El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto del gobierno de intervenir a las comisiones de regulación para bajar las tarifas de los servicios públicos.
Independientemente de esta decisión, es claro que se requiere una reestructuración de las comisiones de regulación. En verdad, en tres meses como proponía el gobierno es muy complicado hacer cambios verdaderos sin caer en el apresuramiento. Tres meses es un tiempo muy corto para realizar un trabajo serio.
El gobierno tiene dos caminos: presentar proyectos de ley y utilizar a sus representantes en las comisiones de regulación para que se estudien las normas actuales y se busquen soluciones para reducir las tarifas de los servicios públicos.
Qué se puede hacer
Antes de estudiar toda la normatividad de las comisiones de regulación hay que efectuar una reestructuración de las mismas, algo que he venido proponiendo desde que se discutían las leyes de servicios y del sector eléctrico en 1994. Este es el punto más importante, porque dejar las comisiones como están definidas en las actuales leyes sigue la influencia determinante de las empresas y de los carteles que se han formado en Colombia, que no existen en otras partes del mundo.
Cambiar la estructura de funcionamiento de las comisiones de regulación
Cuando se discutían las leyes 142 y 143 en el congreso me opuse a la forma como se diseñaron las comisiones de regulación. Propuse, porque las conocía, el tipo de regulación de las comisiones estatales de los Estados Unidos que operaban en esa época en este país. Estuve en el congreso de la República, hablé, presenté propuestas, pero nadie hizo caso porque predominaban los conceptos de Inglaterra y Chile.
La experiencia de los Estados Unidos, uno de los países con mayor tradición en regulación, más de cien años, se caracteriza por los avances logrados por los consumidores. Por ley, todas las decisiones de las Comisiones de Regulación son públicas. El ciudadano americano tiene derecho a un acceso completo y detallado a los libros de contabilidad y a los registros de las empresas, sean públicas, mixtas o privadas. En todas las decisiones participan en el debate abierto y transparente todas las partes interesadas. La regulación americana es democrática y hay un verdadero control ciudadano garantizado por la ley, que no depende del gusto de los reguladores.
La experiencia americana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es el de involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se implemente por ley el sistema de audiencias públicas, reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones que los representantes de las empresas, con los comisionados actuando como jueces.
No se trata de realizar audiencias públicas al final del proceso, sino que la discusión debe comenzar y ser pública desde un comienzo. Para esto hay que modificar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, para que quede por ley, con una reglamentación adecuada, como será la participación de los diferentes usuarios: hogares, comerciantes, industriales, agricultores y entidades públicas. No es un favor que hacen los reguladores, es un derecho de los ciudadanos que debe instituirse por la ley.
La participación de los usuarios debe darse en todas las materias. En Colombia es clave intervenir en los aspectos metodológicos para definir las fórmulas tarifarias. Tal como se viene dando, las metodologías y modelos que se aplican han sido resultados de estudios contratados con firmas extranjeras, discutidos por los ministerios y los expertos de las comisiones, con fuerte intervención de las empresas y ausencia de los usuarios. Fijadas las metodologías, con sus parámetros como rentabilidad, vida útil de los activos, sistemas de medición del capital, tipos de ajuste y gastos permitidos, es muy poco lo que queda a los usuarios para discutir, además estos no participan en el análisis de estos estudios.
Criterios para una regulación democrática
Una regulación democrática, como la que se ha implementado en Estados Unidos implica que los entes reguladores y las compañías deben:
- Dar completo acceso del público a la documentación de las compañías y a sus cuentas
- Apertura irrestricta de los informes del gobierno y los entes reguladores y de control
- Inaplicabilidad del secreto comercial a los monopolios
- Prohibir la comunicación secreta entre regulador y regulado
- Amplia investigación a través de audiencias públicas. El ente regulador y los usuarios interrogan a los directivos de las empresas de servicios públicos y a su vez a los reguladores.
- Derecho a cuestionar a los ejecutivos de las empresas y al regulador por vía oral y escrita
- Asistencia de expertos para los consumidores financiados por el gobierno y por las mismas empresas de servicios públicos
- Publicar de las decisiones preliminares del ente regulador con sus fundamentos y cálculos para comentarios del público y de las compañías
- Decisiones finales presentadas con todos sus detalles (por ejemplo, ganancias y costos)
- Establecer en todas las Comisiones una Sección del Usuario, para que cuenten con un personal dedicado a escuchar y definir políticas que tengan en cuenta los intereses de los usuarios, como quejas, políticas de pagos y desconexiones, atención a enfermos, calidad del servicio y de los aparatos, información, tratamientos especiales a determinados sectores.
Medidas específicas
Reestructuradas las comisiones de regulación por una ley, que podría hacerse en el plan de desarrollo que está en discusión, ya viene a continuación la discusión de las reglamentaciones. Diferentes expertos han propuesto varios cambios que van desde estudiar el nivel de la tasa de rentabilidad, hasta el incremento mensual o anual según índices apropiados que reflejen los costos reales.
Por ejemplo, incrementar estos índices con menos un valor X de productividad, revisar el tema de las pérdidas, de las restricciones, del control a los precios de generación, de la vida útil de los equipos, de las normas de calidad, de la realidad de las inversiones.
Es decir, son muchos los aspectos para estudiar, pero es necesario reestructurar las comisiones porque se seguiría con el mismo sistema en que las empresas tienen un poder de influencia en las comisiones y los usuarios prácticamente nada.
Conclusiones
La verdad es que la ministra de Minas y Energía falló en el famoso acuerdo que hizo con los carteles en octubre de 2022 que se vendió como una gran solución, cuando las tarifas disminuyeron apenas 2-4%.
No había capacidad en el ministerio para enfrenarse a los carteles y los comisionados de la CREG no propusieron algo original. Hubo una falla total.
Para hacer cambios en las normas se requiere de gente muy experta en temas que son de difícil comprensión, especialmente lo que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica que es un sector muy complejo en lo técnico y económico, pero lo mismo ocurre con las de agua y alcantarillado, del gas natural y el GLP. Aquí hay que ponerle el tatequieto a Ecopetrol, porque el gas natural y el GLP han tenido aumentos muy altos en los últimos años.
Pero en cuanto a los precios de las gasolinas y el diésel oíl, la política neoliberal del ministro de Hacienda hay que revisarla. Primero, acabar con el Fonde Estabilización de Combustibles, monstruo creado por Uribe y que se ratifica en el nuevo plan de desarrollo. La política de precios de los combustibles no puede ser tan rígida. Hay que ser flexibles, aumentar de acuerdo con las circunstancias, sin verse obligados por este monstruo. Un gobierno de izquierda nunca lo permitiría. Y los argumentos de que se está subsidiando no son correctos como lo he probado muchas veces.
Definitivamente, las tarifas de los servicios públicos han aumentado demasiado y hay que cambiar esta situación. En esto estamos de acuerdo con el presidente, pero hay que hacerlo bien, sin populismo, que beneficie a los usuarios, pero que no perjudique a las empresas.
Y si hay que subsidiar como en Europa, pues hacerlo, sin miedo de la derecha y de los neoliberales dentro del gobierno y por fuera.
Diego Otero Prada, Presidente de la Asociación Colombiana de Economía Crítica-ACECRI y miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas-ACCE
Foto tomada de: Portafolio
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