El documento, sustentado en análisis sesudos y consultados con actores políticos y jurídicos, está construido alrededor de tres ejes problemáticos: un nuevo diseño de arquitectura del sistema electoral, la ampliación de la democracia territorial y el control de las organizaciones y las campañas políticas. Dada la importancia del tema para el ejercicio de la democracia colombiana y su repercusión en la distribución del poder, las recomendaciones hechas por la Misión prometen ser objeto de polémica. Ya el Registrador expresó que “más que en las instituciones, los problemas de nuestra democracia están en la financiación de campañas, el clientelismo y la abstención”. No le falta razón al Registrador al mencionar estos factores que desfiguran la representación de la voluntad popular pero comete un error al demeritar la importancia de las instituciones, en este caso las electorales. En realidad, las instituciones son mecanismos necesarios para dirigir las acciones de los hombres y asegurar un orden social estable. Sin una adecuación de la arquitectura electoral a las realidades asociadas al posconflicto, a la democratización de la sociedad colombiana y a una representación adecuada, la brecha entre la ciudadanía y la política seguirá ensanchándose.
La arquitectura institucional electoral propuesta
La Misión ha planteado una estructura concebida como un solo poder electoral, independiente y sustentado en tres instituciones: la Registraduría Nacional, el Consejo Electoral Colombiano y la Corte Electoral.
La Registraduría seguiría ejerciendo las tareas de registro civil, cedulación, padrón electoral, organización y ejecución de los procesos electorales mientras el Consejo Electoral Colombiano tendría entre otras funciones reglamentar el proceso electoral, convocar elecciones, inscribir candidatos, aprobar el censo electoral y delimitar circunscripciones uninominales, así como otorgar financiamiento público a los partidos y promover la educación ciudadana. En cuanto a la Corte Electoral, integrada en el poder judicial, sería la encargada de resolver demandas de nulidad de elecciones, definir pérdidas de investidura y resolver asuntos relacionados con la pérdida o suspensión de la personería jurídica de las organizaciones políticas.
El Consejo Electoral Colombiano, como órgano responsable de la vigilancia y control de las organizaciones políticas y procesos electorales, tendría presencia en todos los departamentos del país con la misión de resolver reclamaciones hasta la declaratoria de la elección. Para evitar su politización y mantener su autonomía, la Misión ha considerado que sea presidido por un cuerpo colegiado de siete consejeros con un mandato de ocho años y elegidos a partir de ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Presidencia de la República. Una de estas ternas estaría constituida solamente por mujeres para asegurar la equidad de género. El mismo proceso de elección y conformación se aplicaría a la Corte Electoral.
La modernización del sistema electoral
Otra novedad de la propuesta de la Misión está relacionada con las recomendaciones orientadas a mejorar la representación política y ofrecer garantías a las nuevas organizaciones políticas. En este orden de ideas, la Misión Electoral Especial propone mantener para el Senado la circunscripción nacional pero con listas cerradas y bloqueadas, con el fin de acabar con las campañas de corte personalista que han incentivado las prácticas clientelistas y facilitar el control de gastos por parte de la autoridad electoral.
También se propone modificar la elección de los representantes a la Cámara. En este sentido, se propone un sistema mixto, compuesto por un sistema de dos votos: uno por la lista departamental del partido, cerrada y bloqueada, y otro por el candidato del partido en la circunscripción uninominal. Según los cálculos de la Misión, mediante el nuevo sistema serían elegidos en total 173 representantes a la Cámara, 7 más de los actuales.
Los cambios planteados tienen como propósito, además de mejorar la representación, fortalecer y cohesionar los partidos políticos dado que sin partidos no hay democracia sustentable.
El financiamiento de la política
Uno de los factores que ha envilecido la política, asociado a empresas personalistas, es el enorme costo de las campañas y la violación de los topes legales que alienta prácticas corruptas. Para ponerle freno a esta situación, la Misión propone la adopción de un sistema mixto de financiación de las campañas con un importante peso de aporte estatal y un control del costo de las elecciones por parte de del Consejo Electoral Colombiano, el cual tendría una unidad especializada para esos fines y también la facultad de contratar auditorías externas independientes.
La lectura de la propuesta que presentó la Misión Electoral Especial al Gobierno permite colegir que la misma abre las puertas a un replanteamiento en la forma de hacer política en Colombia por una senda conducente a promover la participación de la ciudadanía y a legitimar el poder. Ello, en la medida que el sistema electoral es un instrumento fundamental de la democracia y de la representación popular, lo que requiere que el procedimiento de las elecciones sea fortalecido y debidamente regulado porque de ellas depende la salud de la democracia.
El balón está ahora en el campo del Gobierno que se reunirá con los sectores políticos para analizar las recomendaciones de la Misión y dar vía libre a los proyectos de actos legislativos que den vida a una reforma política integral los cuales, según cálculos de los entendidos, deben ser presentados antes de la tercera semana de mayo.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario