En Colombia se debe hablar de orgías de corrupción, de ríos de corrupción, de océanos de corrupción, de un macro sistema compuesto por infinitos sistemas que ha derivado en una cultura de la corrupción, por eso Colombia ocupa el puesto 109 en el Stateness Index 2022, donde es considerado un Estado defectuoso.
El índice hace referencia al desempeño de los países en seis grandes políticas, una de ellas la política de justicia, que es la peor calificada, porque es permisiva con la corrupción en los tres poderes del estado, conformando un mega sistema del Estado contra el mismo Estado. Esta descomposición, consecuencia de la democracia representativa, bajo la cual se escogen los “elegidos” que se robarán los recursos públicos.
Al existir una justicia donde los poderosos del poder político son investigados por la Comisión de Absoluciones del Congreso de la República, es decir, corrupto investiga a corrupto, ladrón juzga a ladrón, la impunidad se extiende y la corrupción se expande hacia el infinito.
La corrupción creó la ley 906. La Ley 906 abraza la corrupción. La ley 906 fue aprobada en el primer gobierno de Uribe para amparar el crimen y la corrupción. El garantismo que la inspira, al ser desastrosamente pensada y normada, hace que los corruptos poderosos tengan garantizada la impunidad. En un mundo donde los líderes del capitalismo de mercado son los conglomerados empresariales, y si estos no pueden ser investigados y sancionados, como en Estados Unidos y en otros países, hace que algunas cabezas de esas empresas paguen las líneas de corrupción. Lo estamos viendo en el caso de Odebrecht. La cooperación de Colombia con Estados Unidos está delimitada por el marco jurídico colombiano. Entonces, la Fiscalía de Colombia coopera hasta donde le da la gana. Por eso, la sanción al Grupo Aval, es posible allá pero no acá, razón por la cual, en Colombia, quien fue presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, carga con todo el peso de la masa de corrupción público privada en torno a la Ruta del Sol 2, que no es más que el proyecto de corrupción creado deliberadamente para distribuir comisiones al más alto nivel de las jerarquías del Estado, y permitir beneficios ilimitados y perversos a privados y políticos aliados.
Melo, habló de 6.000 millones de pesos los recursos que el Grupo Aval y demás banqueros, a través de Corficolombiana, destinaron para coimas de los poderosos de los tres poderes y organismos de control para beneficiar a los conglomerados corporativos relacionados con la construcción y la ingeniería. Sin embargo, el monto de corrupción que se distribuyó, según la justicia de Estados Unidos, fue de US$26 millones de dólares, es decir $104´000.000 millones de pesos, 18 veces más que la cifra que reconoce Melo, y 4.5 veces los US$ 6 millones que dice el Ex Superintendente Bancario del Gobierno de Santos, Carlos Felipe Robledo.
Si se tiene en cuenta la multa de US$80 millones impuesta al Grupo Aval a través de Corficolombiana, estamos hablando de $320.000 millones de pesos, más los abogados gringos contratados para defender a los Sarmientos, da otra cifra similar que da un total de $640.000 millones, lo cual significa que la suma para comisiones era superior a los $104.000 millones de pesos, pues esta solo era la base para desatar un sistema de corrupción a corto, mediano y largo plazo.
El problema radica en los silencios de la justicia, de allá y de acá, puesto que no dicen los nombres de quienes se llevaron los dineros públicos. El acuerdo con la Justicia de Estados Unidos da un margen de tres años, para que Corficolombiana haga público los nombres de los poderosos que recibieron coimas. Sin embargo, esa información, en gran medida, ya está en los documentos que entregó el ingeniero Jorge Enrique Pizano antes de ser asesinado, y que la Fiscalía y demás autoridades callan porque la Fiscalía es corrupta al servicio de Uribe y de todo el uribismo, la Procuraduría un feudo de la Costa Nostra de los Char, el presidente de la Corte Suprema que tiene una empresa burocrática con el Fiscal, el Consejo de Estado que negó una acción popular que venía bien fallada del Tribunal Superior de Cundinamarca. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento, que quieren desmontar con una tutela, no le reconoció indemnizaciones al Grupo Aval y demás entidades financieras que le dieron plata a Corficolombiana para que repartiera las bolsas de corrupción.
Así como hay un sistema de salud de los negocios y no de la prevención, hay un sistema de contratación pública para la construcción de infraestructura que incluye funcionarios públicos del más alto nivel, empresas y políticos.
Los tibios del impuro centro, han bestializado en todas las declaraciones relacionadas con los casos de corrupción ventilados en las últimas semanas, como Fajardo, que ante el caso judicial del hijo del presidente de la república, dijo: “así como se llega, así se gobierna”, en clara alusión al presidente y a la campaña presidencial del 2022, cuando la plata que se robaron en la costa Atlántica se quedó en la costa Atlántica, y de ninguna manera le llegó a Petro, ni al gerente de la campaña, ni a las cuentas en el Consejo Electoral.
Estoy de acuerdo con el presidente de convocar a una reforma de la justicia. Esa sería una batalla final histórica, porque si con el sector de salud los ríos de corrupción han arremetido con toda clase de mentiras, una reforma a la justicia para reformar la contratación administrativa levantará hasta el delirio y la maldad a quienes han saqueado y quieren seguir saqueando los bolsillos de todos los colombianos. Las obras de infraestructura son eternas, porque se hacen contratos parciales, nunca finales, y si son finales, se hacen con innumerables excepciones que protegen al contratista, entonces, las obras son interminables, por lo cual los peajes son tantos como en ningún otro país del mundo.
El sistema es corrupto, y la contratación pública en Colombia está pensada para robarse al Estado. Cuando el presidente Correa miró distintos modelos de contratación pública para construir la red de autopistas de Ecuador, analizaron el caso de Colombia, y la conclusión de sus asesores fue que de ese modelo de contratación no se podía tomar ni una coma, porque estaba hecho para robarse al Estado, abierta y descaradamente.
Es nítido el caso con la Ruta del Sol 2, que de una autopista se ha convertido en una trocha, porque se robaron billones, el Estado tuvo que poner la cara, porque en el modelo de contratación de Colombia el empresario nunca pierde: gana por robar, gana por no hacer la obra, gana por dilatar, gana por hacerla a medias, gana por irse cuando le da la gana. Igual que las EPS en el sistema de Salud: abren, roban, acumulan, cierran y se van al paraíso fiscal.
Si llegado el caso el presidente convoca a la ciudadanía a las callas para acabar con la corrupción e impulsar una reforma a la justicia y a las formas perversas que se fueron construyendo en las relaciones entre los poderes del Estado, millones irán a las calles. La mesa de corrupción está servida, los comensales celebran hasta la locura, pero un cambio institucional asecha.
La caída de la economía, más allá de factores externos, se debe a factores internos que no garantizan acuerdos institucionales transparentes, duraderos y responsables, donde la nación esté primero que las ambiciones descontroladas de los individuos.
Si Petro logra la reforma a la justicia, muchas otras cosas pasan a segundo plano. Hay que limpiar la casa y reconstruirla porque está destruida y pestilente.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: El Heraldo
Deja un comentario