Releyendo el libro de Juan Manuel Tafurt “¿Los colombianos somos deshonestos?”, encuentra uno que no hay un gen de la corrupción dentro de nosotros, tampoco que la indagatoria en las Corte a los cuatro senadores costeños indique que “la Ley 80 no pegó en el Caribe”, sino que hay esquemas de corrupción, en especial en lo que se denomina el cartel de la contratación que tiene esos propósitos, como se ha visto con la vinculación de Emilio Tapia, Guido Nule y otros personajes involucrados hace 10 años en el escándalo del carrusel de la contratación en la alcaldía de Samuel Moreno, y por lo cual fueron condenados. Germán Olano, exparlamentario condenado, nuevamente vuelve y suena con tres investigaciones también por contrataciones corruptas. Parece que hay un cartel de la contratación.
¿Qué motiva a estos sujetos a reincidir en estas prácticas? Primero el costo riesgo-beneficio, segundo la falta de organismos de control serios e imparciales y tercero el apoyo de la clase política, como el clan Char en el caso de Karen Abudinen, cuya actitud llevó a erigir una palabra (abudinear) al Diccionario de la Real Academia de la Lengua como robar o malversar. No señalo a la colonia sirio-libanesa de corrupta, pero hay casos muy lamentables que la sociedad conoce. Por ello quizá el nivel de desconfianza de la población colombiana en instituciones como el Gobierno o el Poder Judicial, pues según el Latinobarómetro, sólo entre el 20 y el 25% las personas tienen mucho o algo de confianza en esos entes. Y caímos en el índice Global de Paz al puesto 144 dentro de la medición de 183 países. Se entiende que se mide la paz positiva de Galtung.
Respecto al riesgo costo-beneficio, Tapia se la juega y dice: “pago tantos años de cárcel, salgo con un tercio de pena cumplida, generalmente me dan domiciliaria, y salgo multimillonario”. Respecto a los organismos, la noticia según la cual la exministra va a presentarse como víctima al proceso no deja de ser sorprendente. Ya la habíamos visto en los debates de moción de censura negando su responsabilidad política y diciendo que precisamente no renunciaba para seguir investigando la trama, donde ella misma era la cabeza de la cartera cuestionada. Debates que debían terminar en la aprobación de la moción de censura a la Ministra, pero que sorprendentemente –aún después de su renuncia- no fue aprobada, por la negativa de las bancadas de Gobierno, lo cual políticamente es nadar contra la corriente de opinión y ello les pasará factura en las próximas elecciones. También sorprenden la designación del Fiscal Gabriel Jaimes como Fiscal delegado para investigar la conducta de la ministra, el mismo que de un plumazo tumbó una decisión de 1.500 páginas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe, investigado por manipulación de testigos. Es vox populi la relación de la ministra Abudinen con el Clan Char de la Costa Atlántica, por lo cual es fácilmente previsible concluir en que estaban realizando procedimientos heterodoxos y nos hace recordar las palabras de la exsenadora prófuga Aida Merlano, “yo creí que lo más normal era comprar los votos”, refiriéndose a una práctica que utiliza los dineros de la contratación para ese objetivo ilícito. Los organismos de control están en manos del Gobierno y por ello no se observa credibilidad en quien va a conducir el proceso desde la Fiscalía.
La independencia judicial -debe recordarse- es un elemento sustancial del Estado de Derecho, dentro de la tridivisión clásica de los poderes públicos. Los Principios de Bangalore (y antes los Principios de Siracusa) desarrollan esa independencia, imparcialidad, integridad, corrección, integridad, equidad, competencia y diligencia, rechazando la arbitrariedad de la discrecionalidad. Ello genera la confianza pública en la judicatura y los organismos de control, en últimas en el Estado de Derecho. Lo contrario, lo resquebraja, como ocurre en este caso. Se prohíben las inapropiadas influencias externas por generar un agravio a la comunidad y al principio de legalidad.
Parece que algunos funcionarios utilizan las denominadas estrategias de “justicia a la carta” o “justicia sastre a la medida del imputado”, pues cuando observan que instancias tan serias como la Corte Suprema de Justicia avanzan en sus indagaciones, prefieren renunciar al fuero e irse a la Fiscalía, donde la opinión considera que no hay independencia y recibirán un trato más benigno, como quedó demostrado con la intervención del Fiscal Delegado, para el caso Uribe. Es pública la amistad del Fiscal Barbosa con el presidente Duque, así como también de la procuradora con el mismo, que era su jefe cuando fue Ministra de Justicia. Otro estamento seriamente cuestionado es la justicia penal militar. Por ello, es claro que la ciudadanía concluya con suspicacia que la impunidad será la reinante cuando no se aplican los Principios de Bangalore.
¿Dónde quedan los impedimentos o la aceptación de las recusaciones, tan caras al magisterio de la justicia? Parece que son letra muerta.
El mensaje del Gobierno es equívoco: nombra a la señora exministra alcaldesa encargada de Sincelejo. ¿Qué puede pensar la gente? Por eso y por la represión violenta del paro nacional –como lo dijo la sentencia del Tribunal Internacional de Opinión TRINO- Duque tiene tasas de aprobación por debajo del 25% y se convierte en el peor Gobierno de la historia después del de Andrés Pastrana. Y ahora pretenden de contera suprimir la Ley de Garantías para aceitar la maquinaria con la contratación con miras a los próximos comicios. También está caminando la reestructuración de varias entidades para vincular personal con sueldos altos. Además, la ineficiencia del Gobierno lleva a que sólo se haya ejecutado a esta altura el 39% del presupuesto de inversión. Por algo será…. Pero sí incorporan en el proyecto de presupuesto $119 billones para el pago de la deuda externa y sólo $49,3 billones para educación, mientras se atiza la guerra con un millonario ítem para defensa.
Hay que recordar que fue la periodista Paola Herrera la que primero tiró de la manta y luego se descubrió la garantía del Banco Itaú falsificada. Guido Nule y su primo diseñan la oferta, asesorado por Mauricio Galofre y otras personas non sanctas. Ya se descubrió que en otras contrataciones se usaron garantías falsas, como ocurrió en Emcali. Benedetti acusó de ladrona a Abudinen y ella dice que él la llamó para ceder el contrato. Difícil la prueba diabólica. Las veedurías actúan. Más de $49 mil millones de los $70 mil girados como anticipo no aparecen. Dicen que Cáceres y Tapia se quedaron con buena parte de esa plata. Jorge Pino Ricci perdió credibilidad. Se denuncia la compra de apartamentos en Miami y carros de alta gama para Cáceres y Tapia.
Se trae a colación a Inocencio Meléndez, el abogado que estuvo condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y escribió hasta un libro sobre la materia a cuyo lanzamiento invitó a varios magistrados de la época. Seguramente ya operaba el cartel de la toga. Y dictaba conferencias, como el exfiscal anticorrupción. Emilio Tapia es familiar del subcontralor de Sucre. Los ratones cuidando el queso. Guido Nule y Alejandro Char son cuñados y Char ha sido el jefe político de Abudinen. Ya habían estado algunos involucrados con el condenado Álvaro Cruz y también con contratos cuestionados en Magdalena y Bolívar. Muchas veedurías lo advirtieron a tiempo, así como otros licitantes y no hicieron caso. Hay un problema serio de diseños institucionales y de controles efectivos. ¿Cómo pasaron las garantías por debajo de la mesa a ciencia y paciencia de los funcionarios del Mintics encargados de su revisión? Ya se había denunciado fraude en la renovación de Puerto Mallarino, con cupos de crédito falsos en un contrato de $2.400 millones. Y la agencia de seguros debe responder.
El caso es tan escabroso, pero no tanto como el del cianuro que sigue en la impunidad, con varios muertos a cuestas (Pizano, el hijo, Merchán…). Juan Carlos Cáceres, contratista de Novotic, busca un principio de oportunidad en la Fiscalía y confiesa que fue asaltado en su apartamento y le robaron más de $200 millones que allí tenía. Sorprendente que tenga ese dinero para el diario. Por otro lado, los bancos ganaron en pandemia $27.88 billones.
Camilo Enciso dijo que tuvo que haber “gente de adentro metida en el robo” y detectaron 240 ingresos de congresistas al edificio de las TICS en un lapso de año y medio durante el período de la licitación, específicamente parlamentarios de las bancadas del Gobierno como Ciro Ramírez, Julián Bedoya, Jonathan Tamayo, Erwin Arias y Richard Aguilar, entre otros. Juan Alfonso Molina estuvo involucrado en la consecución de las garantías. Por lo pronto, la Fiscal 79 les imputó delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal agravado. Aún no se imputa el tráfico de influencias y será necesario que amplifiquen la imputación frente a presuntos delitos como el peculado por apropiación a favor de terceros, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La Veeduría de la Rama Judicial de Colombia acusó a ministra Abudinen de presunto prevaricato por omisión y será Gabriel James quien la investigue.
En conclusión, debe rediseñarse el sistema constitucional de frenos y contrapesos y en especial la provisión de los altos cargos como la Fiscalía General de la nación, la cual debería asignarse por concurso de méritos, como la Procuraduría, la Contraloría y el Defensor del Pueblo. Eso permitiría acabar con la justicia “a la carta” que algunos parlamentarios están optando, con la consiguiente burla a la justicia. Sólo así se podría legitimar una democracia en Colombia en un Estado de Derecho auténtico que respete la justicia como pilar fundamental de convivencia.
Luis Bernardo Díaz, Coordinador Grupo Primo Levi en Justicia Social y Tribunal Internacional de Opinión TRINO
Foto tomada de: Semana
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