Por el momento queda claro que los planes que el gobierno se había trazado para sacar adelante las reformas que requiere la buena marcha del país quedan postergados o tienen que ser revisados, no solamente porque la situación lo exige, sino por lo que conocemos, comenzando por una desigualdad social que tenderá a incrementarse por semanas de parálisis económica que deja sin ingresos a una clase media que se suma a la población que sobrevive en la informalidad. En segundo lugar, por un ineficiente sistema de salud que los gobiernos no han podido o no han querido mejorar. En tercer lugar, por el carácter mafioso de ciertos sectores de la clase política que han tejido lazos estrechos con prácticas delictivas y corruptas destinadas a apropiarse del dinero del Estado.
El Gobierno ha considerado, y con razón, que en los momentos actuales su prioridad es promover aquellas iniciativas que permitan reconstruir la economía y el tejido social. Mantener funcionando el sistema económico del país implica realizar delicadas cirugías financieras para evitar que el aparato productivo deje de funcionar y asegurar recursos para que el sistema de salud no colapse bajo el peso de la pandemia.
La caída del precio del petróleo y el encerramiento forzoso al que deben someterse los habitantes de los grandes centros urbanos con la consiguiente pérdida de ingresos redunda en una caída del recaudo tributario, pero pensar en una reforma tributaria en las condiciones actuales es un imposible. Así lo han hecho saber el presidente de la República y sectores políticos influyentes. En la práctica, para fomentar una política macroeconómica expansiva que permita atender los desafíos sanitarios y humanitarios, la única salida que se vislumbra es contraer más deuda externa, a sabiendas de que una vez superada la tragedia ésta debe ser pagada.
El Gobierno ha tomado medidas para ayudar a resolver problemas de iliquidez empresarial facilitando el acceso al crédito, a la vez que facilitado los trámites relacionados con la contratación pública y en este campo se ha enfrentado a otro factor endémico de la vida pública colombiana: la corrupción.
De hecho, los paquetes de medidas sociales aprobados para aliviar a las franjas más vulnerables de la población durante la estricta cuarentena decretada y las denuncias de irregularidades provenientes de distintos sectores han evidenciado la importancia de la lucha contra la corrupción en medio de la emergencia. La contratación pública, los casos de sobrecostos, los cobros indebidos y la distribución de las bolsas de comida siguen siendo un terreno fértil para las malas prácticas, a las que las autoridades han declarado la guerra. Esa iniciativa, sin embargo, ha elevado la tensión entre el Gobierno y los organismos de control, esto es, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La incómoda situación entre el Gobierno y los organismos de control se generó a raíz de la iniciativa que emprendió la vicepresidente Marta Lucía Ramírez quien el 13 de abril anunció una “unión sin precedentes de todas las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción” mediante la creación de un equipo especial para fiscalizar, coordinar y concretar acciones contra los corruptos que roban los recursos del Estado aprovechando la agilización de los trámites de contratación.
El propósito, una tarea que todas las voces del espectro político consideran necesaria, choca, no obstante, con la separación de poderes contemplada en la Constitución, motivo por el cual los responsables de los órganos de control han dado una respuesta dura reivindicando su independencia en un comunicado conjunto en el que destacan el trabajo realizado desde el comienzo de la emergencia sanitaria e indican que “como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo [de] élite liderado por la vicepresidenta de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades”.
La crisis del coronavirus ha cambiado la agenda del país. Aunque los desafíos del pasado siguen presentes por cuanto no se han resuelto, las circunstancias han modificado las prioridades del Gobierno. Hoy la atención de los colombianos se centra en temas relacionados con la supervivencia, la desigualdad, la inequidad y la concentración del poder. Llama la atención el poco protagonismo que han manifestado los partidos políticos que no se han sentido como actores de primera línea, opacados por el primer mandatario que ha sabido entender el reto y el sector empresarial que ha asumido una labor asistencial apreciada por muchos.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Eltiempo.com
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