejecución del plan comenzará cuando se llegue a la firma del acuerdo final, y una vez ocurra se dará inicio al Plan General de Ejecución de dichos acuerdos.
El documento también detalla el manejo de la mesa de diálogos y establece que habrá declaraciones conjuntas al culminar cada ciclo y cuando las delegaciones lo consideren conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden, buscando, sin embargo, propiciar la comunicación participativa” dado que “la sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso”.
En cuanto a la financiación del proceso, el documento cita que el Gobierno “dispondrá de recursos para su delegación”, y que los gastos de sostenimiento de “los delegados, asesores y de sus actividades se financiarán a través de un fondo con recursos de cooperación internacional que se establecerá con ese propósito, y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación”.
Aspectos no considerados en la agenda pero a tener en cuenta
Más allá de lo establecido en la agenda y de la supuesta doble interpretación relacionada con la liberación de secuestrados y en particular de Odín Sánchez es importante tener presente la demanda de un cese al fuego bilateral proveniente del ELN, su particular concepción antiimperialiasta de la política minero energética del país y su deseo de que Álvaro Uribe participe de algún modo en el proceso de paz por ser el representante más connotado del sector antagónico de la guerrilla dado que “la paz se hace con los enemigos”.
Podría pensarse que al abordar la agenda pactada entre el Gobierno y el ELN temas tratados y casi acordados con las FARC, el proceso que se llevaría a cabo en Quito tendría allanado buena parte del camino. Sin embargo, existen aspectos particulares que llevan a pensar que se trata de una falsa ilusión. En primer lugar, las motivaciones y las condiciones de las partes.
El Gobierno nacional tiene como prioridad culminar el proceso con las FARC en el menor tiempo posible porque este corre en su contra y se agota, motivo por el cual cabe pensar que el interés de aquel es menor cuando del ELN se trata. En segundo lugar, la experiencia ha mostrado que es más difícil negociar con el ELN que con las FARC dada la naturaleza de aquel. En efecto el ELN se define a sí mismo como una guerrilla político- militar. En otros términos, que no es un ejército como tampoco un partido. Que hay más niveles de democracia que en un ejército y más disciplina que en un partido, que hay unidad interna pero también más diversidad, es decir, hay elementos proclives a llegar a acuerdos con el establecimiento y elementos radicales difíciles de convencer como Pablito quien comanda el frente de guerra oriental, el que más dinero aporta a las arcas del ELN y el que más poder de ataque tiene. Además, el diseño y la implementación del primer punto de la agenda – la participación de la sociedad – y aspecto central para el ELN, puede tomar meses habida cuenta de la atomización que caracteriza el cuerpo social colombiano.
En medio del escepticismo cabe, empero, algo de esperanza, y la posible liberación a petición del ELN, de dos guerrilleros hoy detenidos en la cárcel Bellavista de Medellín, Tomás Chamorro y Juan Carlos Cuéllar, llamados a fungir como “gestores de paz”, arroja un rayo de luz. Las normas de paz permiten que los gestores se beneficien de una suspensión provisional de la pena para que contribuyan a impulsar las negociaciones. Esa fue la figura que en el gobierno del expresidente Uribe se utilizó para permitir la salida de Gerardo Barbosa conocido como Francisco Galán.
Rubén Sánchez David
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