Desde el 2015 Educar Consumidores, pionero en promover el tema del impuesto a las BBAA se llenó de evidencia científica no solo sanitaria sino jurídica y económica, la cual fue presentada en su momento a Oscar Ospina y Víctor Correa, parlamentarios que se echaron encima el proyecto en el 2016, y a la que se sumaron otras organizaciones de la sociedad civil de gran prestigio nacional como la Alianza por la Salud Alimentaria, DeJusticia, Red Papaz, Fian o el colectivo de Abogados.
Los argumentos en salud son claros, cada Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2005, 2010 y 2015) señalan el creciente consumo de estas bebidas líquidas o en polvo, así como de jugos de caja y en general productos ultraprocesados, claramente asociados al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que son hoy principal causa de morbimortalidad no solo en Colombia sino en el mundo y que la OMS ha declarado como epidémicas. Según Cuentas de Alto Costo del 2014, el gasto para el Ministerio de Salud por cuenta de atención a dichas enfermedades fue de $ 2.110.247.160.345, cifra que a la fecha bien podría estar cerca de duplicarse.
Las mismas encuestas señalan que 57 de cada 100 colombianos están en sobrepeso y obesidad, presentándose cifras igualmente crecientes en los menores de 14 años, es decir niños obesos malnutridos que, al llegar a la adultez, tienen un alto riesgo de padecer obesidad que es en sí misma una enfermedad, y/o problemas cardio y cerebrovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedades metabólicas, etc. Esto es un promedio porque hay regiones como San Andrés donde la obesidad supera con creces estas cifras. ¿Cuánto le va a costar esto al sistema? ¿Están los parlamentarios pensando en clave de salud o en clave de la industria?
Me detendré poco en las falacias reiteradas y desvirtuadas desde el 2016 de que se van a quebrar las tiendas de barrio, que los cañicultores tendrán que despedir a las más de 350.000 familias vinculadas a los ingenios en el Valle del Cauca y que los pobres pasarán aún más hambre porque no podrán comer comida chatarra. El asunto es que la discusión central que llevara a la OMS a recomendar un impuesto al consumo superior al 20% independientemente de la cantidad de azúcar, lo que está en el corazón de la salud pública, no ha pasado por los pasillos del parlamento ni del ministro Ocampo.
La discusión que pusiera en el centro de su programa de Gobierno el presidente Gustavo Petro sobre el derecho fundamental a la salud, a la nutrición, a la soberanía alimentarias, a la protección de la infancia, han brillado por su ausencia en este debate específico.
Las BBAA no representan la mayor ganancia por unidad para los tenderos, el gran porcentaje de producción de azúcar en los ingenios se destina a la exportación y agrocombustibles mientras que para la industria de comestibles era para el 2017 de un escaso 3% del total. Ahora que con respecto a que se va a perjudicar la gente más pobre del país por estos impuestos, la pregunta a los parlamentarios es ¿qué derecho es ese que protege a los pobres para que sigan comiendo ultraprocesados no recomendados por la OMS?
Esto me recuerda los foros organizados por el Parlamento en 2017-18 para “consultar” con la sociedad la reforma tributaria, en uno de los cuales el expresidente de Fenalco y ex ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, nos acusó de querer atentar contra el desayuno colombo francés de pan y gaseosa del que a su juicio viven los obreros y que debía ser protegido casi como derecho y patrimonio cultural. Petro ha pedido en su discurso de posesión alimentos de calidad para un pueblo empobrecido que en más de la mitad de la población ha visto disminuir en calidad y cantidad su alimentación.
El ministro Ocampo muy temprano declaró el compromiso de autorregulación de la industria de BBAA quienes al parecer se comprometieron a ir bajando el contenido de azúcar en un impuesto por gramos, probablemente desconociendo las muchas referencias de OMS o Lancet[1], la biblia de la salud, acerca de cómo la industria no se autorregula, solo se camufla. Dejo para quien sea de interés el link (https://rb.gy/hgzzxk) de la página de aditivos alimentarios donde se muestra que existen más de 400 nombres para añadir azúcar en supuesto reemplazo del “azúcar”, “empleando para ello palabras más complejas, o nombres comerciales que gozan de mejor opinión pública, o que incluso se les atribuye erróneamente propiedades saludables, haciendo que el consumidor normal no sepa distinguir la presencia de azúcar en el etiquetado”, que por lo demás no se toma el tiempo de leer, no lo entiende o queda oculto. La industria se “autoregulará” así, como siempre, bajando el azúcar de caña a menos de 3 gramos y reemplazándolo por azúcar disfrazada que es garantía de adicción al producto y con lo cual de nuevo evadirán impuestos. He aquí porque la industria debe estar feliz aplaudiendo que se cobre por gramaje y no como sabiamente lo recomienda la OMS, autoridad máxima en salud en el mundo.
Por definición un impuesto saludable tiene como centro disminuir el consumo de productos que afecten la salud humana y ambiental; la OMS basada en estudios multidisciplinares ha demostrado que para frenar la epidemia de las enfermedades no transmisibles que hoy azotan al mundo, el impuesto a su principal asociado, los azucares añadidos, debe ser superior al 20% sobre el precio de venta independientemente del tipo de azúcar que se use. Secundariamente, para recaudar impuestos que ojalá se reviertan en la nutrición de los niños, por ejemplo. Tal como va la cosa, no logrará ni lo uno ni lo otro. Entiendo que hay que negociar, pero ¿así?.
Los parlamentarios que se cobijaron en el manto del programa de Gobierno de Petro están muchos de ellos aprendiendo sin duda a la velocidad necesaria, pero no he visto audiencias públicas que llamen a la sociedad civil, que escuchen voces que estudiaron el tema a fondo como Ricardo Bonilla, el propio Alejandro Gaviria, o que en ultimas llamen a la OPS. La salud pública, el derecho a la salud siguen lejos de ser voces cantantes. Ojalá no pase lo mismo cuando haya que abordar la reforma a la salud. Ojalá tampoco pase con la propuesta de triplicar el impuesto al tabaco, incluidos los nuevos dispositivos electrónicos.
Quienes trabajamos en salud, esperamos que no pase lo que cita Petro en su libro al final de la página 186: “El movimiento prometió al país una bandera y un horizonte, pero la final no pudo cumplir”.
_________
[1] 7024_d_FuturoNinos-OMS-UNICEF-LANCET
Margarita Robledo
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
Deja un comentario