Para quienes tienen claro el real y profundo significado de lo que es el Estado Social de Derecho, se da por descontado que Colombia está lejos de poner a rodar efectivamente esta nueva concepción de Estado consagrada en la Constitución Política del 91, gracias a la deliberada acción de la dirigencia política y económica que en estos dos ámbitos gobiernan en Colombia desde hace ya casi cuatro décadas, que de suyo lo hacen, por conveniencia y no por conciencia, a no ser que el régimen, más no el sistema que formalmente ya muto, cambie, como lo proponía Álvaro Gómez Hurtado, quién en la Asamblea Nacional Constituyente concurrió con diversas expresiones políticas y sociales, en la concepción y formalización de dicha mutación.
Y no resulta necesario profundizar aquí en el por qué esta dirigencia gobierna a Colombia desde hace casi cuatro décadas, pues bien saben ellos y muchos distintos a ellos, pero desde perspectivas distintas, que tiene que ver con la precaria cultura política y económica de la que adolece la mayoría del pueblo colombiano, carencia que no solo promueven, sino que también saben explotar muy a la perfección para acceder a las más altas esferas de poder tanto económico como político, e impulsar políticas a la medida de sus intereses, con la ayuda de gran parte del sistema educativo y de los medios de comunicación masivos, muchos de ellos de su propiedad.
De hecho, de manera velada, por no decir que descarada, han puesto el sistema educativo y los medios de comunicación al servicio de la reproducción generalizada de la idea que tienen acerca de su modelo de sociedad, Estado y economía con lo que han ocultado, negado y relegado, en últimas desnaturalizado por completo, no la idea, si no el concreto y formal modelo de sociedad, Estado y economía consagrado por el nuevo orden constitucional. Algunos son castas, otros emporios aristocráticos y otros lumpen burgueses emergentes.
Llevan cuatro décadas con la pretensión de desmantelar y reducir a su mínima expresión al Estado, que es el único que en la sociedad cumple una real finalidad social, en medio de ese modelo que han tratado de imponer. Y ello es así porque sin un Estado que funcione como debe ser, no hay regulaciones y controles que pongan cortapisas a sus desaforados propósitos de concentración y acumulación de la riqueza.
Colombia optó por transformarse en Estado social de derecho no para para sepultar al capitalismo sino para revitalizarlo, como que tampoco para acabar con los ricos, si no para que hayan más ricos con menor concentración de riqueza, es decir para construir una sociedad capitalista donde la riqueza se distribuya con mayor justicia y equidad, y en consecuencia las condiciones de vida para los colombianos mejoren sustancialmente y de manera generalizada.
No se trata de un sistema socialista ni comunista, sino de un sistema de capitalismo social al que le es consustancial “un modelo de economía social de mercado” que a decir de una Juez de la República, “pretende armonizar el derecho a la propiedad privada y el reconocimiento de libertades económicas como la libertad de empresa, la libre competencia y la iniciativa privada, con la intervención del Estado en la economía de manera que confluyen “la mano invisible del mercado y el brazo visible del Estado”, intervenir en la economía de tal forma que el mercado como instrumento de asignación de recursos debe armonizarse con el rol distribuidor de recursos, radicando en cabeza del último la obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo económico y social (artículos 333, 334 y 335 constitucionales), ello con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo.” (Auto del 12 de Febrero de 2014, 2014).
Es preciso recordar que son fallas del mercado la sobre oferta de bienes o mercancías, la contracción de la demanda, la baja calidad de los bienes y servicios, el monopolio, el oligopolio, la competencia desleal, la publicidad engañosa, más no la ineficiencia en la gestión y operación de las empresas que conduzca a su quiebra, caso este último en el cual, el Estado solo ha de intervenir para realizar los ajustes o actualizaciones en los registros públicos empresarial, tributario, financiero, de instrumentos públicos y catastral, de ser el caso.
Pero no es una crisis como la que se está atravesando producto de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, la que debería darle vida real y material a ese Estado Social de Derecho, que casi por arte de magia resucitó como el ave fénix, coyunturalmente y sobre la marcha de la emergencia. Y mucho menos debería materializarse ese Estado en una crisis como esta, para que errada e impertinentemente responda a la misma, adoptando medidas y políticas en respuesta a los pedidos de ciertos sectores económicos que pretenden que el Estado ahora si les inyecte capital mediante la compra de acciones, esas que nunca quisieron democratizar, ahí si para socializar las pérdidas; les subsidien sus nóminas cuando el Estado debería estar subsidiando la demanda de los consumidores; les otorguen créditos preferenciales; les disminuyan los impuestos; les flexibilicen las normas laborales y en consecuencias las garantías asociadas al trabajo; les autoricen la disminución de los salarios, etc., que no dejan de ser simples “avivatadas” o trapisondas, ya muy conocidas en la mayoría de la clase empresarial colombiana, que tradicionalmente ha desarrollado, más que una filosofía productiva, una si rentista y especulativa, y en muchos casos, delictiva.
No, este Estado Social de Derecho, debió materializarse desde el momento mismo que fue consagrado por el Artículo Primero de la Constitución del 91. Y esa materialización debe comenzar en el sistema educativo, y particularmente en el sistema de educación superior, tanto público como privado, y difundirse por el sistema de medios de comunicación social público, privado, y comunitario.
En consecuencia, de un lado, en las facultades de formación profesional de toda índole, pero especialmente en las de derecho, administración, economía, contaduría, ingeniería, medicina, sociología, antropología, etc., debería comenzar la reformulación de sus PEI, currículos y programas académicos, producto de una política pública educativa establecida por el Estado, que oriente y formalice de manera permanente la formación integral acerca de los que es El Estado Social de Derecho, el Capitalismos Social y la Economía Social de Mercado, de tal forma que en el país hayan profesionales que en todos los ámbitos del quehacer nacional, que incursionen efectivamente en la gestión de ese nuevo Estado y como agentes económicos, que todo mercado requiere, pero con auténtica dimensión y proyección social, que en últimas conduzca a la emergencia de un nuevo empresariado y de un nuevo servidor público. Pero si no hay política pública emanada del Estado, este es el gran desafío al que se enfrentan las distintas universidades colombianas, y el reto que desde aquí se les plantea.
Del otro lado, se requiere que los medios de comunicación social replanten su filosofía y los contenidos de sus programas de difusión, también a partir de una política pública de comunicaciones, para que a cambio de que llenen sus parrillas de telenovelas, programas de farándula, realitis, etc., que en nada contribuyen a la productividad de la sociedad, pero si a su alineación, ayuden a difundir masivamente, y complementen la formación en todo este modelo de Estado, sociedad y economía, que ha sido consagrado constitucionalmente, dentro de un sistema de capitalismo social.
Es hora de que ese recurso tan valioso que le pertenece a toda la sociedad colombiana, como lo es el espectro electromagnético, enajenado a grandes capitales de manera no muy santa, sea puesto al servicio de la misma, de manera productiva y útil, para que junto con el sistema educativo, se le dé sepultura a esos mitos, dogmas, que se impusieron casi durante medio siglo, y que pusieron a casi toda la sociedad colombiana a debatirse de manera vacilante y violentamente agresiva, en el dilema de más-menos Estado, mas-menos mercado, que ha contribuido entre tanto, a la expansión de esa abismal brecha económica y social que se ha puesto de manifiesto de manera evidente con esta pandemia y, de paso ha contribuido a la consolidación de múltiples violencias que han azotado al país.
Es hora de que los colombianos colectivamente pongamos fin a esa banalización del Estado Social de Derecho, y nos demos a la tarea de construir esa nueva sociedad productiva pero solidaria, y ese nuevo modelo de Economía Social de Mercado, puesto que con esta pandemia que creo una crisis de salud pública, pero que también una económica de dimensiones insospechadas, quedó demostrado “que no hay mercado capitalista que perviva sin Estado, y no hay Estado que subsista sin mercado”, solo que no podrá seguir siendo bajo una revaluada concepción neoclásica liberal o neoliberal, puesto que también quedó demostrado que hizo crisis, por lo que también es insostenible.
De manera inaplazable llegó ya la hora para que nuestro país sea realmente la República Democrática Unitaria, Descentralizada, Participativa, Pluralista, Social de Derecho de Colombia, que se refundó con la Constitución del 91.
Jorge Iván Campos Campos, Administrador Público. Estudios de Especialización en Derecho Público.
Foto tomada de: El Colombiano
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