La suerte de los colombianos no se decide entonces en el Palacio de Nariño.[2] US$ 25 millones de dólares se entregarán para escalar la guerra, que no impedirá que los consumidores norteamericanos y del primer mundo, el verdadero motor de esta guerra, esnifen coca. El mercado no se desabastece, está en auge[3].
Las enormes posibilidades de paz que se abrieron con el acuerdo entre el Gobierno Santos y las FARC, que explican en parte la reducción de homicidios, de secuestros, de asesinatos, se están trastocando en un universo de guerra. Las noticias que llegan desde Washington es el toque de corneta de un nuevo ciclo de violencia. La lluvia se convertirá en aguacero, se pronostica con acierto.
La aprobación de la buena conducta del gobierno colombiano en materia de lucha contra las drogas, la certificación imperial por la que se han obstinado hasta la abyección la mayoría de nuestros gobernantes y de la que el actual mandatario rebasa todo limite, corre en contravía de la sangría nacional producida por una guerra perdida que se va a agudizar.
El nuevo presidente de los norteamericanos, contrariando sus preocupaciones ambientales que lo llevaron de regreso al Acuerdo de París sobre cambio climático, ha dado el pistoletazo de largada sobre el reinicio de la aspersión del veneno del glifosato sobre las fuentes de agua, sobre los cultivos de supervivencia de los colombianos más pobres que dejo la ruina de la agricultura, que no tienen como colocarlos en los mercados cercanos de sus propias regiones o los mercados más grandes y que profundizará las condiciones de miseria de las regiones cocaleras, que dadas las desafortunadas políticas de todos los gobiernos, son las más pobres de Colombia.
“El gobierno Duque logró sorprendentes resultados en el 2020 pese a los retos del covid-19 y un encierro de seis meses. La erradicación alcanzada adelantada por el gobierno en el 2020 fue la más eficiente de los últimos diez años por la destrucción de más de 130.000 hectáreas y batiendo las mismas metas que se habían pactado para el año en cuestión. El departamento de estado destaca que en el 2020 el país no contaba con la fumigación área como una herramienta contra los cultivos”.[4]
Si fueran ciertas las cifras del gobierno sobre erradicación, en la que se ampara la certificación, no debería haber ni una sola mata de coca sobre la geografía nacional, ni tanta sangre joven regada sobre nuestros ríos, nuestras selvas, nuestros caminos. Y al ejército nadie le disputaría un milímetro del territorio. En su entrega, el gobierno colombiano ve un país que no existe y altera las cifras a conveniencia.
La fumigación con glifosato está ad portas de su reiniciación. Dudo que la Corte Constitucional contenga tal despropósito, mucho menos ahora que el gobierno nacional tiene el visto bueno de Washington. Ojalá me equivoque y esta instancia judicial definitiva se mantenga en sus exigencias. Esta fuera de duda que el glifosato es un veneno mortífero para todos los seres vivos y la naturaleza. Solo el año pasado, Monsanto tuvo que pagar US$ 10.900 millones a más de 100.000 demandantes porque el glifosato les afectó la salud.[5]
EE. UU está de regreso, según su narrativa, con todos sus horrores, en un área del mundo donde sus intereses estratégicos están en cuestión y donde el problema de la droga se utilizará, como ha sido a lo largo de la historia, como instrumento de su intervención y de su ilusoria pretensión de reconquistar territorios perdidos. A eso se presta el gobierno colombiano con costos impredecibles para la seguridad externa e interna del país y de los colombianos. Colombia va a sufrir ese retorno. ¡Qué peligro!
El inútil Plan Colombia y su fracasada guerra contra las drogas, como lo definió recientemente un informe no vinculante al Congreso Norteamericano, ha tenido en Biden su principal puntal.
“Si Colombia es hoy la principal fuente de cocaína y heroína vendida, es la principal fuente de la materia prima (hoja de coca y adormidera), el sitio de las principales organizaciones, y si también tenemos el fuerte compromiso del gobierno de Colombia para luchar contra el tráfico de estupefacientes nunca antes en la historia reciente hubo tal oportunidad de atacar todos los aspectos del narcotráfico en la fuente. EE.UU, debería aprovechar esta rara oportunidad de ejecución al brindar asistencia al Plan Colombia”.
Esto decía el reemplazo de Trump en el año 2000 en un informe al Congreso de su país.[6] Con todo y Plan Colombia el país sigue siendo el mayor productor de hoja de coca del mundo. La paz se hace añicos al ritmo acelerado de las masacres. El ejército nacional no controla el territorio en buena parte de la geografía nacional donde las bandas armadas de los narcos y de las economías ilícitas imponen el orden y proveen de ingresos a una población a la que no lo le llegan los beneficios del Estado sino las expresiones de su despotismo.
En el Tambo, en Argelia, en el Cauca, en el Chocó, en el Catatumbo, los ciudadanos ven al Ejército Nacional como una fuerza hostil y rechazan su presencia o piden la reubicación de sus instalaciones.[7] Los llamados angustiosos del padre de Roux, de los obispos de Buenaventura, de Quibdó, de Riosucio; el niño de Murindó que perdió una pierna en esta degrada confrontación, claman por el angustioso drama de la vida de estos colombianos en condiciones abyectas de pobreza y de miseria que la pandemia ha acrecentado y que la guerra contra las drogas alimenta con muertos y más muertos.
La herencia de la naturaleza otorgó a esta región del mundo una riqueza incomparable de flora psicoactiva que los indígenas utilizaban para hacerlos capaces de soportar el hambre y las fatigas.[8] La ceguera de nuestros gobiernos y su obsecuencia han convertido esta dotación extraordinaria de plantas mágicas en una guerra absurda que destruye a Colombia. La mata que mata es la mayor estupidez jamás conocida. Y ahí vamos.
Los alcaldes y gobernadores del Pacífico colombiano y demás regiones cocaleras, que verán como la fumigación con glifosato destruirá aún más su maltrecha gobernabilidad, incrementado la violencia, propiciando desplazamientos y violación de los derechos humanos, deberían hacer un frente común para exigirle al gobierno nacional, a la Corte Constitucional, parar semejante agresión contra la naturaleza y a los colombianos más pobres.
El país puede convertir la producción de marihuana y hoja de coca, plantas maravillosas de enormes potencialidades medicinales e industriales en una trasformación farmacéutica poderosa que pague impuestos, que aclimate la paz, ordene el territorio, que, en muy buena parte, por su delicada biodiversidad, no es apto para actividades que la destruyen: monocultivos, ganadería extensiva, minería, la tala de árboles, con su secuela de una agresiva deforestación.
“El destino ha puesto en nuestra tierra una riqueza asombrosa. Y a nuestros Gobiernos, tan sumisos ante el mismo imperio que fue el primero en sacarle beneficios legales a esta planta, en vez de echar a andar miles de proyectos de investigación, centenares de industrias benéficas, lo único que se les ocurre es hacer llover veneno sobre ella”[9].
Ni siquiera en estos territorios tienen buen suceso los esfuerzos por hacer de las propiedades de la marihuana un producto industrial con potencialidades medicinales, una herramienta de progreso. Muchas de las empresas que le han dedicado esfuerzos a desarrollar esta industria están cerrando sus actividades por la negligencia del gobierno, apuntalado en sus obtusas creencias y fetiches y en la difícil convivencia de una marihuana legal y otra ilegal.
Abrirle paso a esta industria sería, por ejemplo, para el departamento del Cauca, un gran productor, una oportunidad notable. Estados Unidos fumigó la marihuana que se producía en la Sierra Nevada de Santa Marta con todo tipo de venenos hasta llegar al glifosato en 1978, solo para trasladarle a California y hacer del cannabis,[10] en el vasto imperio del norte, una gran industria.
El optimismo generado por la aprobación de la ley que autorizó la producción y venta de cannabis medicinal en 2016, ha dado paso, cuatro años después, a un creciente pesimismo, se han perdido miles de empleos y el futuro del sector no es para nada promisorio.[11]
En estas crueles y dramáticas circunstancias solo nos queda la guerra. El país tiene que encontrar la ruta para la revisión y sustitución de esta nefasta política y en cambio formular una que tenga en cuenta los intereses nacionales y el bienestar de los colombianos, con enfoque de derechos humanos, de salud y de desarrollo. En este sentido es primordial recuperar la agricultura, feriada en las aguas turbulentas del comercio internacional. Este debe ser un tema de debate profundo en la campaña electoral que ya se inició.
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[1] Un informe de la Universidad EAFIT, de los académicos Gustavo Duncan y Santiago Tobón, “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica de cómo enfrentarlo”, señala que en los barrios de la capital antioqueña existen 350 combos que tienen más legitimidad que la policía, a la que no le creen. El Tiempo, 29 de diciembre de 2020, Pág. 1.12.
[2] EE. UU certifica al país por la lucha contra las drogas durante 2020, El Tiempo, 2 de marzo de 2021, Pag.1.5
[3] La DEA señala que medidas por covid-19 no frenaron el tráfico de cocaína a EE.UU. El Tiempo, 3 de marzo de 2020, Pág.1.3.
[4] EE.UU. certifica al país por la lucha contra las drogas durante 2020.
[5] Las dudas que plantea el ‘Financial Times’ sobre el regreso del glifosato, El Tiempo, 23 de febrero de 2021, Pág. 1.3
[6] El Plan Colombia de Joe Biden, El Espectador, 31 de enero de 2021.Págs 38-39
[7] Los civiles no somos parte de la guerra: llamado desde el Catatumbo, El Espectador, 1 de marzo de 2021, Pág. 12.
[8] Antonio, Escohotado, Historia general de las drogas, Espasa, Madrid, 1998, Pag. 107.
[9] La maldición de la riqueza. William Ospina. El Espectador, 28 de febrero de 2021.
[10] Pedro José Arenas, Historia de una infamia. Verdad abierta,15 de mayo de 2015.
[11] Y por fin reventó la burbuja del cannabis medicinal. El Tiempo, 27 de febrero de 2021, Pág. 1.6.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: Las2orillas.com
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