1. Fallas en la información pública y ciudadana
En nuestra labor de veedores(as) nos hemos pronunciado periódicamente frente al plan de desarrollo de la ciudad durante estos veinticuatro años de conformación. Empresas Públicas de Medellín (EPM) también ha sido parte de nuestra preocupación como ciudadanos(as) y, por ello, en años recientes hemos hecho públicos nuestros llamados y alertas frente a inversiones cuestionadas como Aguas de Antofagasta S.A. (ADASA) en Chile, donde se cuantificó un presunto detrimento patrimonial de $560 mil millones de pesos por la Contraloría General de Medellín. Pero también, hemos visto con preocupación otros casos, como el Parque Eólico Los Cururos, donde las pérdidas superaron los $600 mil millones; la Hidroeléctrica Bonyic en Panamá, que tiene pérdidas superiores al billón de pesos; las inversiones en Ticsa en México, donde también se presentaron sobrecostos en la adquisición; y, por supuesto, también alertamos sobre el detrimento patrimonial de UNE.
El último de nuestros pronunciamientos sobre EPM recalcó los retrasos y sobrecostos superiores a los 60 mil millones en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello; sobrecostos que, como anunciamos en ese momento, hemos asumido los usuarios en las tarifas de acueducto y alcantarillado. Un caso sobre el que, además, expresamos nuestra preocupación por la política de compras y contratación de la empresa en favor de las grandes corporaciones y multinacionales, en detrimento del desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la ciudad y la región, pues, según lo denunciamos en el proceso de construcción de esta obra, se quebraron alrededor de 30 pequeñas empresas locales, mientras hubo excesiva generosidad con la multinacional contratada para este proyecto.
A los sobrecostos en estas inversiones se sumó el reciente proyecto de Hidroituango, que de acuerdo con informes preliminares de la Contraloría General de la República son de por lo menos unos 4 billones de pesos.
Estas alertas nos han permitido demostrar que a pesar de que EPM ha sido el patrimonio público más emblemático de la ciudad, ha venido presentando, en los últimos años, sobrecostos y fallas en algunos proyectos nacionales e internacionales que podrían ser un síntoma del declive en la calidad de su gestión.
Desde esta idea, valdría la pena no solamente advertir que es necesario evaluar la gestión de EPM frente a las inversiones realizadas en los últimos años, sino también avanzar en el acceso a la información sobre la gestión de la empresa. Si bien existen mecanismos que protegen el derecho a acceder a la información pública, incluso a través de la acción de tutela, con lo que nos enfrentamos ciudadanos(as) preocupados(as) por la gestión de lo público es con obstáculos que impiden su conocimiento oportuno al no encontrar respuestas o recibirlas incompletas, no validadas, confusas o en formatos poco accesibles.
La Ley 1712 de 2014 consagra el derecho a acceder a la información pública, promoviendo dentro de las funciones de las entidades públicas una gestión transparente que disponga de una información oportuna, clara, accesible y de calidad para la ciudadanía. En garantía de este derecho creemos que esta es una nueva oportunidad para promover y verificar que las entidades públicas estén cumpliendo con esas obligaciones. Por ello, instamos a la Alcaldía de Medellín a garantizar el control social frente a la empresa, ofreciendo mayor celeridad en los tiempos de respuesta, calidad de la información (oportuna, actualizada y completa), formatos con acceso a copia que permitan su procesamiento y análisis, y por supuesto, se abran espacios de interlocución que permitan una rendición de cuentas amplia e informada.
2. Cambio de objeto social y defensa del patrimonio público
Como es de conocimiento público, el 1° de julio de este año, el alcalde radicó ante el Concejo de Medellín un proyecto de Acuerdo que buscaba modificar el objeto social de EPM a través de facultades extraordinarias. Aunque el proyecto fue retirado, el mismo alcalde anunció que volvería a presentarlo a esta corporación pública en octubre. El cambio propuesto se haría en tres líneas: la primera, contempla servicios relacionados con “biocombustibles, infraestructura, movilidad sostenible, tecnologías de la información, servicios compartidos y adecuación de tierras para dotarlas con riego, drenaje o protección de inundaciones”. La segunda, contempla la producción, transformación, gestión y explotación comercial de infraestructura, información, conocimiento, subproductos y todo tipo de bienes, ofertas de financiación, soluciones para las personas, el hogar, el comercio y la industria, servicios de corresponsal de seguros y turísticos asociados a su infraestructura; y una tercera que avala a la junta directiva de EPM para que adopte y ejecute actividades que busquen el beneficio con nuevas tecnologías.
No se trata de un asunto de poca monta, EPM representa para la ciudadanía el patrimonio público más importante no sólo por el suministro de servicios públicos domiciliarios, sino también por su capacidad histórica de gestión eficiente de bienes y servicios accesibles para las comunidades y rentables para la empresa. De acuerdo con esto, nos preocupa la presentación de este proyecto ante el Concejo de la ciudad porque se trata de una iniciativa que no ha pasado por la deliberación ciudadana.
Como veeduría, mostramos nuestro desacuerdo con esta iniciativa que le quita foco a una empresa que ya enfrenta retos importantes tanto con el proyecto de Hidroituango, como con Caribe Mar (Electricaribe). Este último proyecto, exigirá grandes inversiones y, especialmente, una buena gestión ante los problemas estructurales y culturales en la región Caribe de Colombia. De hecho, se trata de una inversión que ha generado muchas dudas sobre su retorno, precisamente por las dificultades financieras, el acumulado de desaciertos en la expansión internacional y las inversiones irrigadas por muchas regiones de nuestro país, decisiones en las que también han tenido responsabilidad algunos(as) de los(as) integrantes de la junta directiva saliente de la empresa.
3. Gobierno corporativo y su compromiso con un gobierno abierto
Reconocemos que la obligación legal de reclamar compensaciones por daños y perjuicios causados a la empresa corresponde a la alta dirección de EPM y no a su junta directiva, pero creemos que, por los riesgos de esta decisión, debió consultarse y presentarse ante esta instancia el plan de contingencia frente a los probables retrasos y sobrecostos que se han señalado por esta acción.
Por tanto, consideramos importante conocer por parte de la gerencia de EPM las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la matriz de riesgos que se construyó para adelantar la acción jurídica contra el consorcio constructor?
¿Con la presente demanda existe algún riesgo de que la aseguradora MAPHRE, que había reconocido pagos a EPM porque las fallas en Hidroituango eran imprevistas, pueda impugnar o desconocer lo que ya se reconoció al ahora, con esta acción legal, al declarar la responsabilidad contractual de los diseñadores y constructores?
¿Qué impacto la demanda en el costo del endeudamiento futuro de la empresa?
¿Existen sobrecostos financieros actualmente?
¿Existen alternativas frente al riesgo de parálisis de la obra por parte del consorcio constructor?
Ante esta situación la Veeduría insta:
Al alcalde Daniel Quintero y la administración de EPM a dar respuestas claras y oportunas a las preguntas que desde el Concejo y la ciudadanía se hacen sobre las implicaciones de esa decisión.
Al Concejo de Medellín a actuar con responsabilidad frente a las propuestas de la Alcaldía, y a realizar los controles necesarios en la gestión de EPM; y, en correspondencia, sobre el Plan de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.
A la Contraloría de Medellín para que realice las investigaciones pertinentes y adelante las acciones orientadas a defender los recursos públicos.
A las organizaciones sociales, empresariales y a la ciudadanía les invitamos a unir esfuerzos para acompañar la defensa de nuestro patrimonio municipal, y a promover un nuevo pacto social en la región que incluya el modelo de desarrollo y futuro de EPM.
Es momento de generar un proceso de deliberación sobre el papel de la ciudadanía y su participación en el seguimiento a la gestión en las empresas y el conglomerado público que durante años ha negado la participación a través del control social. La actual coyuntura debería ser una oportunidad para discutir y proponer un modelo de ciudad y región que incluya la perspectiva de la sociedad civil en su diversidad, que baje las sospechas y restaure la confianza para buscar acuerdos entre los diversos sectores y sujetos sociales del territorio.
Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín*
Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA)
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
CONFIAR
Corporación Conciudadanía
Corporación Convivamos
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Corporación Región
Corporación Viva la Ciudadanía
Escuela Nacional Sindical
Federación Antioqueña de ONG (FAONG)
Pronunciamiento público Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín
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