Llegar hasta la definición de instalar la Mesa de Diálogos de Paz fue un gran logro obtenido por ambas delegaciones, con acompañamiento internacional, el día 19 de septiembre en Playa Rica, Municipio de Suárez, departamento del Cauca.
No obstante, el camino recorrido ha estado entrabado por diversos factores de violencia que han puesto en duda la viabilidad de iniciar y de avanzar en dichas negociaciones. Entre los hechos recientes, ha tenido que ver la disolución, por parte de la organización armada, de su contraparte de voceros en el grupo de contingencia pactado para atender las dificultades previas al cese al fuego. Esto fue confirmado por su comandante Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido con el alias de “Iván Mordisco”.
En su mensaje, Vera Fernández [1] dijo que la decisión del grupo insurgente de cesar las operaciones ofensivas en contra de las tropas del Ejército, anunciada el 22 de septiembre, previo al cese al fuego, no había sido correspondida por el Ministro de Defensa ni por el presidente Petro. Al respecto, se refirió al asedio militar en espacios territoriales, como en Argelia-Cauca, sobre sus unidades fijas, en cumplimiento de la orden nacional impartida por su estado mayor “de parar la guerra”.
No obstante, el sábado 30 de septiembre la Delegación del Gobierno Nacional sostuvo que la instalación de la Mesa de Diálogo sigue en firme [2]. Esta declaración fue ratificada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien sostuvo que la ofensiva en contra de este grupo continuará, en cumplimiento de la orden presidencial de copar el territorio y asumir el pleno control del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca anotando que la Mesa no depende del cese al fuego.
Lo evidente es que, durante meses, el EMC ha intensificado su accionar en diferentes regiones; en especial, en Nariño y Cauca. Días después de la instalación de la Mesa de Diálogo, el grupo detonó un carro bomba en Timba-Cauca, contra la Estación de Policía dejando dos personas muertas, la docente y lideresa social, Stella Balanta y el señor Ardany Álvarez. También, atacaron con artefacto explosivo un carro de la Policía en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.
A raíz del pronunciamiento del comandante del EMC, de disolver su delegación en el Grupo de Contingencia, El Consejo Mayor del CRIC [3], emitió Alerta Temprana comunicando a las 139 autoridades en los diferentes territorios, la voz de alerta de sus comunidades y guardias en cabeza de sus autoridades, para promover el cuidado y autocuidado de comuneros y comuneras y evitar situaciones de riesgo.
Por su parte, la Asociación Municipal de colonos del Pato Balsillas – AMCOP, en comunicado a la Opinión Pública [4], pide a los grupos armados, como el @EMCFarcEp, respeto por su autonomía, dado que estos grupos vienen presionando a los asociados para carnetizarse, como forma de ejercer control sobre una zona de paz.
Es de recordar que cuatro miembros del Ejército murieron en Nariño, como consecuencia de una emboscada del EMC y que cerca de 1.400 indígenas del Resguardo Awá El Sande de los municipios de Samaniego y Santacruz, en Nariño, fueron desplazados a raíz de enfrentamientos entre el Frente Franco Benavides y el ELN, en sus disputas por el control territorial.
Con el EMC, el cese al fuego anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre pasado fue suspendido el pasado 22 de mayo, con motivo del asesinato, por parte del Frente Carolina Ramírez de dicha organización, de cuatro menores indígenas que se resistieron al reclutamiento forzado.
Es de resaltar, como muestra Indepaz [5] que, entre enero 1 y septiembre 27, el EMC ha cometido 247 acciones, de las cuales el Bloque Occidental es responsable de 107 confrontaciones armadas y de hostilidades, con afectación a la población.
Las subestructuras Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, ubicadas principalmente, en el Cauca suman 116 acciones. El Bloque Suroriental, con presencia en la Amazonía, suma 45 acciones, con responsabilidad de los frentes Carolina Ramírez, Rodrigo Cadete y Jorge Briceño. En Antioquia, el Frentes 36, Urías Rendón y el Franco Benavides de Nariño, cometieron 13 acciones, cada uno.
Las acciones han consistido en agresiones a la población civil, en 126 casos. Disputas entre actores armados, en 38 casos y enfrentamientos con las Fuerzas militares y hostigamientos, en 66 casos.
Aunque el pasado 22 de septiembre el EMC anunció la suspensión de acciones ofensivas, el pesidente Petro ha dado la orden de recuperar el Cañón del Micay. Como afirma el Líder Campesino, Investigador y Educador Guillermo Mosquera en entrevista de Marcelo Molano, en 2020 [6], “Allí se sintetizan todos los ingredientes para hacer una mezcla explosiva: Guerrillas, Ejército, Policía, paramilitares, disidencias, narcotraficantes, indígenas, comunidades afro, campesinos, terratenientes, agroindustriales, coca, marihuana, oro y por si fuera poco tiene salida al mar”. El Cañón comprende los municipios de Argelia, el Tambo, López del Micay y Timbiquí. El 90% de la economía ha dependido de los cultivos de coca. Hay 50 mil hectáreas en solicitud de concesión minera, para explotación de oro, platino y cobre. Hay 17 multinacionales canadienses, africanas, estadounidenses, alemanas y colombianas solicitando licencias de explotación. El río San Juan del Micay es rico en oro y la operación de dragado es productiva y codiciada porque el agua arrastra el oro de las montañas.
A la vez, las montañas están expuestas a solicitudes de explotación minera a cielo abierto. Además, se tiene desde las élites económicas y políticas un proyecto hidroeléctrico, que podría ser más grande que Hidroituango y existe el proyecto de Puerto en Timbiquí, para buques de gran calado, con capacidad para acercarse a la costa, sin mayores adecuaciones.
A los gobiernos anteriores les ha servido la presencia de grupos ilegales, para ir desarraigando al campesinado, mientras la producción y el tráfico de drogas se aprovecha para crear condiciones logísticas, en términos de caminos, vías, poblados e interconexión eléctrica. El acabar con la biodiversidad les abre el camino a las multinacionales que, en un futuro podrían presentarse como salvadores mediante inversión en macroproyectos.
En contraste, El Gobierno Petro ha diseñado y está poniendo en marcha su Política Nacional de Drogas (2023-2033) [7] encaminada a desplegar una estrategia integral de doble vía: oxígeno para los territorios, comunidades, personas y ecosistemas afectados por el mercado de drogas ilegales y asfixia mediante esfuerzos integrales con políticas de paz, seguridad, defensa, ambiental, desarrollo, agraria con directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas en su aplicación. Esto implicará concentrar esfuerzos militares, policiales y punitivos en nodos estratégicos del sistema criminal que se lucra de la economía ilícita. En tal sentido, como lo expresara el presidente Petro en la presentación de esta política, en el Tambo – Cauca, el 3 de octubre [8], las operaciones militares en el Cañón del Micay se mantendrán y se ejecutará el proyecto piloto para sustitución de cultivos de uso ilícito.
Esto implica recuperar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia-Cauca. La misión es terminar los conflictos armados en el Valle del Micay y producir un diálogo Gobierno – Sociedad.
En los operativos recientes, dentro de la denominada Operación Trueno, las Fuerzas militares entregan un balance, entre el mes de julio y la última semana de septiembre, de veinte integrantes del EMC (Estructuras Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos) muertos en combate, 17 personas capturadas, 17 que se han entregado en forma voluntaria; nueve campamentos desmantelados, veinte campos minados con 600 minas antipersonales neutralizadas.
El presidente Petro señaló en el Tambo, que “cesar los disparos no es para sacar más cocaína”. En tal sentido, llamó a que el encuentro del 8 de octubre con el EMC se base en “un encuentro libre de ideas, intenciones y proyectos”. Así mismo, invitó al movimiento insurgente a abandonar el reclutamiento por dinero y el reclutamiento forzado de menores de edad. Su invitación es al diálogo político y a que a través de este ayuden a montar cooperativas, a abandonar los fusiles y a construir en democracia.
El camino recorrido, los intereses en juego, la presencia de este grupo armado en diversas regiones del país conlleva la incertidumbre acerca de la posibilidad de lograr un acuerdo pertinente y viable, con una agenda pertinente y viable al servicio de las transformaciones territoriales.
A medida que se fortalecen las estructuras armadas, en procura de equipararse militar y logísticamente a las fuerzas armadas, cada vez más, tiende a perderse el referente ético inspirador inicial de la lucha insurgente, a la par que se oscurece el horizonte. El enfrentamiento con otras organizaciones armadas, por el control de rentas ilegales se ha convertido en un móvil de actuación que nubla la conciencia política, con afectación de comunidades en los territorios y degradación ética del comportamiento social y político.
En este contexto, el EMC tiene ante sí la disyuntiva de asumir el diálogo y la negociación dimensionando su papel político y el sentido de su existencia como grupo insurgente. Esto pasa por la suspensión de hostilidades en contra de las comunidades. Al tiempo, la sociedad, las comunidades campesinas, los grupos étnicos, los gremios económicos, los grupos ambientales, la academia y los centros de pensamiento deben ser parte activa e incidente en los diálogos.
También, el Gobierno tiene el reto de asumir el proyecto piloto de transformación integral de la región del Valle del Micay, en el sentido social, económico, cultural y político tendiente a fortalecer la participación de las comunidades y a avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito, con alternativas incluyentes de larga duración, acorde con el talento humano, cultural y social, así como el potencial y riqueza ambiental de la región. Esto habrá de reflejar lecciones aprendidas y experiencias de éxito y fracaso para su adaptación creativa en otros contextos territoriales.
Esto se verá en la posible agenda que se construya, de manera conjunta, para el diálogo, así como en los protocolos de cese bilateral al fuego y cese de hostilidades en contra de la población, como elemento relevante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Dada la complejidad de esta negociación, es probable que el camino de la generación de espacios de entendimiento tenga todas las dificultades, por lo que el ritmo y el camino a recorrer justifican andar con precaución y sentido estratégico, con visión prospectiva.
Fuentes.
[1] Redacción Colombia +20. Los desacuerdos entre Gobierno y disidencia de Mordisco ad portas del cese al fuego. Colombia +20. El Espectador. Septiembre 29 de 2023. [2] Alto Comisionado de Paz. Comunicado a la opinión pública #2 de los Delegados del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con Estado Mayor Central Farc-Ep. Delegación de Paz Gobierno Nacional. Septiembre 30 de 2022.https://x.com/ComisionadoPaz/status/1708103265856963005?s=20
[3] Consejo Mayor. Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. Comunicado: Declaraciones realizadas por el ESTADO MAYOR CENTRAL de las (FARC EP). Septiembre 29 de 2023. [4] Asociación Municipal de Colonos del Pato @amcopoficial. Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato – Valle de Balsillas. Puerto Reporte @PuertoReporte. Octubre 01 de 2023.https://x.com/PuertoReporte/status/1708473758388781246?s=20
[5] OBSERVATORIO DE DDHH, CONFLICTIVIDADES Y PAZ. CIFRAS ACCIONES DEL AUTODENOMINADO ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC). Indepaz. Septiembre 27 de 2023.https://indepaz.org.co/cifras-acciones-del-autodenominado-estado-mayor-central-emc/
[6] Molano Marcelo. Las guerras en el Cañón del Micay, Cauca. Entrevista con Guillermo Mosquera, líder campesino de Argelia. Agencia de Prensa Rural. Mayo 3 de 2020. https://prensarural.org/spip/spip.php?article25363 [7] Osuna Patiño Néstor Iván, Umaña Camilo Eduardo y Miranda Espitia Gloria María. Sembrando Vida Desterramos el Narcotráfico. Política Nacional de drogas (2023 – 2033). Presidencia de la República, Ministerios e Instituciones Gubernamentales del Orden Nacional. 2023. [8] Petro Gustavo. Presentación de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033 ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’. Presidencia de la República. El Tambo. Octubre 03 de 2023.Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa, Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: RCN Radio
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