La discusión pública sobre los casos que cobran interés mediático, suscitan en la ciudadanía, preguntas como las siguientes: ¿Habrá justicia? ¿Las decisiones de los políticos serán imparciales? ¿Se sancionarán a los responsables o todo pasara de agache? El trasfondo social sobre las decisiones que adoptan las cabezas de las instituciones, (Presidente, Fiscal, Procuradora, entre otros) tiene un efecto relevante sobre la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad, aun en los gobiernos más débiles existe por parte de la ciudadanía un mínimo de expectativa sobre las decisiones de los tomadores de decisiones.
La última encuesta de percepción ciudadana publicada (Colombia Opina#8) realizada por la empresa INVAMER, en el mes de agosto de 2021, indica que la desaprobación del presidente de la República (Iván Duque) es del (67.6%), un (76.6%) cree que el país va por mal camino, un (93%) de la población asume que la corrupción está empeorando y se ubica como el principal problema que tiene el país, la Fiscalía General de la Nación tiene una imagen desfavorable del (63,2%) y el sistema judicial Colombiano se ubica con un índice de desfavorabilidad del (72,3%); Estas cifras por si solas presentan un panorama que podríamos resumir como (incapacidad institucional) para responder a las necesidades colectivas, siendo la operatividad y eficiencia de la administración de justicia una de esas necesidades.
De Gabriel Jaímes múltiples medios de comunicación (El Espectador, Infobae[3], Pares, El Tiempo, Caracol Radio, entre otros) presentaron el perfil del hombre que a la fecha simboliza el sentir colectivo de que los poderosos siempre tienen los medios para garantizar su impunidad, una garantía del régimen para asegurar la libertad de los responsables, garantía de que la Ex ministra no sea una versión reeditada 2.0 del Ex Ministro Andrés Felipe Arias de Agro ingreso Seguro, estas afirmaciones se pueden ver de forma sistemática en los comentarios de las redes sociales cuando se publican noticas del caso, incluso ya es de público conocimiento que Abudinen se presentara como víctima en ese proceso.
Todo lo antes mencionado busca brindar un contexto para hablar sobre la designación de Gabriel Jaimes como investigador y acusador del caso MinTic, el mismo personaje que se recuerda en el país por haber ejercido la defensa del Ex presidente Álvaro Uribe en su caso de fraude procesal y manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia, intervención ampliamente recordada, puesto los efectos de la misma contribuyeron en la libertad del Ex presidente, como olvidar al fiscal que en vivo y en directo ejerció la defensa de Álvaro Uribe con mayor pasión que los propios abogados defensores del imputado.
A la ciudadanía poco o nada le importan los pergaminos del fiscal Jaimes, lo que se recuerda con mayor énfasis en su cuestionable actuación en defensa de Álvaro Uribe, aun cuando todas las pruebas analizadas por la Corte Suprema de Justicia permitían definir la responsabilidad del mismo.
El país no olvida que el presidente Iván Duque, defendía públicamente desde Corea del Sur a su ministra como una mujer honorable, intento desesperado que rayaba con lo patético de defender lo indefendible y sostener lo insostenible, tan patético como el hecho de renunciar en medio de un partido de Futbol.
Las formas como entendemos e interpretamos nuestro día a día son tan diversas como espectadores puedan existir; un símbolo, una palabra, un hecho pueden definir la interpretación con la cual opinamos o hablamos sobre un tema; El caso de las pólizas falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados rápidamente fue apropiado por la ciudadanía como el caso de los 70 mil millones, en cuestión de un par de días, la Real Academia Española apropio del sentir popular aquella palabra que ya circulaba por las calles de Colombia “Abudinear” como sinónimo de “robar” o “estafar”, luego llego nuestro fiscal objeto de conversación, con la imagen de ser el escudero de la ex ministra.
Los 70 mil millones es nuestro caso de corrupción de moda, como muchos otros casos que antes lo estuvieron (Carteles de toda índole, Reficar, Odebrecht, Chirajara, Hidroituango, el PAE, los peajes, entre muchos otros) este por ahora es el caso que alimenta la indignación ciudadana, con amplios y justos motivos, la relación entre el saqueo a los recursos públicos donde se ven afectados los menores de edad siempre cobran mayor relevancia, es más despreciable robar a un niño que robar a un adulto, casos como la corrupción del programa de alimentación escolar-PAE o las afectaciones sistemáticas en las conectividad de los menores en tiempos de pandemia acrecientan los motivos del fastidio social ante los “corruptos” la expectativa mínima que busca la ciudadanía sea satisfecha por la instituciones es que haya justicia, por medio de la cárcel como instrumento de sanción (Prisión intramural de los investigados)
A la ciudadanía en su generalidad no le importaban expresiones como debido proceso, pruebas, procedimientos o investigaciones en curso, lo importante para muchos era la cabeza de la Ministra como responsable por su negligencia en la vigilancia de los recursos destinados al contrato, en nuestro país cada día resulta más insoportable la idea de impunidad, lo cual conduce a analizar todo lo que suceda como una búsqueda insaciable de culpables y enjuiciados; conforme pasan los días la expectativa de justicia (Entendida de formas simples y generales como recibir el merecido) no había conseguido lo esperado que recuperar el dinero y enjuiciar a los culpables, la captura de Emilio Tapia (Contratista y parte del carrusel de la contratación en Bogotá), Luis Fernando Duque (Representante legal) y Juan José Laverde (Rave Seguros) aun no satisface las expectativas colectivas, expectativas colectivas que desconocen que la corrupción no se resuelve solo con penas y barrotes.
La designación de nuestro fiscal Jaimes por sí solo no constituye un acto de corrupción, pero su nombramiento despierta un efecto masivo de desconfianza y falta de credibilidad en las actuaciones de la fiscalía, como hombre de confianza del Fiscal Barbosa, como preferido de Alejandro Ordóñez, como defensor del Ex senador y propietario del actual gobierno, sobre la imagen de Jaimes pesa es el símbolo de un Uribista de confianza investigando a los Urisbistas, un perro con bozal y correa que se saca cuando se requiere un trabajo sucio y de confianza, no se presume que llegara a los culpables, se presume que los culpables saldrán victoriosos por su llegada al proceso, sobre las decisiones del uribismo pesa el principio de desconfianza legitima, un símbolo de ello es ser un gobierno con una de las más altas desaprobaciones de la que se tiene registro, como es el caso también del Congreso y los Partidos Políticos.
En la estructura institucional que el ordenamiento jurídico brindo a la Fiscalía General de la Nación se permite que el Fiscal General designe al fiscal delegado que este considere en los casos relevantes, decisiones discrecionales del fiscal general que en diversos casos pueden resultar polémicas por el perfil, trayectoria o intereses en juego, este es uno de esos casos, de todos los fiscales ante la Corte Suprema por alguna casualidad del destino se optó por elegir al más mediático y polémico, conocido públicamente por tener amplias capacidades de transformarse de fiscal a defensor de los imputados.
No debemos caer en el error de creer que esto se resume solo en concebir la corrupción como un fenómeno que todo lo permea, la corrupción es una forma en la que se expresa el poder, pero el poder es más complejo de entender que solo limitarlo a un acto de buenos y malos, una de sus expresiones es la capacidad de imponerse sobre los principios y parámetros de cualquier sistema, imponer una voluntad y sobrepasar cualquier limite conocido, nuestro fiscal de conversación es eso, un efecto del poder sobre la justicia.
Esto se materializa solo en el caso de centros poblados, en general la ciudadanía en la mayoría de los delitos contra la administración pública o muchos otros delitos que podríamos mencionar, tiene la imagen que nada pasará, todo seguirá igual, la justicia es para los de ruana.
La forma como se reglamentan las instituciones no es la prioridad en la discusión de la indignación popular, pero este es un claro ejemplo de que la forma como reglamentamos las instituciones, repercute ampliamente en los beneficios, prerrogativas o acciones que se reservan los cargos de dirección en decisiones que inciden en el interés colectivo, si el Fiscal General es ternado y afín al presidente de turno, los fiscales delegados en la generalidad de los casos no adoptaran decisiones que afecten a sus jefes políticos, hablar de imparcialidad en los cargos que son designados por el mismo Presidente es un chiste barato carente de humor.
El ritual al que nos acostumbramos con los hechos donde se conoce sobre el saqueo de los recursos públicos es muy predecible, i) Noticia explosiva de último minuto ii) indignación colectiva iii) simulación estética y fingida de los tomadores de decisiones para cazar culpables iv) investigaciones parciales y cuando la indignación esta puesta en otro caso v) el olvido lento e imperceptible de lo sucedido, en este momento estamos en la tercera etapa (simulación estética y fingida de los tomadores de decisiones para cazar culpables)[4]
La designación de Gabriel Jaimes es una expresión de poder de un establecimiento al que poco o nada importa la indignación popular o el decoro de fingir o simular, no hay una necesidad de que se llegue al fondo por que el gobierno es el fondo en sí mismo de los múltiples casos de corrupción, la caída de Karen Abudinen como ministra era una cuota aceptable, era un peón sacrificable, pero desenterrar los actores y autores a los cuales llegaron los 70 mil millones ya es otra cosa diferente; sobre los 70 mil millones es común escuchar en las calles y redes que serán destinados a la financiación de campaña de los partidos tradicionales en la Costa Atlántica, por una clara correlación de conexión entre la ex ministra y la casa política a la que se subordinaba (El Clan Char y la facción del Partido Cambio Radical que controlan)
Expresiones de un poder decadente que ya no necesita aparentar o simular; el trasfondo psicosocial de estos casos es volver sobre la impunidad como fenómeno trasversal, impunidad que es mucho más desagradable de digerir cuando sus agentes ya no se toman la tarea de aparentar, las mentiras son más fáciles de digerir cuando están revestidas de una hipócrita empatía, la imagen que pone la ciudadanía sobre Gabriel Jaimes es la del fiscal “corrupto” que se prestara para sacar libres a los ladrones de los 70 mil millones, sin importar lo que haga, sea para buscar culpables o favorecer a sus amos, esa es la imagen que ya pesa sobre su designación, imagen que no se revertirá por más argumentos que puedan ofrecer.
Nuestro fiscal si logra un efecto concreto, contribuir a dinamitar con mayor énfasis la poca o casi nula credibilidad que existe sobre los órganos de control y fortalecer la tesis de la ciudadanía “Acá nunca pasa nada”.
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[1] (El Espectador, Gabriel Jaimes, fiscal de caso Uribe, estudiará denuncia contra Karen Abudinen, Jose David Escobar, 23 de septiembre de 2021) “El documento fue presentado el pasado 18 de agosto por Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena. El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía le informó que su denuncia fue recibida y qué fiscal iba a estar a cargo de la denuncia. En el documento que recibió el denunciante, la Fiscalía confirmó que será el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien determine si abre un proceso formal o no en contra de la antigua alta funcionaria del gobierno. Jaimes Durán, coordinador de los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa y supervisa los casos de más alto perfil del ente investigador, aunque en algunos es también el fiscal titular”.
[2] Contrato 1043 de 2020.
[3] INFOBAE (27 de septiembre de 2021) “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos sino de billones de Pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario”, cuenta el documento textualmente
[4] (El Espectador, Gabriel Jaimes, fiscal de caso Uribe, estudiará denuncia contra Karen Abudinen, Jose David Escobar, 23 de septiembre de 2021) “La Fiscalía tiene priorizado el Caso Mintic, tanto que el fiscal Francisco Barbosa le entregó este espinoso asunto a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La Procuraduría, por su parte, abrió una investigación formal contra Abudinen el pasado 6 de septiembre. El Ministerio Público entró a evaluar la posible responsabilidad disciplinaria de la exministra”.
Abdiel Mateus Herrera
Foto tomada de: Revista Semana
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