En Colombia, la Constitución Política de 1991 comprometió al Estado con el diseño de un sistema y una infraestructura que permitieran el desarrollo de los principios de universalidad, solidaridad y eficacia, en relación con el servicio público de salud. En el 2015 se sancionó la ley estatutaria 1751, que estableció el derecho fundamental a la salud como autónomo e irrenunciable y definió que el acceso a los servicios médicos debe ser de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Sin embargo, pese a este mandato, los y las ciudadanas han tenido que recurrir a un mecanismo conocido como “acción de tutela” consagrado en la misma Constitución, que aplica cuando se vulneran los derechos fundamentales por acción u omisión de autoridades públicas. Las cifras muestran un panorama desolador y dan cuenta de que se desconoce el verdadero sentido de la ley. En el año 2016 se interpusieron 163.977 acciones de tutela para poder acceder al sistema de salud, 197.655 en el 2017, y 207.734 en el 2018. En el 2021 la situación poco cambió, se interpusieron 109 mil acciones de tutela por violaciones al derecho fundamental, con un incremento en el promedio mensual del 17,83 % en relación con el 2020.
Llama la atención que “lo más solicitado en las tutelas de 2021 fueron los servicios (60,29 %), de los cuales el 99,76 % correspondió a PBS (Plan Básico de Salud), servicios y tecnologías que se financian con la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”. Es decir, se requirió acudir a la tutela para acceder a un servicio que hace parte de las obligaciones de las entidades prestadores de salud (EPS) y por la cual el Estado entrega un recurso público. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, realizado a partir de los expedientes remitidos a la Corte Constitucional en el año 2021 para su eventual revisión, el 63.96% de las tutelas fallaron a favor del accionante, considerando oportuno el recurso en el 90,34% de los casos, lo que confirma la permanente vulneración del derecho fundamental.
La Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud para proteger los derechos que tienen los ciudadanos respecto a su atención en salud, también muestra cifras alarmantes: “entre enero y octubre de 2022 se rebasó la cifra del millón de quejas, lo que significa un aumento de 26% frente al mismo periodo del año anterior”.
Treinta años después, y pese a toda la normatividad que se ha emitido y a la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional, la acción de tutela continúa siendo la principal herramienta de protección con la que cuentan los colombianos y colombianas para hacer valer el derecho fundamental a la salud. Esto no tendrá correctivo mientras existan entidades privadas (EPS) que administren los recursos públicos con prácticas perversas, generalizadas y sistemáticas, que buscan el lucro a través de barreras de acceso para realizar contención del gasto.
El número tan alto de tutelas, las quejas y reclamos ante la Superintendencia, son el reflejo del sufrimiento diario que enfrentan las personas y las familias cuando no pueden obtener la atención de salud que necesitan: la mujer embarazada que no recibe el control prenatal completo y muere durante el parto, el paciente que vive con una enfermedad crónica y tiene que soportar el dolor porque se le niega el medicamento que lo calma, haciendo su vida desdichada, el trabajador con lesión sospechosa de malignidad a quien se le hace diagnóstico tardío e irreparable y muere por un cáncer invasivo…
Estas cifras exhiben ante nuestros ojos, de manera irrefutable, el sufrimiento de mucha gente, el gran volumen de muertes evitables, la anomia de empresas con un único interés -el lucro-, y ratifican que desde hace 30 años se ha atentado contra la vida de todos, por parte del sistema creado para protegerla y preservarla. ¡Quién lo creyera!
Ana María Soleibe
Foto tomada de: Semana.com
Excelente artícula Dra. Ana María Soleibe
Excelente artículo Dra. Ana María Soleibe. Mucho por hacer, pero afortunadamente vamos por el camino indicado. Muchas gracias por su labor ardua y loable por la defensa de la salud como derecho fundamental.
Un sistema que lleva a que muchas decisiones médicas sean tomadas por jueces.QUE TAL UN MÉDICO TOMANDO DECISIONES JUDICIALES.El mundo al revés.Si se respeta la autonomía médica,desaparece la necesidad de la tutela.
Gracias a los jueces no se han muerto más personas. Pero es cierto, los jueces no deberían ser los defensores de la vida y dignidad de las personas sino el sistema de salud. Todo mal en este sistema que nos impuso la ley 100.