De acuerdo con el informe, entre 1970 y 2015, en Colombia fueron desaparecidas forzosamente 60.630 personas, “cifra muy superior a la que estremeció al mundo por la ocurrencia de esta modalidad de violencia en el marco de las dictaduras militares del Cono Sur. Son más de 60 mil personas desaparecidas forzosamente en una sociedad en «democracia»” (p.26).
La cifra, además de escalofriante, resulta significativa, en tanto no ha existido uniformidad en las cifras oficiales sobre el número de víctimas de este crimen. La Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Unidad de Justicia y Paz, la Unidad de Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, cada entidad maneja datos distintos.
La investigación del CNMH distingue cinco períodos, que caracteriza así: a) 1970-1981 con bajos niveles de ocurrencia pero con tendencia de pasar de la marginalidad (1970-1977) a la regularidad (1978-1981);
- b) 1982-1990 de la marginalidad a la generalización. De 485 casos entre 1970 y 1981 se asciende a 6.528 casos entre 1982 y 1990. Es decir una desaparición cada 8 horas en 1990;
- c) 1991-1995, decrecimiento moderado, acompañado de un estancamiento. De una desaparición cada 8 horas en 1990, se pasa a una desaparición cada 9 horas entre los años 1991-1994;
- d) 1996-2005 del estancamiento a la explosión, vuelve a una tendencia creciente, más acelerada que la del período 1982-1990, “sus niveles de ocurrencia desbordan todo lo conocido hasta ese momento. Si bien la desaparición forzada registra un declive a partir de 2003, sus niveles de ocurrencia solo retornan en el año 2005 a los registrados en el punto de inflexión del año 1996. Se registran en el período 32.249 desapariciones, lo que significa una desaparición forzada en promedio cada dos horas y media”;
- e) 2006-2015 pasa de la explosión al declive. El período registra 9.595 casos, lo que supone una reducción de tres cuartas partes en comparación con el período anterior. Se pasa de una desaparición cada 2 horas y media en el período anterior a una desaparición cada 8 horas.
Se registran víctimas en 1.010 de los 1.115 municipios del país. Las Regiones más afectadas son: Región central: Magdalena Medio, Oriente Antioqueño y valle de Aburrá suman en conjunto 10.377 desapariciones; Región noroccidente: Urabá, Alto Sinú y San Jorge, Bajo Cauca Antioqueño y Suroeste Antioqueño registran 6.933 casos; Región suroriental: Ariari-Guayabero y Florencia y su área de influencia registran 4.483 casos.
En cuanto a los perpetradores, según el mismo informe, el 46.1% de las desapariciones son responsabilidad de los paramilitares, el 19.9% corresponden a las guerrillas, el 15.9% a grupos armados no identificados, el 8.9% a posdesmovilizados, el 8% a agentes del Estado y el 0.8% a la alianza de paramilitares y agentes del Estado.
El detallado estudio del CNMH concluye que “Son necesarias acciones urgentes y contundentes, de índole organizativo, administrativo y presupuestal para afrontar la impunidad que existe en torno a la desaparición forzada, la cual se apoya en el propósito del victimario de desaparecer toda evidencia del hecho, pero también en la congestión de procesos sobre esta modalidad de violencia en la Fiscalía General de la Nación” (p.393).
Como puede verse, el período más crítico (1996-2005) se presentó durante el mandato de Andrés Pastrana e inicio del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que coincide con el comienzo de las negociaciones entre ese gobierno y las estructuras paramilitares. De otra parte, se observa que la desaparición forzada como método represivo utilizado por agentes del Estado, devino en práctica criminal generalizada de los distintos actores del conflicto armado colombiano y aún de la delincuencia, particularmente ligada al narcotráfico.
El referente histórico del crimen de desaparición forzada de personas se puede encontrar en el llamado decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel), implementado por el régimen nazi el 7 de diciembre de 1941, cuya aplicación en principio estaba dirigida a deportar desde los territorios ocupados a los opositores al régimen a los campos de concentración en Alemania.
Los deportados eran desaparecidos en medio de la noche y la niebla sin que sus familiares fueran informados. El Tribunal de Núremberg consideró esta conducta como un crimen de guerra, que las dictaduras militares que asolaron a Latinoamérica a partir de las décadas de 1960 y 1970 se encargaron de masificar.
En Colombia, el primer caso del que se tiene reporte es el de Omaira Montoya Henao, ocurrido en Barranquilla en 1977 por cuenta de agentes del Estado y desde esa época se han venido sucediendo de manera sistemática. A pesar de estar consagrada su prohibición en el artículo 12 de la Constitución Política de 1991, solo en el año 2000 (ley 589) se tipificó como delito.
La sociedad colombiana no ha dimensionado que la desaparición forzada es tal vez el peor crimen que se puede cometer contra una persona, una familia, una sociedad: los victimarios buscan, no solo matar físicamente a la persona a través de la muerte sino que buscan desvanecer cualquier rastro suyo, como si nunca hubiera existido. Desaparecen su cuerpo pero también su identidad. Imposibilitados de hacer el duelo, para los familiares y allegados, el dolor de la incertidumbre es más fuerte que el dolor de la muerte.
Pero además del indescriptible daño recibido, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, se ven sometidos a la afrenta de no ser escuchados ni obtener justicia. La impunidad es otra forma de desconocer, invisibilizar y revictimizar. Entonces, ¿qué resulta más agraviante, el propio crimen o la desidia del aparato judicial del Estado?
Con el crimen de desaparición forzada, se busca crear terror en una comunidad, en una sociedad a la vez que se genera un estado permanente de zozobra ante la incertidumbre sobre el paradero y la suerte del ser querido. ¿Estará con vida, lo habrán torturado, lo habrán asesinado inmediatamente? Y todo ese cuadro clínico y sociológico de angustia se potencia con el paso del tiempo, se pasma pero no termina. Como un mecanismo de defensa, los familiares de las víctimas de las personas sometidas a desaparición forzada creen muchas cosas que niegan la realidad y día a día esperan que algún día aparezca. Así ocurrió con las víctimas del holocausto nazi.
En la desaparición forzada, el propósito del criminal pretende materializarse en la negación del otro, en reducirle a no-sujeto, en esfumar todo rastro suyo. No obstante debe resaltarse la significación política de las víctimas de esta clase de crímenes, la cual puede verse en dos momentos: uno inicial que encontramos en la motivación, en la intencionalidad que mueve al verdugo a perpetrar el crimen – en este caso, la desaparición forzada –, para “reducir al otro a no–sujeto”, en términos del filósofo español Reyes Mate, en la «importancia política» que tiene ese “sujeto” como para llevar al ofensor a materializar en él la imposición de su ideología (si es que ella existe), aquí la víctima es doblegada al rol de «medio» por el cual el victimario cumple sus fines; y otro posterior, consecuencia del primero, que se presenta cuando las víctimas sobrevivientes devienen en fuerza social capaz de superar la imagen de sufrimiento, debilidad, derrota y sacrificio, y asumen la exigencia de sus derechos conculcados, el reclamo del reconocimiento de su dignidad y de su subjetividad política.
José Hilario López Rincón
Abogado
Nota
[i] Primera edición: noviembre de 2016.
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