La tarea central es modificar la matriz energética y asumir seriamente los retos relacionados con el crecimiento verde. A pesar de que Colombia aceptó las disposiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), no ha tomado medidas que efectivamente lleven a la transformación energética. De manera inexplicable el gobierno insiste en que la explotación petrolera – incluyendo el fracking – será el punto de partida de la recuperación de la economía. Esta confianza en los hidrocarburos tiene tres inconvenientes. Por un lado, no permite avanzar en el cambio de la matriz energética. Segundo, desconoce que está cayendo la demanda internacional de energías contaminantes. Y, tercero, cierra los ojos frente a los hechos que evidencian un pésimo manejo de la última bonanza.
La dependencia de los hidrocarburos y de la minería ha sido nefasta. Estos sectores, además de contaminar, generan pocos empleos y, además, no han logrado encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, que permitan que las bonanzas mejoren la competitividad de la industria nacional, y la calidad de vida de los hogares.
El crecimiento verde tiene tres dimensiones que deberían ser consideradas como prioritarias por la política económica: la modernización tecnológica, el ordenamiento territorial y la equidad.
Modernización tecnológica
El cambio de las fuentes energéticas obliga a realizar transformaciones tecnológicas significativas. Las empresas colombianas no tienen incentivos positivos (mayores ganancias), ni negativos (como los impuestos al carbono), para modificar sus relaciones tecnológicas. Las ciudades colombianas no han seguido las recomendaciones que hizo Naciones Unidas en Hábitat III.
El cambio requiere una fuerte intervención del gobierno, que debe avanzar en regulación pero, al mismo tiempo, tiene que financiar las nuevas inversiones. Y en este segundo aspecto es fundamental el papel que debe cumplir el Banco de la República. Desde que el Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicó, a comienzos del 2020, el libro El Cisne Verde, ha insistido en que la función de los bancos centrales de los distintos países tiene que cambiar. El BPI – que coordina a los bancos centrales, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera internacional -, considera que los bancos centrales deberían utilizar su capacidad monetaria para impulsar la transformación de la matriz energética. Desde esta perspectiva, las tareas relacionadas con el control de la inflación pasan a un segundo plano. El cambio de óptica se explica porque la transformación tecnológica es costosa y, además, implica riesgos financieros que las empresas no pueden asumir.
En Colombia el Banco de la República todavía no le ha prestado atención a las recomendaciones del BPI y continúa encerrado en sus actividades tradicionales. Y se niega a realizar operaciones de fomento. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el Banco Central Europeo han sido más flexibles, pero todavía no optan por apoyar de manera prioritaria la inversión en proyectos verdes.
Ordenamiento Territorial
El ordenamiento territorial es una prioridad, no solamente por sus implicaciones ambientales, sino que es una condición necesaria para la modernización de la producción agropecuaria.
El gobierno sigue desconociendo las recomendaciones del informe de desarrollo humano, Colombia Rural, y los aportes de la Misión de Transformación del Campo. Además, no se han evaluado las conclusiones del Censo Nacional Agropecuario de 2014, que puso en evidencia la enorme concentración de la propiedad de la tierra.
Las implicaciones políticas del ordenamiento territorial son contundentes, y se reflejan en el asesinato de los líderes sociales. Y un asunto central de la dinámica territorial es la forma como se ha concebido la producción y comercialización de la cocaína. La lógica prohibicionista ha sido un fracaso y continuará siéndolo. La secuencia simplista que plantea al Ministro de Defensa es irresponsable. Una y otra vez insiste en que los ataques a los líderes sociales y las masacres se deben al “narcotráfico”. Y la solución es fumigar. Y por transitividad la conclusión es clara: el glifosato es el instrumento apropiado para acabar con la violencia.
Mientras otros países dan pasos significativos hacia diversas formas de legalización, Colombia insiste, de manera equivocada, en el prohibicionismo.
La equidad
Los cambios en la matriz energética únicamente son posibles si disminuye la concentración del ingreso y de la riqueza. Para la Ocde este es un principio claro, y nunca lo pone en duda. Y en Colombia es necesaria una reforma tributaria que sea progresiva, y que obligue a pagar impuestos a las personas más ricas. A pesar de que se ha llegado a un cierto consenso sobre este propósito, las últimas reformas tributarias han ido en sentido inverso, y por esta razón, la desigualdad aumenta.
Comenzar en el 2021
Estas tres dimensiones obligan a realizar cambios estructurales que toman tiempo. Es importante, entonces, comenzar ya! Desgraciadamente este imaginario no tiene nada que ver con el del gobierno y, más concretamente, con el del Ministerio de Hacienda. Hay pocas esperanzas que la política económica cambie. Y la razón es simple, para Hacienda la economía venía muy bien, y como la pandemia apenas es un mal transitorio, desde el 2021 se retomará el camino anterior. Y todavía hoy, el gobierno sueña con que el año entrante el crecimiento será de 6,6%.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Dinero
Deja un comentario