En esencia, constata que el Gobierno y las FARC EP a pesar de diversos obstáculos se empeñan en realizar los ajustes necesarios para superarlos. Registra las dificultades logísticas que han impedido que los contingentes de las FARC-EP lleguen en el tiempo previsto a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN), de forma que se ha prolongado su estadía en los Puntos de Pre-concentración, lo cual ocasiona dificultades y retarda los procesos convenidos.
Deja en claro este MMV que no han existido violaciones graves al acuerdo por las partes a pesar de la triplicación de las solicitudes de verificación, de forma que la mayoría de ellas las ha encontrado irrelevantes, verifica aún otras, encuentra que recibe informaciones de hechos que no son de su competencia y solo encontró una situación de “violación leve”. Se infiere con claridad al respecto que las denuncias hechas públicamente por el gobernador de Antioquia sobre supuestas violaciones de las FARC-EP en general resultaron infundadas. Y constata como hecho importante que tanto el Gobierno como las FARC-EP han expresado su voluntad de realizar los ajustes necesarios para evitar extender el calendario de los 180 días previstos, en las concentraciones guerrilleras en las ZVTN y PTN, para proceder a la dejación de armas y su paso de ex combatientes a la vida civil.
Tras el acuerdo tipo armisticio la MMV constató dificultades y llamó a sortearlas
Luego del plebiscito del 2 de octubre de 2016 el Acuerdo de Paz Gobierno-FARC-EP quedó en suspenso y por tanto se hacían inviables las acciones para iniciar su implementación. Entre otros hechos relevantes que desde el ámbitos político, de la movilización ciudadana e institucional y de la revisión de los acuerdos para hacerlos viables, es preciso destacar en lo relativo al mantenimiento del compromiso del cese al fuego y las hostilidades y la dejación de las armas, el acierto histórico de las partes, al adoptar el acuerdo del 13 de octubre siguiente, técnicamente equivalente a un armisticio y a la vez a un acuerdo especial a la luz del derecho internacional público, el cual permitió adoptar una ruta particular de acciones, que impidió el retorno a las hostilidades y dio lugar a compromisos de las partes en perspectiva militar y humanitaria, a tono con el propósito de recuperar la vigencia del acuerdo de paz y poder proceder a su implementación.
Este acuerdo habilitó un Protocolo que llevó a adoptar por parte de las FARC los Puntos de Pre-agrupamiento Transitorios (PTT), al no poder iniciar los desplazamientos a las ZVTN y PTN y comprometió al gobierno en asuntos de seguridad, logísticos y de atención en beneficio de tal pre concentración guerrillera. De hecho se alteró la vigencia del cronograma del Acuerdo de Paz en su versión inicial. Pero precisamente la vigencia de ésta acuerdo permitió seguir en su actuación de presencia y despliegue a la MMV, la cual también tuvo que adecuarse a las nuevas situaciones y a la dificultad de cumplir con el cronograma inicial convenido.
Logrado luego el Acuerdo de Paz Final entre el Gobierno y las FARC EP, todos los compromisos de nuevo fueron incluidos en su contenido, de forma que se surtían las fases de planeamiento y ejecución y las actividades administrativas y logísticas, con responsabilidades oficiales precisas, hacia garantizar las condiciones para la concentración guerrillera, de nuevo habilitada hacia las ZVTN y PTN. Pero afloraron múltiples dificultades y falta de reacción pronta y eficaz desde la parte gubernamental para responder a las difíciles condiciones previstas. El 7 de diciembre la MMV llamó públicamente a “actuar con celeridad y mantener la disposición de los recursos para habilitar dichas zonas y puntos, mejorar la atención a las necesidades de los integrantes de las FARC-EP y asumió el compromiso de sus propios avances en la instalación de sus sedes regionales y locales en consecuencia así como el de mejorar el funcionamiento de su propia labor de monitoreo y verificación.
Ante estas dificultades a instancias de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, el Gobierno y las FARC EP, en el comunicado conjunto No10, el 28 de diciembre de 2016 anunciaron una serie de medidas. Suprimieron la zona de Cartagena de Chairá y reorientaron la llegada de los contingentes guerrilleros previstos allí a Montañita, en Caquetá. Acordaron proceder en nueve zonas desde el 31 de diciembre con vinculación de comisiones de las FARC-EP a los trabajos de los trabajadores contratados por el Gobierno, para las obras civiles en curso. Se extendió tal dinámica desde los primeros diez días de enero a los 16 puntos restantes. Se reconoció que las FARC tendrían que permanecer en PPT cercanos a las zonas y puntos, hasta que se construyeran los campamentos requeridos, dejando previsto parte de las obras para terminar luego de la llegada con el concurso de la propia guerrilla. Y se comprometió la definición de los términos de traslados a tales zonas y puntos de personas de las FARC no beneficiadas por amnistías e indultos, que serán trasladadas desde cárceles y penitenciarías.
Fortalecimiento y despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV)
Este Segundo Informe Mensual del MMV informa sobre la instalación de sus equipos, de manera que para el 7 de enero pasado lo integran 359 personas del gobierno, 117 de las FARC-EP y 280 observadores internacionales de los 450 previstos. Así mismo, la Policía Nacional asignó 987 se sus efectivos a la Unidad para la Edificación de la Paz (UNIPEP), para la protección de la MMV. Además de la sede nacional de Bogotá ya se instalaron sedes regionales en Caquetá, Cauca, Guaviare, Cesar y Meta y con desplazamientos se atienden Santander, Antioquia y Tolima. El informe registra el despliegue de 288 actividades operativas entre visitas a zonas y puntos, acompañamiento a traslados de delegaciones de las partes, de comunidad internacional, entre otras como las de apoyo a las atenciones médicas y a las soluciones logísticas en curso.
Un incidente que llama la atención es que ante el MMV las FARC-EP informó sobre la suspensión de la recepción de alimentos para sus tropas en PTT, en su expresión “hasta que el gobierno cumpla el compromiso de obtenerlos localmente”, con referencia a la necesidad de cumplir los términos al respecto consignados en el Protocolo de la Logística. Sobre los servicios de salud convenidos para las personas de las FARC-EP la MMV expresa que han sido afiliados 2.500 de ellas al Sistema Nacional de Salud y que de manera general la atención “se ha proporcionado”, siendo “muy pocos” los casos de atención inadecuada reclamada por esta guerrilla.
Sobre el monitoreo del cese al fuego y las hostilidades y la verificación de incidentes es notorio el incremento a 73 solicitudes de verificación. De ellas 53% las calificó de irrelevantes, el 32% no eran de su competencia, el 14% están en verificación y el 1% constituye una violación leve. Es de destacar que la MMV ha conseguido contribuir a dirimir de manera positiva la gran mayoría de las controversias presentadas. El hecho más delicado tratado fue el choque violento en el municipio Francisco Pizarro, Nariño, entre efectivos de las FARC-EP y un grupo de milicianos disidentes vinculados al narcotráfico, situación que ocasionó dos muertos y dos heridos. Al respecto hizo la MMV apreciaciones precisas y entregó recomendaciones, orientadas a que no recurra por ningún motivo al uso de las armas, lo cual deriva en situaciones de trasgresión del compromiso del cese al fuego. Vale aclarar que no encontró con respecto a las denuncias del gobernador de Antioquia ningún incidente de las FARC-EP en Dabeiba y ninguno de los hechos denunciados en Yondó, salvo el que un combatiente se había alejado del PPT sin la debida autorización.
La MMV ha atendido a 870 solicitudes de diversos actores sociales e institucionales. En determinados momentos ante situaciones o incidentes que lo justifican ha emitido declaraciones o comunicados públicos. Avanza en la preparación de metodologías e instrumentos a aplicar en los registros y eventos de dejación de las armas por la insurgencia así como en la propia capacitación y entrenamiento de los observadores internacionales frente a tal proceso. Y precisamente, la entrega de esta serie de informes mensuales sobre el conjunto de su actuación, resulta ser un importante instrumento para la sociedad y las instituciones a todo nivel en el seguimiento de sus acciones, parte vital en la implementación del acuerdo de paz. Razón le asiste a las voces desde la sociedad civil, para qué ojalá se amplié su mandato y posibilidad de actuación, para que consiga en algún grado contribuir también en las regiones a los esfuerzos que se demandan para evitar que sigan los atentados contra los líderes sociales, de víctimas y promotores de la paz.
Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo del CNMH, integrante de FUCUDE, catedrático.
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