“Pero si tu verdugo llegado del norte, el conquistador blanco, el buscador de oro la tocara, sólo encontrará en ella veneno para su cuerpo y locura para su mente”[1]
El pasado 14 de julio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- hizo entrega de su informe anual “Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Julio 2017”. Diversos sectores hicieron coro con los titulares de la gran prensa, que a su vez fijó su mirada en las cifras, como suele ocurrir, “escandalizados” con el aumento de las áreas de cultivo y señalando a las FARC, al gobierno y al Acuerdo entre los mismos, como responsables del incremento de los cultivos. Vieron los porcentajes sin ver las matas e ignorando convenientemente, que detrás de ellas subsisten miles de familias de campesinos pobres y sin oportunidades, que constituyen un grave y viejo problema social que no se resuelve con ESMAD ni con glifosato ni con órdenes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
El propio documento precisa que el informe de monitoreo de cultivos de coca para 2016 “aparece en un momento histórico trascendental para Colombia. La firma de acuerdos de Paz con la guerrilla de las Farc – Ep y la expectativa por la concreción de un proceso exitoso con el ELN, constituyen elementos clave para entender las estadísticas y tendencias que ofrece el reporte”. Señala además que los últimos años se configuró un escenario de transición en la estrategia de lucha que impactó la dinámica de los cultivos ilícitos, como por ejemplo densificación de la siembra en los núcleos más tradicionales, participación más activa de las comunidades afectadas, reactivación de mercados ilegales en regiones afectadas por cultivos ilícitos, surgimiento de nuevos grupos ilegales o pugnas entre los existentes para adueñarse del negocio y una menor percepción de riesgo para la actividad ilícita.
Por “fuera de ese marco complejo”, es imposible entender el informe, resalta el estudio, a la vez que reta a los “analistas” a diferenciar entre tendencias y coyunturas.
A pesar de que la cifra de cultivos de coca haya tenido un incremento de 52%, debe tenerse en cuenta que el año 2016 corresponde a uno de los períodos “con menor territorio afectado en toda la serie histórica; esto quiere decir que se confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio”. Efectivamente, en la Región Pacífico se observa un incremento del 42% (de 40.594 ha. pasó a 57.777 ha.); en la Región Putumayo Caquetá pasó de 27.780 ha. a 34.505 ha. (incremento del 24%); en la Región Amazonia pasó de 181 ha. a 286 ha. (incremento del 58%) y en la Sierra Nevada pasó de 7 a 35 hectáreas, es decir un incremento del 400%.
El informe revela que se consolidan los núcleos de sembrados de coca asociados a zonas de frontera, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, las cuales registraron el mayor crecimiento y corresponden a los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe de 2015.
Aparte de las particularidades del estudio sobre Colombia, para su mejor comprensión, también debe tenerse presente el Informe Mundial sobre las Drogas, publicado en mayo de 2017 igualmente por la UNODC. En tanto las problemáticas que aquejan a los países se hallan interconectadas, lo que ocurre en Colombia repercute en otras latitudes. Según éste informe: se estima que cerca de 250 millones de personas consumieron drogas por lo menos una vez en 2015; en los Estados Unidos mueren muchas más personas cada año como consecuencia del uso indebido de opioides que a raíz de accidentes de tráfico o de la violencia; la corrupción es el gran factor coadyuvante de la delincuencia organizada, y a lo largo de toda la cadena de la oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la corrupción, sin embargo poco se conoce acerca de la manera como actúan los diferentes tipos de corrupción con los mercados de drogas; el consumo de cocaína parece ir en aumento en los dos principales mercados -América del Norte y Europa-, y la prevalencia del consumo en la población en general y pruebas realizadas en entornos laborales indican que el uso de esa sustancia aumenta en los Estados Unidos.
Sin considerar esa apabullante y actual realidad, de manera malintencionada y oportunista, se busca asociar el incremento en los cultivos de coca –pero no el aumento del consumo de cocaína- con el Acuerdo de paz, en tanto uno de sus puntos tiene que ver con erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, de manera concertada con las comunidades. En la cadena del exuberante negocio del narcotráfico, los campesinos, pequeños cultivadores, son los que llevan la peor parte: asediados por las grandes mafias y grupos criminales que controlan el negocio del narcotráfico; acorralados por la miseria; abandonados y perseguidos por el Estado que solo se acuerda de ellos cuando de fumigar sus cultivos se trata o de criminalizar su pobreza.
Si bien el punto 4 del Acuerdo –que busca una solución “definitiva” al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas- no ha sido desarrollado a cabalidad, se estima que a mayo de 2017, 83.790 familias en 67.193 hectáreas de 13 departamentos[2], se encuentran vinculadas al programa de erradicación y sustitución de cultivos. El Informe Mundial vislumbra la situación de manera completa: “La promoción del desarrollo sostenible y sus elementos fundamentales de desarrollo socioeconómico y ambiental, conjuntamente con la paz, la justicia y la transparencia de las instituciones, sigue siendo la mejor respuesta para ayudar a los agricultores a abandonar el cultivo ilícito para la producción de drogas. Únicamente el fortalecimiento del estado de derecho, una paz duradera y la creación de fuentes de ingresos sustitutivas pueden romper el círculo vicioso de pobreza, inseguridad y cultivo ilícito. Los factores coadyuvantes del cultivo ilícito para la producción de drogas son polifacéticos y varían de un país a otro y dentro de cada país”.
Visión que también es compartida en el informe sobre Colombia, cuyo gobierno, según el documento “ha promovido una visión integral del problema de los cultivos ilícitos basada en el estudio de los territorios como escenarios donde confluyen diferentes características que facilitan o limitan la sostenibilidad de las acciones de lucha contra los cultivos ilícitos”. En tal sentido se busca superar la mirada simplista de las cifras por una visión “más amplia y centrada en los territorios afectados por cultivos ilícitos”. No obstante todavía se escuchan voces que claman por la aspersión aérea y niegan la problemática social.
La complejidad del asunto nace en los territorios, en las regiones donde han de implementarse los programas de sustitución, abandonadas por años y anhelantes de planes de desarrollo integral agrario, mejoramiento de su infraestructura vial y en general de sus condiciones infrahumanas de subsistencia. De nada servirá sustituir cultivos de coca por siembras de plátano si no existen las carreteras ni las condiciones de infraestructura que les permita a los campesinos comercializar sus productos de manera favorable y justa. De lo contrario pasarán de las garras de los narcotraficantes a las garras de los intermediarios de sus cosechas.
Bo Mathiasen, representante de UNODC, considera que los territorios requieren una transformación económica en términos de inversión y ayuda social: “Es claro que los cocaleros son mal pagos, sus ingresos son bajos. No es un gran negocio, es la falta de oportunidades. No han tenido la oportunidad de ingresar a la economía formal. Desde el punto de vista económico, esos programas son sensatos porque generan el desarrollo de la economía local, y los campesinos se van a sentir como colombianos y no como delincuentes. Hay que brindarles la seguridad a estas comunidades, con la Fuerza Pública y fiscales, para expulsar a los grupos al margen de la ley y que puedan vivir en paz”.
Cabe preguntarse, en este panorama, ¿cuál es el papel de los países en los cuales el consumo de drogas ilícitas va en aumento?; no es comprensible que mientras Colombia es el país que mayores incautaciones de cocaína genera, los países consumidores, por así decirlo, como los Estados Unidos, no libran una lucha igual en sus propios territorios contra sus propios narcotraficantes que controlan el tráfico local y al menudeo. Si el mercado capitalista demanda borojó seguro que habrá oferta de borojó, pero si la demanda es de estropajo entonces la oferta será de estropajo.
Finalmente, ¿alguien recuerda las movilizaciones campesinas de noviembre de 1994 y enero de 1995 en el departamento de Putumayo y luego en julio y agosto de 1996 en Putumayo y Caquetá? En esa ocasión cerca de 5.000 campesinos protestaron en Puerto Asís (Putumayo) contra las fumigaciones con glifosato, portaban carteles con la leyenda “Votamos por Samper no por la DEA” y apenas reclamaban un plazo para erradicar los cultivos gradualmente, construcción de hospitales y puestos de salud debidamente dotados, electrificación de sus territorios y construcción de carreteras para sacar sus productos.
En Morelia (Caquetá) el paro cocalero dejó como saldo 6 campesinos muertos, más de 70 heridos y el compromiso del gobierno de invertir cerca de 14.000 millones de pesos en planes de salud, educación y obras públicas; para asumir el tema de la erradicación se acordó un pago de $2.300.000 por hectárea erradicada y un subsidio de vivienda de $1.800.000 a los campesinos que se acogieran al programa.
Veintidós años después, el programa de sustitución de cultivos previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz contempla el compromiso de los campesinos de erradicar, sustituir y No resembrar cultivos ilícitos. El Gobierno ofrecerá a los campesinos los siguientes incentivos: Un millón de pesos mensuales, durante un año, para invertir en sus nuevos cultivos; Un millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto-sostenimiento; 9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura; Desde el segundo año, inversión hasta de 10 millones de pesos por familia para consolidar proyectos productivos; Asistencia técnica durante todo el proceso y Líneas especiales de crédito.
¿Será que esta vez sí se cumple?
José Hilario López Rincón
19 de julio de 2017
NOTAS
[1] Antonio Díaz Villamil
[2] Según cifras de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad