De ahí que pillos como Pablo Escobar Gaviria resultaran acogidos en el seno de sectores políticos como el partido liberal, o criminales como Diego Fernando Murillo Bejarano sea llamado “Don” Berna; y por la misma razón, es decir esa proclividad a escalar posiciones de poder político o económico sin importar los atajos que hubiere necesidad de transitar, fenómenos como el del narcotráfico o la alianza entre paramilitares y políticos, conocida como parapolítica, surgieron y florecieron en el seno de la sociedad colombiana, como algo aceptable. El narcotráfico como negocio extremadamente rentable y camino para enriquecerse rápidamente, y la parapolítica como estrategia para mantenerse en el poder y liquidar físicamente a los adversarios.
Y en uno y otro caso, narcotraficantes, paramilitares, políticos corruptos, reciben el beneplácito y aprobación de sus familias, de sus vecinos, de los clubes sociales y deportivos a los que pertenecen, de las corporaciones públicas en las que resultan elegidos, de las iglesias a las cuales piadosamente asisten, de los colegios y universidades en las que matriculan a sus hijos, en fin, del entorno social en el cual se desenvuelven haciendo ostentación de su riqueza y de su poder.
En ese contexto social, los jueces, en el más amplio sentido de su significado y de su significación política y social, sucumbieron -algunos de ellos- ante el imperio corruptor de la riqueza fácil y el poder pasajero de la lisonja.
Por ello, debería resultar demoledor, para una sociedad, asistir al derrumbe de una institución como la justicia, encargada de velar por el equilibrio social, el cumplimiento de las leyes y la guarda de los principios morales que la definen como sociedad.
Pero no ha sido así. En 2015, al trascender que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chadjul estaría involucrado en un caso de soborno dirigido a favorecer a la empresa “Fidupetrol” en una tutela y por el cual se habrían pagado 500 millones de pesos, el hecho se registró en los medios de comunicación, el abogado barranquillero Víctor Pacheco Restrepo negoció con la Fiscalía y fue condenado en marzo de 2016 a 28 meses y 24 días de prisión, pero de ahí no pasó. En el asunto también resultaron comprometidos los directivos de la Fiduciaria y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil quien habría intermediado en el ilícito.
De acuerdo con la sentencia condenatoria en contra de Pacheco Restrepo, quien “colaboró” con la justicia y se comprometió a servir como testigo, su conducta “puso en vilo la administración de justicia, la credibilidad de la ciudadanía y de los operadores judiciales”.
Ahora y sin que hasta el momento se conozca el resultado final de la investigación contra Pretelt Chadjul, se destapa el episodio que envuelve a magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio; y el caso del confeso fiscal anticorrupción corrupto Luis Gustavo Moreno Rivera que compromete gravemente a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos Martínez, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Camilo Tarquino Gallego. Y los compromete no de cualquier manera, sino en turbios y grotescos negocios de venta de fallos judiciales, en los que como en cualquier empresa respetable cada miembro tenía su propio rol; la clientela era variada así como los servicios ofrecidos, acordes con las necesidades de los “compradores”. Al fin y al cabo en el sistema capitalista todo es susceptible de comprar y de vender: se compran y se venden magistrados, se compran y se venden decisiones y sentencias judiciales.
Ni siquiera esa situación, que implica que la corrupción ha llegado al más alto nivel de la justicia en Colombia, ha logrado conmover, mucho menos indignar al cuerpo social colombiano, en una clara muestra de que la corrupción se convirtió en un elemento de su cotidianidad y su idiosincrasia. So pretexto de que el colombiano es “avispado”, “vivo”, “ingenioso”, “emprendedor”, entonces todo vale para conseguir éxito, riqueza y poder, y si es rápido y saltando a los demás, mucho mejor.
Ese salto cualitativo y vergonzoso en la corrupción, podría explicarse como el quebrantamiento de las últimas talanqueras éticas por parte de los avivatos en su afán de graduarse como verdaderos corruptos que ante nada se detienen. Pero también tiene que ver la impunidad frente a esa clase de delitos.
El Estado colombiano está constituido por un engranaje que se mueve y se lubrica con prácticas corruptas. Las leyes se aprueban porque el Ejecutivo “persuade” a los congresistas de múltiples maneras; a los cargos públicos no se llega por méritos sino por padrinazgos. Así, cada situación, cada ley aprobada, cada nombramiento, va generando favores que deben ser compensados con nuevos nombramientos.
Así por ejemplo, en el caso de la elección del Procurador General de la Nación, su escogencia se hace a partir de la terna de candidatos que presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y el Senado lo escoge mediante votación. Así, el Procurador escogido queda con una “deuda de gratitud” hacia el Presidente, hacia los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hacia los Consejeros de Estado y hacia los Senadores que lo eligieron. En consecuencia viene el pago de favores y es la razón por la cual aparecen familiares de magistrados, consejeros y senadores ocupando altos cargos en la Procuraduría General de la Nación.
No de otra manera se podría explicar que en noviembre de 2016, el presidente Santos hubiese ternado a Martha Cristina Pineda Céspedes, esposa del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, para integrar el nuevo órgano que reemplazaría la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
No de otra manera se podría explicar que Martha Cristina Pineda Céspedes fuera designada Procuradora 26 Judicial II Penal de Bogotá luego de que José Leonidas Bustos Martínez se posesionara como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, Martha Cristina Pineda Céspedes, funge como contratista de la alcaldía de Peñalosa en la Secretaria Distrital de Ambiente (Contrato 20170313 con fecha de inicio 28032017 y vencimiento 23102017 por valor de $72.520.000 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales para orientar a la SDA en las actuaciones penales derivadas de las acciones de control y seguimiento, en el marco del direccionamiento estratégico”). Y pensar que cuando Bustos Martínez ocupaba la presidencia de la Corte, Pineda Céspedes se autonombraba la “Primera Dama de la Corte Suprema de Justicia”.
En todo este entramado, el que está pasando de agache es el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien le debe su elección, en parte, al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. Dada la comprobada cercanía entre Bustos Martínez y el exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno Rivera se podría colegir que Martínez Neira, una vez elegido Fiscal General, nombró a Moreno Rivera como Fiscal Anticorrupción, en agradecimiento con Bustos Martínez por “los favores recibidos”. Martínez Neira lo niega y afirma que nadie le recomendó a Moreno Rivera pero sin responder ¿si nadie se lo recomendó, cómo llegó tal personaje a ese cargo?, ¿acaso pasaba un día por allí y el nombramiento le cayó del cielo? De una u otra forma, el único responsable de haber nombrado a Luis Gustavo Moreno Rivera como Fiscal Anticorrupción es Néstor Humberto Martínez Neira y por tanto debería asumir tal responsabilidad y contarle al país cómo y por qué lo nombró en el cargo.
Como también debería explicar cómo y por qué nombró a Luz Mabel Parra Echandía, exmagistrada auxiliar de Bustos Martínez como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
A manera de colofón de la tragicomedia de la justicia colombiana: En diciembre de 2015 (Decreto 2455 de 2015), el gobierno nacional le otorgó a José Leonidas Bustos Martínez la Condecoración “JOSÉ IGNACIO DE MARQUEZ AL MÉRITO JUDICIAL”, en la categoría “ORO”, por sus merecimientos excepcionales, la contribución al enriquecimiento de la jurisprudencia y al prestigio de la administración de justicia”. (Negrilla fuera de texto)
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
6 de septiembre de 2017