La demanda ciudadana por la transparencia en los procesos electorales: ¿Entre el fraude en los escrutinios y la injerencia Rusa?

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La frase del registrador “el que no sienta garantías o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse a elecciones…” desató una ola de críticas a su gestión y de desconfianza en la Registraduría. Varios artículos de opinión lo señalan: “la independencia del sistema electoral quedó en entredicho con las declaraciones del registrador” (J.F. Isaza). “Una de las preguntas fundamentales con la escogencia del primer mandatario es si el resultado dependerá de las urnas y no de otros factores. No creo que esto este garantizado” (Francisco Sanín). “Cuidado con la confianza en el proceso electoral” (editorial El Espectador). “El Estado en pleno esta dedicado a encontrar la manera de robarse unas elecciones” (Federico Gómez). “Asalto al tinglado electoral” tituló Cristina de la Torre un escrito sobre el riesgo del fraude. Y hasta el ex presidente Pastrana intervino para preguntar por el papel de relacionista público del registrador y la manera en que se adjudicó uno de los contratos firmados para atender las elecciones..

Vega insiste en que no es posible el fraude electoral, y los órganos de control cerraron filas a su alrededor. En esta última semana decidió centrar sus respuestas en los riesgos derivados de una supuesta campaña de desinformación para desestabilizar la democracia en Colombia, liderada por Rusia, Venezuela y Nicaragua.

A partir de algunas consideraciones generales, en este artículo se examina esta controversia.

1. Procesos electorales y la erosión de la democracia representativa

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt afirman que uno de las manifestaciones de la crisis de democracia es el ataque a sus instituciones y a la legitimidad de los procesos electorales.

En el libro “Cómo mueren las Democracias” reprochan – con razón – los ataques que lanzó Donald Trump en 2016 contra la organización de las elecciones, a pesar de que, gracias al sistema electoral gringo, fue declarado presidente, sin tener la mayoría en las urnas. En el 2020, Trump alegó un fraude generalizado y lideró una insubordinación para evitar que se declarara el triunfo de Biden; el republicano criticó los supuestos desequilibrios generados por el sistema de votación existente en ese país.

Para Levitsky y compañía, los ataques de Trump a las reglas electorales carecen de respaldo pues los niveles de fraude electoral en Estados Unidos son marginales debido a su régimen federal que hace imposible coordinar el fraude a nivel nacional.

2. Alertas recientes por el rol de las autoridades electorales en la región

Estas advertencias, que son ciertas para la democracia norteamericana, no deberían trasladarse de manera simplista a los escenarios de algunos países de América Latina en donde la fortaleza de las instituciones electorales es precaria, como lo demuestran algunos procesos electorales recientes:

En 2019 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio como ganador de las elecciones presidencias a Evo Morales, pero diversas expresiones sociales y políticas impugnaron el resultado por un supuesto fraude a favor de Morales para que no se realizará la segunda vuelta electoral. La decisión fue respaldada por la OEA, pero estudios académicos desmintieron a la autoridad electoral y a ese organismo y concluyeron que no hubo evidencia de fraude a favor de Morales.
En el 2021 el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú declaró como ganador en la segunda vuelta a Pedro Castillo, del movimiento Perú Libre que competía con Keyko Fujimori. El resultado se consolidó luego de un largo y dispendioso proceso de reclamaciones por un supuesto fraude por falsificación de firmas y suplantación de jurados -interventores – de mesa. La diferencia entre los candidatos fue de 2 puntos porcentuales. Castillo alcanzó el 51.1% de la votación y Fujimori el 49.8%, con una diferencia a favor del primero de 44.000 votos.

En el primer caso, las vacilaciones de la autoridad electoral llevaron a un golpe militar y al gobierno interino de Jeanine Añez. En el segundo, pese a la resistencia de las elites tradicionales, los organismos electorales le dieron el triunfo a Castillo.

Dos casos que comprueban que el árbitro electoral estuvo en el ojo del huracán.

3. El fraude electoral en nuestro medio: una larga lista de irregularidades…

En Colombia, el fraude electoral ha sido recurrente.

El investigador Javier Duque (“Las Urnas Contaminadas”) documenta que entre 1990 y 2016 se produjeron 171 fraudes de distinto tipo: manipulación de los escrutinios, trashumancia electoral y la suplantación de electores.

Mencionemos algunos casos:

En el año 2002 el Consejo de Estado declaró la nulidad de las elecciones a Senado en el 10% de las mesas instaladas. Esta situación llevó al Procurador de entonces, Edgardo Maya, a afirmar que con el sistema electoral existente “no deberían haber elecciones”.
En julio de 2009, se anuló la elección de varios senadores elegidos para el periodo 2006-2010 pues encontró varias irregularidades.
A pesar de los cambios que se adoptaron con la reforma constitucional de 2009 y ley 1475 de 2011, las cosas no mejoraron. En el 2012 se estableció que en el Valle del Cauca existía una “Registraduría paralela”.
El caso más demostrativo es el del movimiento MIRA que, por la vía judicial, obtuvo la anulación parcial de las elecciones de Senado para el período 2014-2018 y la asignación de 3 curules. La razón: la manipulación fraudulenta de los sistemas operativos de los escrutinios.
En el 2021, el Consejo de Estado encontró que varias irregularidades se repitieron en las elecciones para el período 2018-2022.

“La Corporación estudió 11 cargos, – y – encontró 4 irregularidades: (i) diferencias injustificadas entre los datos del formulario E-14 y los del E-24; (ii) mayor número de votos que sufragantes; (iii) formulario E-14 con menos de dos firmas de los jurados de votación y (iv) violación al debido proceso en los escrutinios – improcedencia de recuento de votos por rompimiento de la cadena de custodia… En total se excluyeron 26.036 votos correspondientes a 30.760 registros afectados. La nulidad no prosperó porque los cambios hechos en el total de votos, luego de la exclusión, no tiene la potencialidad de “cambiar el resultado electoral inicial ni en cuanto a los partidos con representación en el Senado de la República ni en cuanto al orden de elegidos dentro de las listas que obtuvieron curul”[1]

Es decir, se encontraron varias irregularidades, pero se concluyó que estas no incidían en el resultado final del escrutinio que declaró la elección.

De esta información se puede extraer la siguiente conclusión empírica: mientras que en las elecciones al Congreso el fraude electoral se expresa sobre todo en los escrutinios y en la manipulación de la transmisión y consolidación de datos, en las campañas a la presidencia, los riesgos mayores vienen especialmente de su financiación ilegal entre primera y segunda vuelta, como lo demuestran los casos de las elecciones de 1994, 204 y 2018.

Las reservas sobre la transparencia de la organización electoral no han sido entonces producto de la desinformación sino de la constatación de realidades históricas y estructurales, en la mayoría de los casos establecidas judicialmente.

4. Las declaraciones del registrador: factor de perturbación electoral

Las críticas van desde la gigantesca y poco transparente contratación adelantada por vía directa, las dudas sobre los sistemas informáticos de los escrutinios (software) hasta las deficiencias en la inscripción digital de cédulas.[2]

El registrador Vega ha reaccionado con salidas desafortunadas que dejarán huella de su paso por la entidad: “El que no sienta garantías, no debería presentarse”, afirmó sin advertir que su papel es precisamente, brindar plenas garantías en los procesos electorales.

Vega señala que “un fraude electoral desde el sistema y operación de la organización del proceso electoral no podría darse”, y para el efecto mencionó un plan de acción de garantías para asegurar la transparencia del proceso electoral, que comprende:

La instalación de nuevas mesas y puestos de votación,
El software para los escrutinios de propiedad de la organización electoral,
Auditoria por los partidos políticos y las organizaciones de observación electoral, a lo sistemas de información y transmisión de datos de todo el proceso electoral
Depuración del censo electoral,
Presencia de varias misiones de observación electoral internacional (UE, OEA, CAPEL, IFES).

Más recientemente, señaló que “nuestros votos no van a estar en riesgo” y anunció que el preconteo se consolidará el mismo 13 de marzo al final de la jornada.

Sin embargo, el examen en detalle de acciones, como la dotación de los sotfware y la depuración del censo electoral, deja varios cabos sueltos sobre la capacidad técnica y administrativa de la Registraduría y, lo que es más problemático, sobre neutralidad del registrador para garantizar que las elecciones se adelanten en condiciones de equilibrio y transparencia.

Veamos:

i) La contratación exprés para la atención del proceso electoral. La gestión administrativa del proceso electoral no corre por cuenta de la organización electoral, sino de contratistas particulares:

La entidad contratista Unión temporal-DISPROEL se encarga de toda la actividad misional de la entidad (software para la inscripción de ciudadanos, de candidatos, designación de jurados de votación, información al votante- “infovotantes”, “preconteo”, digitalización, transmisión de imágenes y publicación en la web de las actas de instalación y registro general de votantes E-11, infraestructura tecnológica y de seguridad y, en general, la infraestructura del proceso electoral, incluido el “kid electoral”);
El contratista para la elaboración y puesta en ejecución del “software de escrutinios” de orden nacional – INDRA, se encargará de entregar al Consejo Nacional Electoral la herramienta que según el Consejo de Estado, debe estar en manos de la autoridad electoral.

Las objeciones a esta contratación son las siguientes:

La mayoría de las funciones de la Registraduría se encuentran externalizadas, a pesar de que su actividad “misional” es indelegable (art. 120 C.P.). La Registraduría no ha acogido las recomendaciones de varias misiones internacionales de observación electoral sobre la necesidad de que estos procesos salgan del control de los particulares.
La práctica de adjudicar estos contratos en forma directa y express, mediante procesos de selección abreviada, por razones de “seguridad nacional”, beneficia a un solo contratista, la sociedad Thomas Greg & Sons y sus filiales, a pesar de que varias decisiones judiciales señalan su co-responsabilidad en los problemas encontrados en los escrutinios para Senado de la república.
La herramienta tecnológica para asegurar la transparencia de los resultados electorales no estará disponible en forma oportuna e integral. La empresa INDRA hará entrega del software de escrutinios nacionales en forma escalonada hasta el 5 de marzo, ocho días antes de las elecciones en el territorio nacional[3]. Este contrato no garantiza al CNE una verificación directa de los datos transmitidos y consolidados en las etapas anteriores del escrutinio

ii) Las elecciones de consejos de juventud: improvisaciones de último momento. Un segundo cuestionamiento es la falta de planeación y la improvisación de la Registraduría Nacional.

Recordemos el episodio de la falta de tarjetas electorales para las consultas presidenciales de 2018. Esta situación obligó al registrador Galindo a autorizar a los ciudadanos para que, por su propia cuenta, se dotaran de fotocopias para suplir la falta de tarjetas de votación. Se incurrió entonces en una falla de planeación que no calculó adecuadamente la afluencia de votantes en las mesas de algunas ciudades del país.
Una situación similar de imprevisión se produjo en las elecciones de los consejos municipales de juventud. Un día antes de las elecciones, el registrador Vega expidió un acto administrativo (resolución Nº 15881 del 4/12/21), que habilitó a los jóvenes entre 14 y 17 años para sufragar en cualquier puesto de votación, sin considerar el lugar previamente asignado.

La medida, adoptada para contrarrestar a último momento la elevada abstención (votó solo el 10% del potencial electoral), abrió la puerta para que se votara más de una vez en distintos puestos de votación. Numerosos candidatos juveniles y lideres políticos advirtieron sobre la compra de votos y el riesgo del fraude electoral.

Aunque el registrador señaló que no existe un censo electoral para los jóvenes entre 14 y 18 años, se criticó la expedición intempestiva de la resolución y la información confusa que entregó la Registraduría[4]. El CNE, que debió llamar la atención sobre el asunto, guardó silencio a pesar de sus competencias legales.

Los cambios en las tarjetas electorales (tarjetas separadas en Senado –circunscripciones ordinaria y de minorías indígenas, y en las circunscripciones ordinarias para Cámara, de comunidades negras y de indígenas), como también la poco estudiada medida de exigir la huella y la firma en el formulario de registro general de votantes (formulario E-11), crean condiciones para la congestión en las mesas, la segmentación de los votantes, la anulación de votos, y la dificultad para ejercer el derecho al sufragio.

iii) La intervención del registrador para derogar la ley de garantías electorales. El tercer aspecto, es el interés del registrador en derogar la ley de garantías electorales. En una reunión de gobernadores llevada a cabo en Manizales en octubre de 2020, como si fuera el ministro de interior o de un funcionario gubernamental, Vega señaló que las restricciones para la contratación entre entidades del Estado quedarían sin efecto, a partir de la aprobación por el Congreso del nuevo Código Electoral:

“Cumpliendo con el plan de reactivación económica, el presidente de la República tomó la iniciativa y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado de la República, se está determinando la eliminación de la Ley de Garantías”[5].

Aunque este aspecto fue retirado del proyecto de Código, que está pendiente de revisión en la Corte Constitucional, se incorporó en la Ley 2159 de 2021 de Presupuesto Nacional. El levantamiento de esta restricción estimula la corrupción electoral, la compra-venta de votos y el fraude electoral.

Al respecto, el Contralor General informa que, en virtud de este cambio, a partir de noviembre de 2021 y hasta la fecha, se han firmado 645.495 contratos que ascienden a 52.3 billones de pesos!!!, y agrega que existe una concentración de esa contratación en pocas manos y que varios contratos se han adjudicado en forma directa, sin ningún proceso técnico de selección.

Aunque el registrador no tiene una responsabilidad directa en el asunto, su conducta de promover y defender la derogatoria de la Ley de Garantías y su pretensión de incorporar ese cambio en el Código Electoral, demostraron su interés en participar activamente en temas políticos que no son de su competencia.

iv) La toma clientelista de la organización electoral. El cuarto aspecto se refiere a los movimientos de personal que ha promovido desde su posesión en el cargo:

Se ha denunciado que solicitó a los registradores delegados, a delegados departamentales, especiales y auxiliares, la renuncia en forma protocolaria. Supuestamente, esa solicitud tenía como propósito facilitar el traslado de registradores delegados a otras regiones con el fin de evitar la influencia de congresistas y aspirantes[6].
Por otra parte, se conoció un video que recoge la intervención del Coordinador de Talento Humano de la Delegación del Estado Civil de Cundinamarca que, en una reunión virtual con supernumerarios de la entidad, les informa que su vinculación se acabará el próximo 31 de marzo, pero puede prorrogarse, dependiendo de cuatro factores:

“El primero: el desempeño laboral; el segundo: de cuánto lo necesite la entidad; el tercero: de su amistad, conexión política o recomendación; y el cuarto: el dinero”[7].

Estas conductas ocurren a pesar que la Registraduría debe ser un organismo neutral y ajeno a las influencias partidistas, como lo estableció la Corte Constitucional desde 2008, cuando ordenó la vinculación del personal de esa entidad a la carrera administrativa, para evitar su control burocrático por los congresistas (sentencia C-230-A).

En el trámite del proyecto del Código Electoral el registrador Vega se negó a cumplir esa decisión pues mediaba una estrecha relación con la clase política tradicional, entre ellos, la familia Char y la jefa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

Sin carrera administrativa y sin garantía de que los funcionarios de la entidad sean independientes de la injerencia de los congresistas, el fraude electoral es un riesgo real.

v) La depuración del censo electoral. En cuanto al censo electoral, esto es, el registro general de cédulas, de colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados para ejercer el derecho al sufragio y participar en elecciones, las reservas sobre las acciones del registrador para lograr su consolidación son preocupantes:

La disputa con el DANE. En primer lugar, el registrador señaló que “las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la Registraduría” .

Y agregó:

“¿Cómo es que en el Dane somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría, en el registro civil, somos más de 55 millones?, ¿dónde están los otros cinco millones de colombianos? Claro, debe haber algunos que han emigrado, pero ¿dónde están el resto de colombianos?”.

El asunto, se refería a las diferencias entre el censo poblacional y el censo electoral. El director del DANE desmintió al registrador y afirmó que las bases de datos de la organización electoral no se encontraban actualizadas, pues dejó de registrar miles de certificados de defunción enviados por esa entidad, sumaban 3,6 millones de cédulas desde 1965[8].

El registrador no aceptó su salida en falso, pero a finales de diciembre de 2021 señaló que se habían excluido del censo electoral alrededor de 290.000 cédulas con base en certificados de defunción y que antes del 16 de enero, saldrían del censo electoral cerca de un millón de cédulas, entre muertos, extranjeros que obtuvieron la cédula de manera “probablemente” fraudulenta (43.022) y cédulas no renovadas (744.712 )[9]. Muchos de los afectados acusaron a la Registraduría de violar sus derechos fundamentales, de detenciones arbitrarias y de que la medida tiene un “trasfondo político”, de castigo a hijos de colombianos residentes en Venezuela[10].

La inscripción digital de cédulas más allá de la tecnología. Mediante la Resolución Nº 2104 de marzo de 2021, el Registrador “reglamentó el procedimiento para la inscripción de cédulas” y habilitó la inscripción por canales digitales. La autorización se produjo a pesar que el artículo 78 del Código Electoral señala que la inscripción requiere de “la presencia del ciudadano y la impresión de su huella del dedo índice derecho”.

La plataforma para adelantar la inscripción remota- que es uno de los productos que entregó la UT Disproel 2021 con una partida presupuestal de $76.756.170.549 millones de pesos, más el rubro destinado a la biometría – presentó fallas técnicas derivadas de la sobrecarga del sistema.

La Registraduría negó esa circunstancia[11] e informó que se inscribieron 2.611.750 cédulas, de las cuales el 62% se realizó por canales virtuales y señaló, además, que la validación biométrica facial de quienes se inscribieron entre el 4 y el 13 de enero se realizaría hasta el 29 de enero, previo el recibo de un correo electrónico con las instrucciones necesarias[12].

Los canales habilitados no operaron adecuadamente, ni la Registraduría informó sobre el resultado final de este proceso. La consecuencia es que miles de ciudadanos podrían afectarse al momento de acercarse a los puestos de votación, debido a que la inscripción no se consolidó con el reconocimiento facial. Los registradores tendrían entonces que habilitar su votación, una vez incluidos en el formulario E-12 (ciudadanos que no se encuentran en el acta de registro de votantes).

Aunque las inconsistencias en el número total de inscritos validamente a través de los canales virtuales no debería afectar el censo electoral, un número incalculable de votantes podrían afectarse con las deficiencias del sofware habilitado de inscripción de cédulas.

Estos hechos evidencian que la incorporación de procesos de tecnología sin garantías para los ciudadanos y sin atender las realidades sociales pueden privar a miles de ciudadanos del ejercicio de sus derechos políticos.

Finalmente, la Registraduría informa que el censo electoral consolidado para las elecciones del próximo 13 de marzo es de 38.819.901, pero las declaraciones contradictorias del Registrador, las variaciones que anunció y la manera en que se llegó a esta cifra le restan certeza a su consolidación.

5. Y el riesgo mayor: la campaña de miedo y desinformación desde la Registraduría a la sombra de la guerra Rusia-Ucrania…

Hace algunos meses, el registrador anunció que el FBI acompañaría las elecciones de 2022 en Colombia para evitar “posibles ataques cibernéticos”[13].

Luego, se refirió al peligro que “esta enfrentando el mundo entero con relación a la democracia… principalmente el de la desinformación”. Para Vega, los reclamos por posibles fraudes buscan restar legitimidad a las autoridades electorales e insiste en que “un fraude electoral que no va existir y que no hay posibilidad de que se haga”.

Entre tanto, en una intervención ante el parlamento de la Unión Europea, el presidente Duque advirtió sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones, a través de “hackers entrenados para movilizar y detonar odios”.

Existe pues una matriz de interpretación, compartida por el gobierno y el registrador, según la cual, las críticas a la organización electoral por el riesgo de un fraude electoral harían parte de una acción promovida por regímenes autoritarios para desestabilizar la democracia en Colombia.

A esto se agregan las declaraciones de altos funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos, del sub-secretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, y de la sub-secretaria para asuntos políticos, Victoria Nuland, que examinaron con las autoridades colombianas la presencia de Rusia en Venezuela, su relación con la crisis de Ucrania y los riesgos para la estabilidad institución de Colombia. En uno de estos encuentros, se habló de garantizar unas “elecciones libres y justas” y la canciller Marta Lucia Ramírez insistió en rechazar cualquier “influencia extraterritoral que pueda llegar a generar riesgos para nuestros países o afectar su estabilidad regional”.

Ese es el contexto en el que deben examinarse las declaraciones del registrador, que afirma haber recibido información sobre “ataques cibernéticos desde Rusia, China, Venezuela, Nicaragua y países de Europa del Este” . Estos ataques se dirigirían contra el proceso electoral, las páginas de la Registraduría y el pre-conteo. También anunció que para contrarrestar ese peligro, tendrá a su disposición un software para garantizar la ciberseguridad.[14]

Esta nueva situación plantea varias preguntas y obliga a reexaminar los instrumentos de protección contra el fraude electoral:

¿Los controles a la información que fluye por las redes sociales y la seguridad del escrutinio quedarán en manos, no solo de los software, que manejan los contratistas, el CNE y los auditores de los partidos, sino también de los cuerpos de seguridad de EE.UU. y del FBI?
¿La presencia de estos organismos y la cooperación del FBI se limitaría a contrarrestar las fake-news?
¿Podrían los organismos de seguridad cibernética gringos intervenir el proceso electoral por considerar que un posible triunfo de Petro, estaría alimentado por la injerencia rusa en el continente?
¿Las misiones de observación electoral internacional, mantendrían neutralidad en el proceso electoral, dado que algunos sectores políticos, pretenden vincular la campaña del candidato del Pacto Histórico con la posible intervención rusa en la política interna de Colombia?

Hasta ahora, lo que se ha visto es la necesaria reacción ciudadana y de la opinión pública ante la poco transparente gestión del registrador y el riesgo real del fraude electoral.

Esperemos que la matriz mediática que se pretende instalar a la sombra de la guerra entre Rusia y Ucrania no impidan el ejercicio del voto libre en las próximas elecciones.

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[1]https://xperta.legis.co/visor/legcol/legcol_c8f1f88df0764d4895c3083ebec6b5d0/coleccion-de-legislacion-colombiana/resolucion-15881-de-diciembre-4-de-2021

[2] https://caracol.com.co/radio/2022/02/09/judicial/1644426273_823434.html

[3]https://www.rcnradio.com/politica/software-de-escrutinios-terminara-de-entregarse-al-estado-principios-de-marzo

[4]https://xperta.legis.co/visor/legcol/legcol_c8f1f88df0764d4895c3083ebec6b5d0/coleccion-de-legislacion-colombiana/resolucion-15881-de-diciembre-4-de-2021; https://www.youtube.com/watch?v=5Dxb7oNnmUY.

[5] https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/24/se-acaba-la-ley-de-garantias-para-las-proximas-elecciones-asi-va-la-iniciativa-que-impulsa-el-presidente-duque/

[6] https://www.noticiasuno.com/nacional/epoca-electoral-y-registrador-nacional-pide-renuncias-a-todos-sus-delegados-en-el-pais/.

[7] https://www.elespectador.com/bogota/pidieron-conexion-politica-a-empleados-para-seguir-trabajando-en-la-registraduria/

[8] https://www.rcnradio.com/colombia/director-del-dane-responde-al-registrador-y-dice-que-datos-de-poblacion-de-esa-entidad-son

[9] https://www.rcnradio.com/colombia/antes-del-16-de-enero-saldran-del-censo-electoral-mas-de-un-millon-de-cedulas-registrador

[10] https://www.bluradio.com/nacion/si-hay-trasfondo-politico-colombo-venezolanos-denuncian-irregularidades-por-cancelacion-de-cedulas

[11] https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/la-respuesta-de-la-registraduria-por-fallas-en-inscripcion-de-cedulas-643444