El MFMP está centrado en las políticas de austeridad fiscal que van de la mano de la visión ortodoxa de la economía, en línea con los organismos multilaterales FMI y BM, que defiende sus lineamientos macroeconómicos en orden al Consenso de Washington, que es la política que se ha impuesto a estos países como consecuencia del realinderamiento geopolítico internacional y que impone la llamada disciplina fiscal como una política de restricción del Gasto Público, para lograr la sostenibilidad económica, ante cuyo altar se sacrifican prioridades en la lucha contra la pobreza, la miseria, el hambre, el desarrollo general del país. Por supuesto, esta receta en función con los intereses de los sectores más ricos de la sociedad, ha sido un absoluto fracaso.
El MFMP 2022 se afinca en esa filosofía que el gobierno saliente pretende imponer al gobierno del Pacto Histórico, que de aceptarse sin beneficio de inventario, supondría severas restricciones al gasto y, por tanto, el gobierno que asume el próximo siete de agosto tendría muy poco espacio fiscal y fuentes de financiamiento para llevar a cabo su ambicioso y necesario programa de una economía para la vida, de una era de paz basada en una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y en la protección de la casa común. Para iniciar la transición de ese camino es necesario fortalecer el Gasto Público como un elemento central de esta transformación. No su restricción.
No es cierto, como dice el MFMP 22, que sus orientaciones y criterios coloquen la política social en primer lugar de sus prioridades. Estas siempre han sido de orden secundario con respecto a lo que el Ministerio de Hacienda denomina responsabilidad fiscal (Pag.4). En el actual contexto internacional y nacional no tienen sentido de urgencia bajar el déficit fiscal más allá del 5.6% del PIB para colocarlo en línea con los objetivos de la Regla Fiscal (4.6% del PIB). (Pag.5)
Si a esto se suma el ajuste previsto para el 2024 el déficit llegaría a 3.5%. Igual sucede con el empecinamiento de reducir la deuda externa aún más, en línea con la restricción del Gasto. En 2021 se pagaron 71.7 billones de pesos de un presupuesto general de 313 billones. Inaudito. Esa inmensa masa de dinero dedicado prioritariamente a cumplirle a la banca internacional es dinero que se le quita a las regiones, a los pobres de Colombia. Es un dinero que aleja la paz y concita la violencia. Hay que corregir ese rumbo.
Para el nuevo gobierno estas obligaciones definidas en el MFMP22 se convierten en una verdadera limitación presupuestal. ¿A razón de qué no pueden ser más lentos esos ajustes y esos pagos y dedicar esos billonarios recursos a las inaplazables tareas de reducir la pobreza y las inequidades de todas las regiones donde la pobreza y la exclusión se manifiestan con suma crudeza? ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar los excluidos de siempre? No se están pidiendo milagros. Prioridad sí. Y amplitud del gasto.
En los barrios privilegiados de las principales urbes del país es muy fácil esperar. No tienen afán en el paraíso. La política económica ha estado a su servicio por diversos canales. Distinto es en el litoral Pacífico, en el Catatumbo, en la Guajira, para no hablar sino de esos pocos departamentos y de los amplios círculos de pobres de nuestras ciudades, donde la pobreza, el hambre, la inseguridad y la violencia hacen parte de su dura realidad cotidiana. Las soluciones allí no pueden estar atadas al largo plazo como suponen los macro economistas defensores de la austeridad del gasto. Reclamar estas prioridades no es un estímulo a un enfrentamiento clasista entre ricos y pobres. Es la posibilidad de construir una sociedad liberal, democrática, de igualdad, fraternidad y libertad. Nada distinto.
Máxime cuando la ambiciosa reforma tributaria que aspira recaudar el 5% del PIB, 50 billones de pesos-Jorge Garay advierte que esa meta y algo más se lograrían con más gradualidad- puede tener dificultades en el Congreso dada las necesarias alianzas para el logro de la gobernabilidad y sumar los consensos necesarios para viabilizar las reformas profundas que implican llevar a la práctica el programa del Pacto Histórico que pavimenten las avenidas de un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo social.
Estos necesarios consensos no pueden ser alrededor de la política fiscal vigente. En 2022 el Gobierno Nacional pretende llevar el ajuste fiscal al 5,6% del PIB, el más grande desde 1993. Igualmente pretende materializar una disminución de la deuda pública neta hasta 56,5% del PIB, muy cerca del nivel ancla establecida en la Regla Fiscal (55%). Los indicadores de deuda y de déficit fiscal de los principales países del mundo son sustancialmente más altos que sus niveles en Colombia.
La disposición del MFMP 22 de resolver el déficit del Fondo de Compensación del Precio de los combustibles (FEPC), tasado en 14.1 billones de pesos es una verdadera amenaza para la gobernabilidad del gobierno del Pacto Histórico. El cronograma de los ajustes para igualar el precio interno al precio internacional de los combustibles dispone de alzas sustantivas que empezarían en julio y terminarían en junio de 2024 con incrementos que irían desde 200 hasta 400 pesos mensuales por galón, hasta cerrar el ajuste. Igual ocurre con el ACPM. (Pág.72) Cumplir esas disposiciones constituiría una verdadera carga de profundidad en el combate a la pobreza, la miseria y el control de la inflación, objetivos centrales del nuevo gobierno.
En un país, que por la infame destrucción de los ferrocarriles mueve el 90% por ciento de la carga de exportación y de importación por carretera, estos sucesivos incrementos pueden incitar una revuelta social como las que se vive en el Ecuador y cuya principal reivindicación es rebajar el precio de los combustibles, incrementados atendiendo las mismas políticas que aquí se invocan y que tienen tambaleando al austero gobierno de Guillermo Lasso.
Por esta causa, los camioneros colombianos y sus agremiaciones han realizado diversos paros de transporte con hondas afectaciones a la economía nacional, derivados de los constantes aumentos de la gasolina y el Diesel, igual que los cobros de los absurdos peajes que en ocasiones se encuentran a escasos treinta kilómetros el uno del otro, de la inseguridad, de unos fletes que no igualan el incremento de los costos del sector. Igualmente se incrementaría el costo de los pasajes terrestres y aéreos.
¿Por qué cobrarle una tarifa plena a todo el mundo? ¿Por qué los carros de alta gama no pagan de una el precio internacional? ¿Por qué no puede haber una tarifa diferencial por tipo de servicio? ¿Por qué en lugar de hacer recaer la solución de ese déficit en los hombres de los miles de colombianos que tienen un carro como instrumento de trabajo no se buscan otras opciones? Por ejemplo, qué Ecopetrol, por lo menos en su parte pública, asuma y amortice ese déficit a lo largo de treinta años o más con sus enormes ganancias de los últimos años?
¿O que se emita para saldar esa deuda? Emitir es una potestad de los Estados a la que aquí renunciamos detrás de una idea falsa. El problema no es la emisión. Es a quién le sirve utilizar la maquinita. Una emisión para este fin solo le sirve al bienestar general. Evitar que los colombianos paguen el déficit del FEPC es permitir que tengan más ingresos disponibles y ayudarle así a la recuperación económica y evitar, de contera, una explosión social. No solo de los impuestos deben provenir los dineros que financian los gastos del Estado Central. La emisión es una fuente. (El Mito del déficit. Stephanie Kelton. Taurus 2021). Empeñarnos en cumplir esas metas a rajatabla solo logra aplazar infinitamente las aspiraciones de una vida digna de los más pobres de Colombia y la solución a las infames inequidades regionales que nos convierten en una república fragmentada, desigual y violenta.
La filosofía del Banco de República en línea con la austeridad subiendo los intereses al ritmo de la FED para controlar la inflación derivada del desorden internacional, principalmente por la guerra de Ucrania y la crisis de la cadena de suministros, va abortar la insuficiente reactivación que se advierte en los indicadores. En conjunción con el alza de los combustibles se configura un escenario nocivo para las aspiraciones de reforma del nuevo gobierno. Los pronósticos de una recesión internacional, complicaría el escenario de una economía absolutamente dependiente del petróleo como lo evidencia el MFDM 2022.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: Infobae
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