Según información del Observatorio de derechos humanos de la Fundación Progresar, durante el año 2021 ocurrieron en el departamento 1081 acciones violentas de las cuales 739 fueron consideradas como violaciones a los derechos humanos y 342 acciones bélicas. El 68% del total de estas acciones fueron cometidas en los municipios de Cúcuta y Tibú. Así mismo en los primeros 36 días del 2022 ocurrieron 24 acciones bélicas en los dos municipios, dos masacres que dejaron un saldo de 6 personas muertas y 30 personas fueron desplazadas de Cúcuta.
Lo anterior obedece principalmente a un reacomodamiento que viene ocurriendo desde el año 2016 de grupos armados, como con las llamadas por el gobierno nacional disidencias de las FARC con los frentes 41, que incursionó recientemente por el centro del departamento del Cesar a la provincia de Ocaña, el frente 45 que hizo lo propio por la región del Sarare, frontera entre los municipios de Saravena (Arauca) y Toledo Norte de Santander), y principalmente del frente 33 que viene en un acelerado proceso de expansión que cubre alrededor de 18 de los 40 municipios de la geografía nortesantanderana (incluyendo el área metropolitana de Cúcuta), responsable de gran parte de las acciones violentas cometidas en Cúcuta y el área metropolitana.
Por otro lado, el dominio y presencia territorial ejercido por el ELN a través de las estructuras del bloque nororiental y el frente de guerra urbano nacional (en 26 de los 40 municipios), principalmente a lo largo de los 10 municipios colombianos que hacen frontera con Venezuela, en los municipios del Catatumbo nortesantanderano (11) y los llamados pueblos de occidente (5), quienes han declarado una guerra abierta al paramilitarismo en cualquiera de sus expresiones y a bandas locales que tienen alianzas con estos grupos. Así mismo los enfrentamientos con el EPL que datan del 2018, más tarde con los rastrojos y en la actualidad a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, además de las tensiones cada vez más fuertes con las disidencias de las FARC (frentes 33 y 45).
Aunado a lo anterior se debe señalar el proceso de expansión en al área metropolitana de Cúcuta desde el 14 de diciembre del 2020 de las AGC o Clan del Golfo como las denomina el gobierno nacional, quienes se asentaron inicialmente en el área rural de Cúcuta, específicamente en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, lugares ubicados a 40 minutos de Cúcuta, generando centenares de personas desplazadas, desaparecidos de manera forzada y decenas de líderes y lideresas amenazados.
Estas y otras estructuras armadas captan rentas ilegales de una multiplicidad de actividades criminales como el secuestro, la extorsión, la extracción de hidrocarburos y el contrabando en sus múltiples modalidades. Pero vale la pena resaltar el papel que viene cumpliendo el narcotráfico en la dinamización de la criminalidad en el departamento.
Desde la llegada a la región de los carteles transnacionales de la droga de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en el año 2018, han logrado incluir importantes mejoras en toda la cadena del narcotráfico, desde la siembra de la hoja de coca (más plantas en menos área) hasta el transporte (vía aérea), pasando por el aumento en la calidad de la producción de pasta de coca (mayor pureza) y el clorhidrato de cocaína (mayor producción).
Este proceso de mejoramiento ha llevado a un desbordamiento de cultivos de hoja de coca y la ampliación de las áreas sembradas. Los cálculos para el año 2021 del Observatorio de derechos humanos de la Fundación Progresar, rondan las 45.000 hectáreas.
A pesar de la gravedad de estos y otros hechos, desde las distintas autoridades insisten en culpar a gobiernos extranjeros, a la presencia en la región de bandas venezolanas y a la crisis migratoria. Justificaciones que solo esconden la inacción gubernamental. En cualquier caso, la respuesta institucional no ha superado los formalismos de los consejos de seguridad, las solicitudes de aumento del pie de fuerza y de medidas inocuas como las anunciadas recientemente por el ministro de la defensa, quien con bombos y platillos anunció en Cúcuta, la creación del Comando Específico de Norte Santander, todas medidas ya implementadas y fracasadas, como lo demuestra el desbordamiento de violencia en el departamento.
Wilfredo Cañizares Arévalo, Defensor de derechos humanos, Fundación Progresar
Foto tomada de: El Tiempo
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