La acción del Estado en los dos movimientos
Respecto al primer movimiento, Polanyi muestra que la construcción de la sociedad de mercado del siglo XIX reposó sobre la utopía en la creencia del mercado autorregulado, que condujo a la implantación efectiva de una sociedad articulada alrededor de mercados creadores de precios. El trabajo, la tierra y el capital se convirtieron en mercancías que podían ofrecerse y venderse libremente en el mercado, el cual determinaba el respectivo precio: salario, renta e interes. Este tipo de mercado se convirtió en un mecanismo institucional que controlaba el comportamiento de los seres humanos y su relación con la naturaleza.
En períodos anteriores “El trabajo y la tierra no estaban en manos del mercado, sino que formaban parte de la estructura orgánica de la sociedad. Donde la tierra era comercializable, la determinación del precio quedaba, por lo general, librada al arbitrio de las partes. Donde el trabajo estaba sujeto al contrato, las autoridades públicas eran las que calculaban habitualmente los salarios”[2]. En adelante, la existencia física y social pasaba por el acceso al mercado de trabajo, pues la necesidad de contar con un ingreso (salario) para comprar los bienes que le garantizaban su subsistencia obligaba al individuo a vender su fuerza de trabajo, de no venderla estaría sumido en el hambre. De otra parte, el afán de lucro guiaba la conducta de los capitalistas. Por lo tanto, hambre y rentabilidad iban de la mano en el proceso de producción. Por su parte, la tierra, que estaba en función de la organización social y era el medio natural de la existencia social, se convirtió en una mercancía con un precio por su uso, denominado renta[3].
¿Qué papel jugó el Estado en la conformación de esa clase de mercado? ¿Fue un Estado ausente o fue pieza clave en su diseño? Tomando como referencia la Paz de los cien años, Polanyi buscaba demostrar que la sociedad de mercado resulta de la acción de los poderes públicos[4]. El autor señala que dicha Paz fue posible gracias a dos instituciones políticas (el equilibrio entre las grandes potencias y el Estado Liberal) y a dos instituciones económicas (el patrón oro universal y el mercado autorregulador)[5]. Esta clase de mercado estuvo acompañado de decisiones de carácter político como el laissez faire, la ausencia de regulación del Estado en el comercio exterior (libre cambio) y el patrón oro, que también cumplió una función política. De otra parte, “las finanzas jugaron un papel de un poderoso moderador en los concejos y en las políticas de un cierto número de pequeños Estados soberanos: los préstamos y su renovación, dependían de sus créditos, y éstos de su buena conducta” (Polanyi, 1997, pág. 41).
El funcionamiento del mercado autorregulador significó un colapso para la sociedad: generalización de la miseria, sobreexplotación de la fuerza de trabajo, aumento de la tasa de mortalidad y, por ello, la sociedad se vió ante la necesidad de autoprotegerse, dando lugar al segundo movimiento. Uno de los mecanismo de protección fue el sistema de seguridad social y las regulaciones al mercado de trabajo, campos en los que la obra de John M. Keynes suministró el sistema de creencias que condujo a la formulación de políticas económicas para sobre pasar lo que para algunos economistas son fallas de mercado. Diferentes partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos sellaron acuerdos políticos para frenar esa “máquina infernal”, el más acabado de ellos se cristalizó en los llamados Estados de Bienestar, que de acuerdo con Pierre Rosanvallon materializó el denominado compromiso keynesiano.
El neoliberalismo y la vuelta del mercado autorregulador
Con la formulación del modelo neoliberal, al atacar el mundo del trabajo, se arremetió contra una de las bases de ese compromiso político que soportó a los Estados de Bienestar. El sistema de creencias que validó los ajustes responsabilizó al Estado de Bienestar de la estanflación, es decir, inflación acompañada de altas tasas de desempleo, de los años setenta, y de la aplicación de políticas económicas que disminuyeron el ritmo de crecimiento del PIB.
Políticas como la flexibilización del mercado laboral, la independencia del banco central, la apertura de las economías al libre flujo de capitales y de mercancías, los sistemas tributarios basados en la tributación indirecta y con grandes exenciones al capital y las privatizaciones, hicieron parte de las recomendaciones de los economistas ortodoxos, recogidas por los gobiernos. Aunque la teoría económica dominante está construida paralelamente al desarrollo de la sociedad de mercado, nutriéndose de la utopía del mercado autorregulado, la realización de sus recetas fue posible por las transformaciones en el campo del poder (Pierre Bourdieu); en el caso colombiano el cambio se aprecia en la configuración del sistema financiero como un sector hegemónico. Paradójicamente, el aseguramiento social, pieza clave de los Estados de Bienestar ideada para la protección social, profundizaba el régimen de acumulación financiarizado a la vez que garantizaba la gobernabilidad[6].
Teorías como la financiera y la de inflación objetivo – que conduce a considerar que la inflación, como insistía Milton Friedman, es creada por el Estado -aparecen en el mundo académico, particularmente en los programas de las Facultades de Economía, como un credo con el cual formar los nuevos profesionales. La teoría de las finanzas, basada en el artificio de la autorregulación del mercado sin injerencia de Estado que presupone la eficiencia de las finanzas, descansa sobre tres elementos: a) si la finanza es libre, globalizada y desreglamentada, desarrolla instrumentos de seguridad contra los riesgos (productos derivados), haciendo imposible la propagación y el reforzamiento del siniestro; b) los mercados financieros encuentran espontáneamente el equilibrio y c) los mercados financieros son morales, esto significa que la ética de los actores hace que el funcionamiento de los mercados sea transparente. Esta es la verdad que se enseña en los departamentos de finanzas y economía de las grandes universidades.
En el marco de este modelo económico se acentúa la crisis económica por el COVID-19. La herencia dejada por las reformas promercado del último decenio limitan el funcionamiento de la segunda parte del doble movimiento, es decir, un sistema de protección social incluyente, no estigmatizado (acordemos de los “atenidos”, frase celebre de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez), donde el derecho social se vuelva una obligación y no un favor (características propias de los estados clientelistas). Por el contrario, la política social que impone el modelo neoliberal se construye sobre la privatización, la identificación, los subsidios a la demanda y la descentralización, en consecuencia, pierde su carácter universal y equitativo, propia de los Estados de Bienestar.
La doctrina impone fortalecer el sistema financiero
A pesar de que la precariedad laboral, la informalidad, el régimen de bajos salarios y la alta concentración del ingreso imponen políticas que hubiesen podido saldar, en esta coyuntura, la deuda social, el gobierno opta por la profundización del modelo de aseguramiento basado en el lucro (ver mi artículo en la edición de la Revista Sur Profundizar el modelo de aseguramiento en salud para contrarrestar loes efectos de la pandemia), la ampliación de la cobertura de familias en acción y la extensión de políticas asistenciales de corte miserabilista (asignar $160.000 por familia -cuando la línea de pobreza monetaria para familias de cuatro personas es del orden de $1.029.000)
Las políticas económicas tomadas en el contexto de la crisis profundizan tanto el mercado autorregulador como su congénere el modelo neoliberal, con lo que una parte significativa de la recesión económica se traslada a los trabajadores. La crisis económica se deja sentir en una reducción de la tasa de ganancia para el conjunto de capitalistas, salvo para el capital financiero el gran beneficiado de las actuales políticas desarrolladas por el gobierno. Ideas como reducir el salario mínimo, imponer el salario por horas, desconocer las convenciones colectivas, postergar el pago de las primas, suprimir los festivos, disminuir los costos salariales como una contribución de los trabajadores a la salida de la crisis, son pan de cada día en los pronunciamientos de los gremios publicitados por los medios de comunicación controlados por el gran capital. Quien mejor expresa este ideario es el presidente del partido radical, Germán Vargas Lleras, en Dinero (edición del lunes 11 de mayo) “Vargas Lleras propone reducir salarios y no pagar primas de junio y diciembre y suspensión temporal del subsidio de transporte y del pago de cesantías y sus intereses”, obviamente lo hace con el propósito de “salvar el empleo”[7].
Entre los mecanismos utilizados por el gobierno para enfrentar la crisis está el de incrementar la deuda en $40 billones, la cual representa actualmente el 51% del PIB. La deuda financia la reducción de impuestos y por ende los aumentos del gasto público. Un ejemplo de ello lo muestra Wolfgang Streeck (Comprando tiempo): con la crisis petrolera y la caída de la tasa de ganancia en las economías capitalistas más avanzadas el capital asume una actitud política más activa y traslada inversiones a regiones con menores niveles impositivos, con cercanías a fuentes de materia prima y con mano de obra barata. Un resultado de esta acción es la generación de déficit fiscal en los países desarrollados derivado de la caída de ingreso por recaudo tributario, el cual no puede ser superado con la reducción sustancial en los niveles de gasto social pues se corre el riesgo de pérdidas en la legitimidad o en el control electoral; razón por la cual el camino elegible es el endeudamiento. Igualmente, acudir a la deuda soberana se convierte en un instrumento de gobernabilidad que permite el apaciguamiento de los conflictos originados en la falta de ingresos generados por el trabajo.
Indagar acerca del conflicto redistributivo engendrado por la deuda implica esencialmente responder las siguientes preguntas: 1) ¿quién recibe, al final, los intereses?; 2) ¿cómo se financia la carga de la deuda? y, en particular, ¿cuál es el grado de progresividad de los impuestos que la financian? y 3) ¿a quién sirve la deuda? No obstante, lo que importa en términos de redistribución y de desigualdades sociales es menos el monto de la deuda (en valor absoluto con relación al PIB) que la naturaleza del gasto que estos créditos soberanos financian. Como lo señala Pierre Yves Cusset (Quels effets redistributifs de la dette publique?, 2015), “Se podría bosquejar una ley social de redistribución de los ingresos vía la deuda: si la deuda disminuye impuestos en beneficio de los detentores del patrimonio, ella termina con una redistribución de los más pobres hacia los más ricos (se podría pensar también algo similar sobre el gasto público que al final sirve a los intereses de los capitales privados: por ejemplo, las inversiones públicas masivas en las autopistas o las grandes empresas de telecomunicaciones o de transporte público, que son posteriormente privatizadas). Por el contrario, si la deuda permite inversiones sociales con destino a los más pobres, servicios públicos cuya calidad privilegia la reducción de costos, que el sistema financia con impuestos progresivos, entonces la deuda juega su papel keynesiano, redistributivo, y hace del Estado el inversor en la economía, por ejemplo, con tasas reales de imposición al pago de intereses”.
Sin duda, en el marco de un sistema tributario regresivo, el financiamiento por medio de títulos de deuda pública beneficia al sector financiero, como lo prueba la reducción del encaje bancario del 10% que hace el Banco de la República para que los bancos le puedan comprar títulos de deuda al gobierno, en vez de que el banco le preste directamente al gobierno, evitando la intermediación financiera. Además, el Banco de la República ha venido reduciendo su tasa de interes de intervención, es decir, la tasa a la cual les presta a las entidades financieras, que en la actualidad está situada en el 3.25%, con lo que les otorga a los bancos amplio margen operacional. Tal economía especulativa, apoyada por el Estado, en un mercado financiero monopolizado y cartelizado, condujo al gobierno a otorgar garantías hasta del 90% para que los bancos sumistren crédito a los empresarios.
Este manejo de la política monetaria, que refleja la estructura de poderes existentes en la sociedad, convierte el supuesto de neutralidad de la moneda en una fantasía de la economía ortodoxa. Aún más, la banca central dispone de información sobre el estado de la economía que otros agentes no poseen, de esta forma la autoridad monetaria sabe a quién puede beneficiar con determinadas decisiones. Pero como lo señala Aglietta: “Para garantizar la legitimidad de la moneda, la banca central debe aparecer como externa a los intereses particulares que se oponen con respecto a la gestión de la liquidez. Esta exterioridad debe permanecer creíble a fin de no impedirle a la banca central jugar su rol político para regular la moneda, por lo tanto, sin impedir que se lleven a cabo las acciones discrecionales que se le imponen”[8]. Como se puede apreciar, moneda y deuda hacen parte de los conflictos redistributivos, es decir, del dominio de lo político.
El tiempo de la deuda se impone al conjunto de la sociedad. La crisis está endeudando a los hogares, y al conjunto del tejido empresarial. Según los cálculos de Anif, los hogares han perdido $12,5 billones, muchos de ellos, los que están en la informalidad, han acudido al préstamo gota a gota; por su parte, el gobierno incrementará su déficit fiscal hasta un 6% del PIB; es decir, tenemos una demanda agregada endeudada. La desigualdad en las tasas de interés es flagrante: el sector financiero otorga crédito de consumo con un interés del 28.04%, para el microcrédito alrededor del 37.05% y puede llegar hasta el 55.58% (más allá de este nivel se considera usura), mientras que la tasa que pagan los bancos por captar dinero es del orden del 4.5% efectivo anual, con una inflación de 3.8% para el 2019. Bien podría señalarse que si la tasa de interes del crédito financiero fuera menor el “riesgo” del banco al suministrar crédito disminuiría sensiblemente pues más deudores estarían en capacidad de pagar y las garantías podrían ser menores. A juicio del director de ANIF, Mauricio Santamaría, afectar los intereses de este sector se considera como “populismo financiero”; para este dirigente gremial del grupo AVAL lo que debe primar en el mundo de las finanzas es la justicia de mercado, donde los bancos determinan las tasas de interés.
El problema de la deuda afectará el mundo del trabajo, aquellos quienes tengan la “fortuna” de pertenecer al sector formal atestiguarán la reducción de salarios -incluso los nominales- y enfrentarán una mayor flexibilidad laboral. Por su parte, el capital perseguirá el objetivo de recuperar su tasa de ganancia, acudiendo incluso a incrementar la plusvalía relativa, pues en un contexto competitivo los costos de la deuda no son fácilmente transferibles a los precios de los productos finales.
La pérdida de ingresos de los sectores populares y el hambre que se deja sentir en considerables sectores de la población es el caldo de cultivo para convertir el derecho en un favor y reproducir regímenes políticos clientelistas. La distribución de alimentos, que es un paliativo para garantizar la subsistencia de sectores sociales sumidos en la pobreza, es a la vez la forma más primitiva de asistencia social, que nos hace recordar la “mesa de los pobres” existente en la edad media, ha servido a nivel regional para reencauchar a ciertos políticos corruptos. En ese contexto proponer un ingreso de ciudadanía, asociado al valor de la canasta familiar, se clasifica como una idea populista, ya que todo aquello que se aparte de la justicia de mercado y clame por la justicia social se pretende descalificarlo al catalogarlo como populista.
________________________________________
[1] Laville, Jean-Louis. “Actualidad de Karl Polanyi”, en Textos escogidos de Karl Polanyi, CLACSO, Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires, pág. 15
[2] Polanyi, Karl. “Nuestra obsoleta mentalidad de mercado” (1947). En Laville, Jean-Louis, op. cit., pág. 296.
[3] “Nosotros podríamos imaginarnos con dificultad a un hombre que viene al mundo sin brazos ni piernas o, lo que es parecido, a un hombre que arrastra su vida sin tierra. Sin embargo, separar la tierra del hombre y organizar la sociedad con el fin de que satisfaga las exigencias de un mercado inmobiliario, ha constituido una parte vital de la concepción utópica de una economía de mercado”. Polanyi, Karl (1997). La gran transformación. Crítica al liberalismo económico. Madrid, La piqueta, pág. 290.
[4] La obra de Polanyi fue publicada en 1944, el mismo año de la publicación del libro de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, en la que este autor austriaco defiende una tesis diametralmente opuesta: el mercado es un orden espontáneo cuya aparición solo puede ser contrarrestada por la intervención del Estado.
[5] El mercado autorregulador reposaba sobre la “mano invisible” tan cara al pensamiento de Smith; es decir, que sin la intervención del Estado se garantizaba la adecuada asignación de recursos (escasos) y la correcta determinación de los precios. Sin embargo, la hipotética “mano invisible”, fundada sobre en la prevalencia absoluta de comportamientos marcados por un estrecho interés personal, no puede realmente institucionalizar el capitalismo. John R. Commons (1862-1945) – que junto con Veblen fue uno de los máximos exponentes del llamado viejo institucionalismo norteamericano-, destaca la importancia de la evolución de la estructura jurídica en la emergencia del capitalismo.
[6] En el balance que se realiza sobre los 25 años de expedición de la ley 100/93, en el libro Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social (Decsi Arévalo Editora), publicado en el diciembre del 2018, por la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional, se tiene como idea directriz como las modificaciones del sistema de seguridad social impactaron el régimen de acumulación, el campo del poder, la gobernabilidad, el campo jurídico, así como la economía política tanto de la reforma como la de sus principales ajustes.
[7] Entre los considerandos del decreto 637 del 6 de mayo del 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” se expresa (página 5) “Que, para que crisis como la de la actual pandemia, no resulte en despidos masivos, la Federación Nacional de Sindicatos del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha sugerido adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado. Estas medidas incluyen la posibilidad de re-negociones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas”.
[8] Aglietta, Michel y Ould, Pepita y Ponsot, Jean-François (2016). La monnaie entre dettes et souveranité. Paris. Odile Jacob-économie, pág, 312.
Oscar Rodríguez Salazar, Profesor e Investigador del Grupo de Protección Social. Universidad Nacional de Colombia.
Foto tomada de: opinioncaribe.com/
Deja un comentario