The Guardian
Al inaugurar esta semana su Cumbre para la Democracia, Joe Biden instó a sus invitados a “defender los valores que nos unen”, entre ellos la prensa libre. El presidente estadounidense presumió de su nueva iniciativa para la renovación democrática, que incluye medidas de apoyo a unos medios de comunicación libres e independientes: “Es fundamento de la democracia. Es la forma de que el público se mantenga informado y los gobiernos rindan cuentas. Y en todo el mundo, la libertad de prensa se encuentra amenazada”.
Sin embargo, el propio gobierno de los Estados Unidos está poniendo en peligro la capacidad de los medios de comunicación para sacar a la luz verdades incómodas y descubrir delitos y encubrimientos oficiales. Este viernes [10 de diciembre], el Alto Tribunal dictaminó que Julian Assange puede ser extraditado a los EE.UU., donde podría enfrentarse hasta a 175 años de cárcel. La decisión no supone sólo un golpe para su familia y amigos, que temen que no sobreviva al encarcelamiento en los Estados Unidos. También supone un revés para todos aquellos que desean proteger la libertad de prensa.
La sentencia revoca la decisión adoptada en enero por un tribunal de distrito, según la cual el fundador de WikiLeaks no podía ser extraditado debido al riesgo substancial de que se suicidara, dada su salud mental y las condiciones a las que se enfrentaría. Posteriormente, los EE.UU. presentaron un paquete de garantías en su intento de anular ese fallo, que los jueces del alto tribunal aceptaron. Pero los EE.UU. se han reservado el derecho a internarlo en un centro de máxima seguridad o a someterlo a medidas administrativas especiales – algo pueden incluir el aislamiento prolongado- en función de su conducta. Su equipo apelará, y es probable que el proceso legal se demore durante años.
El centro de atención se ha desplazado al corazón del asunto. Independientemente del bienestar del señor Assange, los Estados Unidos no deberían reclamar su extradición, y el Reino Unido no debería concederla. Se le acusa de acuerdo con la Ley de Espionaje, incluyendo la publicación de material clasificado. El caso contra este hombre de 49 años guarda relación con cientos de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como con cables diplomáticos, que WikiLeaks hizo públicos en colaboración con The Guardian y otros medios de comunicación. En ellos se revelaban horribles violaciones por parte de los Estados Unidos y de otros gobiernos que, de otro modo, no habrían salido a la luz.
Tal como ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional “Prácticamente no ha rendido cuentas ningún responsable de los presuntos crímenes de guerra de los Estados Unidos cometidos en el transcurso de las guerras de Afganistán e Irak, y mucho menos se ha visto procesado, y sin embargo, el editor que sacó a la luz esos crímenes se enfrenta potencialmente a que su vida transcurra en la cárcel.”
La Ley de Espionaje no permite defensa alguna del interés público. Los activistas norteamericanos han advertido que su uso es un ataque directo a la primera enmienda. Y los editores de fuera corren el mismo riesgo si se extradita al señor Assange; los cargos se refieren a actos que tuvieron lugar cuando él no estaba en el país.
Los Estados Unidos se han proclamado esta semana faro de la democracia en un mundo cada vez más autoritario. Si Biden se toma en serio la protección de la capacidad de los medios de comunicación para exigir responsabilidades a los gobiernos, debería empezar por retirar los cargos presentados contra Assange.
Fuente: The Guardian, 10 de diciembre de 2021
El secuestro judicial de Julian Assange
John Pilger
“Mirémonos a nosotros mismos, si tenemos valor para ello, para ver lo que nos pasa”
Jean-Paul Sartre
Las palabras de Sartre deberían resonar en todas nuestras mentes tras la grotesca decisión del Alto Tribunal británico de extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, donde se enfrenta a “una muerte en vida”. Este es su castigo por el delito de periodismo auténtico, preciso, valiente y vital.
Error judicial es un término inadecuado en estas circunstancias. Los cortesanos con peluca del ancien régime de Gran Bretaña tardaron sólo nueve minutos el pasado viernes en estimar una apelación norteamericana contra la aceptación por parte de un juez de un tribunal de distrito en enero de una catarata de pruebas de que a Assange le esperaba el infierno en la tierra al otro lado del Atlántico: un infierno en el que, se predijo con pericia, encontraría la manera de quitarse la vida.
Se ignoró el ingente número de testimonios de personas distinguidas, que analizaron y estudiaron a Julian y diagnosticaron su autismo y su síndrome de Asperger, y que revelaron que ya había estado a punto de suicidarse en la cárcel de Belmarsh, el mismísimo infierno británico.
Se ignoró la reciente confesión de un informante crucial del FBI, títere de la fiscalía, estafador y mentiroso en serie, de que se había inventado sus pruebas contra Julian. Se ignore también la revelación de que la empresa de seguridad, de gestión española, de la embajada de Ecuador en Londres, donde se había concedido refugio político a Julian, era una tapadera de la CIA que espiaba a los abogados, médicos y confidentes de Julian (yo mismo incluido).
La reciente revelación periodística, repetida gráficamente por el abogado de la defensa ante el Alto Tribunal en octubre, de que la CIA había planeado asesinar a Julian en Londres…hasta eso se ignoró.
Cada una de estas “materias”, como les gusta decir a los abogados, era suficiente por sí sola para que un juez que defiende la ley desechara el vergonzoso caso montado contra Assange por el corrupto Departamento de Justicia de los Estados Unidos y sus pistoleros a sueldo en Gran Bretaña. El estado mental de Julian, bramó James Lewis, abogado, el hombre de los Estados Unidos en el Old Bailey [sede de los tribunales londinenses] el año pasado, no era más que “malingering” [“fingirse humano”], un arcaico término victoriano utilizado para negar la existencia misma de la enfermedad mental.
Para Lewis, casi todos los testigos de la defensa, incluidos quienes describieron desde la profundidad de su experiencia y conocimiento el bárbaro sistema penitenciario estadounidense, tenían que ser interrumpidos, maltratados, desacreditados. Sentado detrás de él, y pasándole notas, se encontraba su director de orquesta estadounidense: joven, de pelo corto, claramente un hombre de la Ivy League [las universidades norteamericanas más elitstas] en ascenso.
En sus nueve minutos de desestimación del destino del periodista Assange, dos de los más altos jueces de Gran Bretaña, entre ellos el Lord Chief Justice, Lord Burnett (compañero de toda la vida de Sir Alan Duncan, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Boris Johnson que organizó el brutal secuestro policial de Assange en la embajada de Ecuador) evitaron referirse a cualquiera de los roarios de verdades ventiladas en audiencias anteriores en el tribunal de distrito, verdades que habían pugnado por escucharse en un tribunal inferior presidido por una juez extrañamente hostil, Vanessa Baraitser. Su insultante comportamiento hacia un Assange claramente afectado, que se debatía entre la niebla de la medicación dispensada en prisión para recordar su nombre, constituye algo imposible de olvidar.
Lo que resultó verdaderamente chocante el viernes pasado fue que los jueces del Tribunal Superior -Lord Burnett y Lord Justice Timothy Holyrode, que leyeron sus palabras- no mostraran ninguna vacilación en enviar a Julian a la muerte, vivo o no. No ofrecieron ninguna atenuación, ni sugirieron que se hubieran atormentado por los elementos legales o siquiera por la moralidad básica.
Su fallo a favor, si no en nombre de los Estados Unidos, se basa directamente en “garantías” transparentemente fraudulentas reunidas por el gobierno de Biden cuando pareció que la justicia podría prevalecer en enero.
Estas “garantías” son que, una vez bajo custodia norteamericana, Assange no se verá sometido a las orwellianas SAMS -Medidas Administrativas Especiales-, que lo convertirían en una no persona, que no será encarcelado en ADX Florence, una prisión de Colorado condenada desde hace tiempo por juristas y grupos de derechos humanos como ilegal: “un pozo de castigo y desaparición”, que pueda ser trasladado a una cárcel australiana para terminar allí su condena.
El absurdo estriba en lo que los jueces omitieron decir. Al ofrecer sus “garantías”, los Estados Unidos se reservan el derecho de no garantizar nada en caso de que Assange haga algo que desagrade a sus carceleros. En otras palabras, como ha señalado Amnistía, se reserva el derecho de romper cualquier promesa.
Hay abundantes ejemplos de que esto es precisamente lo que hacen los EE.UU. Como reveló el mes pasado el periodista de investigación Richard Medhurst, David Mendoza Herrarte fue extraditado de España a los Estados Unidos con la “promesa” de que cumpliría su condena en España. Los tribunales españoles lo consideraron una condición vinculante.
“Documentos clasificados revelan las garantías diplomáticas dadas por la Embajada de los EE.UU. en Madrid y el modo que los EE.UU. violaron las condiciones de la extradición”, escribió Medhurst, “Mendoza pasó seis años en los EE.UU. tratando de volver a España. Los documentos judiciales muestran que los Estados Unidos denegaron su solicitud de traslado en múltiples ocasiones”.
Los jueces del Alto Tribunal -que eran conscientes del caso Mendoza y la duplicidad habitual de Washington- describen las “garantías” de no tratar bestialmente a Julian Assange como un “compromiso solemne ofrecido por un gobierno a otro”. Este artículo se extendería hasta el infinito si enumerase las veces en que los rapaces Estados Unidos han roto “compromisos solemnes” con los gobiernos, como esos tratados que se rompen sumariamente y esas guerras civiles que se fomentan. Es el modo en que Washington ha gobernado el mundo y, antes de él, Gran Bretaña: el modo del poder imperial, tal como nos enseña la historia.
Esta mentira y duplicidad institucional es la que Julian Assange sacó a la luz, y al obrar de este modo, acasó cumpliera el mayor servicio público de cualquier periodista en los tiempos modernos.
El propio Julian lleva preso de gobiernos mentirosos ya más de una década. Durante estos largos años, me he sentado en muchos tribunales cuando los Estados Unidos han intentado manipular la ley para silenciarlo a él y a WikiLeaks.
Esto alcanzó un momento estrafalario, en la diminuta embajada ecuatoriana, cuando él y yo nos vimos obligados a aplastarnos contra una pared, cada uno con un bloc de notas que usábamos para conversar, teniendo buen cuidado de proteger lo que nos íbamos escribiendo de las omnipresentes cámaras espía, instaladas, como ahora sabemos, por un apoderado de la CIA, la organización criminal más duradera del mundo.
Esto me lleva a la cita que encabeza este artículo: “Mirémonos a nosotros mismos, si tenemos valor para ello, para ver lo que está pasando”.
Jean-Paul Sartre escribió esto en su prólogo a Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, el estudio clásico de cómo los pueblos colonizados y seducidos y coaccionados y, sí, cobardes, cumplen las órdenes de los poderosos.
¿Quién de nosotros está dispuesto a levantarse en lugar de seguir siendo meros espectadores de una parodia épica como es el secuestro judicial de Julian Assange? Lo que está en juego es tanto la vida de un hombre valiente como la conquista, si permanecemos en silencio, de nuestros intelectos y del sentido del bien y del mal: de hecho, nuestra propia humanidad.
Fuente: Counterpunch, 10 de diciembre de 2021
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