La Corte Suprema de Justicia les dijo NO a las pretensiones de Enrique Peñalosa y de sus amigotes del Consejo Nacional Electoral, CNE. De las tres pretensiones no prosperó ninguna. Así quedó confirmado que a) los promotores de la revocatoria no están obligados a demostrar que Peñalosa incumplió su programa de gobierno, pues la revocatoria es una de las formas de ejercer sus derechos políticos un pueblo soberano, siendo la inscripción y la motivación tan sólo la parte preliminar de un ejercicio se completa con el voto, b) al trámite de un revocatoria no se le aplica la ritualidad de las notificaciones y de los recursos propios del proceso judicial[1]; de igual manera si no existe la obligación de demostrar, por sustracción de materia ninguna autoridad tiene la obligación de verificar tal demostración[2]; c) si el CNE no ha cumplido con sus deberes de reglamentar (si es que los tiene), no es la tutela el recurso idóneo sino la acción de cumplimiento[3]; d) no es viable modificar la reglamentación a estas alturas del proceso, pues atenta contra el derecho a la seguridad jurídica.
En esta lid no sólo perdió Peñalosa, quien tendrá que someterse a la voluntad popular, a contrapelo de lo que parece ser una percepción de sí mismo como heredero de un derecho divino que le permite manejar la ciudad como su propia hacienda. Perdió Humberto Sierra Porto, un exmagistrado que gozaba del prestigio de ser un gran procesalista y que contaba entre sus actos meritorios el haberle dicho que no al consabido articulito que permitía la re-re-elección de Uribe, y que lo hizo defendiendo el debido proceso por ser este la garantía de los valores democráticos[4]. En este caso, el de Peñalosa, insistió en que el CNE debía reglamentar algo para lo cual no tiene la facultad y que lo hiciera para afectar un proceso en curso: dos monumentales violaciones al debido proceso, el de la competencia y el de la seguridad jurídica. Olvidó para la ocasión que con la revocatoria se hacen posibles en parte esos valores democráticos que tanto defendió en la Corte Constitucional.
Perdieron la Cámara de Comercio de Bogotá, CAMACOL y ProBogotá, tres instituciones que al parecer no saben de derecho sino de intereses, pues al ser convocadas por la Corte tan sólo atinaron a expresar “su acuerdo con la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá y solicitaron que se le garantice el derecho de defensa para que pueda ser escuchado, controvertir y objetar las pruebas en su contra”[5], sin detenerse a evaluar con algo de seriedad los aspectos jurídicos de los derechos involucrados en un proceso de revocatoria. Perdieron los medios de comunicación, quienes parecían aplaudir alborozados cada jugada hecha en contra de la revocatoria de su pupilo.
Entre los ganadores están todos aquellos que se oponen a la pavimentación de la Van der Hammen, al Transmilenio por la Séptima, a la venta de la ETB y la EAAB, al metro elevado, al incremento de la morbi-mortalidad infantil y de los niveles de pobreza; los que se oponen a la pavimentación de las vías férreas para montar transmilenios, a la inversión de $22 billones dedicados a la expansión de las troncales con buses movidos con Diesel[6], en una época agobiada por el cambio climático y en la que los buses eléctricos ya están disponibles y a precios razonables. También ganaron los que sueñan con el metro regional y todos aquellos que aspiran a que la justicia no sea tan solo un instrumento para garantizar los caprichos y el enrique-cimiento de una élite.
Pero es necesario resaltar que este triunfo es tan sólo un respiro, falta 1) concretar el llamamiento a la votación, 2) que la andanada mediática que se nos vendrá encima no disuada a los bogotanos de ir a las urnas, y 3), lo más importante, un acuerdo sobre el modelo de ciudad que sobreviva a las particularidades de los partidos y de los candidatos, de tal manera que la ciudad se libre de los bandazos, de un indefinido pare y siga que tanto la ha atrasado. Debemos erradicar la posibilidad de que –como en el antiguo Egipto- un nuevo gobernante ordene la destrucción de todo lo realizado por el anterior con el propósito de que no figure en la historia. Tampoco puede ser que cada periodo de la alcaldía se vuelva el “cuarto de hora” para enrique-cerse con amigotes, sean estos de izquierda o de derecha.
No es una tarea fácil, pero es necesario emprenderla. Debe aprovecharse que a la revocatoria le seguirá un periodo de transición, el cual podría servir para convocar a la ciudadanía, a la academia y a las diversas instituciones para delinear un proyecto de ciudad productiva, moderna, incluyente y capaz de asumir el reto de reducir todo aquello que induzca el cambio climático y los males que le acompañan.
El fallo de tutela impacta porque el sistema judicial –en dos instancias- mostró su independencia aferrándose a la verdad jurídica. No se puede soslayar la amenaza que gravita contra esa independencia proveniente del trancón de intereses asociados a la figura de Peñalosa, incluyendo la del propio Sierra Porto con sus truculentos argumentos y su autoridad ganada en el medio judicial. Esa independencia del sistema judicial es una esperanza frente al reto de reconstruir la sociedad y el Estado colombiano para evitar los escenarios que dieron lugar a un ciclo tan dilatado y desastroso de violencia.
Yanod Márquez Aldana
NOTAS
[1] Corte Constitucional, fallo citado, página 83
[2] Ver cita anterior.
[3] Corte Constitucional, fallo citado, página 84.
[4] La Silla Vacía. Quién es quién. Perfil de Humberto Sierra Porto.
[5] Corte Suprema de Justicia. Fallo de segunda instancia STP1206-2017, página
[6] La República. Expansión de 11 nuevas troncales de Transmilenio costará $22 billones, agosto 8 de 2017.