Esta pandemia global produce drásticos efectos negativos en las condiciones de vida, economías y dinámicas sociales de todo orden en todos los países afectados, pero se ponen de presente los efectos mayores, diferenciados y desproporcionados, contra los sectores de la población en condiciones de pobreza, discriminación y marginalidad. Llama la atención que esta circunstancia se ha revelado de forma dramática en todos los países capitalistas, sean potencias, Estados económicamente fuertes y, por supuesto, con más impacto en los países sujetos a la dependencia y subordinación ante el capital financiero internacional y los centros de poder mundial.
Esta crisis ha dejado expuesto de forma palpable que el modelo neoliberal impuesto en ésta parte de la órbita mundial, además de extremar la desigualdad social y la precarización del trabajo, desmanteló la atención estatal de los derechos sociales, devastando con ello también los sistemas de salud de atención universal. Por eso estos días se recuerda el desmantelamiento de la salud pública y la privatización de su servicio propiciado en Colombia con la Ley 100 de 1993, de autoría del también entonces senador Álvaro Uribe Vélez.
Ante la emergencia sanitaria del covid-19 el presidente Iván Duque ha expedido una serie de decretos ley bajo la facultad que le otorga la declaratoria que hizo del estado de excepción por motivo de emergencia económica y social. Pero se requiere que obre el control político del Congreso y el control automático que le compete a la Corte Constitucional, frente al contenido de tales regulaciones. Si bien el gobierno ha tomado determinadas medidas necesarias y de consenso general, otras han causado controversia, oposición y rechazo por distintas razones. Por tanto, resultó importante que se superara la resistencia de algunos sectores para que el Congreso retomara su funcionamiento y pueda obrar ahora en consecuencia.
El gobierno adoptó el nuevo Programa “Ingreso Solidario” para la necesaria entrega de ayudas de atención a la población en condiciones de vulnerabilidad, de forma que recurre a los canales institucionales existentes de atención social como el SISBEN y los programas de subsidios Familias en Acción, Jóvenes en Acción y atenciones desde organismos gubernamentales como el ICBF, entre otros. Por supuesto que las ayudas se deben dar por estos canales gubernamentales con urgencia, pero a la vez no se debe ignorar que ellos han estado afectados por expresiones de corrupción, clientelismo y manejo político interesado, de forma frecuente, no solo por este gobierno sino por sucesivos gobiernos, lo cual exige reforzar las acciones de control interno, vigilancia de los entes de control y veeduría ciudadana.
El gobierno destino 13 billones de pesos a los bancos para crédito a empresarios y otras medidas relacionadas con la emergencia humanitaria, pero de forma que de ellos 8 y medio billones no irán a las medidas de apoyo a la población por la emergencia humanitaria. Por el contrario, tres billones van al Grupo Empresarial Antioqueño y más de dos billones al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para manejos financieros de créditos en la emergencia. Entre tanto, se mantiene una tasa de interés del 6% a favor de los bancos, los cuales ganarán ahora 600 mil millones por la transacción por depósitos de encaje. A la vez, el ente público Colpensiones asume compromiso financiero a favor de la AFC, con sus recursos, como medida de alivio al impacto financiero del capital privado que opera de forma tan onerosa en el ámbito de las pensiones.
Con el Programa “Ingreso Solidario” y las gestiones de los entes territoriales se procede al mecanismo de contratación directa, dada la emergencia, de forma que se da lugar a 37 mil contratos por más de 800 mil millones de pesos. Con respecto a estos procesos de contratación han surgidos denuncias sobre irregularidades en distintas regiones del país, que implican con estas ayudas oficiales para atender la población ante la pandemia, la vigencia de las detestables formas de corrupción agenciadas desde entes públicos y redes sociales clientelistas.
Los casos de irregularidades relacionados con la corrupción se relacionan con los siguientes tipos de hechos: Sobreprecios en alimentos con sobrecostos del doble y triple en los productos y en material y equipos sanitarios, con casos denunciados que implicarían, entre otros a las gobernaciones de Arauca y Casanare y a varios municipios de Cundinamarca. La falsedad en los registros, listados de familias a atender o de reportes, lo cual es fenómeno recurrente y con denuncias previas con relación a programas gubernamentales a distinto nivel en varias regiones. El no cumplimiento de requisitos legales sobre lo cual se hace alusión a la gobernación del Atlántico y sus municipios Soledad y Malambo, entre otros. En Córdoba se hace referencia al respecto de la entrega de contratación a familiares del mandatario. Sobre varios entes territoriales se señala la existencia de contratistas no idóneos como ferreterías o talleres de mecánicas con contratos para alimentos o atención sanitaria. Sobrecostos con casos muy extendidos en contratación para suministro de alimentos y otros, con denuncias que iniciaron con referencias a la Gobernación del Tolima y en Sucre en Sincelejo y otros municipios. Y la utilización política con fines electorales, con el riesgo de no atención universal sino a nichos clientelistas hay denuncias de varias regiones y ciudades importantes, así como el caso de la publicidad del alcalde de Barranquilla en las bolsas de entrega de alimentos.
Fernando Carrillo, procurador general, denunció la existencia alarmante de sobrecostos en el 10% de los 37 mil contratos, de forma que anunció la apertura de 21 investigaciones contra el tipo de irregularidades relacionadas con delitos que podrían comprobarse. Según su información destaca casos referidos a municipios de Atlántico, Cesar, Sucre, San Andrés y Providencia, Norte de Santander, Arauca, Cundinamarca, Tolima y Huila. Calificó con razón esta situación de ser una verdadera infamia, en medio de la grave crisis sanitaria, humanitaria y de apremiante necesidad de atención inmediata con alimentos a la mayoría de la población que en todas las regiones está en condiciones de pobreza sufre las consecuencias de la paralización laboral, productiva y el aislamiento social necesario de asumir de forma preventiva. “El hambre de los más vulnerables no se puede convertir en el banquete de los corruptos”, expresó con indignación ante los medios de prensa y comunicación.
La Procuraduría anunció que se podrían producir en consecuencia destituciones y sanciones contra mandatarios o funcionarios seccionales o locales implicados y advirtió que podría dar la orden de suspensión de contratos en los que se evidencien este tipo de irregularidades denunciadas. De hecho, la Procuraduría ya pidió la suspensión de un contrato de la Alcaldía de Armenia (Quindío), por suministro de alimentación de un restaurante privado.
La Contraloría General anunció que realizará control preventivo y concomitante de manera digital. Este órgano de control ya se pronunció con relación a actuaciones en el Valle. “Para la Contraloría habría un sobreprecio del 31.53 por ciento y, según cálculos comparativos, esa cantidad de mercados no debe costar más de 1.771 millones de pesos. El contrato se suscribió el 30 de marzo bajo la figura de urgencia manifiesta”[1]. También fue señalada por este ente de control la Armada Nacional Base Naval No.6 ARC Bogotá, por un contrato con Medivalle SF SAS, por 2.300 millones de pesos, para elementos de protección personal.
Han surgido denuncias sobre distintos municipios por veedores ciudadanos, personerías municipales y medios de comunicación. Así en casos como en La Palma (Cundinamarca), veedores ciudadanos denunciaron sobrecostos en contratación de distribución de mercados que podrían llegar al 2000 por ciento, a la vez han referenciado otros posibles casos de corrupción en otros municipios de este departamento como Chía, Tabio, La Palma y Guaduas, ante lo cual el gobernador de este departamento, Nicolás García solicitó a la Contraloría una “vigilancia preventiva”, no solo ante las denuncias sino ante el conjunto de la contratación de emergencia humanitaria. Así lo expresó en declaraciones a la prensa:
“Ante las denuncias de posibles sobrecostos e irregularidades en la compra de mercados para las familias más necesitadas, elevamos nuestro rechazo y hacemos la solicitud de que se revisen uno a uno los contratos. Estamos haciendo gran esfuerzo para llegar con soluciones y no podemos permitir que los recursos queden en malas manos”[2].
La alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López difundió un diciente mensaje en tuiter al respecto, reiterando su compromiso de lucha contra la corrupción, dado que fue una de las líderes destacadas del histórico referendo contra la corrupción votado por casi 11 millones de ciudadanos en 2018: “Mientras esté al frente de la Alcaldía de Bogotá NADIE se va a aprovechar del bolsillo de los bogotanos nunca. ¡Ni con pandemia ni sin pandemia! La transparencia y la solidaridad no se predican, se ejercen en el ejemplo que es con lo único que se puede construir confianza, equidad y liderazgo”.
El procurador general Fernando Carrillo, el contralor general Felipe Córdoba y el fiscal general Francisco Barbosa, conformaron una mesa técnica para cooperar en el seguimiento y actuación con relación a los casos denunciados. El Gobierno nacional mantiene su línea de actuación de expreso favorecimiento a los grandes empresarios en detrimento de los demás sectores de la población, lo cual ha regido sus políticas, iniciativas legislativas y si bien ha adoptado la imperiosa necesidad de medidas preventivas y de atención humanitaria a sectores de la población por la pandemia, su actuación ha sido tardía, con inconsecuencias y más allá de una expresión formal de rechazo a estas manifestaciones de corrupción, no adopta medidas de fondo al respecto. De hecho, Duque y sus aliados políticos han obrado en detrimento y dilación con relación a los proyectos de ley anticorrupción. La vicepresidente Martha Lucía Ramírez convocó a los órganos de control a conformar un equipo frente a las denuncias referidas, pero éstos con fundamento se negaron, poniendo de presente su actuación independiente.
En las últimas semanas ante las denuncias y advertencias de los organismos de control varias gobernaciones y municipios señalados de posibles delitos en sus contrataciones entraron de forma apresurada a renegociarlos con los contratistas privados beneficiados, recortando sobrecostos denunciados para evitar consecuencias en posibles investigaciones administrativas, fiscales y penales. Entre este tipo de casos se han conocido los de las alcaldías de Barranquilla que modificó términos en compra de alimentos y ante la denuncia por la grotesca publicidad política con la foto personal del alcalde Jaime Pumarejo –ligado a la familia Char- en las bolsas con mercados; Acacías (Meta), lo hizo con compra de alimentos; Chía (Cundinamarca), con compra de insumos sanitarios; Coveñas, Sucre, con compra de alimentos;
Entre tanto, de forma vergonzosa el casi eterno presidente de la Federación Nacional de Alcaldes, Gilberto Toro, a quien la Procuraduría le abrió recientemente una investigación por malos manejos de 27 mil millones de pesos[3], declaró en pronunciamiento público rechazo a las denuncias por corrupción contra alcaldes de distintas regiones, bajo el falso argumento de que ellas atentarían contra el debido proceso.
En fin, en Colombia nos corresponde luchar duro y con denuedo contra varias pandemias de forma paralela. Contra la de la emergencia sanitaria, contra la de la violencia política, contra la del modelo neoliberal y contra la de la corrupción desde sectores clientelistas y de poder claramente reconocidos. Luchas en muchos frentes a las que no podemos ser inferiores.
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[1] “Covid-19: ante indagaciones, algunos ajustan precios de mercados; otros los defienden”, El Tiempo, 20 de abril de 2020, página 1.2.
[2] “La petición del gobernador de Cundinamarca”, El Espectador, 17 de abril de 2020, página 7.
[3] “Poderoso de fedemunicipios, a responder por uso indebido de multas”. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/gilberto-toro-poderoso-de-fedemunicipios-a-responder-por-presunto-uso-indebido-de-multas-380614
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: Elheraldo.co
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