Nada mejor que invocar la Constitución Política para estos efectos. El Gobierno está enmarcado en los parámetros de la defensa de la dignidad humana y del Estado Social de Derecho.
Las Cartas políticas tradicionalmente obviaban el preámbulo. Inclusive el maestro nacido en La Uvita (Boyacá) Luis Carlos Sáchica, escribió un opúsculo para referirse al valor del preámbulo bajo la Carta anterior de 1886, en la cual no tenía el poder vinculante que hoy posee. Pues bien, con el fin de asegurar a los habitantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo, la Constitución Política le exige a los poderes públicos precisamente el que se desplieguen todas sus funciones a fin de encontrar la cristalización de los fenómenos que puedan superar el estado de atraso, desigualdad y violencia que desencadena el conflicto social que el país ha vivido desde hace décadas, fruto de la inoperancia de las elites que no quieren avanzar en procesos de democratización de la propiedad y en la cimentación de un orden justo (Petro inclusive propuso agregarle la palabra justo al orden del escudo patriótico). Los Congresistas deben pensar en estos parámetros del preámbulo.
Si avanzamos en la lectura de la Carta y pasando a los principios fundamentales, encontramos que Colombia es un Estado Social de Derecho (debería aspirar a serlo, por lo menos) democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, no en los intereses privilegiados de las minorías excluyentes.
La estipulación de Estado Social de Derecho supera la concepción meramente formal de la legalidad, para involucrar criterios de justicia distributiva a favor de las capas más excluidas de la población. Allí la intervención estatal juega un papel decisivo y no el laissez faire laissez passer.
Los fines del estado están perfectamente identificados y contemplan servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, asegurando la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justos.
Y es que las autoridades tienen la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Eso se suele llamar discriminación positiva. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Los congresistas representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.
El gasto público social tendrá prioridad sobre toda otra asignación.
Si revisamos los proyectos de ley presentados, así como los que entran a ser considerados en los próximos días, indudablemente cumplen con los fines constitucionales que señalan las bases del Estado Social de Derecho, que se aspira a concretar, máxime con el mandato popular que quiso llevar un cambio a la Casa de Nariño.
Si revisamos cada uno de los proyectos, encontramos que pretenden superar la violencia, el atraso y la discriminación. Al escuchar la enorme crisis de la salud, es indudable que lo que hay no sirve sino a la necropolítica genocida. En igual forma, el problema de la propiedad y tenencia de la tierra ha sido el detonante del conflicto armado; también la desfinanciación de las universidades públicas.
Tiene el Congreso de la República el reto de apoyar iniciativas a favor de estos postulados constitucionales o pasar sin pena ni gloria a la historia de un poder legislativo claudicante y envilecido. En sus manos están el futuro de la credibilidad institucional y con las reformas la avanzada hacia un Estado Social de Derecho, y no un paraestado antisocial de derecha. Por ello resultó reprochable la expresión del Presidente del senado, Fincho Cepeda, cuando anunció que tenía las mayorías para hundir la reforma tributaria que presentaría el Gobierno. Ese es un ejercicio de obstrucción, pues ni siquiera cumple la función del debate parlamentario, sino que lo hunde aún antes de conocerlo. Esos vicios hay que superarlos.
Hay que acompañar desde las calles y las plazas las reformas del Gobierno, porque piensan en estos parámetros de justicia social que supere la violencia y el conflicto social vigente desde hace décadas.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: Senado de la República
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