La elección del magistrado Polo ha sido vista por los medios políticos y de comunicación como un gran triunfo del oficialismo y del partido liberal, fruto de una minuciosa labor de cabildeo, y una derrota estruendosa de la derecha, es decir, del Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical. Ver la elección del magistrado Polo desde una orilla partidista no solamente es simplista y equivocado, sino denigrante para la institucionalidad y los miembros que la componen.
Desde luego, como todo ser humano, y sobre todo en un modelo liberal de democracia, los magistrados de las Cortes tienen sus propios puntos de vista políticos y en materia constitucional no siempre reina la unanimidad. Tal como lo expuso José Gregorio Hernández en su columna del 24 de noviembre, “cada magistrado tiene su propia ideología y tendencia política, pero eso no se traduce en una función servil o abyecta, ni en la Corte se vota por grupos o bloques, ni en política. Poner en duda su independencia y objetividad es ofensivo”. Ello no quiere decir que no pueda haber magistrados serviles o al servicio de intereses particulares, pero no se puede confundir lo personal con lo institucional.
Las democracias contemporáneas – y Colombia se precia de ser una democracia – son consideradas ante todo un método para edificar decisiones públicas, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas. Un método que presupone reglas, principios y valores que lo hacen justificable frente a otras alternativas como las dictaduras. En las democracias liberales se abren las puertas a variadas y conflictivas concepciones del mundo, por lo tanto, a diferentes interpretaciones de las reglas, pero las reglas son las reglas, sobre todo las que rigen las Constituciones, lo que supone un límite a las veleidades ideológicas. Además, en todo espacio democrático una regla de oro es el debate, bajo el supuesto de que una buena argumentación es siempre esclarecedora y susceptible de realizar cambios en las opiniones de los individuos.
La gran prensa se pregunta si el apoyo del gobierno a su candidatura implica si Polo será un aliado el Ejecutivo y algunos órganos de prensa lo han presentado como afín a las ideas liberales. Los que lo conocen, sin embargo, lo califican más bien como conservador y apegado a la carta política.
De hecho, contar con el apoyo de un grupo político no es garantía de que el elegido se pliegue a las expectativas de aquel. Sucedió durante el gobierno de Santos con Carlos Bernal y el de Uribe con la magistrada María Victoria Calle quien se opuso a su segunda reelección. El entrante magistrado Miguel Polo, después de agradecer al Consejo de Estado por ternarlo y al Senado por elegirlo, dejó ver su independencia y se comprometió con realizar una “defensa férrea” de lo que es la Corte Constitucional, indicando de paso que “la polarización le hace mucho daño al país, y realmente lo que vivimos todos estos días fue una serie de manifestaciones que desdicen lo que es el papel de la Corte Constitucional, una entidad que durante toda su vida se ha dedicado siempre a actuar en derecho, conforme a la Constitución”.
En todo caso, la elección de Miguel Polo ha abierto un debate muy serio respecto de las orientaciones de la corporación dado que en 2025 saldrán cuatro magistrados de la Corte (Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo y José Fernando Reyes Cuartas) y que la clase política tiene los ojos puestos en las elecciones de 2026. Falta ver si la elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo al margen de la polarización y el tribalismo que caracteriza la política colombiana, más apegada a los intereses personales y grupales que a las instituciones.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: https://www.senado.gov.co/
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