Abordaremos una arista política y otra jurídica
Frente al tema político, es claro el carácter político de funcionario en actuación política permanente del fiscal General, como opositor ininterrumpido del Gobierno Petro. Barbosa carecía de las competencias profesionales para ejercer ese cargo. Quizá esa actuación tan fuera de competencia lo llevó a abandonar las tareas propias de la Fiscalía, como la investigación criminal que llegó a un 94% de impunidad, según estadísticas de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. Casos como la acusación del expresidente Uribe, donde la Fiscalía aparecía más como abogado defensor (vgr. Gabriel Jaímes y otros) que, como ente acusador, demostraron la pérdida de rumbo de la institución.
El asesinato de más de 1.500 líderes sociales y de 400 excombatientes de las FARC desde 2016, permanecen en una altísima impunidad, comprometiendo la calidad de la democracia misma, que es algo muy delicado. Un Estado sin justicia es inviable como Estado de Derecho.
Ante las expresiones de centenares de valientes funcionarios de la Fiscalía y de la ciudadanía en general que clamaban por la elección del Fiscal, la Corte aplazó para el 22 de febrero la nueva ronda para la elección, dado que ninguna de las candidatas de la terna presentada por Petro obtuvo la mayoría necesaria. Partimos de una terna que se presentó hace varios meses y que los magistrados de la Corte Suprema conocían suficientemente. Inclusive una de las ternadas fue cambiada por otro perfil de altos kilates, como las otras dos penalistas. Contrario a lo que afirma Jaime Arrubla, en el sentido de descalificarlas por ser “señoras que llevaban expedientes”, la hoja de vida y trayectoria profesional de las tres nominadas es excelente y se relaciona con las competencias para tan importante y exigente cargo. Colombia ha tenido generalmente fiscales que no han sido penalistas sino políticos y con esta terna se busca cambiar el rumbo de esa mala práctica.
El Presidente terció en el debate y también manifestó su deseo (sin presiones) para que dentro del tiempo reglamentario fuese elegida la nueva fiscal y la respuesta fue contundente por parte de la derecha, como César Gaviria que lo llevó a tildar de criminal por influir supuestamente en las movilizaciones del jueves 8 en las cercanías del Palacio de Justicia. Inclusive algunos llegaron a alterar la noticia con posverdades como una toma similar a la de 1985 por parte del M19. ¡Nada más inexacto y manipulador! Lo cierto es que algunos infiltrados (muy pocos) intentaron sabotear la marcha pacífica de los sindicatos y golpearon unas vallas de los parqueaderos del Palacio, siendo los propios manifestantes los que los retiraron del sitio, en patriótica acción. Los mass media de la derecha magnificaron un hecho nimio, y el propio Gerson Chaverra, presidente de la Corte, en un lánguido comunicado manifestó que sí existieron actos violentos que cercenaron su actividad en la Corte, lo cual fue desmentido por las propias autoridades en cabeza del director general de la Policía General William Salamanca que personalmente condujo el operativo.
Hay que destacar la manifestación el 8 de febrero de muchos funcionarios de la propia Fiscalía en contra de su Jefe, lo cual demuestra gran valor civil, máxime cuando los medios han registrado, que la Fiscal Angela Monsalve fue víctima de persecución por cumplir la Ley en contra de sectores poderosos. La Vicefiscal Mancera está salpicada por el tema de los fiscales del Valle del Cauca, como los medios han denunciado. Incluso varios columnistas han destacado que es más peligrosa ella misma que su antecesor. Ramiro Bejarano y Cielo Rusinque han denunciado chuzadas ilegales y rastreos intimidantes por parte del ente fiscal.
Existen pruebas que demuestran, igualmente, el beneficio desde el Fiscal a varios magistrados que recibieron cargos para sus parientes o recomendados, lo cual lleva a suspicacias innecesarias respecto a la mora en la toma de la decisión.
Humberto De La Calle tuvo una desafortunada intervención defendiendo lo indefendible. La senadora Cabal también dijo que no había que dejar terminar el mandato al presidente de izquierda, lo cual es inaceptable. La visita del Consejo de Seguridad de la ONU le dio un espaldarazo al presidente Petro con su política de Paz Total, coincidente con los hechos de ese jueves 8. Ello demostró su gran prestigio internacional.
Lo más diciente, sin embargo, ha sido la postura de la CIDH, el secretario General de la OEA Luis Almagro y la Señora Julieth de Rivero de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU. Para la derecha, injerencia indebida. La verdad es que los mandatos de estas tres instituciones reconocidas internacionalmente permiten hacer este tipo de manifestaciones en aras de defender el Estado de Derecho en el marco del llamado control de convencionalidad. Para Almagro es de vital importancia nombrar un nuevo fiscal, “con el fin de brindar certeza constitucional y política al país”.
Para la CIDH se “alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación a la mayor brevedad posible”.
Oficina de DDHH de la ONU, por su parte, estimula a la Corte Suprema de Justicia a concluir el proceso de selección del Fiscal en el menor tiempo posible. Se destaca, además, el criterio de género, pues son tres penalistas las ternadas.
Un elemento jurídico importante, es que la Corte no está fallando un caso, sino realizando una labor administrativa que tiene sus propios ritmos y marcos. No es el tema de la autonomía e independencia judicial, como muchos pretenden hacerlo ver, el que se relieva. Aquí la Corte no opera como juez, sino como autoridad administrativa en la designación del Fiscal. Es una actuación de carácter administrativo electoral y se enmarca en el art. 209 de la Carta Política (principios de la función administrativa), moralidad, transparencia, eficacia y celeridad, que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios en actividad administrativa; habría que señalar que sí hay un desconocimiento de la norma, pues se sabía cuándo terminaba su gestión el Fiscal General (la terna se presentó desde agosto) y la elección ha debido producirse con anterioridad. Las manifestaciones populares son totalmente legítimas en este caso. La reforma a la justicia debe eliminar esta función electoral de las Cortes y que el Fiscal y otros cargos se provean por concurso transparente de méritos. Lo que debe hacer la Corte el 22 es elegir la nueva Fiscal para recuperar la credibilidad de la justicia en el país. Por la mora, encargaron a la señora Mancera de la Fiscalía. Ojalá el 22 haya fumata blanca. El pueblo lo clama. La comunidad internacional lo respalda.
Luis Bernardo Díaz, Director Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
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