La batalla de México

En los años iniciales de su impetuosa ofensiva sobre nuestro continente, el neoliberalismo nunca llego siquiera a imaginar que le tocaría librar una desesperada batalla de resistencia como la que hoy le toca librar en México. Sus responsables intelectuales y políticos estaban tan satisfechos con que la dictadura de Pinochet les hubiera permitido implantar de un golpe su programa estratégico, como conscientes de que tal éxito obtenido se desvanecería igual de rápido sino se procedía a una remodelación profunda del Estado, destinada a garantizar su perpetuación.  La remodelación tanto del Estado chileno, obviamente, como del resto de los Estados de América Latina, fue el objeto de las cumbres celebradas en los años 80 del siglo pasado en la ciudad de Santa Fe, Arizona, luego plasmadas en unos documentos que guiaron las reformas constitucionales celebradas después en prácticamente todos los países de nuestro continente.

México no fue la excepción. Allí la estrategia de implantación del modelo fue más elíptica y sibilina, confiada más en la cooptación de la clase política y en la infiltración de las instituciones del Estado existentes, que en golpes de fuerza tan espectaculares como el del general Pinochet. Pero no faltó sin embargo la violencia. Que alcanzó una amplitud y una intensidad nunca vistos en el país azteca desde los años ya remotos de su legendaria revolución. Parafraseando un célebre artículo de Alberto Lleras Camargo – referido a la correlación entre el desarrollo económico y nuestra “Violencia”- el ritmo del asalto y la apropiación del Estado y la escena política mexicana por el neoliberalismo coincidió con los índices de asesinatos causados por la “Guerra contra el narco”. Ambos, en la práctica, se retroalimentaron. Quizás por aquello de que aterrorizar a las mayorías populares resulta muy útil a la hora de garantizar el éxito de la estrategia neoliberal. Tal y como lo documentó Naomi Klein en su libro La doctrina del Shock.

La crónica de cómo el neoliberalismo consumó su victoria en México cubre cuatro décadas, iniciadas cuando el presidente Miguel de la Madrid nombró a Carlos Salina de Gortari, quién habría de sustituirlo en su cargo, secretario de programación y presupuesto. Y es lo suficientemente extensa como para intentar escribirla en esta breve columna. Baste con decir que, en 2028, cuando fue elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, ya había logrado sus objetivos: la privatización a gran escala de los bienes y servicios públicos, incluidos los ejidos, el petróleo, la educación y la salud pública etcétera. Así como la introducción a la chita callando durante todos los años anteriores de un conjunto de reformas constitucionales que blindan el modelo neoliberal. El blindaje con el que tuvo que luchar a brazo partido López Obrador para sacar adelante su programa de reformas destinadas a reparar en algunas de las más devastadoras secuelas sociales de la implantación del modelo neoliberal. Cada acto de gobierno importante, cada iniciativa legislativa suya, fue sistemáticamente objetada por un poder judicial, pieza esencial de dicho modelo, controlado por “la oligarquía”, como AMLO no se ha cansado de denunciar. La nueva oligarquía, en la que figuran lideres y funcionarios del PRI y del PAN que, aprovechándose de su posición y de información privilegiada se hicieron con el control de los bienes del Estado privatizados. A imagen y semejanza de lo que ocurrió en Rusia después del hundimiento de la Unión Soviética, con lideres y funcionarios del PCUS.

Dada esta experiencia, se comprende que López Obrador haya planteado con suficiente antelación que el objetivo de Morena, su partido, era conseguir en las elecciones generales que se celebraron en el mes de junio pasado, la mayoría parlamentaria que le permitiera reformar la Constitución, con el fin de desmontar el blindaje que ella ofrece actualmente al modelo neoliberal. Gustavo Petro también lo hizo en su momento, pero él, o mejor el Pacto Histórico no lo consiguió desgraciadamente. En cambio, Morena y sus aliados si lo han conseguido y sin ninguna tardanza ya presentaron y consiguieron la aprobación en primer debate por la Cámara de diputados de una ley de reforma del poder judicial verdaderamente revolucionaria: implica la elección popular de jueces y magistrados. Una medida que cuenta con un gran apoyo popular debido tanto al continuo sabotaje de la acción de gobierno de AMLO por parte del Tribunal Superior de Justicia como a su corrupción. El caso más flagrante de este último es al mismo tiempo el más reciente: El tribunal – encabezado por la presidenta Norma Piña – admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, contra una decisión judicial que le obliga a pagar 35.000 millones de pesos mexicanos (1.750 millones de dólares) que adeuda a la hacienda pública por concepto de fraude fiscal. Dicha admisión a trámite, completamente ilegal porque se trata de cosa juzgada, es una más de la larga cadena de decisiones judiciales dilatorias que le han permitido al tercer hombre más rico de México, evadir el pago de impuestos.

La reforma judicial emprendida por México tiene tanta importancia política que tanto, el embajador de Estados Unidos como el de Canadá, no han dudado en declarar públicamente en contra de ella. Y como era de esperar, López Obrador rechazó inmediatamente esas declaraciones, las acusó de injerencia en asuntos internos del país, cuya resolución solo compete a los mexicanos. “México- reiteró por enésima vez – es un país independiente y soberano. A México se le respeta”.

Las declaraciones de los dos embajadores tuvieron un punto en común: la amenaza velada de que si se aprobaba la reforma judicial los inversores abandonarían el país. Una amenaza que, en otros países y en otros contextos políticos, han repetido los voceros de Washington, pero que ya no tienen la misma eficacia que solía tener. B Y D, la multinacional china líder mundial en la producción de automóviles eléctricos, declaró que seguía adelante con su plan de construir una nueva planta en el país azteca, porque su norma de conducta es la de acatar la legislación del país donde opera y de pagar religiosamente los aranceles e impuestos. Se comprende por qué el Occidente colectivo le tiene más miedo a un mundo multipolar que a un tsunami. Ya no podrían hacer impunemente lo que le venga en gana.

Carlos Jiménez

Foto tomada de: France 24