Entre la desesperación y la esperanza.

Hace pocos meses, cuando se asomaban los candidatos de la contienda presidencial, escribí un comentario: ¡En Colombia es la hora del centro! Siempre he pensado que derecha e izquierda son minorías en casi todos los países, especialmente en Latinoamérica, y que el centro es mayoritario; lo que sucede es que, sobre todo los candidatos presidenciales, terminan arrastrando a esa mayoría según sus propuestas y según las coyunturas. ¿Por qué pensaba así? Porque llevamos 16 años de gobiernos de derecha, por el indiscutible liderazgo de un caudillo que aprovechó la degradación del conflicto armado para instalar en el poder la “mano dura” contra una insurgencia que se consideraba la izquierda y un modelo oligárquico basado en el extractivismo (petróleo y carbón), en la defensa de los terratenientes enriquecidos con el despojo y en unos programas asistenciales tendientes a mantener sumisa una clientela electoral.

 

El proceso de paz había logrado mover hacia el centro a un presidente elegido por la derecha, que se volvió impopular por sus equivocadas políticas económico-sociales. Impedir que el péndulo volviera no ya a la derecha sino a la ultraderecha, consideraba un logro, máxime cuando aparecieron dos candidatos (Fajardo y De La Calle) que podían posicionar el verdadero centro en Colombia, sepultando definitivamente a ese autoritarismo mesiánico y corrupto que se instauró entre 2002 y 2010.

 

Sin embargo, la campaña está hoy polarizada entre esa extrema y rabiosa ultraderecha que ha proclamado que “hará trizas los acuerdos de La Habana” y el candidato Gustavo Petro, quien ha presentado un programa que busca humanizar la sociedad colombiana, reconciliándola con la naturaleza y con esos bastos cinturones de miseria del campo y la ciudad, que a no dudarlo son verdaderas bombas de tiempo: millones de desplazados, campesinos empobrecidos por los TLC, subempleados que viven del llamado rebusque, usuarios de un sistema de salud caro para el Estado pero pésimo para ellos, con un sistema de educación que hoy invierte cada día menos por estudiante, como lo demuestra el profesor Julián de Zubiría Samper en reciente análisis en la Revista “Semana”.

 

Hoy, entonces, es imperioso pensar y opinar sobre una realidad política que se nos vino encima. Los colombianos estamos abocados a escoger entre “el que diga Uribe” (Duque, según las encuestas) y Gustavo Petro. Serán dos meses muy tensos para los colombianos, entre los que quieren perpetuar la mano dura que preserve un orden económico y social injusto y corrupto, y el candidato de la Colombia Humana que, a la manera de un pequeño David, se ha atrevido a retar a todos los factores de poder del establecimiento. Petro tiene a su lado las mayorías, que no son de derecha ni de izquierda, sino que representan al país que sufre: víctimas del conflicto (especialmente desplazados), trabajadores empobrecidos por un salario mínimo cada día con menor capacidad adquisitiva, desempleados, y en general, el país nacional.

 

Además, es un candidato que de verdad no tiene compromiso con la corrupción, el mayor desafío que enfrenta el país para poder resolver sus problemas. Cómo derrotar la ominosa corrupción política que infesta los altos poderes del Estado, es algo que no puede estar ausente de esta reñida contienda. Y para desterrarla de verdad, hay que hacer una radical reforma política. De conformidad con las normas constitucionales, le corresponde tramitarla y aprobarla al Congreso: el diablo haciendo hostias, dirían los colombianos que no creerían en una propuesta semejante, pero que saben que es urgente e ineludible hacerla. Y existe el camino democrático: el pueblo debe y puede reformar el Congreso de manera directa, porque es la única forma de cortar ese nudo gordiano que en mala hora nos dejó el Constituyente del 91.

 

Muchos compatriotas piensan que la Carta Política al haber atado a su tránsito y aprobación del Congreso toda iniciativa popular, no permite encontrar una salida democrática a este régimen envilecido por la codicia. Afortunadamente nuestra Carta Magna en sus principios fundantes, y en su art. 3º, proclama que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.”, y que éste puede ejercerla directamente.

 

En esas condiciones, la única salida es derrocar la política tradicional, para que el ejercicio político vuelva a ser decente, noble y altruista. Y el camino  es apelar a una “RUPTURA INSTITUCIONAL DEMOCRATICA”, entendida como una insurgencia pacífica que rompe con los viejos esquemas de la práctica política y convoca al pueblo a apoyar  en las urnas,  -jamás apelando a la violencia- , a ganar la Presidencia de la República con un candidato que se comprometa a convocar, como primer acto de gobierno, directamente y sin trámite parlamentario alguno  –en el entendido que su triunfo es una decisión soberana e irrevocable del pueblo, y por lo tanto un mandato de obligatorio cumplimiento– un REFERENDO que apruebe las REFORMAS CONSTITUCIONALES que modifiquen radicalmente nuestro régimen político y electoral, mediante normas que en el futuro solamente puedan ser reformadas directamente por el pueblo.

 

En épocas de crisis Colombia ha acudido a rupturas institucionales no violentas: en 1957, a raíz  de la caída del régimen del General Rojas Pinilla, que se había instaurado cabalmente con el argumento de acabar con la violencia bipartidista del medio siglo, en cumplimiento de los acuerdos de Benidorm y Sitges (España) entre los ex presidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, la Junta Militar de Gobierno –el ejecutivo de-facto que había dejado Rojas Pinilla–  convocó a un PLEBISCITO para que el pueblo aprobara en las urnas una REFORMA CONSTITUCIONAL que instauró en Colombia un REGIMEN BIPARTIDISTA, que se conoció con el nombre de FRENTE NACIONAL, que además de excluir a los demás sectores políticos, consagró la alternación presidencial entre liberales y conservadores durante dieciséis (16) años, y el reparto paritario de todos los cargos públicos entre esos dos partidos en las tres ramas del poder.

 

No importó que en la Carta Política de l886 – vigente en ese momento-  no existiera la figura del plebiscito, ni del referendo, como tampoco que el ejecutivo careciera, por sustracción de materia, de competencia para convocarlo, máxime cuando la figura del ejecutivo plural (Junta Militar) era ajena al ordenamiento constitucional. Lo que importó fue que el pueblo, en las urnas, lo aprobara.

 

Algo semejante ocurrió en 1990, cuando el presidente César Gaviria convocó la Asamblea Constituyente: no existía esa figura en la Carta Política vigente y, por lo mismo, carecía de competencia para hacerlo. Sin embargo, suficiente fue invocar  su necesidad,  por la gravedad de la crisis que vivía el país,  para que ese hecho diera lugar a que los colombianos lo ratificaran en las urnas, eligiendo a los delegatarios.

 

En ambos casos, brevemente reseñados, la apelación al pueblo se hizo por fuera del riguroso marco institucional vigente, buscando superar dramáticas circunstancias de confrontación partidista o de agudización de la protesta social. Son antecedentes históricos suficientes para proclamar que nuevamente estamos abocados a acudir, en este momento de crisis del Estado democrático, a otra ruptura institucional , máxime cuando hoy existe la figura del referendo en nuestro ordenamiento constitucional, y corresponde al Presidente convocarlo, sólo que tendremos que obviar la expedición de una ley, toda vez que siendo el  Congreso el órgano del poder público obligado a tramitar y aprobar la solicitud ciudadana, no lo haría , porque la mayoría de sus miembros están interesados en defender sus privilegios  y un statu-quo corrupto.

 

La Ruptura Institucional Democrática es el único camino que los ciudadanos tenemos para abrirle paso al alumbramiento de una verdadera nueva Colombia que, con un programa claro y sustantivo en profundas transformaciones sociales, supere con urgencia este lamentable estado de cosas y desate constructivamente la fuerza incontenible del descontento nacional.

 

La reforma que se sometería a REFERENDO sería la siguiente:

 

1. EL RÉGIMEN DEL CONGRESO.Que debe consagrarse en normas pétreas, es decir, reformables directa y únicamente por el pueblo, con inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades claras y severas. Algunas serían las siguientes:
   1. El Congreso estará integrado en un treinta (30 %) por ciento al menos por las mujeres, y en un veinte (20%) por ciento por los jóvenes. Al realizar el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral hará primero la elección de mujeres y jóvenes, y luego la de los demás aspirantes. Así, dejarán de ser simples candidatos para cumplir con requisitos de inscripción de las listas, para ser realmente elegidos.
   2. Ningún congresista podrá ser reelegido por más de un período. Los cónyuges y parientes de los congresistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil no podrán ser candidatos para el período inmediatamente siguiente.
   3. El régimen prestacional y pensional de los Congresistas sería el mismo de todos los servidores del Estado y estarían afiliados en igualdad de condiciones a los demás colombianos a una EPS. Su salario, siendo decoroso –no mayor a veinte (20) salarios mínimos mensuales-, se reajustaría anualmente en una proporción que jamás exceda los veinte salarios mínimos.
   4. El Congreso sesionará durante todo el año, y sus miembros estarán obligados a asistir a sesiones plenarias o de comisión, en jornada laboral de 40 horas semanales, con excepción de los festivos. Su asistencia sería controlada por una institución ajena al Congreso, de reconocida solvencia e idoneidad, como por ejemplo la Universidad Nacional.
   5. Las comisiones al exterior deberán ser aprobadas en plenaria, por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara; ningún congresista podrá ser parte de dichas comisiones sino una sola vez cada cuatro años.
   6. Solo tendrán derecho a escoltas y vehículo pagados por el Estado los congresistas cuyo nivel de riesgo sea calificado como extraordinario, previa valoración, que hagan las autoridades de policía. El simple hecho de ser miembro del Congreso no es suficiente para gozar de estos beneficios.
   7. La pérdida de investidura de los elegidos debe mantenerse y fortalecerse, preservando un mecanismo ágil, pero garantista.
   8. La entrega de cupos presupuestales, cuotas o parcelas en la administración pública a los congresistas, diputados, concejales y directorios políticos debe ser causal de destitución e inhabilidad definitiva de los miembros de las corporaciones públicas y de los dirigentes políticos y funcionarios que hubiesen violado esta disposición.

 

2. FINANCIACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS.
   1. La financiación de las campañas no podrá hacerse con recursos privados, para evitar no sólo la presencia de dineros ilegales, sino el desequilibrio en la competencia electoral.
   2. Aceptar o invertir dineros particulares en las campañas debe ser motivo de muerte política. Además, aportante y candidato deberán ser sancionados penalmente, en la forma que lo establezca la ley.
   3. Las campañas electorales no podrán tener una duración mayor a tres (3) meses.
   4. La publicidad durante el término de las campañas y el transporte el día electoral serán suministrados y administrados exclusivamente por el Estado, en igualdad de condiciones para todos los candidatos.
   5. El día electoral, las sedes políticas no podrán funcionar, para garantizar la absoluta independencia de los electores.

 

3. EL RÉGIMEN ELECTORAL Y DE PARTIDOS. La selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y sus funcionarios se debe hacer mediante concurso de méritos, para evitar la injerencia inconveniente de los partidos.

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil dependerá del Consejo Nacional Electoral; su personal será escogido también por meritocracia y pertenecerá a una carrera administrativa especial que la blinde de la politiquería y la corrupción.

 

Eliminación del voto preferente.  Establecimiento obligatorio de listas cerradas en los procesos electorales para corporaciones públicas, las cuales serán definidas a través de mecanismos democráticos internos y con la participación exclusiva de afiliados registrados, pero impidiendo que los vicios del clientelismo se trasladen a las elecciones primarias. Estos mecanismos democráticos tendrán presupuestos limitados, en atención al número de afiliados a la colectividad.

 

Los directivos de los partidos políticos tendrán responsabilidad política, disciplinaria, fiscal e incluso penal, por las actuaciones de los candidatos presentados.

 

Finalmente, si un candidato presidencial formula esta propuesta, de verdad que pone a pensar al país.

PARMENIO CUÉLLAR BASTIDAS