El art. 4 de la ley 31 de 1992, que reglamenta las funciones del Banco de la República dice:
“Artículo 4o. Autoridad monetaria cambiaria y crediticia. La Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia y, como tal, cumplirá las funciones previstas en la Constitución y en esta Ley, mediante disposiciones de carácter general. Tales funciones se ejercerán en coordinación con la política económica general prevista en el programa macroeconómico aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, siempre que ésta no comprometa la responsabilidad constitucional del Estado, por intermedio del Banco de la República, de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda” (énfasis añadido).
La norma es clara: las decisiones en el campo monetario tienen que estar coordinada con la “política económica general”. Es correcto, entonces, que el banquero central opine sobre la dinámica del conjunto de la economía, y que exprese su preocupación cuando los resultados macro estén incidiendo de manera negativa en estabilidad monetaria.
Echavarría destaca: el menor crecimiento del PIB, el aumento del desempleo, la agudización del déficit de la cuenta corriente y la inestabilidad fiscal. Estos cuatro hechos ponen en evidencia la fragilidad de la economía colombiana, y contrarrestan los logros que se puedan conseguir por el lado monetario.
Carrasquilla, el ministro de Hacienda, considera que la interpretación de Echavarría es pesimista, y que la situación no es tan crítica. Esta percepción del Ministro es equivocada. Su optimismo es infundado.
El gobierno insiste en que en el 2019 el PIB crecerá 3,6%. El Dane ha dicho que en el primer trimestre la economía apenas creció 2,8%, así que es evidente el rezago frente a la meta gubernamental. Estos niveles de crecimiento son relativamente bajos, y reflejan problemas estructurales.
En los últimos meses el desempleo alcanzó niveles altos, y ya supera el 10%. El desempleo se manifiesta en una caída de los ingresos, y esta es una de las razones por las que la pobreza monetaria ha comenzado a revertir su tendencia descendente. Es interesante observar que el aumento del desempleo contradice las expectativas de quienes afirman que la menor tributación a las empresas se refleja en niveles más altos de contratación. La relación de causalidad menos impuestos entonces más empleo, no se ha podido demostrar. No obstante, este fue el argumento central para bajarle los impuestos a las empresas en la reciente ley de financiamiento.
La agudización del déficit en cuenta corriente es evidente. Ahora es -4,6% del PIB, así que las importaciones continúan siendo mayores que las exportaciones. La apertura ha sido “hacia adentro”. Las importaciones han golpeado a la industria y, sobre todo, a la agricultura.
Y, finalmente, la situación fiscal es complicada porque, como lo está reconociendo el propio gobierno, la ley de financiamiento se quedó a mitad de camino. Los recursos alcanzan para cerrar la brecha. En medio del desespero, el ministro Carrasquilla ha anunciado recortes al gasto público. Esta vía, que no no es realista, le permite al Ministro evadir su responsabilidad por los escasos logros de la ley de financiamiento. En contra de la visión del Ministro, no es posible reducir el gasto público. En espera de la aprobación de una nueva reforma tributaria es factible que se agudice el déficit del sector público.
Este panorama no permite ser optimistas. El banquero central debe seguir opinando, y tiene que exigir que las políticas sectoriales del gobierno estén coordinadas con las decisiones de política monetaria.
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Jorge Iván González
Foto obtenida de: www.valoraanalitik.com
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