La inmodificable posición de las dirigencias en torno al control de la tierra

Tres temas de la coyuntura dan cuenta de las condiciones que ligan conflictos centrales de nuestra sociedad: la  recordación de la novela de Eduardo Caballero Calderón “Siervo sin tierra”, los nuevos pronunciamientos de agencias internacionales, como es el caso de Human Rights Watch a favor del urgente cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo primer punto destaca la reforma rural y los roces entre los dirigentes políticos  María Fernanda Cabal, del partido de gobierno y el candidato presidencial Gustavo Petro en torno a la perspectiva de la adquisición de tierras del expresidente Álvaro Uribe, para comenzar a atender la redistribución de la propiedad agraria, precisamente tema nodal del Acuerdo.  Se trata de elementos profundamente vinculados con las perspectivas de la guerra y la paz para nuestra sociedad: combinan los hechos y entorno de la novela de Caballero Calderón referidos a la situación del campesinado frente a la tierra, tema que habría de tensionar las relaciones sociales y políticas que motivaron buena parte de los esfuerzos dirigidos por los gobiernos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo en las primeras décadas del siglo pasado hacia la modernización de nuestra sociedad. Se trataba de esfuerzos que habrían de enfrentar la resistencia de los sectores opuestos a tales cambios, tanto en el ámbito del reconocimiento a las organizaciones populares como en el del reparto agrario.

Durante los años comprendidos entre fines del decenio de 1940 y mediados de la de 1950 estas tensiones conducirían a una de las etapas más intensas del conflicto armado en Colombia, el cual, de acuerdo con el historiador británico Eric Hobsbawm, solamente fue superado por la revolución mexicana en cuanto al número de civiles en armas. Sus magnitudes y extensión llevaron al gobierno norteamericano, alertados por los desarrollos ocurridos en América Latina durante esa última década, iniciada con la revolución boliviana, seguida por la nacionalización de la United Fruit Company por el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala y culminada con la revolución cubana, todo ello en el marco de la guerra fría, a concebir una doble estrategia preventiva hacia América Latina, configurada por la combinación de acciones de carácter reformista con desarrollos de guerra contrainsurgente. La aplicación de esta estrategia tuvo a Colombia como laboratorio en la medida en que ya desde principios del decenio de 1940 las dirigencias nacionales venían afianzando políticas de Estado dirigidas hacia la imposición de la guerra y la negación de posibilidades de democratización de nuestra sociedad.

El componente reformista estuvo representado por iniciativas de asistencia social, en particular por programas de reforma agraria, los cuales se concretaron en la que sería la Ley de Reforma Social Agraria, 135 de 1961. La motivaban, de una parte, las condiciones de concentración y uso de la propiedad, apreciables en la Muestra agropecuaria de 1954, la cual hizo evidentes su concentración y la predominancia de las praderas, rasgos que, según el III Censo Agropecuario Nacional realizado en 2014 se han ampliado, dentro de una frontera agraria que abarca más del doble de la superficie registrada por la Muestra. Por otra parte, esta política fue propuesta de cara a la incidencia de los conflictos en torno a la tierra en el desarrollo de la violencia. Algunas Misiones económicas internacionales realizadas en esta misma época (BIRF, CEPAL, Misión de Humanismo) destacaron igualmente los desequilibrios apreciables en la distribución y el aprovechamiento de la tierra, condiciones ante las cuales la recomendación común fue el fortalecimiento de la tributación por parte de las grandes propiedades subutilizadas.

A pesar del apoyo proporcionado a esta iniciativa por parte del gobierno norteamericano, expresado incluso en la asignación de recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  (USAID) para su realización, las dirigencias nacionales la rechazaron como lo expresó, a comienzos de 1972, el que se denominó “Pacto de Chicoral”. El sentido del mismo fue impedir la afectación de las tierras y encaminar la demanda de tierras de los campesinos desposeídos hacia los bordes de la frontera agraria en proyectos de colonización, con los alicientes de la titulación de los predios y la dotación de servicios e infraestructuras, ninguno de los cuales alcanzó realización efectiva. Por el contrario, pronto se hicieron evidentes las condiciones de pobreza y aislamiento de los colonos sujetos a los nuevos riesgos que se cernirían sobre estos territorios.

En efecto, dominaba la escena internacional de los años 1970 la guerra desatada por los Estados Unidos contra Vietnam. Este país acababa de derrotar militarmente la presencia colonial francesa a la cual el gobierno norteamericano había prestado asistencia para luego reemplazarla en el intento de controlar la proyección de China hacia el Pacífico. No obstante, la nueva guerra desató un fuerte movimiento pacifista en parte importante de la sociedad norteamericana. A más de la persecución contra los organizadores y seguidores de este movimiento, el establecimiento encontró en la difusión del uso de estupefacientes un eficaz distractor frente a las motivaciones políticas, apreciable en la magnitud de las investigaciones científicas en torno al papel de los psicotrópicos o psicoactivos, de origen sintético o natural,  en los “cambios de conciencia”. La demanda de psicoactivos de fuente natural encontraría posibilidades de suministro en varios países, entre ellos Colombia, dadas sus condiciones ecológicas y económicas; las primeras, derivadas de la biodiversidad del país; las segundas, de la existencia de una extensa frontera apta para la producción de estos cultivos, alejada de la presencia estatal.

La disponibilidad de tierras para estos efectos se conjugó con la presencia de numerosas familias de campesinos sin tierras, carentes de opciones efectivas de incorporación a la economía legal, dada la ausencia de la reforma agraria. La inserción de la producción de los cultivos para la producción de los psicotrópicos en estas regiones ha resultado exitosa para la economía del narcotráfico dada la competitividad de sus bajos costos de producción, como lo demuestra el crecimiento de su oferta. Por otra parte, el retorno de ingresos derivados del tráfico ha encontrado en la compra de tierras condiciones para su legalización tal como lo demuestran diversos estudios, lo cual ha incidido en los procesos sostenidos de acumulación de propiedades agrarias subutilizadas, los cuales, al tiempo que encarecen las tierras agrícolas reducen su disponibilidad para los pequeños y medianos productores campesinos. Estas condiciones adversas a estas economías han resultado agravadas por efecto de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales favorecen la importación de bienes agrícolas en condiciones de competencia desleal con nuestro país dados los costos desfavorables de la tierra, los insumos, la tecnología y el acceso a los mercados, tal como lo han señalado incluso grandes empresarios agropecuarios.

Vale señalar que poco después de iniciada la apertura comercial (1989) el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura realizaron un estudio sobre el desarrollo del sector y uno de los resultados de esta investigación fue la comprobación de que aún en condiciones desfavorables de acceso a la tierra, a la asistencia técnica y en general al desarrollo agropecuario, Colombia había alcanzado para entonces el autoabastecimiento de los alimentos de su canasta básica. Esta condición habría luego de perderla el país por efectos de las políticas comerciales y del propio conflicto armado, causante del desplazamiento forzado de más de 7 millones de personas, fundamentalmente campesinos, productores de alimentos.

Ante los efectos de la liberación comercial Colombia no resultó competitiva en los mercados internacionales. Analizadas las condiciones de la producción agrícola, el Banco Mundial recomendó al gobierno de Colombia impulsar una nueva reforma agraria que permitiera la desconcentración de la propiedad rural, ahora por la vía del “mercado de tierras”. No obstante, la nueva propuesta de reforma agraria, planteada por la ley 160 de 1994 resultó que enfrentó los mismos obstáculos que habían impedido la aplicación de la ley anterior ahora potenciados por los intereses del narcotráfico como nuevo factor económico y político de la concentración de la propiedad. Estas nuevas realidades habrían de afianzar el régimen de la propiedad agraria, sustento de la evasión fiscal y de legitimación del propio régimen político.

La inocuidad de la propuesta de reforma agraria se ha hecho evidente en varios ejercicios representados por el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), propiciado por las Naciones Unidas, el III Censo Agropecuario (2014) y la Misión para la transformación del campo. Han resultado coincidentes y cada uno de ellos ha dado cuenta de las magnitudes de la desigualdad del reparto agrario, de las condiciones de retraso de nuestro mundo rural y el último de ellos de sus estrechas relaciones con los conflictos armados y las arraigadas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Colombia. La profundidad de la huella de este “modelo de desarrollo” ha quedado plasmada en las condiciones centrales tanto del reparto agrario como de la vida misma de las comunidades, agravadas por la incidencia de la vinculación del país a la economía internacional del narcotráfico, hechos aún más evidentes por los efectos sociales, económicos y políticos de las crisis en desarrollo asociadas a la pandemia.

Darío Fajardo M.

Foto tomada de: Semana.com