Se trata del Informe número 25, el cual se publica ininterrumpidamente desde 1997. En él se hace un barrido completo sobre la real situación del país entre enero y noviembre del 2022, en tan solo 15 páginas y no queda ningún derecho sin ser escrutado, de ahí su valor agregado, pues en poco espacio muestra una panorámica completa. Pero su importancia también radica en la fuente que lo realiza: Naciones Unidas, instancia difícilmente cuestionable por parte del gobierno nacional, a pesar de que en años anteriores lo ha hecho[2].
En esta oportunidad el Informe hace una lectura de algunos avances en derechos, pero en realidad son mínimos, y por el contrario, remarca en situaciones como la falta de avances en el Acuerdo de Paz, el incremento exponencial de violencia, la desigualdad y pobreza, la exclusión, las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, el incremento de las crisis humanitarias y esto, a pesar de la militarización de los territorios, la protesta social, entre otros. Igualmente hace recomendaciones al gobierno y al Estado colombiano.
Incremento exponencial de la violencia
Cuando el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las FARC-EP firmaron el Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera en 2016, buscaban cerrarle los diques a la violencia. Cinco años después pareciera que todo fue un sueño y la pesadilla que hoy vivimos nada tiene que ver con ese pacto. De acuerdo con las estadísticas que presenta el Informe de ONU la situación es realmente preocupante, pues el 2021 se equiparó en estadísticas de violencia a las del 2014, el más difícil antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Entre el año 2020 y 2021 los homicidios en todo el territorio nacional se incrementaron en un 9.5%, según la Policía Nacional. Según el Informe, hacen parte de este panorama el número de masacres, que ascendieron a 100, de las cuales 78 fueron verificadas con un saldo de 292 víctimas; similar situación se presentó con el desplazamiento forzado, donde 72.388 personas fueron afectadas, frente a 26.291 del año 2020, es decir, un aumento del 36% en el 2021; así mismo, 57.787personas fueron confinadas en el mismo periodo, cifras provenientes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
El homicidio de 54 firmantes de paz durante el 2021 se suma a este lamentable panorama, el cual asciende a 303 excombatientes de la ex FARC asesinados desde la firma del Acuerdo. Información aportada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, UNVMC. Esta violencia también se refleja en el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales.
Capítulo aparte merecen los ataques contra líderes y lideresas sociales en los territorios. Según el Informe, la OACNUDH conoció 202 casos de personas defensoras de DD.HH cuya muerte tuvo relación con su labor, mientras 102 no fue concluyentes en ese sentido[3], durante el 2021. Este número es muy elevado en un gobierno que supuestamente tenía como prioridad la protección de estas personas. Recordar que el presidente Iván Duque se comprometió a hacer la política pública para las garantías de estas personas, pues consideró que lo establecido en el Acuerdo de Paz no servía; sin embargo, tres años y medio después no hizo ni lo uno ni lo otro, sacó a última hora, ad portas de dejar la casa de Nariño, el Conpes 4063[4], el cual no es un instrumento idóneo para detener la violencia contra estas personas, tampoco es la política pública con el alcance para ello y su plan de acción está diseñados para el futuro (2022 a 2026), por tanto, tendría que ser implementado por el próximo gobierno y eso estaría por verse.
Destaca el Informe la preocupante situación de violencias basadas en género. Las cifras son realmente alarmantes, lo que indica que tampoco hay una política por parte del gobierno para detener esta dolorosa tendencia. Frente a la violencia intrafamiliar, la Fiscalía General de la Nación recibió 114.727 denuncias, de las cuales, el 77% fue contra mujeres; la misma institución recepcionó 43.394 denuncias de violencia sexual, cuya mayoría, 86% de víctimas, fueron mujeres, y 183 de feminicidios. Estas violencias basadas en género, también afectaron de manera importante a la población LGTBI, con 72 casos recibidos por la Defensoría del Pueblo. Cifras realmente críticas y normalmente con subregistro.
El Informe reitera sus preocupaciones por el incremento de la violencia procedente del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional para controlar las manifestaciones sociales y la protesta social, materia que ya había sido abordada ampliamente por la Alta Comisionada en diciembre de 2021 con su informe especial.
El anterior panorama, sin ser exhaustivo pues el Informe es mucho más amplio, se refleja en las 25.777 solicitudes de medidas de protección recibidas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, durante el 2021. Esta cifra es un indicador de la inseguridad que sienten personas de los movimientos sociales, políticos, periodísticos, entre muchos otros sectores. Pero también evidencia que la centralidad en la protección física y material como política para garantizar la vida de personas vulnerables y amenazadas, es un fracaso y en lugar de contribuir a solucionar el problema, lo viene prolongado a través de los años, de ahí la importancia de avanzar en una política pública de garantías para el ejercicio de la defensa de los DD.HH que va mucho más allá de la protección física. Hace énfasis en que los pueblos, comunidades y sectores más afectados por esta violencia directa, cultural y estructural, son los indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, especialmente ubicadas en la ruralidad.
El Informe afirma que, a pesar de la creciente presencia de la Fuerza Pública en varias regiones del país, la multiplicación, expansión y violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, no se detiene y por el contrario se incrementa; además, observa que en algunos lugares, los enfrentamientos entre la fuerza militar y grupos armados no estatales han provocado desplazamientos forzados[5].
Los territorios de la Costa Pacífica del País que atraviesan los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, son los más afectados por las crisis humanitarias producto del crecimiento exponencial de grupos al margen de la ley y sus dinámicas de violencia. Igualmente se encuentran afectadas zonas de Antioquia, Córdoba, Magdalena Medio, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. Y es precisamente por estas críticas situaciones que vienen creciendo las propuestas desde las comunidades a la realización de Acuerdos Humanitarios y Diálogos Humanitarios con grupos armados y el Estado colombiano, para intentar frenar la violencia en dichos territorios; sin embargo, el gobierno nacional hace oídos sordos a estos urgentes llamados, de ahí que la OACHUDH insta al Estado colombiano, en una de las recomendaciones, a escuchar el llamado de las poblaciones que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de sus vidas.
Desigualdad y exclusión
El Informe presta atención a la desigualdad y violencia estructural en el país, y cita a la CEPAL que diagnosticó a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. El Informe de OACNUDH muestra en detalle el desequilibrio económico, político y social que afecta principalmente a las mujeres, a los pueblos afrodescendientes e indígenas, y en general habitantes de zonas rurales. Es el caso de la pobreza multidimensional, la cual se ha multiplicado e impacta de manera dolorosa a las regiones del Pacífico y el Caribe. Se destaca el aumento del hambre en las familias colombianas, evidenciado en el número de comidas al día, pues antes de la pandemia el 90% de los hogares comía tres veces al día, mientras en el 2021 sólo el 71% pudo hacerlo.
Pero también muestra cómo, a raíz de la pandemia, los niños y niñas de estratos bajos, y especialmente de la ruralidad, se vieron gravemente afectados por la falta de acceso a la educación, sea porque no tienen acceso a internet, pues el 78.9% no cuentan con la red, o por carecer de la tecnología (computadores), vale decir, el 96.9%. En esta dolorosa vulneración del derecho a la educación para la infancia pobre y marginada es un imperativo recordar el escándalo de la ex ministra del Ministerio de las Tics, Karen Abudinen, por la pérdida de 70 mil millones de pesos con la firma Unión Temporal Centros Poblados, que se robó este dinero destinado a llevar internet a los niños y niñas de zonas apartadas del país.
Así mismo, el Informe reitera en cómo los pueblos indígenas: Awá, Bora, Embera Katío, Emberá (Eyábida, Dovida), Eperara-Siapidara, Hitnü, Jiw, Kogui, Koreguaje, Miraña, Murui- Muina/Uitoto, Wayúu y Wounaan carecen de todos los derechos, entre ellos a la salud, la educación, a la alimentación, al agua potable, a la movilidad, en fin, a los servicios básicos. Pero aunado a estas crisis, las humanitarias por razones de violencia directa hacen aún más compleja y perversa su pervivencia.
En conclusión, el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es un diagnóstico acertado de la realidad del país que nos permite también confrontar las palabras vacías del Presidente Iván Duque que en su documento Política Paz con Legalidad [6], afirma que los territorios más afectados por la violencia transitarán el camino hacia la estabilidad definitiva, o que gobernaría para todos los colombianos y desplegaría todas las capacidades y posibilidades para que desaparecieran las condiciones de marginalidad causales del atraso del campo y provocadoras de la violencia en toda Colombia. Paradójicamente, este recorrido por el país, lo que muestra es lo contrario: las regiones más apartadas y afectadas por el conflicto armado, la violencia histórica y el abandono estatal, continúan en condiciones de mayor vulnerabilidad, mayor violencia, sumergidas en una crisis estructural y humanitaria de grandes proporciones, y a los y las firmantes de la paz, siguen luchando por un proceso de incorporación a la vida legal sin el temor de que su vida quede truncada en el camino.
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[1] Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. Situación de derechos humanos en Colombia en 2021. Disponible en: hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/03-03-2022A_HRC_49_19_AdvanceUneditedVersion.pdf
[2] El Tiempo. Tensión entre el Gobierno y ONU por informe de DD.HH. 28 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-dice-que-esta-preocupado-por-informe-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-467116
[3] Aquí es importante resaltar, que si bien en lo inmediato no haya relación directa entre los móviles del homicidio y la labor de la persona, pues eso lo determinarán las investigaciones penales, en general sí se trataba de personas defensoras.
[4] Departamento Nacional de Planeación, DNP. Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social. Conpes 4063. Diciembre 6 de 2021. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes
[5] Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. Ibíd. Ítem No.33.
[6] Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Paz con Legalidad. Iván Duque Márquez, Presidente de la República 2018-2022. Disponible en: Politica_PAZ_CON_LEGALIDAD_Consejeria_Estabilizacion.pdf
Diana Sánchez Lara, Directora de la Asociación Minga
Foto tomada de: Artículo 66
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