Cierre de pasos formales multiplica trochas irregulares
Cerrar la línea limítrofe de 2.219 km es imposible, la frontera no es una raya, sus condiciones sociales, económicas, geográficas y de seguridad generan intensas interacciones de todo orden: etnias y ecosistemas compartidos, poblaciones binacionales, ciudades conurbanadas, mercados de trabajo, entrecrucijamiento de las economías, intenso comercio, etc.
Cerrar fronteras se traduce en la renuncia al control binacional en los siete pasos fronterizos formales: Paraguachón (Guajira-Zulia); cuatro puentes internacionales (serían cinco pero el de Tienditas se deteriora sin haber sido inaugurado), tres entre Norte de Santander y Táchira: La Unión, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y uno: el José Antonio Páez entre Arauca-El Amparo, Apure; dos muelles para pasajeros y carga -en la orilla derecha del río Inírida (Guanía-Amazonas) y en la orilla izquierda del río Orinoco (Vichada-Amazonas).
El cierre total (peatonal, de vehículos y de mercancías) ordenado el 19 de agosto de 2015 por Nicolás Maduro, como todo cierre, multiplicó las trochas. Poco disminuyó el uso de esas rutas cuando, el 5 de octubre de 2016, se abrieron algunos pasos formales para carga comercial, ni luego cuando se autorizó el tránsito de mercancías solo entre La Guajira – Zulia y en horario restringido el paso de personas por los puntos de control. El uso de trochas volvió a aumentar desde el 23 de febrero de 2019, con el nuevo bloqueo impuesto por Maduro.
Esos caminos informales han existido por todas partes. Autoridades de la Guajira reconocen que solo en su zona fronteriza hay unas 250 trochas cuyo control se disputan distintas bandas. El problema, es cómo las aprovechan bandas criminales. Ariel Ávila, de Pares, documentó que en las trochas actúan al menos 28 estructuras armadas ilegales. Muchas son colombianas. Otras venezolanas como los llamados ´pranes´ o ´el tren de Aragua´. Hay estructuras transnacionales como los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En las trochas que pasan por el Catatumbo, Puerto Santander-Boca de Grita o en zona rural de Cúcuta y San Cristobal, se sienten los impactos de la disputa que libran el Eln, los llamados Pelusos, los Rastrojos, el Clan del Golfo o la Banda de la Línea por el control de contrabando, tráfico de armas y narcotráfico. La Policía y el Ejército colombiano ni se atreven a patrullar en todas esas trochas. Del lado venezolano se multiplican las denuncias en varios ámbitos fronterizos de cobros indebidos por miembros de la Guardia y de las Fuerzas Armadas así como de tolerancia con el Eln y de su actuación conjunta con colectivos y milicias bolivarianas.
Aumento de daños para los más vulnerables
El cierre de los puestos de control fronterizo presiona el uso de trochas por el éxodo que, en diversas modalidades, proviene de Venezuela forzado por su crisis multidimensional.
Transitan -sobre todo desde Táchira hacia Norte de Santander- unas 50 mil personas por día, que vienen no solo de la zona fronteriza sino también desde Caracas, Barquisimeto, Valencia o el oriente venezolano. Pasan a Colombia urgidos por la necesidad de abastecerse de alimentos, medicinas, implementos de aseo y de otros bienes básicos; vienen a buscar servicios de salud, educación e ingresos; se desplazan tratando de construir alternativas de refugio o migración en diversas partes de Colombia y en otros países suramericanos; y retornan colombianos con familia binacional.
La multiplicación de trochas desata disputas entre grupos armados ilegales por controlarlas. Muchas de esas bandas operan a ambos lados de la frontera, extorsionan contrabandistas, transportadores, comerciantes y ganaderos; cobran el cruce de mercancías, combustible, personas; reclutan y utilizan niños/as y adolescentes en sus negocios ilegales; ejercen trata de personas y violencia sexual.
Llamado a la senzatez ante el desafío
Esa multiplicación de trochas irregulares estimula los riesgos de la pandemia del coronavirus en el contexto de éxodo masivo, cierre de los pasos fronterizos formales, parálisis del sistema consular, ruptura de relaciones oficiales e incomunicación total de los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela.
De ahí el llamado urgente lanzado el pasado 14 de marzo por parte de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela (PCCV) a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Cruz Roja Internacional (CRI) para que ayuden a entidades de Colombia y de Venezuela -incluyendo a todos los sectores chavistas u opositores- con el fin de que coordinen iniciativas institucionales, sociales, ciudadanas, y actúen conjuntamente en sus naciones y entre ambos países. Además, el comunicado urge a cada uno de los dos países a hacer frente común a la pandemia. A Colombia le solicita coordinar, a través de esas instancias multilaterales, urgentes acciones con Venezuela, el país con el que comparte la más larga frontera y la más abigarrada vecindad; a Venezuela, le pide permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y su entrega a instituciones sanitarias u ONG para la población más vulnerable; a los dos países les insta a que abran un canal humanitario y el sistema consular, que compartan información sanitaria y coordinen su actuación en la frontera ante esta emergencia.
En sentido similar, la Coalición por Venezuela también exhortó a organismos multilaterales y de cooperación internacional para que, ante el cierre de fronteras, ayuden a abrir canales humanitarios y a mantener una constante interlocución con las organizaciones de sociedad civil con el fin de que se redoblen los esfuerzos en países de tránsito y acogida, e impedir que aumente la xenofobia contra la población migrante y refugiada.
La iniciativa ciudadana resulta esencial para que organizaciones multilaterales ayuden: a Colombia y Venezuela a coordinar en zonas fronterizas la acción ante la pandemia, al chavismo y la oposición a priorizar la solidaridad humanitaria encarando de manera conjunta la amenaza, a países que han impuesto sanciones comerciales a Venezuela a que las vayan sustituyendo por asistencia que mejore la respuesta al COVID-19 estimulando la articulación de esfuerzos del oficialismo y la oposición.
Solo así podrá desarrollarse en las zonas fronterizas la capacidad para desplegar una sólida estrategia. Si los diversos sectores de los dos países comparten información y coordinan iniciativas, es más posible la realización de estrategias de previsión, identificación y atención a portadores del virus, que incluya instrucciones precisas, pruebas para detectar pronto eventuales contagios en los transeúntes evitando que la migración sea un vector de infección. Así se previene una saturación de los sistemas de salud que pueda llevar a su colapso en las zonas fronterizas y se garantiza trato humano y eficaz a los enfermos.
Desde luego, la coordinación de estrategias fronterizas frente al virus supone que cada país priorice enfrentar sus propias limitaciones. Venezuela tiene que hacerle frente a la crisis de los servicios públicos, de salud, etc., que presiona un éxodo cada vez más masivo. Colombia tiene que enfrentar deficiencias como las del sistema de salud que limitan su capacidad de respuesta y evitar que crezca un sentimiento xenófobo que culpe a los migrantes de problemas acumulados en las dos naciones.
Anuncios a cada lado
Maduro suspendió vuelos hacia Venezuela provenientes de Europa y Colombia; declaró cuarentena social y colectiva; denunció que han pedido al Gobierno de Colombia cooperar contra el virus pero que los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud, no contestan; ahora destacó que con éste último ya comenzaron a hablar; y pidió créditos de emergencia al FMI que éste rechazó. La Asamblea Nacional (AN) anunció acuerdos con organismos multilaterales para dotar de recursos a Venezuela ante la pandemia.
Duque amplió el cierre de fronteras terrestres, fluviales y marítimas, no aéreas. Aunque dijo que no acepta un canal de diálogo directo con Maduro porque no es legítimo ni confiable, apeló a organismos internacionales de salud para que, bajo sus directrices, se coordine lo necesario con Venezuela. Contó luego sobre la realización del Foro de Prosur, sobre conversaciones entre los gobernadores de Táchira y Norte de Santander, de charlas con miembros de la AN de Venezuela, y del diálogo el 16 de marzo, vía la OPS, entre los ministros de salud de los dos países para tratar de articular esfuerzos. Las Defensoría del Pueblo en ambos países anunciaron que dialogan para velar por quienes transitan por la frontera.
La presión ciudadana tendrá que insistir en la coordinación de esfuerzos para evitar los riesgos y que las poblaciones vulnerables se vean más afectadas. La responsabilidad de proteger la vida ante la amenaza común es de todos y de cada uno, personas, instituciones y países, pasando por encima de las diferencias. Es hora de actuar con rapidez y humanidad.
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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