Hace dos semanas paso desapercibida una noticia importante, la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y las mas importantes bandas del multicrimen de la capital de Antioquia entre las bandas criminales que por años han controlado el mundo del delito en esa región del pais y el gobierno nacional representado por Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz del gobierno Nacional.
ANTECEDENTES
Los antecedentes de este suceso se remontan al año 2016 en plena discusión de las mesa sobre el punto de victimas y sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición del Acuerdo Final de Paz entre las Antiguas guerrillas de las Farc y el estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos, en la que se pactó en el parágrafo 3.4.13, titulado Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, el cual reza: “En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer la seguridad en los territorios y facilitar condiciones para la paz, el Gobierno en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas (…)”. Esas “organizaciones antes señaladas” están definidas en el punto 3.4 como “las responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de DD.HH., movimientos sociales o políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (…)”.
A partir de allí se iniciaron contactos entre delegados del gobierno de Santos con representantes de bandas criminales herederas de la antigua oficina de Envigado en Medellín y también de los extintos bloque Metro y bloque Nutibara de las AUC a fin de pactar una ley de sometimiento a la justicia que interpretara el espíritu de lo acordado en la Habana en materia de pacificación de la criminalidad ligada al narcotráfico y que naturalizo el método paramilitar en su accionar.
Sobre esa base se realizaron conversaciones directas con el entonces vicepresidente Oscar Naranjo y el entonces fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, en esos diálogos reservados, el mentiroso y tramposo fiscal Martínez les prometía tanto a los delegados del clan del golfo (Urabeños) por una parte como a los abogados y representantes legales de las bandas de: “La Oficina”, “Los Chatas”, “Los Mesa”, “Los Pachelly” y “La Terraza; que se les brindaría un marco legal favorable para sus procesos penales y sus capitales ilícitos, pero en su despacho en Bogotá y de la mano de su equipo jurídico de la fiscalía preparaba un proyecto de ley de sometimiento que al ser aprobado resulto ser mas severo en las penas y las sanciones que las leyes ordinarias a través de las cuales son juzgados los principales capos y jefes de están bandas criminales que actualmente están en prisión o sobre los que recaen ordenes de captura vigentes.
Hablamos de la Ley 1908 de 2018, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley en lugar de ofrecer más beneficios para los jefes de estructuras criminales y en general a los integrantes de estas bandas que estuviesen dispuestos a someterse a la justicia, en cambio, les dio más herramientas a los fiscales y agentes que lideran los expedientes contra estas facciones, en cuanto a los plazos para indagar, las herramientas para recaudar evidencias, interceptar comunicaciones, los trabajos encubiertos, entregas vigiladas de dinero, búsqueda selectiva en bases de datos y las medidas de aseguramiento, entre otras disposiciones (artículos 12 a 25).
Asi mismo endureció las penas para los delitos de constreñimiento ilegal y al sufragante, concierto para delinquir, amenazas y uso ilegal de uniformes (art. 3 a 10). Le puso la lupa a la actuación de algunos civiles, como abogados, contadores y químicos, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal: “El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos (…), con el propósito de contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para ejercer el oficio por 20 años”. Y el artículo 58 de dicha ley fue la tapa para el fracaso de esta norma, que la hizo inviable y por lo que no fue usada por los sujetos criminales a la que fue dirigida, pues señala que “en ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados”, muchos de los cuales tienen cuentas pendientes con cortes extranjeras, debido a sus actividades de narcotráfico y secuestro. En la práctica hicieron inviables los sometimientos colectivos, pues a la hora de la verdad resulta más beneficioso para los miembros hacer un preacuerdo individual con la Fiscalía.
En otras palabras el pícaro exfiscal Néstor Humberto Martínez, les hizo un entrampamiento legal a los capos y exjefes paramilitares presos en cárceles colombianas o prófugos de la justicia, que impidió que estas estructuras criminales aceptaran un proceso de sometimiento a la justicia durante el gobierno del expresidente Ivan Duque, era peor el remedio que la enfermedad.
LOS CAMBIOS QUE INTRODUJO LA LEY 2272 DE 2022 Y/O DE LA PAZ TOTAL
Por su parte la nueva Ley 2272/2022 que reformo la 418 y le dio marco jurídico a la política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro estableció en el parágrafo C del artículo segundo lo siguiente (…)
“En el marco de la política de paz, el Gobierno podrá tener dos tipos de procesos: (…) (ii) Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas.”
Con base en esta legislación el actual gobierno en cabeza de la oficina del Alto Comisionado de Paz ha lanzado una estrategia para lo que se denomina la Paz Urbana que consiste en adelantar diálogos y acercamientos con los voceros de las bandas delincuenciales de los centros urbanos mas conflictivos en el pais, como es el caso de Medellín y su área metropolitana y simultáneamente presentar ante el congreso de la republica un proyecto de ley de sometimiento a la justicia denominado Proyecto de Ley No “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto de ley ya fue radicado en el senado y tiene el acompañamiento de los ministerios de justicia y del interior, una vez se inicien los debates en la comisión primera.
Ahora bien como es evidente que la discusión de dicho proyecto se va a aplazar para la próxima legislatura ante la falta de consensos en torno a su articulado que aún persisten, el gobierno nacional mientras tanto, instalo oficialmente el pasado 03 de junio en la cárcel de Itagüí la fase pública de las conversaciones, con los voceros de las principales bandas criminales de Medellín y el valle de Aburra. Por parte del gobierno la delegación la integran: Jorge Mejía Martínez, exconcejal, exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín, la senadora Isabel Zuleta, la excomisionada de la Verdad Lucía Victoria González y María Gisela Quintero, lideresa social y víctima de la violencia.
Por parte de las bandas delincuenciales los voceros serán: Jorge Vallejo Alarcón (alias “Vallejo”) “la Oficina”, Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), jefe de “los Chatas”, Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez,” La Mesa”, Camilo Rendón Castro (“el Saya”), de “la Terraza”, Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”, Freyner Ramírez García de “los Pesebreros” y Mauricio Morales Múnera de las bandas de Bello.
En esta fase publica se discutirán y aprobarán los protocolos que regirán las conversaciones y los mecanismos de resolución de conflictos, asi como el seguimiento permanente a los pactos de no agresión entre los combos delincuenciales y el compromiso de la disminución de la violencia en toda el área metropolitana por parte de estas estructuras.
En otras palabras, este nuevo intento de paz urbana con la criminalidad en Medellín es un experimento para validar la hipótesis que han lanzado expertos en seguridad humana y Derechos Humanos de que es posible pacificar el narcotráfico y a las mafias ligadas a este fenómeno y a sus rentas ilegales, tal como ha sucedido en Italia, especialmente en las regiones de Sicilia y Palermo en el sur de ese pais. Se parte del principio de mitigar el daño que causa la delincuencia organizada y operativizar un Coaching de control del daño dirigido a los impactos de la violencia en la calidad de vida y la convivencia en centros urbanos de países en desarrollo.
En principio el grado de organización y la simbiosis que se ha presentado en la criminalidad de la capital Antioqueña podría permitir que ese objetivo se logre con éxito, toda vez que las bandas criminales que dialogan con el gobierno tiene una existencia de más de treinta años en promedio y se han adaptado a la violencia inicial del cartel de Medellín, las guerras entre milicias urbanas aparatos criminales del estado como el extinto DAS y el F2 y fuerzas especiales del ejército, la lucha a muerte entre los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Metro y finalmente las disputas por el control de las comunas y el Valle de Aburra entre los Gaitanistas, La nueva oficina de Envigado y otras poderosas bandas como los Pachely los Mesa.
Por otro lado la cultura política de la ciudadanía de Medellín se ha venido transformado de manera positiva en los últimos años en la medida que han retrocedido en la psiquis colectiva la anticultura mafiosa, uribista y paraca que tanto daño le ha hecho a la sociedad paisa, este hecho ha quedado registrado en acontecimientos tan importantes como la elección de un alcalde no Uribista en esa ciudad como Daniel Quintero que sin lugar a dudas esta por fuera de los circuitos delincuenciales que han manejado los hilos del poder y que han extendido los tentáculos de la criminalidad al seno de la administración pública como lo sucedido con el Secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas en la anterior alcaldía de Federico Gutiérrez.
A esto se le agrega el incremento del apoyo electoral que en las pasadas elecciones obtuvo la candidatura presidencial de Gustavo Petro en Medellín, especialmente de los jóvenes y mujeres, muchos de ellos y ellas residentes en las comunas mas violentas de la ciudad y que le apuestan a la paz total en sus barrios, pues ya no creen en el mito del mafioso como único camino para salir adelante y sacar a su familia de la pobreza, ese paradigma ya no es para miles de ciudadanos de Antioquia, finalmente los capos y jefes de estas estructuras criminales ya están viejos y golpeados por largas penas de prisión y persecución penal por parte del estado, por lo que les interesa un proceso garantista de sujeción a la justicia que les permita un retiro medianamente seguro de su vida delictiva, tal como ha acontecido con varios exjefes del paramilitarismo que hoy están libres después de haber cumplido sus penas en la Ley de justicia y Paz. El camino apenas empieza, ojala se conjuguen todas las sinsustancias que permitan llevar con éxito la estrategia de la Paz Total a los centros urbanos de nuestro pais.
Julio Arenas, Director del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Cambio Colombia
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