El pasado gobierno Santos consiguió la paz con las FARC EP siendo Cuba y Noruega los países garantes y Cuba la sede principal y permanente durante varios años de diálogos. Simultáneamente este gobierno avanzó en el desarrollo de una agenda hacia la paz con el ELN, siendo Cuba junto con otros países los garantes y de nuevo Cuba sede de la mesa de diálogos. Sin embargo, el gobierno actual del presidente Duque que carece de una política viable para lograr un acuerdo de paz con el ELN suspendió las negociaciones con esta guerrilla y, en desconocimiento de los compromisos suscritos por el Estado colombiano con participación de varios países garantes, le exigirle a Cuba capturar y extraditar a Colombia a los integrantes de la comisión negociadora del ELN, hecho abiertamente contrario a las normas del DIH. Pero, más aún, recientemente Duque amenaza a Cuba con romper las relaciones diplomáticas si Cuba no accede a su ilegítima e ilegal petición.
De la tensión con Cuba en la “guerra fría” al restablecimiento de las relaciones de cooperación
En la época de la llamada “guerra fría” gran parte de los países de América Central, América del Sur y el Caribe estuvieron bajo dictaduras militares apoyadas por EEUU que violaban de forma sistemática los derechos humanos en sus países. Esta situación ocasionó que en numerosos países de esta subregión emergieran guerrillas, de forma que precisamente en Cuba el Movimiento 26 de Julio derrotó al dictador Batista. Entonces, el mundo estaba polarizado entre “el campo capitalista” y “el campo socialista”, de manera que al proclamarse Cuba soberana frente a la hegemonía de EEUU en la región y partidaria del socialismo, sufrió hechos de agresión militar, sabotajes, bloqueo económico que persiste hasta hoy y aislamiento político y diplomático a instancias de la OEA bajo el indigno seguidismo a EEUU de la gran mayoría de países de la región. El TIAR servía a la vez a EEUU para tutelar, adiestrar y controlar la acción militar, policial y de organismos seguridad que procedían con alta arbitrariedad y bajo el discurso anticomunista en la gran mayoría de los países de la región.
En este contexto de hostilidad entre las potencias capitalistas y los regímenes socialistas Cuba resistió en el continente con dignidad y valentía, manteniendo relaciones, comercio y cooperación con los distantes países socialistas de otros continentes. Pero también en tales circunstancias al igual que lo hacían otros países socialistas, Cuba apoyaba políticamente a partidos comunistas y a movimientos revolucionarios que enfrentaban regímenes autoritarios y desarrollaban movimientos de liberación nacional en busca de la descolonización y el logro de la autonomía nacional. Eran entre otros, las sucesivas independencias en numerosos países africanos, la emblemática resistencia a la agresión de EEUU de Vietnam, Laos y Camboya y la lucha contra las recurrentes dictaduras y regímenes altamente autoritarios y excluyentes en la región.
De tal manera en las décadas 60 y 70 Cuba tuvo relaciones con vertientes comunistas, socialistas, antimperialistas, corrientes democráticas y movimientos insurgentes de Centro América, Sur América y el Caribe. Pero a la vez Cuba a instancias de la ONU y del Bloque de los No Alineados, promovió una política de cooperación amplia y plural entre Estados, de forma que buscó recuperar y fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación en distintos niveles con diversos Estados. Abogó entonces por las soluciones políticas y diplomáticas, de forma que desde los 80, además de México -que mantuvo siempre de forma positiva relaciones con Cuba socialista- logró progresivamente normalizar el entendimiento con distintos países de la región, con base en el mutuo respeto, intercambios y cooperación de mutuo interés.
En los años 90 bajo sobrevino un contexto internacional distinto, tras el derrumbe de la URSS y de los regímenes socialistas de Europa oriental solo persistieron varios países socialistas en otros continentes, cesó la “guerra fría” y aunque EEUU mantuvo su interés de dominio hegemonista en la región, se abrió cierta distención y surgieron alternativas políticas plurales en América. En efecto, en nuestra América central, caribeña y del sur surgieron numerosos gobiernos de orientación progresista, producto de intensos movimientos sociales en lucha contra los devastadores efectos laborales, sociales y productivos del modelo neoliberal impuesto y de coaliciones de izquierda y amplias convergencias políticas democráticas y progresistas. En estas nuevas circunstancias Cuba fue reconocida con amplitud por numerosos países de la región, aunque EEUU ha mantenido contra ella su política de rechazo, exclusión y cerco económico y comercial, que en cierto grado había superado el pasado gobierno Obama. Si bien en los últimos años han sobrevenido gobiernos de derecha en varios países del subcontinente, la normalización de las relaciones con Cuba positivamente se mantiene.
El apoyo de Cuba a los procesos de paz y las soluciones humanitarias en Colombia
En medio de la confrontación bélica en Colombia por más de cinco décadas entre el Estado y guerrillas insurgentes Cuba ha prestado buenos oficios y un papel de cooperación activa a favor de los diálogos hacia la paz y de las soluciones humanitarias concertadas entre estos las partes. En 1980 ante la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M19, se produjo un acuerdo especial, humanitario, entre el gobierno Turbay y esta guerrilla, gracias a la facilitación en lo interno del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y en lo externo del CICR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Cuba, el cual permitió la liberación de los diplomáticos de distintos países tomados como rehenes, bajo la protección humanitaria del CICR[1].
Entre los 80 e inicio de los 90 cuando se fueron cuajando escenarios de diálogo entre las partes del conflicto en Colombia, Cuba declaró públicamente su apoyo a la solución política de paz en nuestro país. Fidel Castro en varias ocasiones declaró que en Colombia había perdido vigencia la lucha armada y alentó a las guerrillas a buscar la solución política con los gobiernos y las criticó rechazando la realización por su parte de secuestros y tomas de rehenes contra personas de la sociedad civil. En diciembre de 1990 cuando el EPL consiguió los términos de un acuerdo de paz con el gobierno Gaviria, al ser invitado Cuba por la delegación de esta guerrilla en la mesa de conversaciones a acompañar este acuerdo de paz, Cuba, el Partido Comunista de Cuba envió un documento de apoyo a las soluciones políticas de paz en curso entre el gobierno y las guerrillas en Colombia, expresando el anhelo de que tales procesos consiguieran resultados exitosos y se superara el enfrentamiento bélico[2].
Durante el gobierno Pastrana con el desarrollo de mesas de diálogo entre este gobierno y las guerrillas que mantuvieron el alzamiento, las FARC EP y el ELN, entre 1990 y 2002, Cuba junto con otros países y varios organismos intergubernamentales y entes de cooperación internacional prestaron sus buenos oficios de distintas maneras, a favor del positivo desarrollo de estos procesos de paz. En especial, Cuba prestó su territorio y ofreció facilidades para que se realizaran contactos, reuniones y encuentros con delegaciones de las partes en conflicto armado y de la sociedad civil colombiana e internacional. De manera particular, las delegaciones del gobierno colombiano y del ELN estuvieron presentes en Cuba, hasta conseguir entre otros resultados concertar los términos de un acuerdo para instalar una Zona de Encuentro para trasladar el diálogo a Colombia. Lamentablemente, ninguno de los dos procesos de diálogo con estas guerrillas llegó a resultados finales y sobrevinieron las hostilidades[3].
Durante las dos siguientes administraciones del presidente Álvaro Uribe, éste gobierno y el ELN sostuvieron otra mesa de conversaciones con sede en La Habana, Cuba, entre 2005 y 2007, a la vez que con autorización del gobierno colombiano viajaron con frecuencia numerosas delegaciones de diversos sectores de la sociedad civil colombiana, así como de entes de la comunidad internacional, a reunirse en esta misma ciudad con las delegaciones de Gobierno y del ELN allí presentes. Producto de este ejercicio se consiguió entre las partes concertar el llamado Acuerdo Base Gobierno-ELN, lamentablemente no implementado, ante exigencias adicionales hechas por el gobierno Uribe que resultaban inviables al momento del inicio previsto en sus términos de las negociaciones de paz[4].
Posteriormente, el gobierno Santos en el curso de sus dos administraciones sostuvo contactos y mesas de conversaciones con las guerrillas FARC EP y ELN en La Habana, Cuba, siendo en el primer caso un trabajo intenso de casi cinco años que habilitó numerosas mesas, comisiones, subcomisiones temáticas y espacios de interlocución con diversos actores institucionales y sociales de Colombia y con delegaciones de distinto carácter de la comunidad internacional. Así, entre 2012 y 2013 de forma discreta Gobierno Santos-FARC EP consiguieron el acuerdo inicial de agenda, metodología y acompañamiento internacional que incluyó principalmente a Cuba y a Noruega como países garantes de este proceso de paz, con asiento en la mesa de conversaciones, la cual funcionó entre 2013 y 2016, hasta llegar al Acuerdo Final de Paz. A la vez, el gobierno Santos sostuvo en distintos momentos contactos, reuniones y finalmente instaló una mesa de negociación con el ELN en La Habana, Cuba, que funcionó hasta agosto de 2018.
Suspendido el diálogo con el ELN Duque presiona a Cuba para que extradite su delegación
La política de paz del gobierno Duque resulta inviable por cuanto retoma la política uribista que niega las soluciones políticas y sociales para reducir el asunto a la desmovilización guerrillera. Esta política afecta la implementación de los acuerdos conseguidos con las FARC al pretender reducirlos a la reintegración a la vida legal de los excombatientes. A la vez, hizo inviable la agenda que avanzaba con el ELN en La Habana, pero de forma que el atentado del ELN de enero de 2019 contra la Escuela de Policía en Bogotá, le sirvió de pretexto al presidente Duque para suspender las conversaciones.
De manera particular hacia el ELN el gobierno Duque ha planteado tres exigencias previas a considerar un posible reinicio de las conversaciones. Dos de ellas razonables y podrán ser posibles de acoger por esta guerrilla, pero una tercera claramente inviable:
- La primera exigencia es que la guerrilla declare unilateralmente cese al fuego y las hostilidades indefinido, la cual podría ser posible dado que de hecho esta guerrilla ha decretado varios ceses unilaterales temporales, aunque a la vez tiene la dificultad de que su propuesta es un cese al fuego y las hostilidades de carácter bilateral con supervisión internacional en cabeza de la ONU.
- La segunda exigencia no solo es razonable sino necesaria y recoge exigencias de la población y recomendaciones de la comunidad internacional: que el ELN cese los secuestros y las tomas de rehenes, a lo cual agrega otras exigencias humanitarias como el no ataque a la población civil, a los líderes sociales y el no reclutamiento de menores de edad. Son puntos que hacen parte de exigencias humanitarias que debe adoptar esta guerrilla, aunque ella alega que los adoptaría con el desarrollo de la agenda convenida en la mesa de conversaciones.
- Y la tercera, la más enfatizada por el gobierno, resulta inviable, pues se trata del llamado al ELN a cesar “toda actividad criminal”, lo cual significaría que de inmediato y automáticamente dejaran su condición de rebeldes frente al Estado, es decir que se disolvieron como movimiento insurgente, lo cual es válido como el propósito final de la negociación de paz, pero no como su precondición. Es tan inviable esta formulación que con justeza que el delegado en Colombia del CICR expresó que tal exigencia aparecía como impracticable.
Así las cosas, es altamente improbable que se reanude la conversación Gobierno-ELN, a pesar de las reiteradas exigencias de sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Sin embargo, la situación se complicó aún más ante la posición del presidente Duque de negarse a reconocer y aplicar el Protocolo convenido para proceder a la suspensión de la mesa de diálogo, avalado y suscrito por las partes y por varios países en calidad de garantes, incluida Cuba. Además, adicionalmente hace la exigencia a Cuba de desconocer la protección internacional que le asiste a la delegación del ELN en Cuba y proceder a capturar y extraditar a tal delegación de la guerrilla del ELN calidad de “terroristas” a Colombia, para ser procesados por la justicia.
Es un exabrupto, una grave equivocación, el DIH con respecto al personal delegado para efectos de diálogo (“parlamento” es el concepto técnico) con la parte contraria en la guerra establece: La protección a las personas en el rol de parlamento entre las partes del conflicto bélico cuenta con antecedentes remotos en las guerras y con desarrollos convencionales más recientes, de forma que tales personas en toda circunstancia deben tener la debida protección, garantías para sus actuaciones y las cobija el principio de inmunidad, siendo de los casos de las principales protecciones a personas establecidas por el conjunto de la regulación humanitaria, tanto para guerras internacionales como para conflictos bélicos internos como el registrado en Colombia[5].
“…la persona autorizada para entablar conversaciones directas con el enemigo, (…) tiene derecho, lo mismo que las personas que lo acompañan, a la inviolabilidad”[6].
Los tratados en DIH establecen una protección especial o reforzada solo para determinadas personas o personas cumpliendo determinado rol en el curso de las guerras, conocida con la categoría de “personas protegidas”, entre las cuales de manera expresa está la protección de parlamento, es decir de los delegados o plenipotenciarios de las partes en conflicto en los eventos de conversaciones hacia soluciones humanitarias y de superación de la hostilidad militar o de paz. Vale ilustrar que tale “personas protegidas” hacen referencia precisamente a: a) heridos, enfermos y náufragos; b) prisioneros de guerra; c) personas civiles en poder de una de las partes en conflicto; d) personal sanitario y personal religioso; e) parlamentarios -o dialogantes según lo decimos en Colombia- personas que portan delegación de las partes para conversar en busca de convenir soluciones a la guerra y a sus efectos; f) personal de los organismos de protección civil; g) personal dedicado a la protección de bienes culturales[7].
De otra parte, el Derecho Internacional Consuetudinario, fuente del DIH, es claro en sus normas en la estricta protección a la misión de parlamento y sus protagonistas, así como impone el principio de buena fe que debe regir entre las partes, que lleva a que los compromisos adoptados se cumplen y a que las garantías exigidas no sean vulneradas. De tal manera una de sus normas expresa: “Los mandos podrán entablar entre ellos contactos no hostiles, que deberán basarse en la buena fe, a través de cualquier medio de comunicación”[8].
De igual manera el DIH a través del Derecho Internacional Consuetudinario exige con énfasis el cumplimiento a la inmunidad de los actores del parlamento y la exigencia de cumplimiento de buena fe de los acuerdos humanitario y de paz convenidos:
“Un parlamentario es una persona perteneciente a una parte en conflicto que ha sido autorizada a ponerse en contacto con otra parte en conflicto. (…) Se hace hincapié en que debe respetarse escrupulosamente la buena fe en cualquier comunicación mantenida con el adversario. Esto implica que debe respetarse a los negociadores aceptados como tales por ambas partes y que los pactos negociados también deben respetarse, porque si no constituyen un engaño ilegal. Sin buena fe, la negociación en el campo de batalla sería peligrosa y poco útil. Las partes han de poder confiar en la palabra de la otra por lo que concierne a la seguridad de los negociadores y el cumplimiento de lo pactado. (…) El principio de buena fe se aplica, por definición, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales (…) Las normas detalladas aplicables al envío y recepción de parlamentarios son una aplicación específica del principio de buena fe”[9].
En consecuencia, es claro a la luz del derecho internacional y del derecho interno vigentes que el presidente Duque debe respetar los compromisos contraídos por el Estado colombiano en los acuerdos de paz y asumir el debido respeto a la inmunidad que cobija a las personas integrantes de la comisión del ELN para los diálogos de paz. No es políticamente coherente con el propósito de la paz interna y el requerido apoyo de la comunidad internacional, ni tiene sustento en el derecho internacional, la presión del presidente Duque contra Cuba para que proceda a atacar, mediante captura y extradición, a la delegación de parlamento del ELN. Le corresponde es aplicar el Protocolo convenido con el acompañamiento del conjunto de los países garantes, de forma que tal delegación retorne al país. A partir de allí le corresponde a Colombia las dinámicas que podrían llevar eventualmente a la retoma de estas conversaciones de paz. También es muy equivocada la amenaza del presidente Duque a Cuba de romper las relaciones diplomáticas, por esta situación, en la cual no le asiste ni fundamento en derecho ni consecuencia con el anhelo de la población colombiana de conseguir una paz completa y de poder seguir contando con el valioso concurso de la comunidad internacional y para el caso con la alta y generosa contribución brindada por Cuba.
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Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto obtenida de: https://id.presidencia.gov.co
[1] Pabón P. Rosemberg, Así nos tomamos la embajada, Planeta, Bogotá, 1985.
[2] Comunicación del Partido Comunista Cubano, al XIII Congreso del PCC ML (EPL) de Colombia, diciembre de 1990. En: Conclusiones del XIII Congreso Nacional del PCC ML, Pueblo Nuevo, Necoclí, Urabá, 1990.
[3] Dialogo, negociación y ruptura con las FARC EP y con el ELN, Álvaro Villarraga (compilador y editor Álvaro Villarraga (compilador y editor),), El Proceso de Paz en Colombia, Biblioteca de la Paz, Fundación Cultura Democrática, Bogotá, 2009.
[4] Diálogos exploratorios de paz Gobierno-ELN, Álvaro Villarraga (compilador y editor), El Proceso de Paz en Colombia, Biblioteca de la Paz, Fundación Cultura Democrática, Bogotá, 2013.
[5] Virri, Prieto, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, CICR, Ginebra, Suiza, 1988, página 28.
[6] Convenio sobre las Leyes y Costumbres de la guerra terrestre, 1907, artículos 32-34.
[7] Convenio I sobre tropas terrestres, Convenio IV sobre prisioneros de guerra, Ginebra, 1949. Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, 1954. Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, 1977.
[8] Norma 66. El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas. Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, CICR, Ginebra, Suiza, 2007, página 255.
[9] Normas 67-68-69. El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas. Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, CICR, Ginebra, Suiza, 2007, páginas 256-257.
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