El Congreso de la República nunca ha tenido las mejores referencias de todos sus miembros, se le ha llamado peyorativamente con decenas de nombres y adjetivos que aluden a la corrupción, el robo, la estafa y las mentiras, por lo cual el calificativo de infame, solamente se suma a el desprestigio ya histórico. La infamia del Congreso se ve reflejada en sus múltiples decisiones, la aprobación a puerta cerrada, sin discusión pública o de manera virtual, negando múltiples derechos de varios de sus integrantes ha sido la gran característica de este Congreso. Sin embargo, hoy resalta aún más por la decisión tomada por los representantes de Cámara de la comisión tercera que repiten su negativa para avanzar en un proyecto de Renta Básica de Emergencia. Pero antes de revisar qué sucedió en la comisión tercera de la Cámara de Representantes, hablemos sobre los Proyectos de Ley que en este momento pretenden crear alguna renta básica.
Como hemos dicho mucho muchos ya, la pandemia desatada por el COVID -19 y el eventual aislamiento ha desnudado las grandes falacias del crecimiento económico y de la lucha contra la pobreza. La mayor parte de la población colombiana se vio afectada al enfrentarse a una pausa de sus actividades productivas: buena parte de las y los trabajadores informales tuvieron que detener sus actividades, y aun un fragmento importante de los formales quedaron sin trabajo, con contratos suspendidos y por ende sin ingresos. No ha sido la falta de una cultura del ahorro, sino la incapacidad económica de la clase trabajadora para poderlo hacer. No es, como nos han vendido, que no se quiera ahorrar, sino que no alcanza; entre deudas y el día a día, las familias viven con recursos cada vez más escasos, por lo que el aislamiento obligatorio perforó la delgada capa de la “estabilidad” y fisuró especialmente a jóvenes y mujeres.
En ese marco, reapareció una discusión que ya tiene varias décadas encima, la de la Renta Básica y el Ingreso Mínimo Vital; sin hacer una sustentación tan expedita, el concepto de Renta Básica toma fuerza desde finales del Siglo XVIII con las tesis de Thomas Paine principalmente, y de Thomas Spence, Charles Fourier y Herbert Spencer (este último un siglo después), seguidamente. Las tesis de estos académicos buscaban que en determinado momento de la vida a las personas se les pagara cierta cantidad de dinero motivado por la garantía de satisfacer ciertas necesidades. La Renta básica supera el debate anglosajón y posteriormente Europeo y se convierte en tema universal, con los avances del Colectivo Charles Fourier cercanos a la Universidad de Lovaina y con la creación del Basic Income European Network (BIEN) a finales del Siglo XX y su transformación en Basic Income Earth Network, sucedida en Barcelona en 2004 en el noveno congreso.
No es despreciable que haya tomado nuevamente fuerza este concepto cuando nos enfrentamos a que el 38% de la población colombiana, podría caer en la pobreza y el 11.3% en pobreza extrema; además, 1.6 millones de hogares dejaron de consumir tres comidas diarias. El principal motivo en este momento del alarmante aumento de la pobreza es la reducción en el ingreso. Es por ello que una idea muy simple para afrontar la crisis y reactivar la economía es dotar a los hogares de un ingreso monetario suficiente para cubrir sus gastos regulares, pero además impulsar otros gastos e inversiones.
Durante el primer semestre de este año, sobre los meses de abril y mayo, se presentaron varias iniciativas legislativas, principalmente por parte de los partidos de oposición e independientes, para conseguir una Renta Básica de Emergencia a partir de varios mecanismos: por un lado, la centralización de los diferentes programas de transferencias monetarias sumado a un aumento para que estos llegaran de manera prioritaria a los hogares afectados; en otros la creación de un programa independiente para un amplio número de hogares, y también por medio de la centralización de las ayudas decretadas durante la emergencia para crear una única ayuda con un monto superior al destinado por los decretos legislativos.
Las propuestas varían en la población que buscan alcanzar: Desde 8.4 millones a 31 millones de personas, distribuido por individuos o por hogares. Unas se centran en los hogares pobres y vulnerables, los empleados que perdieron su trabajo, los trabajadores independientes e informales, otros consideraban priorizar jóvenes, mujeres, población migrante, arrendatarios, etc. En el monto también hubo discusiones, se propuso por parte del partido liberal alcanzar la línea de pobreza en las transferencias del programa Ingreso solidario a 257 mil pesos, lo que significaba aumentar alrededor de 100 mil pesos el monto de la transferencia monetaria, a este programa los liberales denominaron Renta Vida. Al respecto los Proyectos de Ley de la oposición buscaron montos más ambiciosos: Entre 1 salario mínimo mensual vigente por hogar, a el mismo salario, pero sumando prestaciones sociales, y en algunos casos aumentando una proporción de acuerdo con el número de personas en el hogar. Finalmente, el tiempo de duración de la Renta Básica propuesta si tuvo cierto consenso, dado que ante la evidente negativa por parte del Gobierno de aumentar el gasto social, proponer una renta permanente no tendría ningún éxito; ante esto las propuestas comenzaron tímidamente proyectando trasferencias por 3 meses, y ante el mantenimiento de la crisis y su gravedad hacia el futuro, se propusieron hasta por 1 año o lo que durara la pandemia más tres meses de reactivación.
Los diversos autores han expuesto que estos proyectos que buscan crear una transferencia específica han sido denominados rentas básicas de emergencia porque difieren con la concepción tradicional de la renta básica, por cuanto surge y se mantendría solamente durante el transcurso de la crisis y seria focalizada en los hogares más afectados, en ese sentido difiere en la universalidad y permanencia de los postulados de la renta básica.
Las fuentes principales de financiamiento de estos proyectos de ley que se propusieron fueron por medio de deuda pública adquirida con el Banco de la República o bien con un proceso de reforma tributaria con la creación de impuestos solidarios sobre la renta y el patrimonio de los sectores de la población más adinerados, tarifas de impuestos a los dividendos o impuestos corporativos.
Ahora si ¿qué pasó en la comisión tercera de cámara?
No es la primera vez que estas iniciativas son archivadas, los primeros intentos de Proyectos de Ley que se radicaron antes de terminar la legislatura anterior fueron archivados dado que, aunque se habían radicado ponencias positivas frente a ellos, las mesas directivas de las comisiones respectivas, las terceras o séptimas del congreso, decidieron NO agendarlos para su debate y por tal motivo su proceso legal quedo truncado. Es por ello que estas iniciativas se volvieron a presentar el 20 de julio a inicio de la legislatura actual, pero vemos que están surtiendo un proceso parecido y todas estas podrían terminar por archivarse o negarse.
El sábado 5 de diciembre, el Representante Cristian Garcés del Centró Democrático presentó Ponencia Negativa para primer debate al Proyecto de Ley 023 de 2020 Cámara “por medio de la cual se reconoce una renta básica para toda persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada en el país” acumulado con el Proyecto de Ley 043 de 2020: “por medio del cual se crea la renta vida”. En esta presentación el Representante Garcés aludió a la redundancia de crear un programa de renta vida o renta básica, producto de los ya existentes programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas como lo son Familias y jóvenes en Acción, Colombia mayor, devolución de IVA, Ingreso Solidario, entre otros; así como por el plan de reactivación presentado por el Gobierno en la discusión del Presupuesto General de la Nación. De la misma media, justifico su negativa y la de los demás suscritos (los Representantes de Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U) a esta ponencia, por la negativa del Gobierno Nacional para avalar estos Proyectos de Ley especialmente por el costo fiscal que pudiese tener.
Por su parte el Representante David Ricardo Racero de la Lista de la Decencia expuso la Ponencia Positiva a los proyectos acumulados en la cual se disminuía tanto la cuantía de la renta, como su temporalidad para lograr así consensos y que fuera aprobada. Esta ponencia fue suscrita por representantes de los partidos de la Lista de la Decencia, MAIS y la Alianza Verde. El representante Racero presentó que esta ponencia tenia una especie de espíritu de consenso, especialmente frente a los mínimos comunes en los que se podría lograr acuerdo con la iniciativa para llegar a la plenaria de cámara: Se redujo la propuesta de 1 smmlv al 40% de este, y por un tiempo no de 1 año, sino de 6 meses. En esta ponencia se presentaron las alarmantes cifras de pobreza y desigualdad; a las ya mencionadas en este artículo, el Representante Racero acotó primero que el crecimiento negativo de los ingresos del 20% de la población más pobre se redujo en 6.2% entre 2018 y 2019. Segundo, 43 millones de colombianos reciben mensualmente hasta un millón de pesos, y de estos 17.4 millones se encuentra en la línea de la pobreza y 4.6 reciben hasta 137 mil pesos, por debajo de la línea de la pobreza extrema.
La propuesta concertada entre liberales y la bancada alternativa, fue entonces la de crear una renta básica durante 6 meses por un valor mensual de 351.121 COP por persona, por encima de la línea de la pobreza para 32 millones de persona con un costo mensual de 11.2 billones de pesos. Frente a este consenso el Representante Alejandro Chacón del Partido Liberal también presentó varios puntos a resaltar, como la diferencia entre un subsidio y un ingreso mínimo vital, las bondades en la centralización de programas de trasferencias para la reducción de costos por administración, así como resaltar los principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad e inalienabilidad de la Renta Vida.
Los proyectos de ley que buscaban la creación de la Renta básica y la Renta Vida fueron archivado con una votación de 18 a 5 a favor de la ponencia negativa que solicitaba el archivo presentada por el Representante del Centro Democrático; por lo cual la ponencia positiva concertada de los Proyectos de ley presentados por los partidos Decente, Mais, Liberal, Alianza Verde, Colombia Humana y Polo Democrático no pudieron ser votada y su tránsito culminó allí. Una vez más el aspecto político se impone ante el técnico; existieron una y mil razones para justificar la necesidad de una renta básica y de los beneficios para afrontar la crisis y reactivar la economía que generaría esta, pero ante la decisión política del Gobierno y sus partidos, es una muralla que difícilmente puede ser penetrada.
Actualmente en Senado, se encuentra aún vigente el Proyecto de Ley 054 de 2020 “por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid-19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020” en espera de rendir su primer debate en la comisión tercera de Senado donde sus ponentes son el Senador Iván Marulanda de la Alianza Verde y Ciro Ramírez del Centro Democrático.
Quisiera dejar por último la siguiente reflexión: una persona declarada infame por los censores romanos perdía varios privilegios de la ciudadanía: no podía acceder a ningún cargo público ni votar en las elecciones, restringiendo entonces sus facultades tanto de tipo social como jurídico ante la sociedad romana. La ciudadanía y especialmente los votantes deben fungir como censores, y declarar infames a varios congresistas y por medio de la negación de su voto reformar el Congreso de la República; es hora de cambiar la formula clientelista y obediente de las maquinarias políticas de los partidos hegemónicos y darle la oportunidad a una nueva generación de líderes y lideresas políticos y sociales con ideales más progresistas.
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[1] Consultado en: https://designificados.com/infamia/
Paula K. Triviño-Gaviria, Socióloga y candidata a Mg. En Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID-. Funcionaria del Senado de la República. Contacto: [email protected]
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