La Paz Total sigue en un proceso de tránsito entre lo discursivo a la práctica, poniendo en contexto las necesidades que se presentan y las posibilidades de su alcance. En este sentido, la definición de la estrategia aún se encuentra en continuo desarrollo por parte del gobierno, no sin antes encontrar retos para tener en cuenta para la realización del proyecto. Asimismo, se parte de entender que los esfuerzos por la paz siempre serán pertinentes; no obstante, se considera que deben fijarse formas, alcances y limitaciones claras para la obtención de tales fines.
La falta de unos mecanismos claros para llegar al objetivo le ha costado al gobierno un importante capital en el tema de la paz. Igualmente, sigue existiendo un problema de indefinición respecto a las posibilidades que tiene el concepto de la Paz Total y la manera en la que se articula con las diferentes realidades de inseguridad en el país.
El presente articulo pretende analizar una de dichas problemáticas que se han generado en torno a una propuesta de la Paz Total. Esta es la negativa de la fiscalía en levantar las órdenes de captura de 16 miembros de grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, al considerar que la ley no permite tal procedimiento. Esto a partir de una solicitud del gobierno que parte de que este proceso es necesario para avanzar en un proceso de acercamientos exploratorios que lleven a la definición de la forma en la que se dará el sometimiento del Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC) y los Pachenca (también conocidos como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada-ACSN) como grupos paramilitares (o, dependiendo el punto de vista, bandas criminales, neoparamilitares o paramilitares de quinta generación).
Diversas organizaciones en la propuesta de la Paz Total
Para comenzar a aclarar la problemática que se presenta se hace la salvedad de que este es un proceso que lleva más tiempo del que se podría pensar. Este asunto comienza desde la concepción de la Paz Total en el gobierno Petro, cuando el ELN se encontraba en desacuerdo con la negociación del ejecutivo con otros actores armados al ver la posibilidad de que fueran comparados con las bandas criminales.
Este asunto finalmente sería parcialmente acotado con la ley 2272 del 4 de noviembre de 2022 sobre la política de paz de Estado, abriendo la posibilidad a dos tipos de procesos: negociaciones o sometimiento a la justicia y desmantelamiento. En dicha tipología la diferencia radica en dos puntos: Primero, el carácter político que se les asigna a los grupos armados organizados al margen de la ley, diferente a los grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Segundo, el hecho de que se haya establecido o no previamente un acuerdo con el Estado colombiano.
Teniendo en cuenta el marco legal que otorga la presente ley se puede hacer una diferenciación entre: el ELN y los miembros de las FARC no firmantes del acuerdo, quienes estarían facultados para entablar un proceso de diálogo y negociación; y los otros grupos armados que entrarían en un proceso de sometimiento, dentro de los que se encuentran parte de las disidencias de las FARC, las AGC y las ACSN.
Esta discusión volvería a abrirse en la noche del 31 de diciembre de 2022 con el anuncio del presidente Gustavo Petro, vía Twitter, sobre el inicio de un cese al fuego bilateral de seis meses con el ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las AGC y las ACSN. Esto se debe a que el primer grupo afirmaría la necesidad de un diálogo sobre tal medida, la cual fue considerada unilateral y se mencionó por la organización como una “crisis” de la mesa. Lo anterior mostró que el ELN tiene un carácter diferente al resto de los grupos, ya que reclamó la necesidad de pronunciamientos conjuntos a partir de las conclusiones a las que se lleguen entre el gobierno y los representantes de la organización armada.
Asimismo, otra muestra del carácter diferente de estas organizaciones la daría la misma fiscalía, la cual, previa solicitud del gobierno, habría suspendido entre noviembre y enero las órdenes de captura de 18 miembros del ELN y de disidencias de las FARC. Esto mostraba las posibilidades planteadas por la ley 2272 de 2022, con las cuales esta institución no se encuentra de acuerdo con aplicar con otras organizaciones.
De esta manera, el 11 de enero de 2023 se solicita por el presidente de la república la suspensión de las órdenes de captura a miembros de las ACSN y las AGC designados para acercamientos exploratorios con el gobierno nacional. La respuesta se daría dos días después, el 13 de enero, dando una negativa argumentando que estas organizaciones no tenían estatus político y, por lo tanto, no pueden ser objeto de un proceso de negociación. Asimismo, se argumenta que no existe un marco normativo que reglamente el sometimiento a la ley de este tipo de organizaciones, por lo que este tipo de procedimientos no deberían ser contemplados.
En cuanto al estatus político de estas organizaciones, es importante destacar que este no ha sido conferido, dado que estos grupos no han alzado las armas para cambiar el régimen político colombiano, por lo que sus fines no se encuentran relacionados con este tipo de acercamiento. Esta falta de objetivos políticos ha sido señalada de manera reiterada por organizaciones como el ELN.
Esto plantea un punto de inflexión el cual debe ser tratado por el gobierno, dado que comienza a señalar los retos que se le presentan al momento de entablar conversaciones con grupos que no se considera que tengan carácter político, a pesar de que sus acciones pueden generar afectaciones políticas. Este, sin embargo, no es una problemática que se le presente solamente con una institución del orden estatal, por el contrario, es necesario ver la necesidad de conjugar con agilidad este proceso ante el entendido que grupos como el ELN pueden encontrarse en desacuerdo con determinadas condiciones que se les puedan otorgar a dichas organizaciones.
Esto señala una idea primaria para el lector, la cual hace referencia a que la Paz Total es un proceso complejo, el cual, de la manera como lo ha dirigido el gobierno, involucra diversos actores (tanto legales como ilegales) de los que depende en su conjunto un desarrollo satisfactorio del mismo. Esto no significa que si una de estas organizaciones o instituciones no hace parte activa inmediatamente se caiga la política en su conjunto, mas sí que va a representar un obstáculo para conseguir los objetivos propuestos.
Una importante discusión jurídico-política sobre la Paz Total
La situación presentada debe ser parte de una discusión respecto a la manera cómo se está llevando a cabo la Paz Total, por lo que se consideran pertinentes diversos puntos a ser abordados a partir de las argumentaciones conferidas por la Fiscalía y el Ejecutivo dentro de este hecho. En primer lugar, es importante fijar los alcances que tiene el concepto de la Paz Total hacia las políticas que desarrolla el gobierno, ya que puede tomarse como un justificante para cualquier tipo de acción que se realice por parte del Ejecutivo. La búsqueda de la paz es una causa positiva y por la que vale la pena empeñar diversos esfuerzos; no obstante, estos deben ceñirse a los procedimientos y lineamientos que se encuentran establecidos en la ley colombiana; así como es necesario un aterrizaje en la práctica y ser críticos como sociedad a las diferentes propuestas.
En segundo lugar, es necesario poner la discusión de que la Paz Total demanda un ejercicio consensuado por la misma prioridad que tiene dentro de la agenda del gobierno y las expectativas que genera en la sociedad. De este modo, es necesario que cada componente concreto que se ponga en marcha tenga acciones que se encuentren acordes con el contexto nacional, que hayan sido planificadas y que se visualicen posibles efectos. Un ejemplo de ello se presenta con esta petición de suspensión de órdenes de captura de las ACSN y las AGC, así como el pronunciamiento hecho de forma unilateral sobre un cese al fuego con el ELN.
En tercer lugar, es necesaria una discusión para que se alineen esfuerzos institucionales en torno a la Paz Total, por lo que es importante evitar cualquier tipo de altercado entre las diferentes ramas del poder. La respuesta negativa de la Fiscalía ha desencadenado un efecto bola de nieve que ha impactado a la opinión pública, los medios de comunicación, la academia, el poder legislativo, el judicial e, incluso, el fiscal general ha mencionado la mirada que tiene Estados Unidos a esta política del gobierno. Las posiciones se encuentran divididas, especialmente con la insistencia por parte del ejecutivo de la necesidad de tal suspensión, así como las respuestas reiteradas por la Fiscalía en cuanto a su negativa y los comentarios que surgen por parte de diferentes instituciones y funcionarios. En esta medida, es importante señalar que los desacuerdos al interior el Estado pueden presentarse, pero se debería intentar reducirlos o mitigar sus posibles consecuencias.
En cuarto lugar, respecto a los argumentos dados por la Fiscalía, dentro del párrafo segundo del artículo 8 de la ley 2272 de 2022, se indica que los miembros representantes de las estructuras armadas de crimen de alto impacto se les pueden suspender las órdenes de captura, por lo que habría cabida para este procedimiento en la legislación nacional. Sin embargo, la falla en la argumentación en la ley se presenta cuando se señala que este procedimiento debe ser llevado a cabo por las autoridades judiciales correspondientes. Al respecto, si bien existen precedentes en cuanto al papel que debe tener la Fiscalía en los casos de organizaciones armadas al margen de la ley con las que se adelantan diálogos de paz, no hay una afirmación en cuanto a su rol en un proceso de sometimiento.
En quinto lugar, es necesario generar una discusión en cuanto a los lineamientos que se manejan en la Paz Total con las organizaciones que no tienen un carácter político. Esto se debe a que se posee una amplia experiencia en el tratamiento de los grupos armados rebeldes con un interés en el régimen político colombiano como las FARC; más no con organizaciones como las bandas criminales. En este sentido, es necesario desarrollar un entramado jurídico que permita la delimitación de las acciones que se van a llevar a cabo para el proceso específico de sometimiento.
En sexto lugar, en medio de la Paz Total se mueven importantes intereses políticos y la opinión pública, la cual constituye un capital fundamental para llevar a cabo las propuestas pertinentes. En este sentido, el actuar de forma estratégica, aun con un propósito positivo como la paz, es relevante para plantear un panorama fuerte respecto a lo que quiere lograr el gobierno nacional.
Lo anterior se conjuga con el carácter polémico que ha tomado esta discusión, la cual se ha visto atravesada por afirmaciones retadoras por las partes implicadas. Asimismo, se ha dado una exposición a noticias no comprobadas o codificadas de alguna u otra forma, para favorecer las posiciones de determinados públicos objetivo. En este sentido, también es necesario hacer un llamado para entender los alcances como ciudadanía de este tipo de dinámicas, así como tener un carácter propositivo en medio de estos escenarios.
Por último, se rescata el hecho de que esto no significa el fin de las negociaciones con los grupos implicados. Antes bien, el gobierno puede buscar mecanismos para resolver los inconvenientes presentados, tal y como puede ser el reglamentar el proceso de sometimiento de este tipo de organizaciones. En este sentido, si bien se ha generado una importante controversia al respecto, también es pertinente continuar con los esfuerzos por facilitar esta política.
La política de seguridad en el limbo: brechas que muestra esta coyuntura
La política de seguridad en el gobierno Petro no se encuentra definida, presentando la misma problemática que el concepto de Paz Total, al ser ambigua, amplia y que se puede prestar para diversos fines a partir de su nominación como “Seguridad Humana”. Se hace alusión a esta política dado que los esfuerzos que se desenvuelvan en esta materia son complementarios a los que se presentan en la política de paz, por lo que las complicaciones que se dan en una impactan directamente el desarrollo de la otra.
De esta manera, se puede denotar como el anuncio de los ceses bilaterales con cuatro organizaciones (dentro de las que se encuentran las ACSN y las AGC) se han vuelto otro tema de discusión en la medida que no se han terminado de clarificar los mecanismos y procedimientos dentro de los que se van a llevar a cabo. En ese orden, las AGC ya se han pronunciado en un primer momento al afirmar que los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares no están cumpliendo con esta medida y que, al contrario, continúan las capturas y ataques contra la organización. Esto contrasta con el pronunciamiento hecho por el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, el cual afirma la suspensión de cualquier operativo militar ante estas organizaciones.
En este orden de ideas, se considera fundamental que se otorguen también lineamientos claros para que la política de seguridad pueda llevarse de manera satisfactoria en los territorios. Asimismo, es pertinente señalar que la Fuerza Pública debe seguir desempeñando su papel constitucional y que no se ha dado el despeje de ninguna zona del territorio nacional. No obstante, hasta el momento persisten dudas respecto a la dirección de las acciones del gobierno en esta materia.
Conclusión
En el presente texto se ha hecho un ejercicio de analizar las profundidades a las que se enfrenta el gobierno Petro ante la problemática que fue visibilizada por la discusión con la Fiscalía. Esta sin duda plantea un obstáculo temporal a las conversaciones con las AGC y las ACSN; no obstante, es normal que se presenten estos encuentros ante un debate en consolidación, que tiene ciertas ambigüedades, con un amplio impacto mediático y político, y que se produce en un escenario como la democracia colombiana.
Se considera que esta es una ventana de oportunidad para que el gobierno ponga sus esfuerzos en clarificar las formas y los contenidos en los que se va a llevar el proceso de sometimiento, así como el posicionar la discusión sobre la necesidad del reconocimiento de conversaciones con estos grupos. Sin embargo, se afirma que la Paz Total es una temática compleja, en la medida que de ella hacen parte múltiples y diversos actores que, si bien en su mayoría no son indispensables para el proceso, sí se constituyen en necesarios para lograr el fin del gobierno. Asimismo, del desarrollo de esta política depende un conjunto del entramado de planeación institucional, dentro del que resalta el de la seguridad.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Politólogo y candidato a magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
Foto tomada de: Semana.com
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