Aunque se reconozca que durante su primer mandato AG vivió dos condiciones adversas: la hostilidad de Donald Trump (EE.UU. paga el 22% del presupuesto de la ONU) y la pandemia, lo cierto es que la ONU es una organización grande con mucho poder y que, en lugar de usarlo, AG exageró su bajo perfil y contribuyó a que la ONU dejase de ser reconocida como una autoridad internacional relevante con la que se puede contar para defender tanto los derechos humanos y la paz como la seguridad en el mundo, los dos grandes principios inspiradores de la Carta de las Naciones Unidas. AG asumió el carácter de un técnico que se dedicó sobre todo a la organización interna de la ONU, centralizándola más en la Secretaría General (en sí mismo, algo problemático), y que asumió un patrón de conducta orientado por la preocupación de no crear fricciones con ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en especial con Estados Unidos.
Se sabe que en el primer mandato los secretarios generales deben tener cuidado en este aspecto. Muchos recuerdan lo sucedido con Boutros Boutros-Gali, cuyo segundo mandato fue vetado por el presidente Clinton. Lo más preocupante es que no hay indicios de que el desempeño de AG se vuelva más asertivo en el segundo mandato. Un político de consensos y de puentes, demasiado cuidadoso e incapaz de enfrentarse a los poderosos, AG es lo contrario de un líder inspirador que marque la diferencia de la ONU en un mundo cada vez más multipolar que camina hacia confrontaciones cada vez más amenazantes.
No se espera que AG sea un héroe como Dag Hammarskjöld, pero sí que al menos sea tan asertivo como un Kofi Annan, que expresó con convicción su oposición a la invasión de Irak, un gran error, dijo, y que fue un promotor activo de la agenda de derechos humanos e introdujo una serie de innovaciones de gran alcance, incluida la participación activa de actores no gubernamentales en las deliberaciones de la ONU. Frente a problemas internacionales particularmente relevantes, Kofi Annan solía adelantarse a los líderes internacionales para destacar la posición de la ONU. Una de las señales del relegamiento de la ONU a un segundo plano es que, ante tales problemas, AG rara vez toma la delantera y, cuando lo hace, es después de asegurarse de que el tema ya no resulta polémico (por ejemplo, la crisis climática) e, incluso en ese caso, se limita a declaraciones generales de pocas consecuencias prácticas. Siempre que el tema es controvertido, se refugia en los cargos de altos funcionarios o de organismos especializados. A nadie le pasó por alto el hecho de que el discurso de renuncia del ex Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, contenía una crítica implícita a AG. Si, como dijo, los derechos humanos se habían transformado en un paria en las relaciones internacionales, ¿no habría continuado de haber tenido el firme apoyo del secretario general? El nombramiento de Michelle Bachelet para el cargo confirmaría las sospechas de que AG quiere sobre todo altos funcionarios que no creen problemas, especialmente a Estados Unidos. De hecho, entre los relatores especiales existe la idea de que, si bien antes eran vistos como voces especialmente autorizadas por ser más imparciales, hoy son vistos por el propio secretario general como posibles fuentes de perturbación a las grandes potencias, cuyos informes deben ser controlados. Todos reconocen el excelente desempeño de AG como alto comisionado para los Refugiados y, en retrospectiva, ese hecho quizás explique el contraste con su desempeño como secretario general hasta ahora. Un católico progresista comprometido, AG se sintió bien identificado con la misión del cargo, la solidaridad con los desheredados de la tierra. Cuando se enfrentó a los gobiernos, no tuvo necesidad de publicitarlo.
A pesar de todo esto, creo que AG puede rescatar su mandato en los próximos cinco años. Destaco, entre muchos otros, un ámbito en el que puede marcar la diferencia y devolver a la ONU el estatus de faro de esperanza para el mundo, como lo fue antes: el ámbito de los derechos humanos. Dejo de lado las violaciones particularmente groseras del pasado reciente: asesinatos con drones en Yemen y Somalia (EE. UU.), ejecuciones extrajudiciales (Sahel, Filipinas, Colombia), envenenamiento de Alexei Navalny (Rusia), asesinatos del general iraní Qasem Soleimani (Israel y EE. UU.) y de Jamal Khashoggi (Arabia Saudita), la lenta muerte de Julian Assange (Inglaterra y Estados Unidos). Me refiero a la violación masiva de los derechos humanos que marca el siglo XXI: el apartheid vacunal.
Hoy es evidente que mientras el mundo no esté casi totalmente vacunado, no habrá seguridad sanitaria global. Técnicamente es posible que la vacunación sea rápida y globalmente accesible para todos los ciudadanos del mundo basándose en el principio de que una vida en Mumbai vale tanto como una vida en Bruselas. Esto no es posible solo porque las grandes empresas farmacéuticas que producen las vacunas se niegan a ceder los derechos de patente. Sus proyecciones de beneficios, con lo que ya se llama “oro líquido”, son fabulosas. Según cálculos del Imperial College de Londres, el costo unitario de la dosis de Pfizer es de 1,18 dólares y el de la Moderna 2,85 dólares, mientras el precio de venta ha sido, en promedio, de US$ 25,15 (Pfizer) y US$ 25,50 (Moderna), esto es, más de diez veces el precio de costo (Light y Lexchin, Journal of the Royal Society of Medicine 2021, vol. 114, 502-504). Y las empresas esperan subir los precios mucho más después de que finalice el período de la pandemia. Estos beneficios son injustificables toda vez que el financiamiento de la investigación fue predominantemente público. Además, según el Financial Times, las empresas farmacéuticas están exigiendo cambios legislativos a los países del Sur global antes de la entrega de vacunas. Dichos cambios apuntan a proteger a las empresas contra posibles juicios o eventuales licencias de los derechos de patente, obligando a los países, por ejemplo, a comprometer fondos públicos para este fin, lo que Sudáfrica consideró como una “transferencia ilegítima de la soberanía nacional”.
El debate sobre la liberación de patentes continúa en la Organización Mundial del Comercio donde, como sabemos, la solución por defecto es decidir a favor de las empresas. Se sabe que la iniciativa COVAX (asociación internacional para la distribución de vacunas sujetas a patentes) no es suficiente. De las 11.000 millones de dosis que se proponía entregar en 2021, COVAX solo entregó 1.400 millones. Mientras que los países ricos ya han vacunado a más del 60% de la población con varias dosis, los países africanos apenas vacunaron al 6% y solo con una dosis. Existe un clamor mundial por poner fin a esta grosera injusticia que, además, deja inseguro al mundo en su conjunto. Esta es la gran oportunidad de António Guterres para afirmarse como un líder mundial. Para eso deberá salir de la sede de la ONU y recorrer el mundo y los pasillos del poder público y privado en la búsqueda de soluciones que garanticen la prevalencia de la salud colectiva global. No podrá continuar escondido detrás de la OMS y quedarse en declaraciones abstractas y excesivamente cautelosas como ha hecho hasta ahora. De lo contrario, sospecho que no podrá redimir su mandato. Quizás el mundo recuerde en el futuro que António Guterres fue solo el primer secretario general de habla portuguesa. Convengamos que es poco. 13.012022
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
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Boaventura de Sousa Santos, Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.
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Original en portugués:
Fuente: https://www.other-news.info/noticias/la-hora-de-antonio-guterres/
Foto tomada de: BBC
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