Entre los diversos aspectos que allí se menciona vale la pena destacar, en primer lugar, la crítica a la “desfasada” austeridad fiscal.
“Los Gobiernos deben rechazar la desfasada fórmula de la austeridad brutal e insostenible, así como garantizar la prosperidad de todas las personas, y asegurar que su salud y su educación no dependan de su género o de su origen racial. En lugar de eso, tienen que invertir en atención médica gratuita y universal, educación, cuidados y otros servicios públicos. Los servicios públicos universales constituyen los cimientos de unas sociedades libres y justas, y tienen un poder incomparable para reducir la desigualdad” (p. 18, énfasis añadido).
El término “desfasada” que utiliza Oxfam es contundente. La austeridad fiscal ya no tiene sentido y, mucho menos, en estos días de pandemia. El mensaje es claro. En lugar de reducir el gasto, los gobiernos deben centrar la atención en la “prosperidad” de las personas. Y para ello es necesario universalizar los servicios públicos y luchar contra la desigualdad. Esta es la condición para sentar los cimientos de sociedades “libres y justas”. Este párrafo menciona los elementos constitutivos de un programa estratégico post-pandemia. Y propone caminos que en nada se parecen a las políticas que está llevando a cabo la administración Duque.
Esta visión contrasta de manera radical con la del gobierno colombiano que, aún en medio de la crisis, sigue proponiendo austeridad fiscal. El Ministerio de Hacienda todavía piensan que son pertinentes las proyecciones que hizo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Y en este texto el propósito de la política fiscal claramente apunta hacia la reducción del gasto público. En las proyecciones gubernamentales, el gasto público debe disminuir. Oxfam rechaza este tipo de enfoque. En las circunstancias actuales es necesario gastar, buscando una mayor cobertura de los servicios públicos. Y, en condiciones ideales, se aspiraría a que la atención del Estado, le llegue a todos. El alcance universal de los servicios públicos deberían ser una prioridad.
La prosperidad se consigue si el gasto público aumenta. Y el soporte ético de este mayor gasto es la búsqueda de la justicia, y la consolidación de una sociedad libre. Se trata, entonces, de fortalecer los ideales libertarios de la modernidad, que se pierden cuando los programas de austeridad llevan a un debilitamiento de los servicios sociales.
Y la lucha contra la desigualdad tiene que pasar por una recomposición radical de la estructura tributaria. Los impuestos progresivos tienen una doble virtud. Por un lado, reducen la brecha entre ricos y pobres y, por el otro, son una fuente de ingresos absolutamente necesaria para garantizar la “prosperidad”.
“La crisis del coronavirus debe suponer un punto de inflexión en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Cuando miremos atrás, debemos ver esta crisis como el punto de inflexión a partir del que volvimos a gravar la riqueza de forma justa y revertimos la carrera a la baja en la tributación. Algunas de las medidas propuestas para lograrlo son el incremento de los tipos de los impuestos a la riqueza, así como el establecimiento de impuestos a las transacciones financieras, y acabar con la evasión y la elusión fiscal. Un sistema tributario progresivo que grave de manera justa a los más ricos de la sociedad debe ser la piedra angular de una recuperación justa de la crisis, ya que permitirá́ invertir en un futuro justo y verde” (p. 19, énfasis añadido).
Es el momento de que haya un corte radical en materia tributaria. La situación actual debería marcar a un “punto de inflexión”. Se trata de realizar cambios sustanciales. Es la oportunidad para “gravar la riqueza”. Es bueno recordar que a finales de los años 60s y principios de los 70s, en los países desarrollados las tarifas marginales del impuesto a la renta llegaron a ser del 90% en el último rango de la distribución.
Gracias a estos gravámenes elevados fue posible consolidar los estados del bienestar. Si estas medidas que se tomaron en la segunda mitad del siglo XX, mostraron sus bondades, se deben retomar ahora porque las desigualdades han aumentado, y los más ricos tienen que contribuir a mejorar el bienestar colectivo.
Pero además de los impuestos a la riqueza, se tiene que avanzar en tributos a las transacciones financieras. Se debe revertir “la carrera a la baja en la tributación”. La reducción de las tarifas tuvo lugar, sobre todo, en los años 80s. Esta tendencia a la baja se debe frenar. Y en el panorama internacional se tienen que dar pasos que lleven a eliminar los paraísos fiscales, que terminan siendo el refugio de las fortunas de los más ricos.
De nuevo, el gobierno Duque parece autista y en lugar de captar las dinámicas que se perciben en el panorama internacional, las niega y obra en sentido contrario. La reforma tributaria que se está proponiendo, es regresiva, y la ampliación del IVA no mejorará la distribución de la riqueza.
“… debemos construir una economía verde que evite una mayor degradación del planeta y lo preserve para las futuras generaciones. Es imprescindible acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles, y dejar de permitir que las empresas de combustibles fósiles y sus ricos accionistas se beneficien de los rescates de los Gobiernos. La lucha contra la desigualdad y la lucha por la justicia climática son, en realidad, la misma lucha” (p. 19, énfasis añadido).
Y, finalmente, Oxfam llama la atención sobre la necesidad de consolidar el crecimiento verde. Y reitera que la sostenibilidad ambiental solamente es posible si se logran avances en la equidad. La producción limpia y la equidad van de la mano.
En contra de las advertencias de Oxfam, Colombia sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Incluso, se están tomando medidas aceleradas para incentivar el fracking. En lugar de estimular el uso de tecnologías limpias, y de castigar con impuesto al carbono, el gobierno sigue promoviendo la explotación de petróleo y minerales.
A partir del informe de Oxfam se puede afirmar que la política económica del país está desfasada. Y ni siquiera la pandemia ha tenido la fuerza suficiente para que el gobierno cambie de óptica.
Jorge Iván González
Foto tomada de: https://www.semana.com/
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