La Red Colectora I y los procesos de negociación social y ambiental entre las comunidades y las empresas interesadas en instalar 2500 MWs de potencia eólica fue motivo de buenas noticias por que se terminaron las consultas previas; sin embargo, es pertinente reflexionar porqué fue la demora, pues se atribuye a la dificultad de concertar con las comunidades sin entender la cultura Wayuu y sobre todo sin hacer suficiente autocrítica tanto de los procesos y procedimientos de licenciamiento ambiental como del conocimiento de la cultura Wayuu en lo que se refiere a autoridades ancestrales y autoridades tradicionales, que son diferentes. Las primeras, las ancestrales, encarnan la descendencia desde la familia materna, que prima en la ley indígena wayuu y define los derechos más profundos sobre el territorio, -como se puede ver incluso en las danzas, en las cuales son las mujeres las que “corretean” a los hombres, mientras la segunda categoría ha sido prácticamente una construcción jurídica desde el Estado colombiano que desconoce esa primera realidad y se ha prestado a muchas arbitrariedades e incluso corrupción. Esas diferencias son posiblemente la raíz, el origen de las dificultades que se han presentado en los procesos de concertación, además de los numerosos pasos y requisitos que se han elaborado para alcanzar la licencia ambiental, que benefician más a los intermediarios que a las mismas comunidades.[1]
El proyecto Jepirachi, construido en 2003-2005 en el territorio ancestral Kasiwolin como un proyecto de innovación aprobado por Colciencias, por lo cual asumo que no se tramitó licencia ambiental formal y se concedió más bien un Plan de Manejo Ambiental, presentó muchas dificultades desde el comienzo, por dos razones: porque se concertó con las autoridades tradicionales y no con las ancestrales, las cuales, después de muchos años, aparecieron reclamando sus derechos.
En segundo lugar, porque los equipos seleccionados, las turbinas NORDEX, diseñadas para el mar báltico no recibieron el mantenimiento adecuado pues nunca se firmó un contrato con los fabricantes en ese sentido y los ingenieros de EPM instalaron aires acondicionados dentro de las cabinas de maquinas cuando experimentaron recalentamientos asociados a su ubicación en la Guajira. El problema inicial en JEPIRACHI fue por recalentamiento de circuitos, alta temperatura, para lo cual instalaron aires acondicionados internos, en la góndola donde están los generadores, produciendo humedad interna.
Es posible que pudieran haber sido reacondicionados y continuar su vida útil si se hubiera hecho el mantenimiento adecuado. Adicionalmente, la operación no sobrepasó de 35% de factor de planta precisamente por todas las deficiencias de mantenimiento y manejo, cuando en dicha zona se podría esperar de alrededor de 70%. La experiencia de Jepirachi debería servir para muchos casos de energía eólica en la Guajira, e incluso podrían usarse las turbinas del proyecto Windpeshi, de marca Nordex de 2 mws, que están próximas a ser exportadas para Brasil. Sin embargo, es necesario garantizar que los pasivos ambientales de desmantelamiento del proyecto actual, con turbinas y aspas que ya no se pueden reparar por el manejo inadecuado, y con torres que necesitarían revisarse detalladamente, debe ser cubierto por EPM.
La restricción de altura por la cercanía al corredor aéreo del aeropuerto del puerto de carbón, Puerto Bolívar, es cierta y se puede manejar de dos maneras: o cambiando dicho corredor, o instalando turbinas con aspas que no sobrepasen la altura actual del proyecto JOUKTAI, que fue diseñado para la máxima altura permitida bajo las restricciones de dicho corredor. Las torres pueden ser de cemento, de fabricación local o nacional.
El tratamiento muy injusto que le dio el Gobierno al proyecto vecino a Jepirachi, llamado JOUKTAI , -que fue el único proyecto que desde su inicio incorporó a los indígenas wayuu a través de sus comunidades ancestrales-, debe servir de lección profunda: El Ministerio de Minas y Energía, a través de la UPME y CREG echó para atrás un esfuerzo colosal al no aceptar el incremento de 12 A 20 MW de JOuktai, considerando que esa potencia adicional podía generar riesgos para el sistema de transmision, siendo un incremento irrisorio, de solo el 0,004 % en el sistema, fácilmente controlable a través de LIMITACION DE POTENCIA o CURTAIL, método aceptado internacionalmente, como se sustentó hasta la saciedad en los estudios exigidos, que permitieron que inicialmente ELECTROCARIBE aprobara el proyecto. Al respecto, es posible que el temor a que otros proyectos existentes o ficticios reclamaran el mismo derecho, -con la gran diferencia de su tamaño totalmente distinto-, o que otros intereses sobre la línea existente desde la Mina al Puerto de El Cerrejón-, hayan logrado echar para abajo este proyecto innovador y alternativo. Es posible también que el hecho de que los Wayuu eran socios del proyecto, produjera mucho escozor en las compañías y entidades convencionales. Algunos funcionarios incluso se reían de esa característica del proyecto: ¿cómo se les ocurría asociar esos indios? Las lecciones de Jouktai deben aprovecharse para una segunda oportunidad de Jepirachi.
La posibilidad de revivir a Jepirachi en el marco de la transición energética justa entregando a las comunidades su propiedad mayoritaria sentaría el precedente de incorporación como habitantes proactivos del territorio que hoy presenta otras oportunidades diferentes a las convencionales. Las comunidades del norte extremo de Colombia, que han recibido dicha oferta según entendemos, podrían asociarse con otros actores para hacerlo realidad, entre ellos y de manera fundamental el propio Estado. Jepirachi sería un laboratorio “in vivo” de todos los aspectos tecnológicos, sociales, empresariales, económicos y sobre todo culturales, que deben considerarse en la Guajira de manera incuestionable, que permitiría identificar oportunamente dificultades, riesgos y oportunidades, para que en el futuro se apliquen a otros proyectos sean privados, públicos, comunitarios o híbridos. La experiencia de Jouktai, de sólo 12 MWs y en la cual se identificó desde el principio la ley ancestral como más importante y definitoria que las autoridades tradicionales, designadas por el Estado, y que contaba por ello con “licencia cultural y ambiental” garantizadas, fue desafortunadamente obstruida por la UPME y terminó vendiéndose a ISAGEN por un precio injusto.
La gran pregunta es cómo financiar esa segunda oportunidad del sitio actual de Jepirachi, dada la propuesta de la ministra Vélez, de Minas y Energía a las comunidades indígenas. Una emisión de BONOS VERDES orientados únicamente a la transición energética justa, podrían viabilizar proyectos de energías renovables dirigidos a las comunidades indígenas , campesinas y populares (juntas de acción comunal por ejemplo), para que sean las propietarias principales, asociadas a empresas pequeñas y/u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que podrían apoyarlas tanto en el diseño como en la gestión de los proyectos, que van desde comunidades energéticas en barrios, energía solar y energía eólica en el caribe, con pequeños proyectos de generación, hasta gasificadores de biomasa forestal o agrícola operados por asociaciones campesinas productoras. Los Bonos Verdes han sido usados ya en Colombia tanto por el sector público como privado para promover este tipo de proyectos, con buen éxito, pues la demanda siempre ha superado la oferta de dichos bonos. De hecho, Colombia ya adoptó el Marco de Referencia de Bonos Verdes, sociales y Sostenibles soberanos, que establece los principios para la selección, evaluación, gestión de recursos y compromisos de reporte a inversionistas de los proyectos incluidos en el PGN, que se asocien a potenciales emisiones de los mismos. La “taxonomía Verde” cuenta con 8 categorías verdes y fue publicada en julio de 2021. 47 gastos elegibles permiten una amplia gama de proyectos al respecto, aunque es necesario especificar de manera más expedita el campo de las energías renovables con participación de las comunidades, tarea pendiente y urgente. El FONDO ADAPTACIÓN (al cambio climático) podría ser un vehículo, transformándolo adecuadamente, para explorar estos caminos de alianza, asociación público-popular, con “licencia Cultural” concertada debidamente.
Debemos apostar a esos proyectos que son innovadores, alternativos, sustentables, más justos y resilientes para enfrentar el cambio y la variabilidad climáticas que estamos viviendo cada vez mas intensa y frecuentemente. La Guajira debe ser el territorio que demuestra nuestro compromiso y voluntad de vivir el siglo 21, el Antropoceno, con la sabiduría e inteligencia necesarias. Celebramos la estadía del gobierno central en el departamento más septentrional, más árido y más expuesto al cambio y variabilidad climáticas de Colombia. Celebramos también que surjan propuestas como la de cambiar y revivir a Jepirachi con otro espíritu, que esperamos sea similarmente entendido por los Wayuu, reconociendo su derecho a la decisión independiente, pero consultada con sus propias comunidades y orientada a solucionar sus principales problemas y retos actuales de calidad y dignidad de la vida. Como colombianos estamos listos a contribuir en ello con generosidad, profesionalismo, empatía y altruismo.
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[1] Como lo explica más ampliamente Rafael Enrique Fonseca en su artículo reciente “ los wayuu no son la causa de las dificultades en la guajira” , Confidencial julio 3/2023
Carlos Hildebrando Fonseca Zárate PhD., Asesor Fondo Adaptación
Foto tomada de: Reve
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