Empezando por la hipótesis es un texto muy sugestivo. Lleva a elaborar una serie de conclusiones que deberían ser tenidas en cuenta, tanto por los representantes del gobierno como por los dirigentes de las comunidades rurales de esa región y de las demás regiones que tienen condiciones similares como el Catatumbo, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Nariño.
Resalto la hipótesis:
“La hipótesis que se plantea en este ensayo sobre la actual situación y problemáticas de la Cuenca del río Micay, que hace parte de los diálogos y negociaciones que recientemente se iniciaron entre el gobierno y las llamadas «disidencias de las Farc” (grupo armado autodenominado “Estado Mayor Central” EMC, que tiene fuerte presencia en dicho territorio), consiste en que el proceso de colonización y poblamiento de dicha región que ocurre desde los años 70s del siglo XX, que ha girado alrededor de la economía del narcotráfico y de la minería ilegal, hace parte de un ciclo de la expansión de la frontera agrícola que cuenta con unas características y particularidades que lo hacen diferente de los anteriores ciclos que han ocurrido en Colombia en el último siglo y medio, desde la segunda mitad del siglo XIX” (Duque Giraldo, 2024).
Entre las conclusiones más importantes que se pueden elaborar a partir de ese estudio y que deberían influir en las decisiones tanto del gobierno como de las comunidades comprometidas con esa realidad, planteo las siguientes:
- Ha surgido una “burguesía emergente” que se convierte en un sujeto social y económico muy importante, que, a diferencia de otros procesos de colonización anteriores, no va a permitir que la oligarquía colombiana tradicional (gran terrateniente) se apropie de esos territorios y tierras despejadas y domesticadas por los campesinos colonos cocaleros.
- La Cuenca del río Micay no es lo mismo que “el cañón” del río Micay. La cuenca es un territorio muy extenso mientras el “cañón” es un lugar relativamente reducido pero muy estratégico desde el punto de vista militar.
- La insurgencia colombiana fue cooptada por la economía del narcotráfico, y en ese proceso, pasó de ser la vanguardia del movimiento campesino que luchaba por la reforma agraria democrática a convertirse en la “policía rural” de los narcotraficantes y de esa “burguesía emergente”.
- Esas “fuerzas armadas ilegales”, a pesar de todo, tienen una legitimidad real entre las comunidades de esos territorios, dado que regulan las relaciones entre los diferentes sectores sociales y garantizan la seguridad y la “estabilidad” del proceso productivo y social, tanto de la producción y comercialización del clorhidrato de cocaína como de la minería ilegal.
- Existen en la región dos tipos de ocupación y utilización del territorio por parte de comunidades que deben compaginarse o complementarse para poder superar los problemas actuales: la apropiación ancestral y armónica con la naturaleza de las comunidades afros e indígenas y la ocupación depredadora y destructora de tipo colonial capitalista desarrollada por campesinos colonos.
De acuerdo a lo anterior, parece que tanto los funcionarios del gobierno como los representantes de las comunidades de esas regiones no son bien conscientes de la realidad que viven y enfrentan. O, tal vez, elaboran narrativas para no enfrentar el problema concreto porque no quieren reconocer algo que está a la vista. Y entre ellos, los grupos “guerrilleros”, mantienen o “cañan” con un discurso que hace mucho rato no se corresponde con su práctica real y cotidiana.
La realidad es que la “burguesía emergente”, que ha surgido en ese largo proceso de “colonización cocalera”, sí está interesada en legalizar sus capitales y riquezas y quiere integrarse a la economía y al mercado nacional (ya lo ha realizado parcialmente y “de hecho”), pero no acepta las políticas tradicionales de “sustitución de cultivos” que son propuestas para los “campesinos cocaleros”, y que hasta ahora no tienen ninguna posibilidad de ser exitosas por cuanto las condiciones reales de marginalidad, lejanía, malas carreteras o inexistencia de las mismas y ausencia de infraestructura productiva, impiden que en esas regiones surjan ‒a corto plazo‒ economías agrarias que puedan competir en el mercado capitalista existente.
Por ello, la política que actualmente impulsa el gobierno de Petro en esa región, lo lleva finalmente a enfrentarse a las comunidades rurales (como está ocurriendo), y como se verá en el futuro, no podrá ser sostenible por cuanto, por un lado, la demanda global de cocaína y de oro seguirá existiendo, y, por otro lado, no ha sido concertada con el conjunto de la población local.
Además, el Estado no cuenta con el músculo económico y financiero para garantizar inversiones sostenidas en la región. Por algo el presidente Petro le pide ayuda a EE.UU. y China para realizar la compra de las cosechas de hoja de coca o de los subproductos que se puedan procesar, lo cual significa que sólo es una idea “en el aire”. Y la gente “ya no come cuento”.
Es bueno leer el ensayo de Duque Giraldo, algo largo pero muy interesante.
Fernando Dorado
Foto tomada de: CNN en español
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