El crimen de Javier Ordóñez a manos de policiales que lo sujetaron, inmovilizaron y electrocutaron con un taiser, es hoy el hecho que tiene a la institución armada en el ojo del huracán. En redes sociales los epítetos no se hicieron esperar, en rechazo a la manera violenta con la que reaccionaron los dos policías que ultrajaron a Ordóñez, hasta matarlo: sicarios, asesinos, matones, bandidos y bestias son algunos de los calificativos que en las redes sociales recibieron los dos uniformados.
En el comportamiento de los dos agentes o patrulleros confluyen varios asuntos o elementos que hacen parte de nuestra realidad socio-política. El primero de estos elementos está atado al excesivo reconocimiento que el gobierno y una parte importante de la sociedad le viene otorgando a las fuerzas armadas. Una sobrevaloración que, sin duda, minimiza la condición civil y por esa vía, se expone la vida de los ciudadanos que no portan uniformes. Al ser ese reconocimiento descomunal, el proceder violento y criminal de los policías termina siendo validado por el propio Gobierno de Iván Duque, que en lugar de condenar el actuar de los dos agentes comprometidos en el asesinato, elogia las actitudes asumidas por los comandantes de esa fuerza y la del propio ministro de la Defensa, por haber salido al paso a lo sucedido, para plantear lo de siempre: una exhaustiva investigación y un rechazo institucional a las acciones individuales de las “eternas manzanas podridas”. Duque calificó como una actitud gallarda los pronunciamientos del ministro de la Defensa y del comandante de la Policía de Bogotá.
En su cuenta de tuiter, el ungido de Uribe Vélez, señaló: “Los miembros de nuestra Fuerza Pública son patriotas abnegados y de respeto a los ciudadanos. Pero debemos tener cero tolerancia con quienes deshonran el uniforme y abusan. Con los últimos hechos, debe haber investigaciones rápidas y que se apliquen las normas como tiene que ser”.
Nótese, en primer lugar, que Duque Márquez evita reconocer a la víctima, es decir, a Javier Ordóñez. Al obviar su nombre, intenta minimizar el impacto social y político del crimen. Además, antes de hacer referencia al hecho, califica a los uniformados, incluyendo a los dos policiales comprometidos en el fatal desenlace del operativo, como <<patriotas abnegados”. El acto de habla de Iván Duque no solo deviene jerarquizado, primero los uniformados y después los ciudadanos, sino altamente minimizante, pues optó por no precisar a qué hechos se refiere y por negar la identidad y la condición de ser humano al abogado víctima de dos policiales orgánicos de la Policía de Bogotá. Jamás pasó por su mente ofrecer perdón o disculpas a la familia de Ordóñez. Estamos ante un Jefe de Estado que apoya el maltrato de los ciudadanos y al que poco le importa que el excesivo uso de la fuerza de sus subordinados, termine con la vida de personas como Javier Ordóñez.
El segundo elemento tiene que ver con el origen socio cultural y la formación de los policiales. No es un secreto que hacer parte de la Policía, en particular en los rangos inferiores, es la única opción que tienen cientos de miles de colombianos que no pueden acceder a la Universidad. Eso sí, hay que decir que también hay un número importante de ese grupo de ciudadanos que visualizan en el porte de ese uniforme, la oportunidad para sacar a flote sus propias frustraciones, el macho violento y opresor y en general, una débil o nula estructura ética y moral, que se refleja en actos como los que motivaron esta columna.
Y un tercer y último elemento que aparece es la soterrada complacencia que al interior de la Policía hay alrededor de este tipo de operativos. Es decir, puede haber dentro de la línea de mando una especie de “código legitimador” de este tipo de excesos. Y es posible que así sea, a juzgar por la inexistencia de un proceso de reorientación misional de la Policía Nacional. Y una primera acción-decisión a tomar debería de ser, sacar a esa institución del ministerio de la Defensa, para que sea de exclusivo manejo del ministerio del Interior. Así entonces, el crimen de Javier Ordóñez no solo es responsabilidad de los dos uniformados electrocutadores, sino del Estado en su conjunto, pero en particular, del actual gobierno de Iván Duque, quien como Uribe, sigue sobrevalorando a las instituciones armadas y por esa vía, minimizando los abusos en los que incurren los uniformados.
Y las consecuencias son claras: se desprestigia la Policía, pierde legitimidad y coadyuva al malestar social que genera la presencia en la calle de los Policías. Están pasando de ser <<abnegados patriotas>>, a matones con uniforme.
Adenda 1: al pasar el caso de Dilan Cruz, asesinado por un oficial de la Policía Nacional, a la Justicia Penal Militar (JPM), se podría estar garantizando impunidad. Si por el contrario, el oficial es condenado, esa decisión podría terminar generando malestar entre la Policía y los jueces militares. En cualquier sentido, el caso de Cruz debió asumirlo la justicia ordinaria y la propia Policía Nacional, institución que parece interesada en echar en el olvido el crimen del estudiante.
Adenda 2: violentos enfrentamientos se dieron anoche entre manifestantes y policías. Si hubo excesos, fue de parte y parte y la prensa está obligada a registrarlo así. Fueron asesinados con balas oficiales por lo menos 5 ciudadanos. Los daños materiales, frente a las vidas que se perdieron anoche y la misma de Javier Ordóñez, resultan insignificantes. Un CAI se reconstruye, una persona muerta, no regresa. Parece que es difícil para periodistas y defensores del Establecimiento entender que la vida humana no tiene precio. Y quedó claro, para el caso de Bogotá, que la Policía de la ciudad solo obedece al ministro de la Defensa o simplemente, actúa de manera autónoma. El control de ese cuerpo armado no lo tiene la alcaldesa Claudia López.
Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo
Foto tomada de: Noticias RCN
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