La Fecode convocó un paro nacional a partir del 12 de junio, para exigir el respeto a los acuerdos o el hundimiento del proyecto que enmendó el contenido del texto aprobado en la Cámara de Representantes. La respuesta del magisterio fue unánime y las movilizaciones fueron masivas en todas las ciudades capitales de los departamentos del país, principalmente en Bogotá en donde se realizó una toma de la capital a la que concurrieron delegaciones de todos los departamentos y distritos de Colombia, delegaciones que, junto a miles de maestros y maestras de Bogotá y Cundinamarca, se concentraron en la Plaza de Bolívar, del 15 al 19 de junio, en manifiesta demostración de combatividad, acompañada de consignas de defensa de la educación pública, rechazo a la enmienda inconsulta, de exigencia del “hundimiento” del proyecto de ley alterado, acompañadas de alegres y coloridas demostraciones culturales y folklóricas de sus saberes pedagógicos.
La defensa del derecho fundamental a la educación y de los derechos del gremio docente, superó, así hubiese sido por este interregno de lucha, las barreras y la división impuesta por los gobiernos neoliberales desde 2003, entre docentes del 2277 y del 1278, para desarrollar la lucha unificada en la que participaron tanto los y las docentes afiliados a Fecode y sus sindicatos, como los que no son afiliados o pertenecen a los 50 pequeños sindicatos que en el país agrupan una parte de los y las docentes del Decreto 1278. La causa común de defensa de la educación y la profesión docente, ha permitido vivir una experiencia de unidad y lucha conjunta, más allá de las divergencias y las fracturas impuestas al gremio docente.
Y, no es para menos; pues las amenazas a la educación pública y a la profesión docente, contenidas en el proyecto de reforma estatutaria golpean el derecho a la educación pública que es la que imparten maestros y maestras, profesionales de la educación; en consecuencia las objeciones también son comunes; por tal motivo todos y todas, sin distingo del estatuto docente que los rige, salieron a respaldar el comunicado de FECODE, en el que explican las razones que motivaron el rechazo rotundo al proyecto alterado con la llamada enmienda acordada por senadores y senadoras, opositores y defensores del gobierno, ponentes de la comisión primera de la cámara alta. Estas son las principales razones:
- Pone en riesgo la financiación de la educación pública, con presupuesto público y favorece el negocio de la educación privada financiada con dineros públicos, mediante los llamados “bonos escolares” para la educación formal en colegios privados; prácticas de privatización y mercantilización de la educación pública ya fracasadas en gobiernos anteriores, como ser pilo paga, con que los mercaderes de la educación esquilmaron el erario en miles de millones de pesos. Favorecen el enfoque de educación por competencia y estándares, evaluables según los parámetros de los organismos internacionales, OCDE, FMI, etc. y “elimina el carácter y la función social que cumple la educación pública.
- Cambia el carácter del derecho fundamental de la educación como servicio público, por el de la educación como servicio público esencial, con el único fin prohibir al magisterio el ejercicio derecho a la negociación y la realización de paros y movilizaciones pacíficas para exigir reivindicaciones y defender sus derechos, amparadas en pactos internacionales (OIT) y en el ordenamiento constitucional colombiano.
- Pretende crear una “Superintendencia de la educación” para ejercer inspección y vigilancia, como si la educación fuera una práctica similar a la industria y el comercio, o a la actividad bancaria o las prácticas delincuenciales de las EPS “vigiladas” por la superintendencia de salud que saquearon sin ningún control los recursos públicos de la salud. La dirección y el control de la prestación de la educación debe continuar en manos del MEN.
- Además de mantener la evaluación de los y las docentes con criterio punitivo, sancionatorio; así se llame “diagnóstica formativa”, agrega como criterio de evaluación de los/as docentes los resultados de las pruebas estandarizadas y de evaluación por competencias y saberes normalizados en otras áreas, impuestas por los organismos internacionales, “pruebas saber, de grados 5º, 9º y 11º”), que no evalúan otros factores, como el saber, la autonomía y la aprehensión del conocimiento, las aptitudes, y los valores inherentes a la convivencia democrática, cuyos resultados no dependen del ejercicio pedagógico únicamente, sino de otros factores que determinan el rendimiento escolar, como la vivienda, la salud, la alimentación, el agua potable, la conectividad, la dotación de materiales y texto escolares y demás componentes inherentes al desarrollo humano, etc.; además, tampoco “consulta con las desigualdades del país y otras variables que inciden en el aprendizaje de los niños” (Carolina Corcho)
- Niega el deber constitucional de garantizar la educación como derecho fundamental, con tres grados de educación prescolar, la educación básica, media y la educación superior, gratuita y de calidad en las instituciones públicas, contenidas en el programa de gobierno del presidente Petro.
- Introduce el extraño concepto de educación terciaria equiparable a la educación superior. Al respecto, el nuevo rector de la Universidad Nacional manifestó su preocupación por la inclusión del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC “como eje estructural del sistema educativo, y por las posibles consecuencias que esto podría acarrear para la educación superior y el rol del docente” (INFOBAE) y critica el artículo 18 que incluye el derecho fundamental a la educación terciaria, que junto con el NMC “conduciría a la pérdida de singularidad de la universidad pública , sometiéndola a la “armonización” formativa con la educación no formal y la educción para el trabajo y el desarrollo humano” (Infobae)
Finalmente, la enmienda que alteraba el contenido democrático del proyecto de Ley Estatutaria no fue incluido en la agenda del senado que era la última de esta legislatura que termina, fue una gran victoria del magisterio colombiano que contó con el poyo del movimiento estudiantil. Fecode manifestó, al celebrar la victoria, que se mantenían en estado de alerta y en disposición de retomar e camino de la negociación y los acuerdos.
Hubo que ceder en varias pretensiones para sacar adelante el proyecto en, sustancial se refiere a la Sostenibilidad. El acuerdo reza que “El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la educación, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Con ese acuerdo Fecode avaló el sometimiento a la regla fiscal impuesta por los organismos multilaterales al aceptar el fortalecimiento del Sistema General de Participación. Y, dejaron de lado la exigencia del retorno al situado fiscal, contenido en la constitución original de 1991 (artículo 356). Con esta decisión la educación y la salud del pueblo colombiano siempre vivirán en agudo estado deficitario.
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP
Foto tomada de: Red + Noticias
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